Redacción / Cencos
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente entregaron hoy un Amicus Curiae a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que exponen elementos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, para apoyar el amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora para participar y decidir sobre la ampliación de una presa de jales de Grupo México.
El pasado 6 de agosto se cumplieron cuatro años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil.
Comunidades afectadas por megaproyectos, encabezadas por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco) se reunieron hoy fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar a los ministros su derecho a participar en temas medioambientales.
El acto público se dio en el marco del próximo fallo de la SCJN al amparo interpuesto por los habitantes de Bacánuchi, Sonora, referente al derecho que tienen las comunidades aledañas a los ríos Bacánuchi y Sonora de participar y por tanto decidir sobre la ampliación de una presa de jales de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., construida por Grupo México.
Las comunidades están expectantes, ya que se prevé que la Suprema Corte emita el fallo el próximo miércoles 22 de agosto. El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las comunidades aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad, por lo que presentamos a la Suprema Corte consideraciones legales sobre dicho derecho que es de sumo interés para la sociedad. La participación ciudadana en las políticas publicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, señaló María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa, junto con CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz.
Para Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, la Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para “poder estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
El Amicus Curiae, como el presentado este lunes ante la SCJN, es un recurso que busca exponer opiniones y/o informaciones que podrían ser trascendentes en la resolución del juzgador.
