Alimentos, fauna y agua envenenados, los peligros con los que se vive tras derrame en Río Sonora

Por Redacción/Animal Político

La organización Poder peleó para tener acceso a un estudio de la UNAM e instituciones educativas de Sonora, sobre los daños que dejó el derrame en octubre de 2014. Casi tres años después, persisten las afectaciones para la población cercana al río.

Alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran elevados niveles de plomo en la sangre, son los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas, tras el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, en octubre de 2014.

La organización Poder realizó varias solicitudes de información y una batalla jurídica, para poder tener acceso al informe elaborado por los institutos de Geología y Ecología de la UNAM, así como por la Universidad y el Tecnológico de Sonora, entre 2015 y 2016.
Grupo México, empresa responsable del derrame, no había hecho públicos los detalles del informe, y tampoco las autoridades, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Animal Político llamó a Grupo México y a Semarnat. La dependencia sólo explicó que el estudio no se hizo público a petición de la empresa minera, ya que argumentó que era dueña de los derechos del reporte.

En tanto, al ser consultado, el Fideicomiso Río Sonora no detalló cuántas de las recomendaciones establecidas en el estudio fueron cumplidas, para disminuir el daño a la población cercana al Río Sonora.

Grupo México no ha respondido a las preguntas de Animal Político.

“Los resultados demuestran la existencia de daños a los ecosistemas y recursos naturales… en los ríos Bacanuchi y Sonora”, aseguró el estudio elaborado entre 2015 y 2016 por la UNAM, y la Universidad y el Tecnológico de Sonora.

El diagnóstico detectó “un riesgo elevado a la salud por exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentraciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo de 1945 mg/kg de plomo”.

Más del 70% de la población infantil de San Felipe de Jesús, agregó el estudio, “podría tener niveles de plomo en sangre superiores a 10 microgramos por decilitro, lo que representa un alto riesgo para su salud”.

Esta investigación se inició en febrero de 2015, seis meses después del derrame que afectó a siete municipios ubicados en a la ribera del río Sonora.

No hay un reporte reciente de las autoridades sobre la cantidad de adultos o menores con altos niveles de plomo en la sangre, a causa del derrame. En general, no hay un reporte público, pormenorizado y actual de las autoridades, sobre los daños en la salud de los habitantes cerca del Río, así como contaminación de flora y fauna.

Según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder, “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región”.

De acuerdo con el reporte elaborado por la UNAM y otras instituciones de Sonora, fueron detectados metales pesados en frutas, hortalizas y lácteos, a causa del derrame en 2014.

“Los metales presentes fueron arsénico, cadmio y plomo”, en cantidades que superan “los límites máximos permisibles establecidos en las normas nacionales y las referencias internacionales”, señaló el estudio.

El documento detalló que específicamente en lácteos se encontró arsénico y plomo, y cadmio en frutas y verduras, un mineral que no se encuentra en estado libre en la naturaleza, que se obtiene como subproducto de la fundición y refinamiento del zinc y el cobre, y que puede provocar cáncer.

Producto del derrame en el río, estos metales y minerales se metieron a la sangre de la fauna silvestre de la zona: coyotes, zorrillos, mapaches y zorros; en el hígado y los músculos de cinco especies de roedores y de dos tipos diferentes de aves.

También arrasaron la vegetación deteriorando los ecosistemas ribereños; el informe reportó una mortalidad en los árboles ubicados en la ribera, del 50.3%.

Para confirmar estos datos, los investigadores de la UNAM revisaron otro brazo del río que no fue afectado: ahí el porcentaje de mortalidad en la vegetación fue de apenas el 1.2%.

La mezcla de metales pesados acabó con la población de peces en el río. Sólo se encontraron peces adultos, pero no población juvenil, y se presume que se trató de una “una recolonización de adultos de otras cuencas”.

El diagnostico alertó sobre la posibilidad de que se incrementara la cantidad de metales en el ecosistema, “con riesgo potencial de ser liberados al ambiente por un nuevo derrame de solución ácida o por la descarga de aguas negras que tiene el potencial de generar un ambiente reductor”.

La presencia de fenómenos naturales como los huracanes Norbert y Odile, que afectaron la zona entre septiembre y noviembre de 2014, incrementaron los niveles de concentración de metales pesados, estableció el estudio.

Si bien el estudio se realizó entre 2015 y 2016, en la actualidad siguen apareciendo reportes sobre diferentes afectaciones o riesgos para la población.
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Gobierno y Grupo México olvidan a damnificados por derrame en Sonora

Por Redacción/La Jornada

Hermosillo, Son.

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de esta ciudad.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.

Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

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Los engañaron con el Acueducto y, después, con gasoducto extranjero; yaquis están hartos

Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Por Redacción/Sin Embargo

“A nuestros ancestros les tocó cuidar la tierra y ahora nosotros somos los responsables”, dicen habitantes de la comunidad indígena de Loma Bacúm, Sonora, una de las ocho [Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén], que se han levantado en contra la construcción del gasoducto de la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (Ienova), por tierras yaquis.

El pueblo yaqui se opone a esa construcción por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes. Pero, además, por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas.

Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, afirma la Ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, se pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, afirma.

Loma de Bácum, Sonora (SinEmbargo).– La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construye un gasoducto al noreste de México en un territorio comunal desértico. Hasta hace tres años, y antes de la Conquista, sólo era sagrado para la comunidad indígena yaqui, compuesta por ocho pueblos ubicados al sur de la entidad de Sonora: Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum, Belén y Bácum. Ahora, sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sin embargo, los habitantes de Loma de Bácum –por donde pasarían 16 de los 90 kilómetros dentro del territorio yaqui– se han opuesto por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes, así como por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.

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Yaquis sacan de sus tierras tubos y cables del gasoducto de IEnova

Por redacción/La Jornada

Loma de Bácum, Sonora. Integrantes de la tribu yaqui empezaron a quitar tubos y cables que instaló la empresa IEnova en sus tierras de manera ilegal para la construcción del gasoducto Agua Prieta, con el cual se pretende abastecer a industrias del noroeste de México.

El mediodía del domingo, un grupo de pobladores empezó a sacar material, en protesta porque la empresa continuó con las obras a pesar de que un juez federal emitió el 26 de abril una resolución en favor de la comunidad para detener los trabajos.

La empresa no hizo caso y por las noches, a escondidas, colocó la tubería para el gasoducto que transportará combustible desde la frontera con Arizona a través de territorio yaqui en los municipios de Guaymas y Cajeme.

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