NAVOJOA, Son. (apro).– Los tres policías municipales que asfixiaron hasta la muerte a Genaro Ruiz Arce, de 21 años de edad, fueron sentenciados a 43 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y tortura.
Foto: Especial tomada de Proceso
Genaro fue llevado a barandilla la madrugada del 2 de mayo de 2018 por el supuesto delito de videograbar con su celular a los agentes municipales que lo detuvieron a él y su amigo mientras recorrían en automóvil las calles navojoenses.
A las 3 de la mañana de aquel martes, Genaro se encontraba en el asiento del copiloto cuando una patrulla de tránsito municipal les marcó el alto a él y a su amigo Héctor Manuel, supuestamente por circular en un coche con placas vencidas.
Ante lo que consideró una injusticia, Genaro activó la cámara de su celular y empezó grabar su denuncia y la ilegal detención del que eran víctimas
Los agentes, en venganza, aseguraron la unidad, esposaron a los jóvenes y los recluyeron en barandilla municipal.
Esa fue la última vez que Genaro recorrió con vida las calles de Navojoa, porque al cabo de una hora y media, a las 4:30 de la madrugada, las autoridades informaron que lo encontraron sin vida en la celda, con el cuello atado a un cordón y múltiples contusiones.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 12 de abril de 2019
A 30 días del inicio de la huelga de hambre contra la injusticia… A 30 días de la lucha por su libertad y por la libertad… A 30 días de lucha y resistencia al interior de la cárcel… Y seguimos…
30 días en los que nuestros compañeros no han ingerido alimentos sólidos, la única alimentación que los sostiene es agua y miel.
Intenten hacer un ejercicio de imaginación y piensen que es lo que se siente esos días que salen de casa sin desayunar, o cuando después de unas horas sin comer nuestro organismo nos empieza a pedir la energía necesaria para continuar, y nos ruge la panza. Qué se ha de sentir al llevar un mes sin masticar, sin sentir sabores y enfrentando una lucha contra nuestro propio organismo que se rebela desde su instito de sobrevivencia ante nuestra decisión de poner nuestra vida en riesgo. ¿Pueden imaginarlo?
Nosotras, nosotros, no tenemos que imaginarlo. Hemos sido testigos en primera persona del deterioro físico y emocional de nuestros compañeros. Hemos visto como, visita a visita, su salud se va deteriorando, como cada vez su pantalón iba ganando holgura hasta que necesitaba de algo que lo sostuviera para no desaparecer de sus cuerpos. Como se transformaba su rostro, su expresión, como su piel iba perdiendo color y cada vez sentían más frio por la falta de calorias, y como cada vez el cansancio era más fuerte y demoledor.
También hemos sido testigos del dolor de sus familias, de sus amigxs, de sus compañeros.
Pero también nos ha acompañado su fortaleza, su integridad y su dignidad. Y una grandeza moral que dificilmente seriamos capaces de describir con palabras.
¿Imaginan un lugar donde una persona tenga que llegar a esos límites para ser escuchado? Para eso no les vamos a pedir que hagan ningún tipo de ejercicio de imaginación, ese lugar es este mismo desde el que les hablamos.
Desde el inicio de esta huelga de hambre, el pasado 15 de marzo, una de las demadas de nuestros compañeros ha sido siempre que un organismo del estado reponsable y competente pudiera revisar sus expedientes y ser testigos de las irregularidades que estos contienen. Han exigido en todo momento, que los casos de tortura, que muchos de ellos denuncian, puedan ser investigados y valorados. Y todo esto como mecanismo de justicia, de verdad, y además, de no repetición.
No somos ingenuxs, hemos aprendido que sólo está en las manos de los que les metieron en el infierno de la cárcel poder abrirles las puertas y devolverles la libertad que les fue arrebatada.
En ese sentido es en el que se hizo la exigencia de abrir una mesa de diálogo desde donde poder hacer una interlocución directa y eficaz que con capacidad resolutiva que pudiera atender la exigencia de libertad inmediata que nuestros compañeros reclaman. Parece que hoy podemos afirmar que esa demanda ya es un triunfo de esta lucha.
Son 20 expedientes lo que se tienen que revisar, 20 existencias rotas, 20 historias truncadas en un momento que claman por retomar sus vidas. Y 20 son los días que nuestros compañeros quieren dar para que esta mesa de diálogo pueda realizar la tarea de estudio de sus casos y expedientes.
En estos 20 días, y como acto de “fe”, nuestros compañeros van a convertir la huelga de hambre en ayuno parcial en espera de los resultados manteniendo más firme todavía, si eso es posible, la lucha por su libertad. Seguirán en los espacios físicos, al interior de la cárcel, desde donde estan realizando su acción política, y sólo van a ingerir los alimentos que no interfieran su salud para retornar a la huelga de hambre, en caso de ser necesario.
Este, es un nuevo paso adelante en la lucha con toda la determinación de aquellos que son capaces de poner su vida por delante en el reclamo de la justicia que se les ha sido negada.
Volverán, si es pertinente, con toda la fuerza y determinación que sea necesaria. Se harán las acciones que se consideran oportunas si no hay la claridad, la celeridad, la voluntad y el flujo de información constante en los avances del proceso.
No van a parar, no van a claudicar, no van a renunciar. No vamos a parar, no los vamos a dejar, los vamos a acompañar.
Hasta que todos seamos libres! Hasta que todas seamos libres!
De las 97 personas detenidas y 50 presentadas a la agencia, sólo 6 casos fueron dictaminados por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.
Foto: Erik Salinas/Cencos
Ciudad de México, 9 de abril, 2019.- En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), defensores de derechos humanos exigieron reparación integral por las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre del 2012.
“Seis años después de que violaron nuestros derechos tenemos que seguir aquí, para visibilizar la violencia de la que fuimos víctimas” expuso Judith Gómez Contreras, una de las víctimas afectadas.
Uno de los puntos importantes para los expositores fue recalcar que no han sido reconocidos como víctimas de tortura y violación de derechos humanos. Cuestión que oculta y minimiza los actos de forma sistemática.
Señalaron que ninguna de las 22 personas que presentaron a los detenidos ése día, ha comparecido por las detenciones arbitrarías. Recalcaron que además fueron víctimas de tortura, impunidad, inseguridad, y afectaciones, que hasta el día de hoy siguen vigentes.
Abraham Alonso, expuso que “tuvieron un gran impacto las detenciones en la dignidad personal y sobre todo en la dignidad colectiva y social”. Aunado a la violación de los derechos a la manifestación y a la libre expresión.
Exigen su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.
Imagen: Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Indígenas presos en tres centros de reclusión del estado de Chiapas cumplen este miércoles, 10 de abril, 26 días en huelga de hambre, con una única demanda: su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados, sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.
Agrupados en los colectivos La Voz Verdadera del Amate y Vijiketik en Resistencia, los trece indígenas en huelga de hambre (y otros siete que por su precaria condición de salud no son se sumaron al ayuno, pero sí forman parte de la protesta) realizan esta acción en tres cárceles chiapanecas y, tal como explicaron sus familiares en entrevista, “la lucha no es sólo por ellos, sino por todos los indígenas presos injustamente”.
En total, detallaron representantes de ambos colectivos, son 20 presos por los que se demanda la liberación “inmediata e incondicional”, todos con un común denominador: se trata de indígenas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, torturados para confesar delitos, y que no contaron con traductores o intérpretes durante sus juicios, para poder defenderse.
“A lo largo de este caminar –explica Juan Pablo Nava Gómez, del Grupo de Trabajo No Están Sol@s, que da acompañamiento a las familias de los presos en huelga de hambre– lo que nos hemos encontrado es que el gobierno de Chiapas es muy racista, y en contra de los indígenas usan la tortura como un mecanismo cotidiano para crear chivos expiatorios (personas inocentes, incriminadas para otorgar impunidad a los verdaderos perpetradores)”.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
A 6 años 4 meses del operativo del 1 de diciembre, y a 6 años de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal familiares y víctimas exigen reparaciones integrales; aseguran que se mantiene una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad considera graves.
De las 97 personas detenidas y presentadas ante la agencia 50, sólo 6 casos fueron dictaminados como tortura por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; según los convocantes, esto lleva a colegir que existe un ocultamiento de la práctica sistemática de tortura en México.
Participan:
Blanca Santillán García (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad)
Judith Gómez Contreras (víctima)
Abraham Antonio Alonso Reyes (víctima)
Cédar Mendieta Espinoza (víctima)
Cuauhtémoc Rueda Luna (Efecto Útil)
Cristian Urbalejo Luna (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad)
Convoca: Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
La cita: Martes 9 de Abril de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.
La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.
El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.
Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, por parte de la Secretaría de Gobernación, ofrecieron la disculpa pública a la periodista Lydia Cacho. Foto: Cristina Rodríguez / La Jornada
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, advirtió la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al ofrecer una disculpa pública, en nombre del Estado mexicano, a Lydia Cacho Ribeiro.
Con esto se inicia el cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitida en julio pasado, respecto a los hechos ocurridos en diciembre de 2005, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, perpetrados por distintas autoridades gubernamentales en perjuicio de la periodista, detenida de manera arbitraria y sometida a múltiples abusos.
La funcionaria subrayó que el poder político no estará subordinado al poder económico; en seguida prometió justicia, respeto a la libertad de expresión y el fin de la censura.
Lamentó que durante 2018 México fue el país con más periodistas asesinados.
Por ello, indicó, este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. Es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia y la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida, dijo.
En Puebla, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un servidor público de la Fiscalía de esa entidad por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio a la periodista Lydia Cacho.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que, derivado de los trabajos de gabinete y campo, se logró ubicar a Alejandro “R”, de 53 años de edad, sobre la avenida Puebla, donde se cumplimentó la orden de aprehensión.
De acuerdo con la información de la dependencia, el detenido, requerido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, habría participado en el en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de la periodista, Lydia Cacho Ribeiro, en el año 2005.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que durante las indagatorias por el caso Iguala, elementos federales incurrieron en actos de tortura contra algunas de las personas imputadas de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, además de que hubo “indebida” diligencia en las indagatorias por los hechos, donde uno de los responsables es el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón.
Este mediodía, el organismo nacional presentará la recomendación por este caso, en la que acreditó que las autoridades de los tres niveles de gobierno-a quienes está dirigida la recomendación- incurrieron en violaciones graves a las garantías fundamentales durante la desaparición forzada de los 43 normalistas, suscitada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y durante el proceso institucional posterior a estos hechos.
El documento, que consta de 32 capítulos y más de 2 mil hojas, será dado a conocer este miércoles por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; y por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta Carrasco, en una conferencia de prensa que se prevé se prolongue varias horas.
Fuentes del organismo nacional adelantaron que la recomendación documenta más de 70 casos de tortura contra algunos de los presuntos implicados en los crímenes contra los normalistas.
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.- Los Archivos de la Represión, presentados hoy por ARTICLE 19, son una ventana a las formas de represión estatal durante las décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Nos permiten ver no sólo cómo el Estado vigiló ilegalmente a opositores/as políticos/as, cómo llevó a cabo detenciones ilegales, “interrogatorios” (tortura sistemática) y desapariciones forzadas, sino también cómo esta vigilancia se extendió a los familiares de las personas desaparecidas y a quienes luchaban por su presentación.
Imagen: Artículo 19
El archivo, en construcción, cuenta con 310,000 imágenes que están siendo catalogadas por personas, organizaciones y servidoras/es públicas/os mencionadas/os en los archivos, permitiendo así el cruce de diferentes datos para cada búsqueda. El sitio donde alojan, archivosdelarepresion.org, busca ser una herramienta para familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, estudiantes, periodistas, investigadores y para la sociedad en general.
Los archivos del poder, aquellos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), han pasado por diversas etapas de apertura y clausura/cierre. En 2012, con la aprobación de la Ley Federal de Archivos, se instauró la categoría de archivos histórico-confidenciales, lo que permitía el testado de datos personales, lo que contribuyó a la inaccesibilidad de estos documentos. A la fecha y desde 2015, sólo es posible acceder a los archivos a través de solicitudes de información. Así, el Estado mexicano incumple con sus obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos.
ARTICLE 19 tuvo acceso a una gran parte de esos archivos mediante una donación de personas que fueron comisionadas de la ex Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. En conjunto con la Northwestern University y El Colegio de México, se ha trabajado desde hace meses para hacer públicos dichos archivos. Éste es todavía un trabajo en construcción, mismo que busca que cualquier persona interesada en conocer estos archivos pueda acceder a ellos desde su computadora.
