Organizaciones exigen modificaciones a la Ley General de Desaparición
Por Marcela Méndez
Integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México exigieron a los diputados hacer modificaciones a la Ley General de Desaparición antes de que la aprueben, pues argumentan que tal como está tiene muchas deficiencias.
De acuerdo con los representantes de la Campaña, el dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que se aprobó en el Senado está alejado de las exigencias de las familias y es una “ley hecha a modo” que no sirve para erradicar el problema de la desaparición en México.
En conferencia de prensa la mañana del 30 de agosto –cuando se conmemora el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada– explicaron que, entre las exigencias y observaciones que plantean, están:
1. El Estado mexicano no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.
2.El dictamen usa el término “persona no localizada”, lo que demuestra que el Estado “bajo el argumento de ‘buscar ‘a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la desaparición forzada”.
3.Que el Estado establezca la responsabilidad de los superiores jerárquicos en la desaparición forzada, y no sólo la de los responsables materiales.
4.El Estado se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y crea el Banco Nacional de Datos Forenses que “solamente agrupará bases de datos, alimentadas por los mismos peritos dependientes de las procuradurías, esas mismas que no investigan y que hacen lo posible para que los familiares de las víctimas no denuncien”.
Los representantes aseguraron también que la Campaña reconoce los avances logrados –como que la definición de desaparición forzada está bien tipificada–pero que aprobar la Ley General sin modificaciones perpetuará la impunidad y el Estado no garantizará a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
“La ley tiene aspectos positivos, pero tiene en su espíritu la lógica de que no es el Estado el que comete las desapariciones forzadas, para ellos es el crimen organizado”, explicaron.
Dijeron que la Ley General busca que todos los casos existentes hasta un día antes de su aprobación no entren dentro de la ley: “Lo positivo que tendría la ley no serviría a todos los casos mal llamados del pasado, porque los casos de desaparición forzada siempre son en presente… por eso decimos que más que una ayuda, va a ser una traba para las familias”.
Finalmente, la Campaña dijo que respeta la postura de otras organizaciones de familiares y de Derechos Humanos pero que no está de acuerdo en que si se avanza 15 o 20 por ciento es bueno, pues sus integrantes están convencidos de que tienen que hacer la exigencia conforme lo piden los estándares internacionales.
Los representantes de la Campaña informaron que el próximo jueves 7 de septiembre, a las 10:00, harán un mitin en la Cámara de Diputados para entregar el documento que contiene las observaciones que plantean y que dice cómo debería quedar articulada la Ley General.
Ese mismo día también habrá movilizaciones en congresos locales de los Estados que forman parte de la Campaña (Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca) para empujar desde ahí “una ley de acuerdo con estándares internacionales y de acuerdo con el sentir de los propios familiares”.
Forman parte de esta exigencia para modificar la Ley General de Desaparición organizaciones como el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, el Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos, entre otras.