Descalifica Sedena la Comisión de Investigación para Ayotzinapa

Redacción / El Universal

Este 26 de agosto, familiares marcharon a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas.
Foto: Paola Ramos / Cencos

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que la yot La en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de la víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, afirma Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el general Ramos Flores dice que si las acciones para instrumentar una comisión de la verdad se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.

“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”.

Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”.

A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rechaza la participación del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala: “Es importante dejar claro que derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación [la noche de los sucesos], no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”.

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En Palmarito, el Ejército sembró pruebas a cadáveres de inocentes y también a presuntos huachicoleros

Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves, con acciones como la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes, y el atropellamiento de dos civiles.

A un año y cuatro meses del enfrentamiento entre huachicoleros y fuerzas de seguridad en el poblado de Palmarito, que dejó seis civiles y cuatro militares muertos, además de decenas de personas lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante este operativo, entre las que destacan la ejecución extrajudicial de dos personas, la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes para justificar sus asesinatos, la aprehensión de personas contra las que se formularon falsas acusaciones, y el atropellamiento de dos civiles, uno de ellos menor de edad.

De hecho, las irregularidades cometidas por ambas fuerzas de seguridad durante y después del enfrentamiento llegaron a grado tal que la CNDH halló pruebas de que se sembraron evidencias no sólo en inocentes, sino también en los cuerpos de presuntos huachicoleros que fueron abatidos.

Las imágenes de cámaras de seguridad recabadas durante la investigación de Derechos Humanos confirmaron que, ese 3 de mayo de 2017, vigilantes del cuerpo de seguridad interno de Pemex reportaron un punto de extracción clandestina de hidrocarburos en Palmarito, por lo que un grupo de 16 militares se dirigió a la zona, en donde sostuvieron un enfrentamiento con los integrantes de una camioneta pick up que les cerró el paso.

En ese lugar cayó muerto el primer civil. Según los peritajes realizados, a esta persona le dispararon por la espalda.

Según la reconstrucción de hechos realizada, luego de este enfrentamiento, la patrulla militar emprendió la retirada, dividida en dos grupos, ambos perseguidos por civiles armados.

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Se desconoce en qué se gastaron más de 1,000 mdp del nuevo aeropuerto de la CDMX: Auditoría

Por Redacción/Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, como pagos en exceso a contratistas, o servicios que no se comprobaron con documentación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 002 millones de pesos.

En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, que se presentó el pasado martes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la ASF realizó siete auditorías al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México SA de CV, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar esta infraestructura.

En los siete informes –seis de inversiones físicas y uno de gasto y cumplimiento financiero-, la ASF señaló que durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, cuya primera fase está previsto que termine en 2020, se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.

Ejército y Marina en las calles coincide con más violaciones a DDHH, registran especialistas

>Por Redacción/Sin embargo

La expansión de las operaciones de la Marina y el Ejército en las labores de seguridad coincide con el incremento en las quejas por violaciones a los derechos humanos, resaltaron este día organizaciones de la sociedad civil y expertos.

Señalaron que pese a que estos cuerpos de seguridad aumentaron sus operativos, sus bases de operación, así como el presupuesto que se les asigna cada año. El resultado son niveles históricos de violencia.

Hasta hoy, dicen, no hay indicios de cuándo puedan un regreso a los cuarteles debido a que las fuerzas de seguridad nacional que se prometieron al inicio del sexenio -como la Gendarmería- no fueron reforzadas.

Ciudad de México, 25 octubre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron que los violaciones a los derechos humanos aumentaron con la militarización de las labores de seguridad al interior del país y lamentaron que las administraciones federales y locales dejaron de lado el fortalecimiento de las instituciones civiles en la materia.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto – años de la llamada guerra contra el narcotráfico- ya se presentaron más de 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.

En este mismo lapso, las operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) en contra del crimen organizado aumentaron 156 por ciento en los últimos diez años: entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de esta dependencia y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a 22 mil 473, de acuerdo con datos contenidos en el libro “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, presentado durante la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’.

Otro dato más que resaltó el texto es que en la década que comprende los años 2007 a 2017, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creció en 115 por ciento, al pasar de 32 mil 200 millones de pesos a 69 mil 407 millones, detalla el mismo libro.

En el evento, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), señaló que los datos muestran una estrategia que ha privilegiado el corte militar y no la institucionalidad civil, “lejos de haber una política pública y decisiones de Gobierno, asociadas con el fortalecimiento de instituciones civiles, ha habido decisiones políticas que han terminado por fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional”.

Patrón resaltó que también ha habido un incremento de las bases de operaciones mixtas entre policías y Ejército, ya que “en el 2012 estaban desplegadas en 19 estados. Para 2016 ya se habían extendido a 24 entidades. Lo que representa el 75 por ciento del territorio nacional”.
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PGR, Cisen y Sedena gastaron casi 500 millones en actualizar Pegasus: documentos

Foto: Cencos
Por Redacción/Aristegui Noticias

La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje.

Cuatro facturas digitales y un documento interno de PGR indican que la empresa beneficiada es Proyectos y Diseños VME, una firma que tiene oficinas en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Los comprobantes fiscales en poder de Aristegui Noticias confirman que el Cisen y Sedena también poseen la plataforma de espionaje Pegasus que se ha utilizado para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos.

La información si bien era pública, solamente había sido revelada a través de correos filtrados por Wikileaks, pero no se había podido documentar.
Los documentos revelan que la Secretaría de Gobernación, PGR y Sedena incrementan de forma constante su capacidad de espionaje para intervenir las comunicaciones electrónicas, ampliando modelos de teléfonos inteligentes y nuevas versiones de sistemas operativos.

Esta cifra solamente refleja el costo de #GobiernoEspía para tres dependencias federales: el Cisen, dependiente del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Sedena bajo el mando del general Salvador Cienfuegos y la propia PGR.

La cantidad de dinero gastado en el malware desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD no contempla la compra del software y el equipo necesario para su operación, además de que todavía se desconoce lo erogado por la Secretaría de Marina para su adquisición y uso.

Pegasus es el sistema de espionaje que se utilizó para tratar de infectar los teléfonos de periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos entre los años 2014 y 2016, de acuerdo con una investigación científica realizada por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

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Corrupción e impunidad dañan nuestra democracia: Cienfuegos



Por Redacción/ La Jornada

La corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementado la violencia’’, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien agregó que además han minado la credibilidad en las instituciones públicas.

Al encabezar ayer la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, el militar sostuvo que sólo lograremos superar la corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, ‘‘y con la ferviente vocación de servir a México’’.

Con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, Cienfuegos destacó la importancia de la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción (SNA), cuyas leyes y reglamentos llegaron para quedarse.

Dijo que la aplicación ‘‘precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad’’ e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República. ‘‘Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre’’.

Afirmó que la secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) asumieron desde el primer día de la presente administración su compromiso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: es y ha sido, aseveró, una de nuestras más altas prioridades.

Con la entrada en vigor del SNA, dijo, reforzaremos las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad. Insistió en que la promulgación de reformas constitucionales y legales en la materia constituyen ‘‘un hecho sin precedentes’’ para prevenir, investigar y sancionar este flagelo que lastima a los mexicanos.

En este contexto, destacó que las fuerzas armadas ya iniciaron por su parte acciones para atender las faltas administrativas, combatir los delitos y fiscalizar el uso eficiente de los recursos públicos, que son parte fundamental del nuevo esquema anticorrupción.

En el acto en el que se presentó la colección de libros Saga normativa de las adquisiciones a nivel internacional, nacional y subnacional, recopilada por Héctor Mateo Infante Meléndez en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció a su vez que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.

Pero al mismo tiempo, señaló la trascendencia que tiene que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya fijado como uno de los jefes de su administración precisamente instrumentar un marco jurídico apropiado para combatir este problema. Agregó que también es importante que los funcionarios públicos conozcan sus nuevas responsabilidades y obligaciones en este nuevo esquema de andamiaje jurídico.

Por su parte, Infante Meléndez destacó la obra presentada ayer, la cual consta de cinco libros y 22 volúmenes que incluyen toda la información a escala nacional e internacional sobre adquisiciones, arrendamientos y compras del sector público.

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Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno: NYT

Foto: Unsplash.com | Ilya Pavlov

Por Redacción/Animal Político

El Centro Prodh, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Juan Pardinas del IMCO son algunos de los periodistas y activistas que han sido espiados con el software Pegasus, reportaron el diario The New York Times y las organizaciones Artículo 19 y R3D.

Periodistas y activistas mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus, reportaron este lunes el diario The New York Times, colocando el tema en la portada de su versión impresa estadounidense, Artículo 19 y la organización R3D.

“Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, indicó el reporte de Artículo 19 y R3D, “Gobierno espía”.

El software Pegasus solo tendría que ser usado para investigar a criminales y terroristas, según las condiciones del fabricante, NSO Group.

Los ataques e intentos de espionaje con Pegasus en México ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016. Además de los activistas y periodistas mencionados al inicio de esta nota, también fueron blancos de espionaje Rafael Cabrera y Sebastián Barragán de Aristegui Noticias; Alexandra Zapata del IMCO, y Daniel Lizárraga de MCCI.

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PGR investiga a 30 militares por el enfrentamiento en Palmarito, Puebla; ninguno está detenido

Por Redacción/ Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.

La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.

Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.

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Sedena niega acceso a reportero de La Jornada

Por Redacción/ La Jornada

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó ayer el acceso al reportero de La Jornada Jesús Aranda a la ceremonia de inauguración del Congreso internacional de obesidad y diabetes, que se realizó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud.

Al filo de las 10 de la mañana, momentos antes de abordar el autobús que llevaría a los representantes de la prensa del estacionamiento de la Sedena al sitio del congreso, un oficial de la Dirección de Comunicación Social se acercó al informador y le dijo que no podía subir a la unidad porque ‘‘no había sido invitado’’ por la dirección a cargo del general brigadier Marco Antonio Álvarez Reyes.

Ante el señalamiento directo de que la orden provenía del superior del oficial, y la imposibilidad de ingresar por sus propios medios a la ceremonia, encabezada por el general secretario Salvador Cienfuegos, el reportero se tuvo que retirar.

Desde los primeros días de este año, sin explicación de por medio, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena dejó de enviar comunicados e invitaciones para actos públicos a La Jornada y al reportero que cubre esa fuente.

Ante esto, La Jornada presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue radicada en la quinta visitaduría del organismo pues, entre otros temas, es la responsable directa del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

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