Militarización, impunidad y violencia agravan la crisis de los derechos humanos: Informe EPU Oaxaca

Foto tomada de Desinformémonos

 

Educa Oaxaca/Desinformémonos

“Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.

Es en ese contexto que organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura, sin embargo, señalan las organizaciones “pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”. Afirmaron: “Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos”.

“Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.

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Crecen violencias y caen salarios para mujeres durante la pandemia

Imagen: Segundo Informe Breve sobre Desigualdad de Género, IBERO Puebla

 

Roberto Pichardo Ramírez/Desinformémonos

Históricamente, la participación económica de las mujeres se ha dado bajo condiciones de explotación, precariedad, disparidad salarial, inseguridad y violencia. El contexto derivado de la COVID-19 ha evidenciado múltiples manifestaciones de desigualdad de género que van desde la caída de la participación laboral hasta el aumento de la violencia doméstica.

Ante este panorama, el Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla presentó el Segundo informe breve sobre desigualdad de género, texto que rastrea el agravamiento de las condiciones económicas y sociales de las mujeres en el contexto de crisis sanitaria.

En rueda de prensa, la Dra. Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, destacó el documento como una propuesta que ilustra el quehacer de las academias de la Universidad Jesuita. “[El informe] nos ayuda a observar la realidad y poner el piso para nuevas recomendaciones”.

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Comunidad LGBTTTI+ en Edomex reclama aprobación del matrimonio igualitario

Foto: Facebook @fueradelclosetradio

Integrantes de la comunidad LGBTTTI+ en Edomex se movilizaron contra la violencia y la discriminación, y para exigir la aprobación del matrimonio igualitario, pues hay tres iniciativas congeladas en el Congreso local.

TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).– Integrantes de la comunidad LGBTTTI+ se movilizaron este sábado para llamar la atención a la discriminación, crímenes de odio, violencia y negación de derechos que enfrentan en el Estado de México, donde a solo dos meses y medio de que la 60 Legislatura local concluya su periodo, siguen congeladas al menos tres iniciativas para incorporar el matrimonio igualitario y otros derechos civiles que históricamente se les han negado.

La movilización se realiza cuando la violencia contra personas de la diversidad sexual se ha incrementado en casi un 100 por ciento durante la pandemia del covid-19, aseguró Ricardo Torres, presidente de Fuera del Clóset A.C.

En la Plaza Cívica de la capital, diversos colectivos unieron fuerzas para realizar en tiempo récord una pinta monumental frente a la Catedral de esta ciudad, en el marco de las celebraciones del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+.

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Crece disputa territorial de delincuencia organizada y se recrudece violencia en Guerrero: Tlachinollan

Erika Lozano/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La crisis de derechos humanos y en particular la violencia de género, se profundizó con la emergencia sanitaria por Covid-19 en el estado de Guerrero. Los ayuntamientos cerraron sus puertas, los Ministerios Públicos también, y nadie atendió a las víctimas, denunció Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La violencia se incrementó y las mujeres no tenían con quién acudir a pedir auxilio. La pandemia provocó el confinamiento de las instituciones y dejó que los grupos criminales actuaran de manera impune, “fue un escenario adverso para las víctimas y una señal de mayor impunidad para los perpetradores”, explicó Barrera en entrevista telefónica con Desinformémonos, y añadió que la violencia no sólo se vivió al interior de los hogares, pues los grupos delincuenciales entraron en mayor disputa de los territorios y de rutas.

Algunas comunidades se defendieron ante la violencia, como el caso de Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, donde hace algunas semanas diversos medios de comunicación publicaron imágenes de niños armados. Barrera señaló que esto se da en respuesta a la ausencia de las instituciones y la presencia del crimen organizado en contubernio con cuerpos de seguridad, además de la inacción de la Guardia Nacional (GN).

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Estados con violencia, expulsores de migrantes

Julio Ramírez/Reporte Índigo

Número de personas desplazadas en 2019. Presentación: Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México Informe 2019. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Por primera vez en México el Gobierno federal aceptó y se dispuso a atender el fenómeno del desplazamiento interno forzado, una problemática provocada principalmente por la violencia que se vive en distintas regiones del país y que afecta a miles de mexicanos desde hace más de una década.

Hay cinco entidades principalmente de las que la población escapa en busca de mejores condiciones de vida: Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chiapas. Estos lugares, además son los cinco estados con mayores números de desplazamiento forzado, un fenómeno violatorio de los derechos humanos en el que las condiciones de vida -principalmente los hechos de violencia y toda la actividad criminal en sí- obligan a las personas a dejar sus hogares y emigrar a otros sitios del país.

Para los especialistas, aunque la violencia a la que nos enfrentamos ahora inició en el periodo de Felipe Calderón, ésta ha continuado al grado de que hay municipios donde el Estado de Derecho es inexistente, situación que se complicado aún más por la pandemia, afirma la especialista en migración Eunice Rendón.

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Tren Maya transgrede derechos humanos y no fomenta conservación del patrimonio biocultural: CEMDA

CEMDA/Desinformémonos

Imagen: Desinformémonos

En México existe una situación generalizada de violencia, impunidad y corrupción que genera y perpetúa una serie de violaciones a diversos derechos humanos de personas y comunidades en el país.

Dichas violaciones suelen circunscribirse en el marco del desarrollo de megaproyectos, en gran parte por la existencia de una política económica y social que carece de perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural, misma que se traduce en un consumo desmedido de los recursos naturales, lo que ocasiona la destrucción del capital natural, deforestación, erosión de suelos, desertificación, así como contaminación del agua y del aire. Es posible decir que los megaproyectos o «grandes proyectos de desarrollo» representan procesos de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora de la infraestructura física y que implica la transformación a largo plazo de las actividades productivas, cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad.

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Ante la ausencia del Estado, madres, hijas y esposas aprenden a rastrear a sus familiares

María Esparza Quintana/Desinformémonos

Foto: César Martínez López/Desinformémonos

Ciudad de México. Desaparecer en el contexto actual, es un acto público, nunca es una acción autodeterminada. Cuando sucede, es por mano de otros y en forma obligada, con motivación de sometimiento, e impunidad. Desaparecer en este país muestra un total ejercicio de poder como históricamente es siempre, a través del miedo y la violencia.

La desaparición es una de las problemáticas más importantes en el país y parte de la agenda gubernamental del actual sexenio. Para el Estado, la desaparición tiene un rostro masculino, el informe nacional de fosas y personas desaparecidas y no localizadas, muestra que, desde la década de los 60 hasta diciembre del año pasado, el número incrementó de 40 mil 180 a 61 mil 637 personas en calidad de desaparecidas, donde 15 mil 835 son mujeres.

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Ocho masacres y aumento de la violencia en 19 estados durante primer año del gobierno de AMLO

Arturo Ángel/Animal Político

Durante este año subió el promedio de víctimas por ataque, pese a la nueva estrategia y el despligue de la Guardia Nacional.

Imagen: Susana Gómez/Animal Político

En el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la crisis de seguridad en el país continuó y se profundizó. La cifra de personas asesinadas, 32 mil 565, no solo es la más alta para un inicio de sexenio, sino que además los casos se han vuelto más violentos.

Y es que el promedio de víctimas que deja cada caso en 2019 es el más alto de por lo menos los últimos cinco años. Ocho masacres con un saldo de 124 personas que perdieron la vida, entre ellos mujeres, niños y policías, son ejemplo de esto.

El alza de las tasas de homicidios no es un hecho focalizado en una región del país, sino que se extiende en 19 de los 32 estados.

Un matiz importante: los datos confirman que el gobierno de López Obrado recibió, a diferencia de sus antecesores, una tendencia al alza en los homicidios. Este crecimiento se había detenido en los últimos meses, aunque el balance preliminar de noviembre arroja, otra vez, un incremento.

Lo anterior ocurre pese a que el gobierno actual ha fijado el problema de la inseguridad como un tema prioritario de su política pública, que se aborda todas las mañanas en reuniones que sostiene el gabinete de seguridad y que son encabezadas por el propio presidente.

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Fueron asesinadas 3 mil 752 mujeres durante 2018: Inegi

Dora Villanueva/La Jornada

Mujeres clamaron en el Día Internacional de la Mujer al exigir un mundo con equilibrio de género, en medio de la brecha salarial persistente, la violencia y la desigualdad generalizada. Foto Luis Castillo
Lunes 25 de noviembre de 2019.  Con el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, se incrementó el número de homicidios en el país. En esa misma tendencia están los cometidos contra mujeres, que el año pasado llegaron a 3 mil 752, o sea, 10 diarios, advierte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pese a contarse por miles, la cifra está lejos del número de asesinatos que se registraron en 2018 en el caso de los hombres, que llegó a 32 mil 765. La distinción está en que las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña en actos en los que se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir y, sobre todo, conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someterlas.

Si bien el mayor número de asesinatos es usada un arma de fuego, existe una diferencia relevante por sexo, destaca el Inegi. Mientras los homicidios contra los hombres han sido perpetrados en su mayoría con armas de fuego –72 de cada 100–, entre las mujeres fue de 57 por cada 100.

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Secuestros, extorsiones: Solicitantes de asilo que devolvió EU son violentados en México

Redacción/Animal Político
De acuerdo con la organización Human Rights First más de 300 solicitantes de asilo que devolvió EU han sufrido violencia en México este año.
Imagen tomada de la página de ACNUR México

“Amor, ellos van a matarnos”, le dijo un migrante hondureño a su esposa cuando los tenían secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después ella y su hijo de tres años fueron liberados, pero su esposo quedó cautivo, y ella quedó en la incertidumbre, sin saber qué había sido de él.

Este es uno de los casos que documentó la organización Human Rights First, de migrantes en su mayoría centroamericanos (aunque también de países como Venezuela e incluso mexicanos) que han sufrido secuestros, extorsiones, tortura, violaciones y otros ataques en México, luego de que pidieron asilo a Estados Unidos y las autoridades de ese país los enviaron a territorio mexicano, a esperar una resolución de su juicio migratorio.

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