El gobierno promete otra vez resolver el caso Ayotzinapa

Redacción / La Jornada

Foto: Presidencia

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal prometió agotar todas las líneas de investigación en el caso para esclarecer el paradero de los jóvenes normalistas y procurar el castigo a todos los responsables. Al mismo tiempo se manifestó en contra de la creación de una comisión de la verdad, como lo ordenó un tribunal colegiado.

La CIDH solicitará información al gobierno de asuntos pendientes, con la finalidad de que el mecanismo de seguimiento de esta comisión presente su informe final en noviembre próximo.

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, se indicó que funcionarios de alto nivel de la PGR han actualizado la información sobre el seguimiento al cronograma de trabajo con la CIDH en torno a este caso de desaparición ocurrida en septiembre de 2014.

En este plan se destacan asuntos relacionados con la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda y el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de Estados Unidos, entre otros.

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Policías federales agreden a Brigada Marabunta cuando intentaban ingresar a una reunión con Mecanismo de Protección de Segob

Foto: Facebook

Por Artículo 19

Ciudad de México a 23 de marzo de 2018.- El equipo de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, integrantes de la Red Rompe el Miedo, fue agredido por un grupo de elementos de Policía Federal el día de hoy en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

Los integrantes de la Brigada iban en camino a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, del cual son beneficiarios, cuando fueron abordados por un policía federal que les notificó que no podían pasar.

En entrevista con ARTICLE 19, Carla Ríos de la Brigada expresó: “Veníamos caminando rápido para llegar a la reunión en Mecanismo, éramos 6, íbamos uniformados. Cuando nos ven entrar a la calle donde está Secretaría de Gobernación se pone uno de los policías federales enfrente de nosotros y nos dice que quiénes somos y que a qué vamos. Había cuatro policías mas y Miguel les explica, les mostró el botón de pánico que el Mecanismo nos asigno y trató de dialogar con ellos sin éxito ya que comenzaron a empujarnos y golpearnos para evitar que avanzáramos.

A mí me empujaron, pero en general a todos nos tocó un golpe. Ponen la mano a la altura de tu cuello y te empujan con el antebrazo. Acto seguido, los integrantes de la Brigada cuestionaron a los oficiales que intervinieron en la agresión pidiéndoles su nombre, el cual se negaron a proporcionar e incluso algunos de ellos escondieron deliberadamente los identificadores de sus uniformes.

Al observar la agresión, otros policías federales se aproximaron y comenzaron a empujar a los miembros de Marabunta a fin de evitar que continuaran exigiendo el nombre de los policías que los agredieron y así permitir que su compañero pudiera retirarse del lugar.

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Posicionamiento ante cambios en la Secretaría de Gobernación

Ante la crisis de derechos humanos que ha puesto a México en el primer plano de atención y críticas nacionales e internacionales, el entorno de seguridad y violaciones de derechos que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México es por demás grave. 2017 fue el año más violento para estos sectores, por lo que los esfuerzos para su protección deben continuar y fortalecerse ante los retos que se anticipan en el próximo proceso electoral.

 

La participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la construcción de un régimen de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que dé respuesta a las necesidades actuales. Ante los recientes cambios al interior de la Secretaría de Gobernación, particularmente lo que atañe a la titularidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil que hemos dado monitoreo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), el acompañamiento de casos y la exigencia de justicia para aquellos que fueron silenciados por su labor y sus familias, expresamos lo siguiente:

 

Reiteramos la urgente necesidad de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se continúe el compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a través del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, condiciones indispensables para el fortalecimiento de un Estado democrático.

Hemos presenciado la importancia del funcionamiento del Mecanismo de Protección, las áreas de oportunidad y los retos en los que las organizaciones contribuimos desde el diálogo, la evaluación y el monitoreo para dar transparencia a los procesos e impactos en la vida de las personas a quienes debe proteger.

La construcción de este esfuerzo sólo ha sido posible mediante la voluntad política, el compromiso manifestado con acciones sustantivas para la mejora del Mecanismo y la apertura de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos para escuchar las distintas voces de sociedad civil.

Por todo lo anterior, exigimos:

  • Continuidad y fortalecimiento al Mecanismo para que pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Voluntad política que se traduzca en acciones contundentes que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral.
  • El reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como un como un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas.

Atentamente,

Organizaciones:

Aprender Primero A.C.

Arkemetria Social, A.C.

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica

Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)

Colectivo Ciudadanía Informada y Activa

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH

Enjambre Digital

FIAN México

Fronteras Comunes AC

Fundar Centro de Análisis e Investigación

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Iniciativa 574

Jóvenes ante la Emergencia Nacional

Mexicanos Primero A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Nueva Constituyente Ciudadana Popular

Observatorio Nacional Ciudadano

Ojos de Perro vs. la Impunidad AC

ONEA México

REDIM Red por los derechos de la Infancia en México

Reporteros Sin Fronteras

ReverdeSer Colectivo A.C.

SEDEPAC

SERPAJ-México

Personas:

Alberto Athié

Aram Barra

Carlos Cruz Santiago

Daniel Gershenson

Daniel Giménez Cacho

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Enrique González Ruiz

Ixchel Cisneros Soltero

Jesús Robles Maloof

José Carrillo Osorio

José Enrique González Ruiz

José Guadalupe Carrillo Osorio

Juan Pablo Espinosa de los Monteros

Layda Negrete

Magdiel Sánchez Quiroz

Norma Sánchez

Pietro Ameglio

Témoris Grecko

Viviana Pineda Partida

El dinero sin control enferma la relación prensa-Estado y daña la democracia, dicen observadores

Por Redacción/Sin embargo

El tema de la publicidad oficial está, otra vez, sobre la mesa. Desde años, algunos medios nacionales han dado cobertura a la práctica discrecional y parcial que se ha repetido en los gobiernos federales y estatales. El dispendio en ese rubro crece y los lineamientos a la publicidad oficial que rigen a todas las administraciones públicas –a cargo de la Segob y que podrían tirar buena parte de los anuncios oficiales por los que se pagan millones cada día– son ignorados.

El problema, insisten periodistas, expertos y activistas en defensa de la libertad de expresión, no es la publicidad oficial per se, sino su uso como propaganda política con cargo al erario público y que se vuelve autoritario con la prensa. El reportaje del diario The New York Times, señalaron, impulsó otra vez el debate sobre el uso de esos millones de los mexicanos que son entregados a privados, y el Gobierno mexicano, hasta el momento, permanece mudo.

“La Secretaría de Gobernación mantiene el silencio porque sabe que es una discusión perdida. Dicha dependencia ya no debería controlar los recursos de la publicidad gubernamental ni mucho menos vigilar los contenidos en medios impresos y electrónicos. Es indispensable hacer una reforma de las atribuciones gubernamentales en este ámbito”, planteó Gabriel Sosa Plata, experto y académico.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– En septiembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundía un comercial que era acompañado por un logotipo con las iniciales del nombre de su titular Miguel Ángel Osorio Chong, y que giraba en torno a su imagen y sus labores públicas.

Mediante una solicitud de información, SinEmbargo pidió a la Segob el monto y el objetivo de la campaña que se desplegó. La respuesta oficial fue que esa campaña no había significado algún gasto extra, ya que formó parte del plan anual de comunicación social.

El video podría ser uno más de los tantos en los que se resalta la imagen de un funcionario con dinero público, pero en este caso la Segob es la dependencia a la que le corresponde formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal.

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Periodistas protestan en la Segob por asesinato de Cándido Ríos

Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cientos de fotografías con el rostro de Cándido Ríos Vázquez, el periodista que fue asesinado el martes pasado en Veracruz, tapizaron la escalinata de la Secretaría de Gobernación (Segob), la misma que se encargaba de protegerlo.

En una protesta simbólica al pie de la dependencia, periodistas de la Ciudad de México denunciaron una vez más que el Mecanismo Federal de Atención y Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no es el adecuado, “no sirve”.

Ríos Vázquez “ Pavuche”, como era conocido entre sus compañeros del Diario Acayucan, formaba parte del mecanismo de la Subsecretaria de Gobernación, desde hace tres años y “aun así lo mataron”.

“Cándido Ríos, periodista supuestamente protegido por esta entidad. Asesinado el 22 de agosto” se leía en un cartel, en una de las puertas de acceso de la Segob.

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Periodista “protegido” por Segob es asesinado en Veracruz; es la décima víctima de 2017 en México

Por Redacción/Sin embargo

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra personas que se encontraban en dos camionetas estacionadas. Cándido Ríos Vásquez, un periodista de Acayucan, estaba entre las víctimas del ataque y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital.

Ríos Vazquez, quien se encontraba en el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, se convirtió este martes en el décimo periodista asesinado en México en lo que va del año.

Ciudad de México (SinEmbargo).- El periodista Cándido Ríos Vázquez, del medio local Diario de Acayucan, perdió la vida esta tarde tras un ataque armado en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, convirtiéndose en el décimo comunicador asesinado en México en lo que va del año.

El ataque ocurrió cuando Ríos Vázquez se encontraba con otras personas en dos camionetas estacionadas en una gasolinera en la carretera 180 Costera del Golfo, según informaron medios locales.

Víctor Acrelio Alegría, ex inspector de la policía municipal de Acayucan, y su escolta son las otras dos víctimas mortales del ataque, cuyos cuerpos quedaron tirados sobre el piso.

De acuerdo con los reportes, Cándido Ríos perdió la vida cuando era trasladado a un hospital.

El comunicador se encontraba incorporado a los esquemas de seguridad del programa de Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que en 2012 denunciara amenazas de muerte en su contra.

Supuestamente, la Procuraduría General de Justicia del Estado investigaba entonces la denuncia de Ríos Vázquez.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó los hechos ocurridos esta tarde y exigió a las autoridades del estado que investiguen el ataque en el que falleció el también fundador de La voz de Hueyapan.

“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares del comunicador, y hacemos un llamado enérgico para que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes”, señaló la Comisión en un comunicado.
Esta mañana, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, arremetió contra la prensa, pues, dijo, “le cuesta trabajo creer” que en nueve meses de su administración la entidad ha “cambiado”.

“Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos, yo sé que hay algunos [medios] a los que les cuesta reconocerlo, les cuesta mucho trabajo… porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”, sostuvo.

En Veracruz, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP), han ocurrido mil 445 homicidios y 105 secuestros, siendo una de las tasas más altas a escala nacional.
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PGR, Cisen y Sedena gastaron casi 500 millones en actualizar Pegasus: documentos

Foto: Cencos
Por Redacción/Aristegui Noticias

La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje.

Cuatro facturas digitales y un documento interno de PGR indican que la empresa beneficiada es Proyectos y Diseños VME, una firma que tiene oficinas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Los comprobantes fiscales en poder de Aristegui Noticias confirman que el Cisen y Sedena también poseen la plataforma de espionaje Pegasus que se ha utilizado para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.

La información si bien era pública, solamente había sido revelada a través de correos filtrados por Wikileaks, pero no se había podido documentar.
Los documentos revelan que la Secretaría de Gobernación, PGR y Sedena incrementan de forma constante su capacidad de espionaje para intervenir las comunicaciones electrónicas, ampliando modelos de teléfonos inteligentes y nuevas versiones de sistemas operativos.

Esta cifra solamente refleja el costo de #GobiernoEspía para tres dependencias federales: el Cisen, dependiente del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Sedena bajo el mando del general Salvador Cienfuegos y la propia PGR.

La cantidad de dinero gastado en el malware desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD no contempla la compra del software y el equipo necesario para su operación, además de que todavía se desconoce lo erogado por la Secretaría de Marina para su adquisición y uso.

Pegasus es el sistema de espionaje que se utilizó para tratar de infectar los teléfonos de periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos entre los años 2014 y 2016, de acuerdo con una investigación científica realizada por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

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Investigación no avanza porque Peña no quiere exhibir complicidades, acusan padres de los 43

Foto: Archivo

Por Redacción/Proceso

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron hoy en esta ciudad para exigir al gobierno federal que revele el paradero de sus hijos.
Acompañados por maestros jubilados, estudiantes de la normal rural de Hecelchakán y activistas de derechos humanos, los padres de los jóvenes desaparecidos se concentraron esta tarde en el monumento a Justo Sierra Méndez para emprender su marcha por el malecón hasta la Plaza de la República.

Recordaron que han transcurrido ya 35 meses desde la desaparición forzada de los jóvenes y “desde el 26 de septiembre de 2014 la Procuraduría General de la República ha tratado de engañar a la nación simulando una investigación que no avanza”.

Destacaron que con su lentitud, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo evidencia que no quiere remover ni exhibir complicidades de las instituciones y de la clase política.

“Avanzar es poner al descubierto a funcionarios de alto nivel implicados en la desaparición de nuestros hijos, y eso traería costos políticos para el PRI de cara a la sucesión presidencial”, dijeron.
Y advirtieron que no permitirán que su dolor y su derecho a la verdad y la justicia sea pisoteado por los intereses partidistas y electorales de la clase gobernante.

En su derrotero, los manifestantes hicieron una parada frente al palacio de gobierno, donde pidieron solidaridad a su causa y que se haga saber al presidente su clamor de justicia.

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Padres de los 43 ingresan a PGR tras 9 meses de romper el diálogo



Por Redacción/ MVS Noticias

Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, ingresaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) para restablecer el diálogo con autoridades federales.

Después de nueve meses que los padres se levantaron de la mesa de trabajo, este miércoles es la primera reunión que sostendrán con el titular de la PGR, Raúl Cervantes, el subsecretario de derechos humanos de Gobernación (Segob), Roberto Campa, integrantes del Mecanismo de Seguimiento a Víctimas, Paolo Abrao y Esmeralda Arosemena, y representantes del Centro de Derechos Agustín Pro Juárez.

En punto de las 13 horas, la comitiva ingresó a las oficinas centrales de la dependencia para mantener sus cuatro peticiones principales para resolver el caso Ayotzinapa; investigación a los militares del 27 batallón de Iguala, detención de los policías de Huitzuco, entregar a los padres las diligencias sobre las llamadas telefónicas de los jóvenes desaparecidos y revelar las líneas de investigación de la ruta del trasiego de la droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.

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