Arely, de 32 años, y Jazmín, 12 años, presentaban heridas de arma blanca y signos de violencia sexual; investigan feminicidio
Imagen: Daniela Guadarrama/mexico.com
Una madre y su hija fueron asesinadas en la localidad de San Sebastián Tutla, región de los Valles Centrales de Oaxaca.
Las mujeres fueron identificadas como Arely “N” de 32 años y Jazmín “N” de 12 años y sus cuerpos presentaban heridas de arma blanca y signos de violencia sexual, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
La institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
En los primeros tres meses del año en el estado de Oaxaca, por los asesinatosde 7 mujeres se abrieron investigaciones por feminicidio, de acuerdo con los datos que proporciona la Fiscalía de Oaxaca al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 11,372 víctimas de homicidio doloso.
Foto: Cuartoscuro
En enero, febrero y marzo de 2019 fueron asesinadas 8,493 personas en México, se trata del primer trimestre más violento del que haya registro (un 9 % arriba del arranque de 2018 que fue récord en su momento).
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo en marzo hubo 2,836 víctimas de homicidio doloso, un promedio de 91.48 casos al día. Incluso este mes superó ligeramente a los registrados en marzo de 2018 en un 2.4 %.
En marzo también se registraron 95 casos de feminicidio, 22 más que en febrero, así como 133 casos de secuestro en el país.
A nivel local, la Ciudad de México experimentó un incremento de 46 % en el número de víctimas de homicidios comparando el primer trimestre de 2018 con el de 2019.
En estos primero meses, Guanajuato registró 947 homicidios, un incremento del 27 % respecto al inicio de 2018.
En tanto, Veracruz tuvo un decremento de 11.8 % decremento, respecto la mismo periodo de 2018, con 420 homicidios.
Baja California 1er tri 2018 vs 1er tri 2019: -5.6% decremento (685 vs 647)
Desde mediados de febrero pasado, al menos unas 380 personas desplazadas de Guerrero esperan a la sombra de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, una solución para el regreso a sus comunidades.
Un retorno en el que se garantice la seguridad de las familias; las respuestas han llegado a cuentagotas; mientras, mujeres, niños y ancianos viven en más de una veintena de coloridas tiendas de campaña.
Crescencio Pacheco es desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, desde que salieron de sus comunidades el 17 de febrero pasado se contabilizaban aproximadamente 320 personas, estos últimos días se incorporaron 60 personas de Heliodoro Castillo, en la parte alta de la sierra, así que al momento, viven unas 380 personas en el campamento.
En entrevista con Notimex, explicó que con este plantón buscan solución a la violencia que se vive en Guerrero; el desplazamiento surgió el 11 de noviembre del año pasado a raíz de un grupo delictivo que opera en la sierra y se les denomina como Comunitarios, el problema, dijo, es por el libre paso de este grupo a las mineras de la región.
En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.
La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.
El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.
La constante en los delitos contra los periodistas en México es la impunidad: de mil 140 investigaciones abiertas en el ámbito federal entre 2010 y 2018 por crímenes contra comunicadores, sólo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que se traduce en 99.13 por ciento de impunidad.
Así lo releva el informe especial Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas, elaborado con datos oficiales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR).
De las carpetas de investigación abiertas en esos ocho años, sólo se han judicializado 186 acusaciones, 16.3 por ciento de las denuncias totales recibidas por la Feadle, por lo que las 10 condenas equivalen a únicamente 0.87 por ciento de las más de mil 100 indagatorias.
El análisis asienta que en los pasados ocho años, la Feadle tiene un registro de 89 periodistas asesinados en el país, en 44 casos sus indagatorias apuntan a que el crimen no tiene relación con la labor informativa de la víctima, en tanto que en 45 sí la encontró. De éstos últimos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado cuatro casos (8.8 por ciento).
▲ Participantes en la marcha por la paz en Chilpancingo, capital de Guerrero, este sábado, en la cual exigieron medidas ante el aumento de la inseguridad en el estado. Foto: Sergio Ocampo / La Jornada
Cientos de niños, mujeres, y hombres paticiparon ayer en la marcha por la paz, la cual encabezó el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, en Guerrero.
Entre los manifestantes se encontraban policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria; estudiantes y maestros de la normal de Ayotzinapa y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).
El obispo expresó que la marcha busca crear conciencia entre los ciudadanos para alcanzar la paz nacional y en Guerrero, pues la inseguridad se ha traducido en secuestros, asesinatos, levantones y cobros de piso que no paran.
Sobre la Guardia Nacional, expresó: “No estoy de acuerdo con militarizar la seguridad, eso es terreno de lo civil. No me parece que durante cinco años tengan la responsabilidad de la seguridad”.
Baja California Sur pasó en los últimos cuatro años de ser un lugar de calma a encabezar la lista de entidades con más homicidios por tasa poblacional y donde surgió otro fenómeno: las personas desaparecidas.
Resultado de pugnas al interior del Cártel de Sinaloa, el estado experimentó de 2014 a 2017 la peor crisis de violencia, ubicándose el año pasado en el segundo lugar nacional con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 69.15 casos.
Producto de esto, el fenómeno de personas desaparecidas ha ido en aumento sin que haya una cifra unificada de datos.
Especialistas en Derechos humanos y organizaciones civiles nacionales y locales han advertido de las deficiencias en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.
Foto: Facebook lopezobrador.org.mx
Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.
Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.
“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.
Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) confirmó que son más mil 700 indígenas tzotziles los que fueron desplazados de manera forzada el pasado 7 de noviembre de la comunidad de Chavajeval, municipio de El Bosque y que viven en una situación de emergencia por falta de víveres y cobijas para enfrentar el frío de la temporada.
El Frayba exigió hoy al gobierno estatal proporcione ayuda humanitaria a cada una de las personas, y garantice su integridad y retorno en condiciones óptimas de seguridad.
El desplazamiento sucedió mientras se realizaba una asamblea comunitaria. Las personas escucharon disparos y decidieron irse de la comunidad por temor a ser heridos, según relata el comunicado.
“Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esa noche se desplazaron forzadamente buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña” informó el Frayba.
