Luis Raúl González Pérez dijo ante diputados que la propuesta del Ejecutivo es “parcial e incompleta”.
Foto: Twitter @CNDH
“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante su intervención en la reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, González Pérez aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”.
“No podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares (…) la primacía de las instancias civiles sobre las militares no podemos verla como un mero postulado teórico”, dijo el ómbudsman nacional.
La jefa de Gobierno aseguró que su decisión se basa en la idea de no utilizar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo.
Este miércoles la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la desaparición del Cuerpo de Granaderos de la policía. El anuncio se dio durante su toma de protesta en el Congreso capitalino.
En cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de Gobierno la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública, la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos.
¿Por qué desaparece Sheinbaum a los granaderos?
La jefa de Gobierno aseguró que su decisión se basa en la idea de no utilizar a las fuerzas armadas para reprimir el pueblo y por ser una de las peticiones del movimiento estudiantil de 1968.
Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.
Foto: Facebook lopezobrador.org.mx
Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.
Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.
“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.
Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.
Pese a dinero invertido se incumplen metas mínimas de evaluación de desempeño, capacidades básicas y control de confianza. Se gasta dinero pero se desconoce beneficio, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
Foto: Facebook @SESESPZac
En 2017, el gobierno federal entregó casi 5 mil millones de pesos a los municipios del país para subsidiar la capacitación y evaluación de sus policías. Sin embargo, tras concluir el año, apenas 10 mil de los más de 300 mil agentes municipales acreditaron tener las habilidades básicas mínimas para desempeñar el trabajo. Entre esas habilidades se encuentra, por ejemplo, saber disparar un arma de fuego, o hacer una detención de manera legal.
¿La razón? Pese al dinero invertido y los subsidios entregados, los municipios solamente consiguieron evaluar en habilidades básicas a 13 mil agentes municipales, de los cuales, aproximadamente 1 de cada 4 no pasaron la prueba.
“Por lo anterior en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desconoció si el 97 % (328 mil 112) de los 338 mil 343 elementos policiales en activo contaron con las competencias básicas para desempeñar sus funciones, debido a que únicamente 10 mil 231 elementos obtuvieron la acreditación en dichas prueba”, señala la Auditoría Superior de la Federación.
Esto forma parte de los resultados de una auditoría de desempeño al Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar el uso, aplicación e impacto que en 2017 tuvieron los subsidios por 4,971 millones 700 mil pesos que la Secretaría de Hacienda transfirió a 300 municipios de los 32 estados del país, como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
El gobierno de Enrique Peña Nieto advierte que no hay condiciones para prescindir del apoyo militar en seguridad pública, en los próximos años.
Facebook Secretaría de la Defensa Nacional
El Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país. Mientras los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado, hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente.
Esto, pese a que el gasto en seguridad ya sobrepasó a los de las anteriores administraciones.
Y aunque el documento niega que el país se encuentre en una “crisis generalizada” de inseguridad, sí reconoce que en el 83 por ciento de los municipios hay menos de 50 policías.
De hecho, hay más de 600 municipios en México sin un solo agente. De ahí que el gobierno considere imposible prescindir del apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para los próximos años.
De acuerdo con los datos plasmados en el informe, durante 2017 la tasa de homicidios dolosos en el país fue de 20.5 casos por cada cien mil habitantes, superior a la del último año del sexenio pasado (2012), que fue de 18.3 asesinatos.
Aunado a esto, el informe destaca que delitos como los robos en carretera con violencia crecieron de 2.1 casos por cien mil habitantes en 2012, a 3.3 casos en 2017.
Los robos con violencia en general, tuvieron un descenso mínimo al pasar de 191 casos a 188 por cien mil habitantes, en el referido periodo. Los secuestros bajaron marginalmente. de una tasa de 1.2 a 0.9 casos.
En todo el país se produjo un aumento de la violencia en 2017 -se dieron un 18.91 por ciento más de homicidios respecto al año anterior-, pero el caso de Los Cabos es especialmente preocupante por el peso que este municipio tiene dentro del turismo nacional, gracias a sus atractivos naturales y a su desarrollada industria hotelera.
El destino fue visitado por 1.4 millones de personas en 2017 y fue el que registró un mayor crecimiento a lo largo del año, de 17 por ciento. Pese a esto, fue escenario de episodios violentos que evidencian el aumento de la inseguridad, como el ataque armado registrado en la turística playa de La Palmilla, que dejó tres muertos y dos heridos en agosto pasado.
Los Cabos (México), 7 mar (EFE).- Tras experimentar un vertiginoso aumento en la cifra de homicidios, el municipio mexicano de Los Cabos se situó como el más violento del mundo; un dato que, además de golpear al sector empresarial, contrasta con la posición privilegiada que este destino guarda en el turismo nacional.
De acuerdo con un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, este municipio de Baja California Sur (noroeste del país) ocupa el primer lugar en el listado de las 50 ciudades más violentas, con una tasa de 111,.33 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Le siguen Caracas (Venezuela), con un cifra ligeramente inferior (111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes) y Acapulco (106.63), otra de las doce urbes mexicanas incluidas en el ranking.
En todo el país se produjo un aumento de la violencia en 2017 -se dieron un 18.91 por ciento más de homicidios respecto al año anterior-, pero el caso de Los Cabos es especialmente preocupante.
El municipio pasó de 61 asesinatos en 2016 a 365 en 2017, lo que supone un aumento de casi 500 por ciento. Hasta el momento, además, Los Cabos no había sido incluido en el listado del Consejo Ciudadano.
Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.
La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de aprobación del congreso.
Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas” para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.
Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:
¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?
El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.
Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de seguridad nacional (sin especificar cuáles).
¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?
El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.
La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado, aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin declaratoria) acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.
Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.
Derechos humanos: respeto y suspensión
El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción.
Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.
La violencia no da tregua en México. A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano y del aumento de 700% en la inversión de seguridad pública en cuatro años, los homicidios de mayo han superado todos los registros desde 1997. A lo largo de ese mes, las 32 fiscalías de todo el país iniciaron 2.186 averiguaciones previas por asesinatos. Esto supera las 2.131 averiguaciones abiertas en el peor mes del Gobierno de Felipe Calderón, el presidente que inició la guerra contra el narcotráfico. En cinco meses de 2017 el país acumula 9.916 carpetas abiertas por homicidio, un 30% más que el mismo periodo de 2016, según los datos oficiales publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mayo dejó 2.452 víctimas de homicidio, 28% más que las registradas el mismo periodo de 2016. La cifra no es definitiva pues las fiscalías locales suelen ajustar sus expedientes tras las pesquisas. Las cifras oficiales serán dadas a conocer más adelante. No obstante, el dato es el más alto registrado desde enero de 2014, cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto inició una nueva forma de contabilizar los muertos que ha dejado la ofensiva contra la delincuencia organizada.
Hay que remontarse hasta el sangriento 2011, el pico de violencia en la Administración del PAN, para hallar un dato peor que el que dejó mayo. En 2011 hubo 27.199 asesinatos –24 por cada 100.000 habitantes–, un aumento de 160% respecto a 2006, el año que arrancó el Gobierno de Calderón. Cinco meses de 2017 han registrado 11.155 víctimas de homicidio, casi la mitad que aquel año ominoso.
En más de la mitad de México aumentó la violencia. 18 de 32 estados superaron en mayo la cifra de asesinatos de abril. Los casos más graves son el de Estado de México con 225; Guerrero con 216 homicidios; Baja California con 197; Sinaloa con 184 y Chihuahua con 158. El 58% de los asesinatos se ha cometido con armas de fuego, según cálculos de la organización no gubernamental Desarma México.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero despidió a 176 agentes de la policía estatal, quienes participaron en un paro laboral que comenzó el pasado lunes 29 de mayo y que concluyó a las 15:00 horas del martes.
Al finalizar con el paro de labores, los policías esperaban recibir órdenes de sus superiores para reincorporarse al servicio; sin embargo, los mandos no se comunicaron con los agentes y fue hasta las 13:00 horas de este miércoles 31 de mayo cuando las autoridades de Guerrero les notificaron sobre el despido.
El gobierno de Guerrero justificó la decisión de despedir a los policías con el artículo 132 de la Ley No 281 de Seguridad Pública del estado, ya que consideró que los agentes faltaron a los principios rectores de la función policial: “poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por el abandono del servicio; haber dirigido organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial, así como abandonar un servicio”.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, tras ser despedidos, se requirió que los policías cesados entregaran los uniformes, identificaciones y demás equipo policial que tuvieran a su cargo.
Tras ser notificados, los policías de Guerrero marcharon sobre la Autopista del Sol, que conecta a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se reunieron con el presidente de ese organismo, Ramón Navarrete, con quien acordaron buscar un acuerdo y diálogo con las autoridades estatales.
El Congreso del estado aprobó por mayoría de votos dar más independencia a la Policía Estatal Única y autorizó la creación de otras fiscalías especializadas, como la de Violaciones a Derechos Humanos (que incluye crímenes contra periodistas), la de Operaciones Estratégicas y la de Combate a la Corrupción, así como el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
La Policía Estatal Única se convirtió en la Comisión Estatal de Seguridad, que aún forma parte de la Fiscalía General (FG) del estado, pero con una nueva estructura con divisiones de Fuerzas Estatales, Operaciones Especiales, Inteligencia, Policía Vial, Operaciones Rurales así como la de Seguridad Bancaria y Comercial.
De acuerdo con el decreto, mediante el que aprobaron las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, de la FG y del Sistema de Seguridad Pública Estatal, buscan darle a las dependencias mejor funcionalidad para combatir la violencia.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gabriel García Cantú, presentó la iniciativa que fue aprobada por mayoría de votos.
La Fiscalía General quedará conformada por la Dirección General de Administración y Sistemas y por la Agencia Estatal de Investigación.
