El decreto incluye las modificaciones hechas por el Senado; el Congreso de la Unión tendrá los 60 días para expedir la Ley de la Guardia Nacional
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El decreto que permitirá la creación de la Guardia Nacional fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento plantea las modificaciones constitucionales necesarias para la creación de la Guardia, las cuales fueron hechas por el Senado.
El decreto publicado en el DOF establece que la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval, de la manera en que determine el presidente del país.
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, se establece.
El decreto estipula que la Guardia Nacional estará adscrita a la secretaría del ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
El dictamen que hace la declaratoria de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional pasará al Senado de la República previo a su promulgación en el Diario Oficial
Con el aval de los 32 congresos de los estados de la República Mexicana, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el Senado de la República hicieron la declaratoria de constitucionalidad de las reformas para crear la Guardia Nacional este mismo jueves, por lo que podrá promulgarse en el Diario Oficial de la Federación.
Se trata de una de reforma que obtuvo un aval histórico al haber sido aprobada por 127 de los 128 senadores, con 463 votos a favor de los diputados presentes y un voto en contra; y solo 5 votos en contra y dos abstenciones de los 985 votos en los 32 congresos del país.
a reforma constitucional modifica los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89 de la Constitución y el objetivo es reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución policial federal responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país.
Falta que tres Congresos estatales más aprueben la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional
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Los Congresos de 14 entidades federativas ya dieron luz verde a la creación Guardia Nacional, cuerpo de seguridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al ser una reforma constitucional, se requiere la aprobación de 17 Congresos estatales para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
CIUDAD DE MÉXICO, 21FEBRERO2019.- El Senado de la República votó por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias, con 127 votos a favor, el dictamen por el que se crea la Guardia Nacional con mando civil. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM
El Senado aprobó por unanimidad con 127 votos a favor y ninguno en contra la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.
El dictamen que se votó este jueves ante el pleno del Senado incluyó cambios importantes en su conformación: será de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
Éste regresará a la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen, para su análisis y aprobación. Después el dictamen será enviado a los congresos locales, donde 17 deberán dar su visto bueno, por tratarse de una reforma constitucional.
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las instituciones policiales, detalla, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género.
Esta mañana, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que se llegó a un acuerdo histórico con todas las bancadas para aprobar la Guardia Nacional, por unanimidad, bajo un mando civil.
Los senadores acordaron ya una temporalidad de cinco años en la Guardia Nacional, incorporar los criterios de los organismos internacionales y establecer un plazo de entre 60 y 90 días para aprobar, al menos, tres leyes secundarias.
El dictamen detalla que durante cinco años, mientras entra en vigor el decreto y la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades, el Ejército y la Marina trabajarán en tareas de seguridad pública.
Organizaciones de la sociedad civil que han participado en las audiencias públicas realizadas en la Cámara de Diputados para analizar la creación de la Guardia Nacional (GN), consideran una simulación el reciente anuncio del gobierno sobre un supuesto mando civil para esa nueva corporación de seguridad pública.
José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dijo en entrevista con La Jornada que el anuncio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, sobre la modificación del diseño original de la Guardia Nacional para que tenga un mando civil es una simulación.
En realidad no están concediendo absolutamente nada. Siguen siendo policías y marinos militares, siguen siendo entrenados por las fuerzas armadas y estando alojados en el Ejército y en la Marina. El mando operativo no va a estar nunca en manos de los civiles, porque los militares han dicho que no se van a someter a un mando civil, sostuvo.
Y añadió: Se trata de una simulación porque lo que están haciendo es hacer creer a la opinión pública que están escuchando y siendo sensibles a las críticas de los expertos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas y están supuestamente concediendo el mando civil, pero sabemos que no es así.
Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.
Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.
Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:
Podría acentuar violaciones a derechos humanos
Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.
Tendría mando militar los primeros 5 años
Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.
Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos
El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.
No se establecen mecanismos de rendición de cuentas
Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.
La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada
Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:
“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.
Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
