Frayba denuncia ante la ONU al Estado mexicano por tortura a defensores indígenas

Foto: Idalia Rie

 

Carlos Soledad/Desinformémonos

El Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, con sede en San Cristóbal de las Casas, acompaña desde hace 32 años a familiares y víctimas de actos de tortura. Durante todo este tiempo, gobiernos de todos los colores han tenido el poder, se han desarrollado reformas constitucionales y legales, pero las detenciones ilegales acompañadas con actos de tortura, continúan siendo, según el Frayba “el método de investigación principal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas”, simulando así “la justicia y llenando las cárceles de víctimas de violaciones a los derechos humanos”(1). Este trabajo de denuncia de torturas por parte del Estado mexicano a personas indígenas han representado para el equipo del Frayba incluso amenazas de muerte.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va de este año, el Centro de Derechos Humanos, ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de jueces del Estado de Chiapas. Así mismo, durante 5 años, del 2014 hasta enero del 2019, registró otras 55 solicitudes para la aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul. Estas solicitudes de aplicación del manual, por parte de jueces de Chiapas al Frayba, se deben a la falta de capacitación y contratación de peritos y peritas especializadas en la aplicación del dictamen en las instituciones oficiales.

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Aumentan en México víctimas de tortura en contexto de pandemia: OMCT

Foto: Yazmín Ortega Cortés

 

 

Fernando Camacho Servín/La Jornada

Las víctimas de tortura aumentan en México, en un contexto agravado por la pandemia de la Covid-19, advirtió un nuevo informe de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

De acuerdo con el estudio, existe un aumento de la población carcelaria, de la violencia a manos de los cuerpos de seguridad y el abandono de los derechos y necesidades básicas de los migrantes.

Por lo anterior, “es más urgente que nunca que se establezca una política pública para hacer frente a las necesidades de miles de personas en una situación de alto riesgo de tortura y otros malos tratos”, indicó la OMCT en un comunicado.

El colectivo señaló que la superpoblación carcelaria aumentó de forma significativa en 2020 – más de 14 mil personas -, lo cual ha generado 3 mil 456 casos de contagio (que se conozcan hasta ahora) por SARS-COV-2 entre personas privadas de libertad a 11 de julio de 2021.

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Detienen al exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura contra Lydia Cacho

Redacción/Animal Político

La periodista Lydia Cacho publicó que la Fiscalía le avisó de la detención de Marín en Acapulco, y pidió ir tras todos los responsables de la tortura que sufrió en 2005.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín, en un domicilio en Acapulco, Guerrero.

Un grupo de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal lo localizó en un inmueble de dicha zona, por lo que pidió una orden de cateo al juez, quien la autorizó.

La orden de aprehensión contra el exgobernador es por el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho y fue girada por el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo, por lo que será trasladado a ese estado.

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Tortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020

Manu Ureste y Alberto Pradilla/Animal Político

Aunque la CNDH conocía del secuestro y extorsión a migrantes ha preferido mantenerlo oculto durante más de un año y no hablar de ello ni en sus informes ni en comunicados.

Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.

Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en México cada día de los últimos dos años, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha encargado de silenciar y ocultar.

El asesinato de 19 migrantes ocurrido el pasado 24 de enero en Camargo, Tamaulipas, es solo el último ejemplo de una larga historia de violaciones a los derechos humanos de quienes van en ruta hacia Estados Unidos. 

Pero esta violencia no es un hecho aislado.

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Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019

Alberto Pradilla/Animal Político

Portación ilegal de armas, homicidio y crimen organizado son los principales delitos por los que elementos del Ejército fueron vinculados a proceso desde 2010.

Foto: Juan Carlos Cruz

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. 

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La tortura sigue y la impunidad también: FGR esclarece 3 de 1,259 casos en este sexenio

Arturo Angel/Animal Político

Aunque el presidente sostiene que ya no se permiten ni la tortura ni la impunidad, la Fiscalía responsable sigue recibiendo denuncias de nuevos casos en contra de agentes de su gobierno, sin que casi ninguno se haya resuelto.

Imagen: Twitter @FGRMexico

En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.

Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.

Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.

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Impunidemia: fiscalías resuelven solo 73 de más de 46 mil casos de tortura y desaparición forzada

Arturo Angel/Animal Político

Informe retrata nula resolución en algunos de los delitos más graves y fallas estructurales en la Fiscalía General y fiscalías en estados pese a reformas para volverlas autónomas y más eficientes.

Imagen: Facebook @ColectivoContralaImpunidemia

En México se puede torturar e incluso desaparecer personas con la garantía de que casi nunca pasará nada.  En los últimos 13 años, las fiscalías de todo el país solo han resuelto con una sentencia condenatoria 73 de más de 46 mil casos denunciados e investigados por estos graves delitos. Una efectividad cercana al 0%.

Así lo revelan datos oficiales recopilados en el informe denominado “Fiscalómetro” elaborado por el Colectivo contra la “Impunidemia”que agrupa a mas de 20 organizaciones e institutos del país, y que busca retratar con datos y con historias el problema de la impunidad que padece México.

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Secuestros, extorsiones: Solicitantes de asilo que devolvió EU son violentados en México

Redacción/Animal Político
De acuerdo con la organización Human Rights First más de 300 solicitantes de asilo que devolvió EU han sufrido violencia en México este año.
Imagen tomada de la página de ACNUR México

“Amor, ellos van a matarnos”, le dijo un migrante hondureño a su esposa cuando los tenían secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después ella y su hijo de tres años fueron liberados, pero su esposo quedó cautivo, y ella quedó en la incertidumbre, sin saber qué había sido de él.

Este es uno de los casos que documentó la organización Human Rights First, de migrantes en su mayoría centroamericanos (aunque también de países como Venezuela e incluso mexicanos) que han sufrido secuestros, extorsiones, tortura, violaciones y otros ataques en México, luego de que pidieron asilo a Estados Unidos y las autoridades de ese país los enviaron a territorio mexicano, a esperar una resolución de su juicio migratorio.

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Tortura, normalizada en Guanajuato: la practican policías y ministeriales, mientras la consecuenta Derechos Humanos

Foto tomada de Desinformémonos

Carmen Pizano/ Desinformémonos 

El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.

Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.

Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.

Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:

Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…

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Conferencia de prensa: Denuncian fabricación de culpables en el caso del periodista Carlos Domínguez, asesinado en 2018

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

Denuncian fabricación de culpables en el caso del periodista Carlos Domínguez, asesinado en 2018

  • El 13 de enero de 2018 fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas el periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Ante el reclamo del gremio y de su familia, el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, prometió el esclarecimiento del caso y que no quedaría impune.
  • En marzo de 2018 seis personas fueron detenidas por su probable relación con el homicidio del periodista: uno de ellos es tío del exalcalde de Nuevo Laredo, tres son periodistas y dos más son los señalados de la autoría material.
  • Las familias de los detenidos acusan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de haber fabricado culpables y de haber obtenido confesiones mediante la tortura.
  • Familiares de las personas detenidas exigen la intervención de López Obrador.

Participan:

  • Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos
  • Nestora Salgado, senadora de la República
  • Gabriel Regino, abogado de la defensa
  • Familiares de los seis presos 

Convoca: Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Tamaulipas y la Defensa legal

La cita: Jueves 30 de Mayo de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104