Organizaciones de derechos humanos y personas defensoras reprobamos las declaraciones en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Imagen: EspacioOSC

 

Espacio OSC

05 de junio, 2023, México

En la conferencia matutina de los días del 30, 31 de mayo y el 1° de junio, el Presidente de la República realizó una serie de declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian la labor de las organizaciones de derechos humanos y las coloca en un mayor riesgo. Esto al señalar que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y otras organizaciones han callado ante otros casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, por supuestas filiaciones partidistas, y sugiriendo además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase.

A lo anterior, es necesario señalar que dichas afirmaciones no son ciertas. Desde su fundación en 1988 el Centro ProDH ha trabajado del lado de las víctimas para que haya justicia, verdad y porque en México no existan violaciones a los derechos humanos. Hemos sido testigos en estos 35 años de su importante labor en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de una sociedad civil resiliente que ante el horror y la violencia no han dejado de organizarse, acompañar a las víctimas, exigir y proponer acciones para revertir las condiciones de violencia y crisis de derechos humanos que persiste en todo el territorio nacional.

Diversos son los casos en los que el Centro ProDH ha generado pautas para diagnosticar el actual escenario de violencia y garantizar el acceso a la justicia y la reparación dirigida a víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como el caso de los Campesinos Ecologistas, Las mujeres de Atenco, Jacinta Francisco Marcial, el cuartel militar en Xochimilco. También han denunciado la militarización y la violencia propiciada por la denominada Guerra contra el Narcotráfico durante el Sexenio de Felipe Calderón; durante la administración de Enrique Peña Nieto documentó la masacre de Tlatlaya y representó a las familias de Ayotzinapa, y en la actualidad continúa con su labor de acompañamiento a víctimas de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, en la actualidad tal como lo han corroborado informes de las organizaciones de la sociedad civil, instancias de gobierno, agencias internacionales de derechos humanos y organismos multilaterales, las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder. Las instancias de gobierno encargadas de revertir dicha problemática, no han hecho lo suficiente para revertir las condiciones que detonaron dicha situación, como es el caso de las Fiscalías, Fuerzas Armadas, Instancias de gobierno federal y estatal que atienden a víctimas, y quienes ejercen facultades para prevenir, proteger, investigar y garantizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, las cuales continúan sin atender de forma cabal sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

La crisis en materia de derechos humanos continúa, y requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas que hoy vive el país.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos/as que defendemos derechos humanos, seguiremos abiertos a mantener el diálogo y realizando acciones que promuevan la paz, a favor de las víctimas y por el respeto de los derechos de todas y todos.

 

Contacto para medios:

Espacio OSC para la Protección de personas defensoras y periodistas

+52 1 444 434 07 97, espacioosc@gmail.com

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

+52 1 56 4160 1331, comunicacion@redtdt.org.mx

 

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Acá tiene pendientes (Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán); juzguen al General, piden activistas y ONGs

 Sugeyry Romina Gándara/Sin Embargo

Imagen tomada de Sin Embargo

Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del Ejército, que durante los seis años del Gobierno federal a cargo del priista mexiquense estuvo al mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de Enrique Peña Nieto.

El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

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Sentencia sobre Tlatlaya confirma que hay pruebas para procesar a militares: Centro ProDH

Redacción Aristegui Noticias/SB

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, señala que en la pasada administración se protegió a los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes del crimen organizado, ocurridas el 30 de junio del 2014, pero que ahora se tendrá que revisar, tras el fallo de un tribunal federal que ordenó recapturar a los elementos del Ejército que participaron en los hechos.

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Tribunal ordena reaprehensión de los 7 militares implicados en el caso Tlatlaya; acusan a tres de homicidio

Redacción/Animal Político

Los siete militares habían sido absueltos en 2016 por falta de pruebas; ahora son acusados de uso indebido del servicio público y tres por homicidio.

Foto: Cuartoscuro

A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 

La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.

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A 5 años de la masacre de Tlatlaya, ningún responsable rinde cuentas ante la justicia: Centro Prodh

Tlatlaya

Redacción/Aristegui Noticias

El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.

Tlatlaya
Foto: Twitter @CentroProdh

A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.

“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.

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Ordenan a PGR dar versión pública de averiguación por caso Tlatlaya

Redacción/La Jornada

Foto: Facebook INAI

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya SEIDO/UEITA/174BIS/14, así como del expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los organismos garantes de transparencia, como el INAI, deben asumirse como corresponsables de los procesos de justicia transicional.

“Debemos ejercer nuestras atribuciones para garantizar la disponibilidad de información pública para que tanto autoridades como población estén informados, tengan un lenguaje común, confíen entre ellos y muestren disposición para sentarse a la mesa de diálogo a pesar de las tensiones y antagonismos. El Inai debe resolver cuando un sujeto obligado de la administración pública federal, como en este caso que expongo, interpretan erróneamente la excepción a la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos”, enfatizó.

Una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

En respuesta, la PGR puso a disposición, previo pago de costos de reproducción, la versión pública de la averiguación previa del caso, así como el expediente de seguimiento al cumplimiento de la recomendación de la CNDH.

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Recibe condecoración militar responsable del Caso Tlatlaya

Redacción  / La Jornada

La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgó 103 condecoraciones a la “Distinción Militar”, “Merito Técnico” y “Mención Honorífica” a integrantes del Ejercito y Fuerza Aérea en reconocimiento de su desempeño profesional, vocación y dedicación.

Entre los galardonados se encuentran el general José Luis Sánchez León, quien era comandante de la 22 zona militar, con sede en Toluca, cuando ocurrió el enfrentamiento de fuerzas castrenses con civiles en Tlatlaya, en junio del 2014.

Fue responsable del controvertido operativo de Tlatlaya, en el estado de México, en donde un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las ceremonia presidida por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio de Futbol “Sedena” en la ciudad de México.

A un día de que concluya el actual sexenio, Cienfuegos Zepeda se acercó a los militares para felicitarlos, en especial a los que recibieron los reconocimientos de quién dijo sentirse orgulloso por haber servido al país y a la Sedena como un soldado más.

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Gobierno de EPN acepta todas las recomendaciones de CNDH, pero cumple menos del 20%

Redacción / Animal Político

Foto: Captura de pantalla / YouTube / Gobierno de la República

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dirigido casi 300 recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por violaciones a las garantías individuales; entre ellas algunas por casos graves como  las ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya y Tanhuato. El gobierno, por su parte, ha aceptado sin excepción todas estas recomendaciones.

Pero a unos meses de que concluya el sexenio, menos del 20 por ciento de las recomendaciones han sido cumplidas en su totalidad por las 36 dependencias a las que fueron enviadas. Esto pese a que algunas tienen varios años de haber sido emitidas, y a que de acuerdo con el reglamento de la CNDH debieron cubrirse en un lapso de 15 días tras haber sido aceptadas.

La información oficial proporcionada por la CNDH revela que aun cuando, por regla general, las dependencias del gobierno federal aceptan cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones, la mayoría de ellas se quedan a medias o con un cumplimiento parcial.

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PGR presenta recurso de revisión contra fallo de reabrir el caso Tlatlaya

Redacción/La Jornada

Foto: Especial

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juzgado 14 de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, que encabeza el juez Érik Zabalgoitia Novales, en la cual ordenó reabrir el caso Tlatlaya, y ahora corresponderá al noveno tribunal colegiado del primer circuito revisar la resolución y ratificar o modificar el criterio judicial.

En días pasados la organización defensora de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el juez Zabalgoitia ordenó la reapertura del caso Tlatlaya, a fin de que se corrijan las omisiones cometidas en su investigación y profundice la responsabilidad que pudo tener la cadena de mando en la presunta orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de soldados presuntamente repelió una agresión de un grupo de hombres armados que se encontraban dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya. 

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Desfavorable balance en derechos humanos: González Pérez

Foto: José Antonio López

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El balance en la defensa y garantía de los derechos humanos en el país durante el actual sexenio “no es favorable”, aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. 

Este sexenio, enfatizó, está marcado por graves violaciones a derechos humanos como los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.

Al presentar el informe de labores 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del organismo presentó un balance no sólo del año pasado, sino de los poco más de cinco años del actual gobierno federal, que está a unos meses de concluir su gestión.

González Pérez enfatizó que en los más de cinco años del gobierno de Peña Nieto “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.

Durante el actual sexenio, subrayó el ombudsman nacional, se presentaron graves violaciones a las garantías fundamentales. Y citó algunos casos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”.

El funcionario destacó que de todas las recomendaciones e informes que se han presentado por estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades a las que van dirigidos, tan sólo uno tiene hasta ahora pruebas de cumplimiento total.

También lamentó que haya grandes agresiones contra mujeres, periodistas y migrantes. Todo ello en un largo discurso de más de 30 minutos. 

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