PUEBLA, Pue. (apro).- En su informe anual, Amnistía Internacional (AI) concluyó que lo ocurrido en la población de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo pasado, cuando un soldado abrió fuego contra un hombre que yacía en el suelo, se trató de una ejecución extrajudicial.
Al asegurar que las ejecuciones extrajudiciales en México no se investigaban adecuadamente, y que quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.
Amnistía agrega que a estos casos se suma lo ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados.
“Días después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”, refiere el organismo internacional.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia federal emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército.
El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.
Ante las omisiones de la PGR, que permitieron la liberación de los únicos tres implicados en el caso, la madre de la menor, de 14 años, el juzgado le pidió a la PGR haga una investigación exhaustiva de los hechos en los que murieron 22 personas, ocho de las cuales fueron ejecutadas después del enfrentamiento, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La menor estaba en el lugar de los hechos, recordó el martes el diario El País al informar sobre el fallo.
La resolución, conocida por Apro, dice que la PGR deberá informar al juez si tiene alguna indagatoria pendiente y que, de ser el caso, señale de forma pormenorizada las diligencias que considere necesarias para tener nuevos elementos que esclarezcan lo ocurrido.
En ese informe detallado, dice el juez en su resolución, la PGR tendrá que puntualizar el objeto de cada una de las diligencias, lo que pretende obtener o el motivo para que se realicen.
Cumplidas esas actuaciones, la PGR “deberá determinar el sentido que corresponda a la indagatoria”; es decir, si hay más implicados en la ejecución.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó en su momento que se trató de un enfrentamiento que ocurrió cuando una patrulla militar pasaba por el lugar.
Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.
“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.
Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.
Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.
En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.
Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.
Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.
Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.
Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.
Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre de 2016.
Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.
Foto: Cencos A.C.
No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.
Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.
Foto: Cencos A.C.
Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.
El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.
Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.
Foto: Cencos A.C.
Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?
Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.
Foto: Cencos A.C.
Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.
Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.
Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.
La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 15 de octubre de 2016.
Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, lo hizo en medio del descontento de una numerosa sección de la sociedad. Pero en los últimos meses, México ha sufrido considerables golpes que generaron más resentimiento contra el Ejecutivo.
Los conflictos, van desde lo económico, con la escalada del dólar y la reducción presupuestal para importantes rubros como el campo y la educación; hasta lo moral, con la visita a nuestro país de quien nos llamara violadores, Donald Trump.
Con esta ola de acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la administración presidida por Peña Nieto, no cumple con nuestras expectativas e incluso ha violado la ley, y no sólo por lo del párrafo anterior, pues a lo largo de sus 4 años de mandato se han suscitado graves violaciones a derechos humanos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y diversos escándalos de corrupción donde está involucrado directamente como el de la Casa Blanca.
Pero en esta ocasión no quisiera entrar al debate de sí sus acciones son considerables para una posible destitución, pues en lo personal y comparando ejercicios de otras democracias en contextos similares, existen motivos de sobra para una revocación de mandato. Este texto lo escribo con la finalidad de informar y aclarar que nuestra Constitución establece un proceso claro para sustituir a un presidente, independientemente del motivo de su falta.
La Constitución dice lo siguiente:
Capítulo III
Del Poder Ejecutivo
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo…
Este párrafo refiere que el Congreso nombrará al presidente interino o substituto (ojo hay dos opciones), esta selección deberá ocurrir en menos de 60 días, mientras tanto el Secretario de Gobernación sería el titular. Como ya dijimos hay dos opciones o escenarios:
Primero
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino…
El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo.
Este supuesto refiere que si la falta del presidente es en los dos primeros años de su gestión, el Congreso deberá convertirse en Colegio Electoral (si está en sesiones lo hacen inmediato, si no se llaman a sesión extraordinaria) para elegir en secreto y por mayoría absoluta un presidente interino. Diez días después de seleccionar al interino el Congreso expedirá la convocatoria para elecciones del presidente que deberá concluir el período.
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
FOTO: scoopnest.com
El segundo supuesto dice que si el presidente falta del años 3 al 6 de su mandato el Congreso bajo el mismo proceso elegirá al Presidente substituto para terminar el periodo. Con esto podemos observar que existe una línea a seguir si un presidente falta. Ahora bien, es importante citar el siguiente artículo para dar cierre a este procedimiento:
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.
Lo hago con la finalidad de establecer que efectivamente se puede renunciar al cargo. En diversos foros, medios y platicas he escuchado diferentes posiciones sobre si el presidente puede o no renunciar; si debe o no, al final creo que motivos sobran y el mecanismo de sustitución existe, el verdadero debate serían las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaría la salida de Enrique Peña Nieto y ese, vaya que es un debate pantanoso. Sin embargo, como se dice por ahí: “si votar es un derecho, revocar es un izquierdo”.
Clara Gómez, una de las tres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) reactive las investigaciones y castigue a los militares que participaron en la ejecución de entre ocho y 15 civiles.
Este viernes se cumplen tres años de que elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en un operativo en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos.
Según la versión oficial, los elementos militares fueron atacados a balazos por civiles armados que se refugiaban en una bodega y las muertes se registraron en el intercambio de fuego.
Sin embargo, Clara Gómez, una de las tres sobrevivientes de la balacera, reveló a la revista Esquire que los efectivos militares sometieron a los civiles y los ejecutaron extrajudicialmente.
A tres años de los hechos, ninguna persona se encuentra encarcelada y las investigaciones prácticamente se han detenido, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que lleva la representación legal de la sobreviviente.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá dar a conocer una versión pública del mensaje transmitido por radio mediante el cual se informó de los hechos ocurridos en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, cuando murieron 22 personas, entre ellas dos menores de edad.
Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de acuerdo con un comunicado.
“El Consejo de la Judicatura Federal debe dar a conocer una versión pública del Radiograma 041 de 30 de junio de 2014, por medio del cual el Comandante del B.O. ‘San Antonio del Rosario’, informó de los hechos ocurridos la madrugada de ese día en la comunidad de San Pedro Limón”.
El INAI explicó que, tras la solicitud de un particular, el CJF respondió que la información que contiene la causa 81/2014-II, es considerada como reservada y confidencial, pues se trata de un asunto en el que un Tribunal de Alzada decretó la libertad con reservas de ley, que contiene datos de personas físicas identificables (víctimas).
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.
Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida.
En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios.
Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada.
La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.
Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.
Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados.
Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.
