Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Días antes de que César Alejandro Chávez Flores fuera relevado de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por negarse a modificar su dictamen sobre las irregularidades cometidas por quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, recibió en sus oficinas un informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Con el número de folio de identificación OACNUDH/REP 229/2016, el reporte fechado el 6 de septiembre de 2016 –siete días antes de que el visitador fuera sustituido– por el representante del organismo en México, Jan Jarab, es una aportación a la indagatoria que en su momento integró Chávez Flores sobre presumibles actos de tortura contra detenidos, así como por las actuaciones irregulares de Zerón.
La investigación es contundente: de los más de 100 procesados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, personal de la ONU tuvo acceso a 63, de los cuales en 51 casos “la OACNUDH dispone de indicios sobre la posible existencia de tortura”, y de éstos, en 37 –entre ellos una mujer– hay “fuertes elementos de convicción” de que ocurrió ese ilícito.
“La plena vigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en este caso, que ha puesto a prueba la capacidad y la voluntad del Estado mexicano en materia de derechos humanos, sólo será posible si de manera meticulosa y apegada a derecho se deslindan cada una de las responsabilidades en las que funcionarios públicos pudieran haber incurrido, tanto en la ejecución de los hechos como durante los siguientes meses durante la investigación de los mismos”, considera Jarab en el documento obtenido por este semanario a través de una solicitud de información a la PGR.
Con copia para el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Éber Betanzos, el informe entregado a Proceso está testado en 232 partes: esto significa que hay palabras o nombres, párrafos y pies de página ocultos.
El argumento para testar la información es que su publicación pone “en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física” u obstruye “la prevención o persecución de los delitos”.
