Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México
Ciudad de México a 20 de febrero de 2023.
Quienes integramos el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México informamos que el pasado 10 de febrero la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), nos comunicó de manera sorpresiva que las sesiones ordinarias programadas de la Junta de Gobierno del Mecanismo serán virtuales en tanto el ejercicio presupuestal 2023 no ha concluido los procesos de adjudicación y licitación para empresas proveedoras de los servicios.
Esta decisión de carácter arbitrario y unilateral en principio afecta gravemente a las personas beneficiarias (periodistas y personas defensoras) al colocarlas en un estado de indefensión limitando el análisis de la evaluación de riesgo y de las medidas de protección, que se desarrolla en las sesiones presenciales, cuyo compromiso asumimos quienes integramos las sesiones de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección como espacio corresponsable y colegiado.
Como consejeras y consejeros solicitamos al Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Migración y Derechos Humanos de la SEGOB a que presente un informe oficial documentado de las razones reales por las cuales la CEN dice no contar con los medios necesarios para llevar a cabo las reuniones presenciales de la Junta de Gobierno tal como se acordó por el pleno en la sesión pasada realizada el 26 y 27 de enero del año en curso.
Así mismo, a reservas de la información extraoficial, solicitamos un informe oficial dirigido a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, incluido el Consejo Consultivo, sobre las acciones llevadas a cabo sobre la actuación del director de la Primera Unidad y de las personas que resulten responsables de actos que pudiesen resultar en perjuicio de las personas beneficiarias.
Como representantes de la Sociedad Civil insistimos desde el primer momento en que nos enteramos de la decisión unilateral en que la CEN del Mecanismo convocara a una Junta de Gobierno Extraordinaria, con base en la Ley Vigente y su reglamento (Artículo V de la Ley y artículo 10, inciso IV del Reglamento), a fin de conocer a detalle lo sucedido y buscar las alternativas a fin de llevar a cabo las sesiones ordinarias.
Como lo hemos señalado en otras ocasiones, la toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección, ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En un contexto de álgida violencia en México, reiteramos nuestra preocupación sobre el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo como instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias.
Atentamente,
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México:
Alberto Xicoténcatl Carrasco
Araceli Domínguez Medina
Araceli Magdalena Rodríguez Nava
Lucía Lagunes Huerta
Martha Vanesa Díaz Padilla
Maurilio Santiago Reyes
Omar Bello Pineda
Sara Pilar Méndez Morales
Víctor Hugo López Rodríguez
Para mayor información: consejo.mecanismo@gmail.com
Durante el diálogo, convocado por Segob, las y los participantes se manifestaron en contra del incremento de la violencia y condenaron el asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Michoacán
Ciudad de México / Tepic, 17 de marzo de 2022.
Los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Tepic, Nayarit el cuarto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes Gobierno del Estado de Nayarit, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.
Este diálogo, se suma a los realizados en lo que va del año en la Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, con el objetivo de dialogar respecto a la idoneidad de impulsar una Ley General de Protección, así como los elementos que debería considerar de acuerdo al contexto específico de Nayarit.
Durante el diálogo, las personas defensoras y periodistas se manifestaron respecto al asesinato de al menos siete personas periodistas y las tres personas defensoras en el país en lo transcurrido del año, siendo los más recientes el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, ocurrido el 15 de marzo y del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro el día 7 del mismo mes, en Chihuahua.
Personas defensoras de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y personas con discapacidad, alertaron sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas y defensoras de comunidades pesqueras y cafeteras, destacando ataques a la vida e integridad, agresiones físicas y digitales, amenazas, fabricación de delitos, acoso judicial, campañas de desprestigio, falta de transparencia, corrupción y despojo de tierras.
También señalaron que muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a su labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarios de manera directa e indirecta, así como en colusión con actores del crimen organizado. Asimismo, mencionaron que la violencia se ejerce a través de agresiones en contra de su vida e integridad, pero también al limitar su labor o no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.
A su vez, manifestaron su desconfianza hacia las instituciones locales de los diversos niveles de gobierno y de procuración de justicia por actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización y ausencia de voluntad y capacidad para garantizar su labor. Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2017 para la protección de personas defensoras y periodistas en Nayarit tiene cinco años de promulgación, pero no ha sido reglamentada ni implementada, al no tener claridad de los procedimientos de funcionamiento y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha.
Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos y ejercer el periodismo comunitario. Además, por medio de la lectura de una carta firmada por diversas personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos en Nayarit, señalaron que es necesario generar más espacios de diálogo en el estado para garantizar que el mayor número de personas defensoras y periodistas sean escuchadas.
La Segob destacó que “aceptar la competencia permitirá a familiares de personas víctimas de desaparición forzada acceder a vías adicionales de la justicia internacional para que sus casos puedan ser analizados”.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
El gobierno de México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales en el país.
El decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación se desprende de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocerlo, lo cual fue avalado por el Senado.
Como artículo único se decretó: “Se aprueba la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que a la letra dice:
La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que se está buscando a embajadas extranjeras y a la representación de la Unión Europea para conseguir fondos y así mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
Apenas la semana pasada, Francisca de la Cruz recibió un llamado de auxilio de una mujer violentada en la comunidad de Cochoapa, de solo 4 mil habitantes, en el municipio Ometepec, Guerrero. Llamó al comisario para asegurarse de que atendiera la denuncia, que el marido se saliera de la casa porque violentaba a su esposa cuando bebía alcohol, y que garantizara la seguridad de ella, que por las restricciones de movilidad ante el COVID-19 no podía ir a ningún otro lado.
Marchan madres de desaparecidos y asesinados en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso
De acuerdo con las últimas cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Gobernación en materia de desaparecidos, en México se tiene un registro de 37,485 víctimas no localizadas hasta abril del año en curso, sin embargo en el presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se contempla una reducción para atender la búsqueda de personas.
El paquete económico del próximo año aprobado por la Cámara de Diputados, estima una reducción de 68 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender las desapariciones en el país. En 2018 se destinaron 468 millones 946 mil pesos para la investigación de este delito, sin embargo para 2019 se entregarán 400 millones 791mil pesos, es decir 14.53% menos.
Del total de los recursos destinados 193 millones 215 mil pesos corresponden a dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y 207 millones 576 mil serán destinados a los subsidios para iniciar con investigaciones.
Por otra parte para la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República ( PGR) se destinará 18 millones 243 mil pesos, es decir 28.84% menos de los recursos que recibió en el año en curso.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ( ONU- DH) se entiende por desaparición forzada “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Asimismo, los recursos para atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH) , pasaron de 33,100 millones de pesos en 2018 a 27,417 millones para el próximo año, lo que es una reducción de 17.17% en el presupuesto.
Con 72 votos a favor y 46 en contra, avanzó la reforma que establece la figura de los súperdelegados y la Secretaría de Seguridad; tras críticas de activistas, fue eliminado de la minuta que provenía de Diputados el punto de que Segob sería la encargada de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
Foto: www.senado.gob.mx
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y además establece una rediseño de diversas dependencias y secretarías del gobierno entrante.
En la sesión ordinaria de este jueves, se aprobó por 72 votos a favor en lo general y 46 en contra la reforma que crea la figura de los coordinadores estatales de programas sociales, conocidos como súperdelegados; además, la Cámara Alta eliminó un punto criticado por activistas, respecto al papel de la Secretaría de Gobernación sobre los medios públicos.
Oposición critica a los súperdelegados
En cuanto a los “súperdelegados” en los estados, se aprobó que tengan a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.
El PRI, al respecto, criticó que los llamados súperdelegados serán, en la práctica, operadores electorales.
“La idea de los súperdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos”, criticó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.
“No queremos un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada”, señaló el senador panista Mauricio Kuri.
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EXPRESAMOS INDIGNACIÓN POR EL ASESINATO DE JULIÁN CARRILLO Y URGIMOS A LAS AUTORIDADES A PROTEGER A DEFENSORES E INVESTIGAR LOS HECHOS
Foto: La Jornada / Cortesía Alianza Sierra Madre
Su riesgo era conocido y, por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida
Desde que se adoptó el plan de contingencia para Chihuahua han asesinado a cinco defensores de derechos humanos
Chihuahua, Chih., 26 de octubre de 2018.-Ayer por la noche, integrantes de la organización Alanza Sierra Madre (ASMAC) supieron, por una llamada telefónica, que el líder rarámuri y beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (Segob) Julián Carrillo Martínez, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, México.
El día anterior se había recibido información de que Julián había hablado desde un cerro para decir que había decidido huir de su casa porque varios sicarios estaban asechándolo. Después de eso, no se volvió a tener comunicación él.
Ayer a las 20:00 horas, se comunicó otro beneficiario del Mecanismo e integrante de la comunidad con personal de ASMAC para informar que el hijo de Julián, le había llamado desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, y le dijo escucharon una balacera y creían que habían asesinado a su papá.
Dado que la conversación telefónica se cortó, personal de ASMAC marcó al número del teléfono satelital de la familia para tener más información; no obstante, no lograron comunicarse y solo se escuchó una grabación automática que anunciaba que el teléfono no estaba programado para recibir llamadas.
Posteriormente, ASMAC recibió la comunicación de otro integrante de la comunidad que actualmente radica en Baborigame, para pedir que se hiciera del conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que en la comunidad de Coloradas de la Virgen había ocurrido una balacera. Una hora más tarde ASMAC conformó el asesinato de Julian mediante un joven que encontró a Julián muerto, con el cuerpo totalmente destrozado.
Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado somos categóricas: el riesgo en que se encontraba el beneficiario y Presidente de bienes comunales de Coloradas de la Virgen era muy alto y también conocido por el Mecanismo de Protección y la FGE. Por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida. De hecho, un mes antes se había enviado una comunicación a ambas dependencias para informar sobre el desplazamiento forzado de Julián y otros líderes de la comunidad a partir del asesinato del yerno de aquel, perpetrado como una forma de orillarlo a abandonar el territorio que tanto quería y por el murió defendiendo.
Julián abandonó su tierra provisoriamente luego de que hubiera escuchado rumores de personas que lo están buscando para asesinarlo por su labor de denuncia sobre lo que pasaba en Coloradas de la Virgen. Ese tipo de amenazas las habría sufrido en 2017 y 2018.
Ante la lamentable muerte de su hija, ocurrida en la ciudad de Parral el día 16 de agosto de 2018, como consecuencia de una complicación post parto en la que también el bebe murió, Julián tuvo que regresar a Baborigame el pasado 11 de agosto para trasladar el cuerpo de su hija a Coloradas de la Virgen y desde ese día estuvo itinerante entre Coloradas de la Virgen y Baborigame. Esos hechos fueron comunicados vía teléfono celular (una vez que logró tener señal después de buscarla en diferentes cerros por la inaccesibilidad de la zona), en tanto el teléfono satelital asignado se encontraba inhabilitado y sin saldo para poder comunicarse a Chihuahua.
Previamente, en febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo, y solo libró el ataque porque estaba fuera de la vivienda. Aunado a ello, han sido asesinados Guadalupe Carrillo Polanco (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en julio de 2016); Alberto Quiñones Carrillo (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en septiembre de 2017); Francisco Chaparro Carrillo (yerno de Julián Carrillo, asesinado el 1 de julio de 2018). Este último asesinato fue el que lo obligó a Julián a desplazarse de manera forzada hacia otra entidad de la República por varias semanas.
Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección, habiendo sido incorporado junto con otras defensores y defensoras rarámuri e integrantes de ASMAC en febrero de 2014. Por el desconocimiento sobre la forma de realizar el análisis de riesgo colectivo, así como por las condiciones de orografía y especialmente por la inseguridad en la región, el Mecanismo tardó 17 meses para realizarlo y lo hizo de manera remota, sin trasladarse a la comunidad.
Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores. También expresó su deseo de seguir haciendo su trabajo en condiciones de seguridad y libertad, y se manifestó muy preocupado por la impunidad en que se encuentran los 17 asesinatos de líderes rarámuri y autoridades indígenas en la zona, incluyendo el caso de Isidro Baldenegro.
Son evidentes los retos en la implementación de medidas colectivas de protección por parte del Mecanismo. Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, en su informe de visita a México en enero de 2017:
Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos. En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales.
Bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos. Por ello, ante esta situación:
Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julian Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.
Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.
Tercero: Urgimos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.
Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Borde Político, A.C.
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Enjambre Digital, A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Círculo de Estudios de Género, A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana De Derechos Humanos Del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Grupo Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua) Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red por la Participación Ciudadana
Servicios y asesoría para La Paz , A.C. (SERAPAZ)
Uno de Siete Migrando, A.C.
#PropuestaMx
Personas:
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco
Alberto Athie
Catalina Pérez Correa
Daniel Vázquez, IIJ-UNAM
David Pérez Esparza
Denisse Dresser
Eliana García Laguna Fernando Valdez
Yésica Sánchez Maya
Redes:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
La Secretaría de Gobernación ha recibido hasta el momento 640 solicitudes de refugio de integrantes de la caravana de migrantes procedentes de Honduras.
Anoche, integrantes del gabinete de seguridad dijeron a La Jornada que la caravana estaría integrada por alrededor de 6 mil personas, de ahí que el volumen de recepción de peticiones, hasta ahora, correspondería al 10 por ciento de los migrantes.
La entrega de solicitudes es en el punto fronterizo del Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde “se atendió a 640 migrantes que han presentado solicitud de refugio en nuestro país”.
Los trámites -anotó Gobernación- fueron recibidos hasta el día de hoy, privilegiando en todo momento el derecho humano que tiene cualquier extranjero de recibir protección del Estado mexicano.
Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
Propietarios de los predios denominados Los Tlateles o El Moño, en Chimalhuacán, demandan que se transparenten los términos en que se pretende dar por finiquitado el problema de despojo de los predios por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, toda vez que consideran que el proceso se está dando con total opacidad.
Demandan que se les finiquite según lo convenido con la Segob.
Participan: Propietarios de los Predios de Los Tlateles
Convoca: Propietarios de los Predios de los Tlateles
La cita: Miércoles 10 de Octubre de 2018 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que cumplan su compromiso de otorgar 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP), porque no hay recursos para pagar a la empresa que brinda protección a 727 beneficiarios.
El organismo indicó que dirigirá oficios a esas dependencias, en los que destaca que las medidas cautelares, administrativas y económicas que protegen a los beneficiarios “tienen como finalidad evitar la producción de daños de difícil o imposible reparación”.
El pasado 19 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, señalaron que el gobierno federal se comprometía a depositar, antes de finalizar septiembre, 75 millones de pesos al fideicomiso para cubrir las obligaciones de protección durante el resto del año.
