Autoridades torturaron a detenidos por caso Ayotzinapa para obtener confesiones: ONU

Foto: Animal Político

Por Redacción/Animal Político

La ONU señaló que en el marco de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas algunos de los detenidos fueron torturados y se violaron sus derechos humanos para obtener confesiones.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó este jueves al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

La oficina del Alto Comisionado en México presentó el informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, que desató una ola de indignación en todo el mundo.

El documento precisa que han sido detenidas y procesadas 129 personas y tras analizar 34 casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.

La noche del 26 de septiembre, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías locales.

Según la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cartel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.

La Procuraduría General (fiscalía) es señalada de manera particular en el informe de las Naciones Unidas, pues se encontró que los casos documentados de violaciones ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando las autoridades federales se hicieron cargo de la investigación que inició la fiscalía del estado de Guerrero.

“En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, añade el informe.

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Desplazados por la violencia en Ciudad Juárez buscan refugio en Estados Unidos

Por Redacción/Anima Polítco

Mariana y su familia fueron amenazadas por el líder de un grupo criminal en Ciudad Juárez, por lo que decidió huir de la violencia, y desplazarse hacia EU.

El 6 de febrero de 2016, Mariana fue secuestrada por su expareja, Jesús Rodríguez, líder de la banda criminal Los Mexicles, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Rodríguez, quien purgaba una condena de 250 años por secuestro en el Cereso estatal número 3, retuvo y golpeó a Mariana dentro del reclusorio. La joven logró salir cuando su madre denunció el caso ante los medios de comunicación.

Durante meses, Mariana y su familia habían sido amenazadas por el líder de los Mexicles. Después del secuestro, Mariana evidenció la corrupción existente dentro del penal, pues varios reos gozaban de privilegios; sin embargo, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía de Género en Chihuahua lograron garantizar la seguridad de Mariana y su familia. Fue entonces cuando decidieron huir del país.

Mariana cuenta que cuando llegó al cruce internacional con Estados Unidos, le brindaron todo lo necesario para ella y su bebé, sin embargo, a los días siguientes la mantuvieron detenida durante ocho meses en el campamento del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) de El Paso, Texas.

Cuando la dejaron salir, le colocaron un brazalete electrónico para vigilar sus movimientos; se mantuvo con el dispositivo durante 15 meses, hasta que el abogado Carlos Spector, de la asociación Mexicanos en Exilio, llevó su caso a la corte de inmigración y lograron que el dispositivo de vigilancia fuera removido.

Desde que Mariana ingresó a Estados Unidos, Mexicanos en Exilio atrajo su caso logrando que ella y su madre entraran dentro del programa de la Convención Contra la Tortura, que les permite vivir en Estados Unidos, tener acceso a seguro social y un permiso de trabajo. No obstante, estos beneficios no son permanentes.

Vivir en el exilio no ha sido sencillo para Mariana. “Yo me siento muy rara porque no pertenezco aquí, pero tampoco puedo estar en mi país”, relató.

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La tortura sigue impunemente en México a pesar de las denuncias, alerta informe de grupos civiles

Por Redacción/Sin embargo

La práctica reiterada de la tortura ha sido señalada por la ONU y grupos como Amnistía Internacional, y el Gobierno de México ha levantado la voz y señalado que se realizan esfuerzos para erradicar este crimen como método de funcionarios públicos.

SinEmbargo publicó que datos de la PGR y CNDH mostraban que las denuncias por tortura se dispararon mil 376 por ciento en los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto en comparación con las presentadas en todo el sexenio de Felipe Calderón.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- A pesar de los esfuerzos y las denuncias, la tortura no se detiene en México porque hay personas a las que les sirve, reclamaron expertos.

El Protocolo de Estambul es un manual con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que presuntamente fue víctima de tortura o y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, organización de la sociedad civil mexicana que agrupa a profesionales de la salud y expertos en derechos humanos, presentó este día el informe “Implementación del Protocolo de Estambul: arma de impunidad en México”, en el cual se documentan hechos de tortura, las fallas estructurales al implementar el Protocolo, y se explica que la herramienta debería servir para la protección de sobrevivientes.

Los integrantes del Colectivo señalaron que en un país en el que “se niega y se oculta la práctica de la tortura”, el Protocolo de Estambul ha servido como arma para perpetuar la impunidad.

 Edith Escareño, coordinadora del colectivo que realizó el informe, señaló que las autoridades mexicanas no hacen su trabajo para erradicar el problema, por lo que la herramienta sólo le aporta a la impunidad.

Mientras que Laura Melchor, psicóloga de la Red de peritos y expertos independientes contra la tortura, explicó que México adoptó el Protocolo de Estambul, pero se lo dejó a peritos oficiales, quienes “son juez y parte, y no hay imparcialidad”.

Nuestro país fue el primero en el mundo en recibir un entrenamiento en la aplicación de las directrices del Protocolo de Estambul en la investigación de probables hechos de tortura, así mismo, el Estado mexicano suscribió acuerdos con instancias internacionales de derechos humanos, sin embargo, no ha habido resultados, de acuerdo con la información expuesta.

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Policías Federales torturaron a 3 niñas y a su madre, para obligar al padre a inculparse: CNDH

Foto: CNDH

Por Redacción/Animal Político

La CNDH relató el caso de por lo menos nueve elementos federales que torturaron a una familia para extraer una confesión, durante 2015 en Tabasco. 

Con el objetivo de extraer una confesión a un habitante de Tabasco, en el año 2015, por lo menos nueve elementos de la Policía Federal lo torturaron ante su esposa e hijas, y para aumentar la angustia del detenido, también a ellas las torturaron, durante toda una noche.

Según la versión oficial de los hechos, el padre de familia fue capturado el 7 de noviembre de 2015, dentro de una bodega ubicada en el estado de Tabasco, en la que supuestamente se ocultaba droga y gasolina robada. Según esta misma versión, el padre detenido reconoció haber sido capturado en dicha bodega, y que era parte del grupo delictivo que ahí almacenaba productos ilícitos.

Sin embargo, luego de dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que dicha confesión fue obtenida bajo tortura y que las acusaciones formuladas en contra de este padre de familia fueron fabricadas.

En primera instancia, la CNDH logró ubicar a tres testigos presenciales no vinculados con los hechos, quienes confirmaron que este señor, junto con su esposa y tres hijas, fueron capturados el 6 de noviembre de 2015 (es decir, un día antes de lo afirmado por la Policía Federal), y no en la supuesta bodega de hidrocarburos, sino cuando se disponían a meter el vehículo familiar en la cochera de su vivienda, en un punto distinto de la entidad.

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Federales torturan a papá, mamá e hijas de 1, 6 y 8 años; CNDH: los encapucharon para atacarlos

Por Redacción/Sin embargo

La CNDH acreditó que policías federales violaron los derechos a la libertad e integridad personal de una mujer y sus tres hijas, quienes fueron privadas de la libertad durante un día en el que no se les permitió acudir al sanitario ni se les proporcionaron alimentos, además de que fueron obligadas a escuchar los gritos del padre de familia causados por los golpes inferidos por los uniformados.
Al hombre se le detuvo de manera arbitaria por su probable responsabilidad en delitos del orden federal. Actualmente enfrenta un proceso pese a que se demostró que fue agredido física y psicológicamente para que aceptara los delitos que se le estaban imputando.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Policía Federal cometieron actos de tortura contra tres niñas y sus padres, a quienes detuvieron de manera arbitraria en Tabasco en 2015, informó este día la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En una recomendación emitida a la Procuraduría General de la República (PGR) y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, la CNDH acreditó que los elementos federales incurrieron en privación ilegal de la libertad, violaciones a los derechos humanos, actos de tortura contra la familia.

De acuerdo con la indagatoria que lleva el organismo nacional, los hechos ocurrieron a las 13:30 horas del 6 de noviembre de 2015, cuando al llegar a su domicilio, ubicado en el municipio Centro, de Tabasco, la mujer, su esposo e hijas fueron detenidos por policías federales, quienes además ingresaron a la casa y sustrajeron diversos artículos.

La mujer relató que los agentes subieron a su esposo a un vehículo oficial, mientras que ella y las niñas– que entonces tenían uno, seis y ocho años de edad– fueron obligadas a abordar su propio automóvil; les cubrieron el rostro con “gorras” y las amenazaron con dispararles.

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Marina torturó y acusó a joven de ser sicario, por llevar tatuaje: CNDH

Por Redacción/Animal Político

En 2012, Carlos tenía 19 años y era estudiante en su ciudad natal, San Luis Potosí. En septiembre de ese año, sin embargo, fue presentado por la Secretaría de Marina ante la prensa como uno de los supuestos escoltas que protegían al narcotraficante Iván Velázquez Caballero, alias el Z-50, cuando éste fue capturado.

Según la versión de la Secretaría de Marina, luego de que se ubicó el domicilio del Z-50, un convoy de uniformados se dirigió al lugar, y al llegar, se percataron de que dos personas armadas ingresaban corriendo al inmueble, en donde, siempre según la versión oficial, el capo y sus dos escoltas fueron detenidos.

Como prueba de que así sucedieron los hechos, la Secretaría de Marina difundió un video en donde se ve a los marinos recorriendo el interior de un inmueble, sin embargo, el video no incluye el momento en que Carlos fue capturado, sino que el video pasa en corte directo del domicilio cateado a una avioneta de la que descienden los tres detenidos.

Tal como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este joven de 19 años no fue realmente capturado en compañía del Z-50, sino arrestado en un restaurante de pollos, donde comía con un amigo antes de partir a la escuela. La Marina lo eligió como chivo expiatorio, por llevar un tatuaje en un brazo.

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Policías turísticos de Acapulco torturaron y desaparecieron a un indigente: Derechos Humanos

Foto: Policía Turística Acapulco

Por Redacción/Animal Político

En abril de 2014, a través de redes sociales circuló un video que muestra a cuatro agentes de la Policía Turística de Acapulco (tres hombres y una mujer), cuando torturan a un indigente al que mantienen amordazado. Según la declaración de los policías implicados, se trataba de un castigo en contra de un supuesto abusador sexual de menores al que, sin embargo, nunca presentaron ante el Ministerio Público para que se hiciera justicia.

Del supuesto delito sexual cometido por el detenido no existe prueba alguna, salvo la confesión que el torturado balbucea durante el video, entre ruegos de que dejen de golpearlo, y nunca existió una víctima denunciante que lo señalara formalmente.

La persona torturada por los policías es, según las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un indigente que solía deambular por la playa, del que sólo se sabe su apodo, “Pelón”, y al que, luego de que fuera agredido por la policía de Acapulco, nunca más se le volvió a ver.

Aunque el video fue difundido en abril de 2014, los hechos en realidad ocurrieron el 14 diciembre de 2013, y a cuatro años de estos hechos, la CNDH concluyó que el “Pelón” no sólo fue torturado por los agentes municipales de Guerrero, sino que también fue víctima de desaparición forzada, después de que los abusos policíacos se hicieron públicos y se abrieron investigaciones en contra de los implicados.

La marca policíaca

Un día después de que el video de la tortura fuera difundido en Youtube, el 3 de abril de 2014, tres de los policías implicados dieron una entrevista al portal local informativo libertadguerrero.net, en la cual afirmaron haber actuado por órdenes del recién nombrado secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, al que, además, señalaron como la persona que inició la sesión de tortura, junto con sus escoltas.

En dicha entrevista, los policías implicados no explicaron cómo fue detenido el “Pelón”, y sólo afirmaron que, luego de que el detenido fue torturado por el jefe de la policía municipal, dentro del módulo de vigilancia de un parque, éste le ordenó al supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado que, junto con sus tres subordinados, continuaran la tortura, y que grabaran todo en video para que él pudiera constatar que cumplieron su indicación.

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Soldados torturaron y asesinaron a 2 jóvenes en Jalisco en 2016, concluye CNDH

Foto: aristeguinoticias.com

Por Redacción/Aristegui Noticias

Soldados del Ejército Mexicano entraron ilegalmente en un domicilio particular en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la noche del 27 de enero de 2016, torturaron a tres jóvenes que se encontraban en la casa, los detuvieron de forma ilícita y asesinaron a dos de ellos, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH divulgó este martes la recomendación 54/2017, donde relata a partir de peritajes, declaraciones ministeriales y testimonios cómo fue que soldados que buscaban un vehículo supuestamente ligado a la delincuencia organizada, terminaron asesinando a dos jóvenes de 19 y 20 años de edad, cuyos cuerpos arrojaron en un predio.

Aproximadamente a las 21:30 horas del 27 de enero de 2016, el padre de uno de los jóvenes asesinados fue informado por vecinos que había militares en la casa de su hijo, por lo que se dirigió al lugar. Soldados le impidieron el paso y durante unas dos horas esperó afuera de la casa mientras escuchaba cómo su hijo pedía que ya no lo golpearan.

El joven que también fue torturado por militares pero que sobrevivió relató a un visitador adjunto de la CNDH que aproximadamente a las 21:00 horas fue a visitar a dos amigos (los jóvenes asesinados) y mientras estaban en la casa escucharon golpes en la puerta, se dieron cuenta que eran militares.

Los soldados entraron y lo sometieron: “en ese lugar lo comienzan a golpear a tablazos en las nalgas, le bajan los pantalones a las rodillas y le dan más de 100 tablazos al tiempo que le aplican toques eléctricos en todo su cuerpo colocándole agua, sal, cloro, fabuloso en los ojos y todo el cuerpo, se desmayó varias veces, lo pateaban por todas partes, le pegaron con una tabla con clavos en la planta de los pies, esos golpes le provocaron [que] perdiera el conocimiento, gritaba para que lo dejaran en paz, toda esa situación duró alrededor de 2 horas”.

Los militares también sometieron a los otros dos jóvenes, quienes se habían refugiado en la planta alta de la casa, y los golpearon en la misma forma. Les preguntaron por drogas y armas pero los muchachos decían que no sabían nada. Los elementos castrenses no encontraron algún objeto ilícito en la vivienda y se llevaron a los jóvenes en vehículos militares.

El padre de una de las víctimas observó cómo se los llevaban en la parte trasera de una camioneta y aseguraban un vehículo particular, propiedad de uno de los jóvenes.

Acudió a agencias del ministerio público local y federal, sin obtener información de los detenidos, fue al auditorio municipal donde se reunían los militares y éstos le dijeron que solamente habían asegurado un vehículo con reporte de robo, por lo que presentó una denuncia ante el ministerio público de Tepatitlán de Morelos.

El sobreviviente relató a la CNDH que los soldados los llevaron a un lugar desconocido, “al parecer una brecha”, donde los siguieron golpeando e interrogándolos sobre dónde tenían la droga y las armas y para qué cártel trabajaban.

“Al paso de unas horas, no sabe cuántas, lo levantan y un elemento del Ejército Mexicano le hace la famosa ‘llave china’ y le quiere torcer el cuello, pero como … es muy corpulento y gordo el soldado no pudo quebrarle el cuello haciendo varios intentos”, escribió el visitador de la CNDH que entrevistó al sobreviviente.

El joven dijo haber visto cómo militares sí les torcieron el cuello a sus dos amigos, luego se desmayó por varias horas y cuando despertó se acercó a sus compañeros, dándose cuenta de que estaban muertos.

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15 años de encarcelamiento injusto, sin sentencia… una #PenaSinCulpa que podría concluir

Foto: penasinculpa.com

Por Redacción/Aristegui Noticias

El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue interceptado por dos sujetos. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Debía declarar sobre la investigación de un homicidio.

Luego de 14 horas de detención sin una orden judicial de por medio y de permanecer incomunicado, le notificaron que estaría bajo arraigo por 30 días. Lo acusaban del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez.

García Rodríguez era secretario particular del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, quien tenía diferencias con la regidora del PAN.

Fue así como comenzó una pesadilla que se ha prolongado durante 15 años, como relata su hija, Aribel García, quien a la postre se convertiría en su abogada.

“Hace 8 años, 15 meses detuvieron a mi papá en el municipio de Atizapán, acusado del homicidio de una regidora panista del mismo municipio. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2002, es el día que detienen a mi papá y que lo llevan al arraigo. Su nombre era María de los Ángeles Tamez, era una abogada que se desempeñaba como regidora de Atizapán.

“Mi papá se desempeñaba como secretario del presidente Antonio Domínguez que en ese momento era alcalde de Atizapán. Antonio Domínguez no tenía buena relación con María de los Ángeles; en realidad a quien relacionan es a Antonio Domínguez”, relató.

Ocho meses después, el 25 de octubre, Reyes Alpízar Ortiz fue capturado cuando esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su casa. Se le trasladó a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Fue víctima de tortura física y psicológica. También se le arraigó.

El abogado Simón Hernández detalló: “Él es obligado a firmar una declaración bajo tortura en la que señala que acompañó al autor material del homicidio, una persona llamada Jaime Martínez Franco, y que escuchó y recibió indicaciones de Daniel García ubicándolo como autor intelectual”.

Aunque el alcalde Antonio Domínguez también fue aprehendido, corrió con mejor suerte, de acuerdo con lo detallado por Aribel García:

“Ambos estuvieron arraigados y el mismo día los trasladaron al Penal de Barrientos en Tlalnepantla; pero Antonio Domínguez como tres años y medio después sale con un amparo que su abogado Marcos Castillejos interpone contra el auto de formal prisión y él sale libre, exonerado de la causa. Mi papá mete el mismo amparo semanas después a lo que le contestan 5 años después que su firma no era su firma, entonces que no procedía”.

A pesar de que agotaron todas las instancias nacionales para demostrar las irregularidades del proceso: que fueron capturados sin orden judicial, que estuvieron incomunicados y se les torturó física y psicológicamente, a la fecha, siguen sin recibir una sentencia.

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