La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cumple ocho años este lunes, con las investigaciones todavía en marcha y nuevos movimientos judiciales, pero sin que las familias de los jóvenes ya estén cerca del acceso a la verdad y la justicia.
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades de seguridad y justicia del país reportan cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de aprehensión canceladas, 121 absoluciones y todavía ninguna sentencia, lo que ha provocado nuevas protestas en torno al caso.
Las críticas de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de sus compañeros, se intensificaron a raíz de que el pasado 18 de agosto el gobierno federal presentó los resultados preliminares del informe de la Comisión de la Verdad para estos hechos, en el que se concluyó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” y que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.
“¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó la Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer el documento.
GINEBRA (9 de septiembre de 2022) – La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.
Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.
La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.
Foto: Twitter @CentroProdh
A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.
“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.
“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.
La Sedena reporta 121 quejas por comportamientos sexuales dentro del ejército mexicano en los últimos tres años, pero hay una cifra negra de abusos
Adán Vega/mexico.com
A principios de abril, el cadáver de la soldado Brenda Orquídea Matus Chacón, de 26 años, apareció flotando en una presa en Chiapas. Tras una salida de fiesta en un día franco, su cuerpo fue encontrado con un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte, pero sin agua en pulmones ni estómago, lo que descartaba un ahogamiento. Es decir: a Brenda la asesinaron.
Pocos días después, otros dos militares de mayor rango, Agustín “N” y Juan Antonio “N”, fueron detenidos por este presunto feminicidio. Según la prensa local, intentaron violarla y, al resistirse, la asesinaron y arrojaron a la presa. Las pertenencias de la mujer fueron halladas en la cajuela del carro de uno de los acusados.
mexico.com preguntó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acerca de las quejas recibidas por comportamientos sexuales dentro de la institución y las averiguaciones previas que la Fiscalía General Militar ha abierto por este tipo de casos.
En 2016, 2017 y 2018, se registraron 121 quejas, de las que 56 fueron hostigamiento, 35 por abuso, 25 por acoso y 5 por violación. Entre las víctimas, 102 eran militares y 19 civiles.
Los militares dan la espalda a la política de transparencia de López Obrador. De 2006 a 2018, ejército y civiles se han enfrentado en 4.495 ocasiones, mucho más que Policía Federal y Marina juntas
Foto: Facebook @SEDENAmxOficial
En 12 años, de diciembre de 2006 a diciembre de 2018, el Ejército mexicano estuvo involucrado en 4.495 enfrentamientos con civiles. En la mayoría de los casos, los militares dijeron que combatieron a integrantes del crimen organizado. Los diferentes manuales y directivas castrenses obligan a los militares a elaborar informes sobre estos eventos. Esta información sirve a las fiscalías para nutrir las pesquisas sobre homicidios y otros delitos. El viernes, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo sin embargo que no cuenta con estos informes en sus archivos. Que no existen.
Los 12 años corresponden a las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese tiempo, el Ejército se convirtió en el principal cuerpo policial del país. Ningún otra corporación participó en más enfrentamientos en aquellos años. Ni siquiera la Policía Federal, con 495, ni la secretaría de Marina, con 397.
A pesar de las dudas suscitadas durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha mantenido su estatus en el nuevo Gobierno de Morena. Se sigue ocupando de la seguridad pública en detrimento de cuerpos civiles como la Policía Federal, condenada a desaparecer en favor de la polémica Guardia Nacional. De hecho, será la Sedena la encargada de reclutar y formar a sus integrantes. Hasta que empiece a funcionar, los militares seguirán a cargo de patrullar las calles.
Pese a su sintonía con los militares, la apuesta por la transparencia del nuevo Gobierno parece ajena al Ejército. El académico Javier Treviño, integrante del Programa de Política de Drogas del CIDE, escribía la semana pasada en la revista Nexos que la secretaría de la Defensa suele responder a las solicitudes de información con argumentos negativos “prefabricados”. Algunas veces responde que la información solicitada no existe. Otras, que no es competencia suya recopilarla.
Del 1 de enero de 2007 al 12 de enero de 2019 se registraron 4 mil 502 enfrentamientos con civiles, pero Sedena no detalló la cifra de fallecidos.
Facebook Secretaría de la Defensa Nacional
Al igual que lo hacía en el sexenio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) volvió a ocultar la información sobre el número de civiles que desde abril de 2014 han perdido la vida, o que resultaron heridos en enfrentamientos con elementos del Ejército Mexicano.
La dependencia ocultó dicha información pese a que sí cuenta con ella, como lo evidenció el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, durante su participación en las audiencias públicas de la Guardia Nacional realizadas en enero pasado en la Cámara de Diputados.
Ahí sostuvo que en 2018 habían muerto 700 personas en los enfrentamientos con los militares, cifra que calificó como reducida.
Luego de ese anuncio Animal Político solicitó vía transparencia a las secretarías de Defensa y Marina los datos de los civiles y militares muertos y heridos en enfrentamientos desde el 2007 a la fecha, es decir, en el contexto del combate al crimen organizado. Se pidió la información detallada por año, especificando además los sitios de los enfrentamientos.
La Secretaría de Marina sí entregó la información como se había solicitado. Los datos pueden consultarse en esta nota.
En contraste, la Defensa Nacional entregó datos generales e incompletos. Por ejemplo, informó que del 1 de enero de 2007 al 12 de enero de 2019 se registraron 4 mil 502 enfrentamientos con civiles, hechos que denomina “agresiones a personal militar por parte de integrantes de la delincuencia organizada”
Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.
Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.
Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:
Podría acentuar violaciones a derechos humanos
Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.
Tendría mando militar los primeros 5 años
Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.
Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos
El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.
No se establecen mecanismos de rendición de cuentas
Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.
La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada
Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:
“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.
Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
Líderes del Comité 68 y ex presos políticos del omvimiento estudiantil calificaron de “burls”, “insulto” y un hecho “indignante” el que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) afirme que en el movimiento estudiantil del 68 el Ejército actuó con respeto a los derechos humanos y protegió a la población, puesto que en Tlatelolco ocurrió un genocidio y muchos de los estudiantes arreestados fueron torturados.
Félix Lucio Hernández Gamundi, líder del Comité 68 y ex delegado ante el Consejo Nacional de Huelga (CNH) por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), afirmó que el Ejército violó derechos humanos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco al disparar contra una reunión pacífica y señaló que los expedientes que entregó al Archivo General de la Nación (AGN) son “basura”.
“Se violaron derechos humanos porque estábamos en una manifestación pacífica y las balas vinieron del Ejército en lo que fue un genocidio, delito que no prescribe. De los miles que fuimos detenidos, ni uno fue acusado de posesión de armas, declarado que hubiera disparado en el acto, ni antes ni durante la asamblea. El Batallón Olimpia actuó contra la población vestidos de civiles, lo cual es ilegal. Debe de haber partes por escrito: los militares no ordenan por palabra. Lo que declaran a EL UNIVERSAL de que entregaron todos los expedientes al AGN no es cierto, lo que dieron fue basura”.
Gilberto Guevara Niebla, ex delegado ante el CNH por la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue uno de los estudiantes que participó en la negociación con los representantes del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, después en Tlatelolco fue detenido y posteriormente torturado.
Félix Lucio Hernández Gamundi, entonces estudiante de la carrera de Comunicaciones Electrónicas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y quien el 2 de octubre del 68 se encontraba en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, afirma que el Estado mexicano tiene una gran deuda con las víctimas de esta tragedia: sacar a luz los archivos ocultos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena):
“Es muy importante recordar que aquí, en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 se cometió un grave delito de lesa humanidad, un genocidio en contra de un grupo de jóvenes. A 50 años de distancia, aún no sabemos cuántas personas murieron ahí realmente”.
Por eso, en entrevista con MILENIO, destaca que el tema de los acervos en el Archivo General de la Nación es fundamental, ya que desde 2002 el Comité del 68 ha exigido que se abran los expedientes de la Defensa Nacional.
“¿Qué es lo que debe haber en la Defensa Nacional? Se sabe que aquí en Tlatelolco intervinieron 10 mil soldados con armas de repetición de alto poder; por eso, las preguntas son: ¿cuántos soldados intervinieron?, ¿qué tipo de armas traían?, ¿cuántas balas dispararon? Ningún ejército del mundo se mueve mediante órdenes verbales, lo hacen por órdenes escritas y siempre hay un oficial de alto rango responsable que firma la orden para que la tropa se mueva”.
Dice que esos archivos contienen información sobre quienes limpiaron el campo y recogieron los cadáveres y los heridos.
“Estamos seguros que fue una compañía del ejército, de manera que deben tener el reporte de cuántas personas levantaron y en qué condiciones, su sexo edad, porque ahí había gente de todas las edades: personas mayores, hombres, mujeres, jóvenes, niños y bebés”.
