Por Redacción/Desinformémonos
A casi dos meses del asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) continúa sin permitir a la defensa y a la familia de la joven acceder a la carpeta de investigación del caso, denunció la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Manifestó su “consternación ante la demora del cumplimiento de obligaciones” y se sumó a la denuncia del Grupo de Académicas Expertas en Perspectiva de Género de la UNAM, que declaró la negligencia de la PGJ sobre el caso.
La PGJ se ha negado a dar acceso completo a las diligencias del hallazgo del cuerpo y el levantamiento del cadáver que incluyen fotografías y videos del caso y con las que es posible conocer la línea de investigación de la dependencia, a pesar de que las peticiones se realizaron antes de que renunciara el procurador Rodolfo Ríos, quien dimitió el sábado.
Según la PGJ, no puede proporcionar la información porque la Procuraduría General de la República (PGR) posee la carpeta y no cuenta con ningún respaldo para la representante legal, Sayuri Herrera, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ni la familia de la víctima.
La Red TDT indicó que el pasado 15 de junio solicitaron a la PGR la expedición de las copias faltantes y un informe sobre el fundamento y/o motivo por el cual tenía en su poder esa parte de la carpeta de investigación. Sin embargo, no se ha emitido ninguna respuesta por parte de la dependencia.
“El cumplimiento del debido proceso y la debida diligencia en el caso Lesvy, tanto por la PGR como por la PGJ-CDMX, es de suma importancia porque impacta directamente en el acceso a la justicia para las víctimas, además de reconocer derechos constitucionales que el Estado en su conjunto está obligado a respetar, proteger y garantizar”, expresó la Red.
Las 84 organizaciones que conforman la Red exigieron el cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las víctimas, así como que se les permita el acceso a la información requerida, tanto a ellas como a sus representantes legales, para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
