Acusan a la Fiscalía Indígena de criminalizar a defensores en Chiapas

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) en Chiapas es «el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios», pues a través del sistema penal se reprime y castiga a los defensores indígenas.

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Red TDT, señalaron que en Chiapas las agresiones contra los defensores se traducen en detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos, como el de Simón Pedro Pérez el 5 de julio de 2021, que continúa en la impunidad.

Añadieron que en el estado también hay un impacto negativo de la militarización, pues, por ejemplo, la Guardia Nacional «continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades».

En un pronunciamiento conjunto, manifestaron su preocupación por las agresiones, persecuciones, asesinatos y diferentes tipos de violencia contra defensores y periodistas en Chiapas y el país, el cual suma 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Criminalización sistemática hacia comunidades autónomas de la meseta purépecha, denuncian OSC’s

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Las comunidades de Nahuatzen, Comachuén y Arantepacua, en el estado de Michoacán, han sido objeto de un “proceso sistemático” de criminalización por parte de autoridades municipales, estatales y federales, reveló el Informe de la Misión Civil de Observación “Autonomía y libre determinación en la meseta purépecha”.

En el informe, realizado por Serapaz, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Centro Vitoria, el Centro Pro y la Red TDT, señalaron las graves violaciones a los derechos de estas comunidades indígenas, lo que ha obstaculizado su derecho a la libre determinación. Además, pudieron constatar patrones de criminalización como ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra autoridades comunales y comuneros.

En el informe se denunciaron las violaciones a sus derechos político-electorales, a través de acciones de estigmatización, desacreditación y deslegitimación contra los órganos tradicionales de los gobiernos comunales, así como la falta de reconocimiento y respeto a los sistemas normativos.

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Casi el 100% de los casos de acoso y hostigamiento sexual en contra de la mujer queda impune: Red TDT

Manu Ureste/Animal Político

Entre 2017 y mayo de 2019 las fiscalías abrieron 33 mil 316 carpetas de investigación por violación, pero solo se lograron 3 mil 698 sentencias condenatorias, el 11%.
Foto: Cencos

Las historias son interminables. Aunque una de las que más impactó a Ciudad de México, y a todo el país, fue la que se produjo en febrero pasado, cuando la joven de 25 años Ingrid Escamilla fue asesinada presuntamente a manos de Erick Francisco ‘N’, en el departamento donde ambos vivían en la capital mexicana.

Aún no hay certeza de si Ingrid había denunciado por malos tratos a su pareja previo al feminicidio. Las autoridades de la Fiscalía confirmaron que quien sí lo hizo fue la exmujer del presunto homicida, aunque no sirvió de nada: Erick siguió libre e Ingrid fue asesinada de una manera brutal.

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Conferencia de prensa: Presentan informe sobre intento de desplazamiento forzado a comunidad de Chiapas

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Organizaciones de la sociedad civil presentan un informe en el que documentan graves violaciones de derechos humanos cometidas cometidas en contra de la comunidad 2 de noviembre, ubicada en el municipio de Socoltenango, Chiapas y que forma parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; de acuerdo con las organizaciones, el lunes 4 de noviembre el gobierno de Chiapas ordenó a policías estatales desalojar de manera forzada de la comunidad a mujeres y niños, principalmente. En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional.
  • El informe es el resultado de la misión de observación y documentación realizada el 14 de noviembre; recoge datos y evidencias que confirman la acción ilegal del gobierno del estado y el robo, saqueo y quema de las casas de las personas de la comunidad.

Participan: 

  • Fernando Ríos, Secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas
  • Antonio Cerezo Contreras, Integrante del Comité Cerezo México.
  • Familiar de preso de conciencia en Chiapas e integrante del FNLS

Convoca: Red de Organismos Civiles “Red Todos los Derechos para Todas y Todos”, Comité Cerezo México, Comité Popular de Derechos Humanos del FNLS en Chiapas

La cita: Martes 3 de Diciembre de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Sexenio de EPN, “letal” para periodistas y defensores: Red TDT

Redacción / Desinformémonos

Periodistas de diversos medios de comunicación de la ciudad de Papantla, Veracruz, se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del reportero Leobardo Vázquez Atzin, mediante una marcha por los alrededores del parque central, exigieron al gobernador del estado el esclarecimiento de los hechos.
Fotos: Yahir Ceballos / Procesofoto / Ver.

Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, fueron asesinados 161 defensores de derechos humanos en México, lo que demuestra que “el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

A través del informe “Desde la memoria… la esperanza”, la Red documentó que por lo menos 42 de 159 defensores asesinados pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil y triqui.

De igual forma, el documento evidencia que sólo el 3 por ciento de los casos de asesinato de defensores se encuentra judicializados, y que por lo general las investigaciones “suelen ignorar” la actividad defensora de las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

La defensa de derechos humanos no es un privilegio en sí misma como acusan furibundos sus detractores. Tampoco es algo dispensable, algo que debamos desear que se extinga, como opinan otros. La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad. En ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia. Eso es lo que nos une: la esperanza.

Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra.

El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos. Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?

De ninguna manera

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Red de derechos humanos presenta agenda urgente

Redacción / La Jornada

La Red TDT presenta ante legisladores y nuevo gobierno Agenda Urgente de Derechos Humanos.
Foto: Twitter: Red TDT

Los derechos humanos son una agenda urgente para sacar al país de la catástrofe, por lo cual no sólo deben ser un asunto prioritario para el próximo gobierno, sino también un espacio para la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil con base en los más altos estándares internacionales en la materia.

Así lo expresaron representantes de las 87 agrupaciones que conforman la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), durante un encuentro donde presentaron diferentes propuestas para resolver la crisis en la materia que enfrenta el país, al que estaban invitados los próximos titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas, quienes desairaron la convocatoria.

El secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos, manifestó el desconcierto de las organizaciones agrupadas en esta instancia por la ausencia de los próximos funcionarios, pues fueron invitados desde hace algunos días y confiaban en que asistieran para dialogar sobre una de las materias fundamentales para los próximos años.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Foto: redtdt.org.mx

Por Redacción/Animal Político

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

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Organizaciones denuncian aumento de violencia contra personas defensoras de migrantes

Foto: Erik Salinas/Cencos

Por Marcela Méndez

Ante la violencia perpetrada por agentes estatales y privados contra personas defensoras de los derechos de migrantes y refugiados, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) emitió este lunes 28 de agosto la Alerta de Defensa DF, cuyo objetivo es hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen el derecho de los defensores a realizar su labor.

En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos, aseguró que en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han documentado 919 delitos contra defensores por el trabajo que realizan. Además, informó que los principales perpetradores de dicha violencia son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), así como policías estatales, municipales y miembros de empresas de seguridad privada.

Explicó que las agresiones a personas defensoras de los derechos de los migrantes inician con amenazas e intimidaciones, y continúan con detenciones arbitrarias e intentos de ejecución, lo que representa una amenaza a la labor que realizan.

Durante la conferencia, miembros de la Estancia del Migrante González y Martínez, ubicada en Querétaro, y del albergue La 72, de Tabasco, dieron a conocer las situaciones de violencia a las que se han enfrentado.

Según informó Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA), las dos estancias están bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En la Estancia de Migrantes González y Martínez, el equipo de trabajo recibe amenazas de parte de trabajadores de la Multisistemas, actual empresa de seguridad contratada por Ferrocarril Mexicano (Ferromex).

Martín Martínez Ríos, fundador y representante legal de la Estancia, dijo que las agresiones han ido más allá de amenazas, pues los agentes de seguridad han realizado disparos contra los voluntarios. También dijo que en Querétaro no hay voluntad política para solucionar este problema y que las autoridades han dado la espalda al trabajo humanitario que realizan.

Añadió que Multisistemas, sin justificación, ha puesto cámaras que apuntan al lugar que ocupan los defensores en la estación, por lo que responsabilizó a Ferromex en caso de que algo les suceda. Martínez Ríos aseguró que existe el temor de que se esté fabricando algún delito en su contra y dijo que ya antes ha sido tipificado como traficante de migrantes.

Finalmente dijo que también los militares contribuyen al hostigamiento pero que a pesar de eso “la Estancia no va a quitar el dedo del renglón en la ayuda humanitaria”.

En el caso del refugio La 72, la abogada de la organización, Diana Muñoz, aseguró que la criminalización y desacreditación que sufren por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) es cada vez más fuerte.

De acuerdo con Muñoz, parte de la desacreditación y el acoso es la existencia de demandas en contra de los padres que colaboran ahí. En 2016, dijo, La 72 denunció secuestros masivos en contra de migrantes, proporcionando datos como las placas de las patrullas que participaron en los secuestros, pero que las autoridades no respondieron a estas denuncias y que días más tarde miembros de la organización recibieron una llamada en la que les pedían negociar por la vida de los migrantes.

“El INM se ha dedicado a desacreditar nuestro trabajo… nos han compartido que en el INM dicen que en La 72 se falsifican documentos, se trafica con personas, que lucramos con ellos, cosa que nos parece grave y lo denunciamos públicamente”.

Reiteró que su preocupación no es sólo por la seguridad del equipo que trabaja en La 72, sino también por la de los migrantes.

Finalmente, las dos estancias y las organizaciones que forman parte de la Red TDT exigieron un cambio radical en la política migratoria, que aseguraron actualmente es de contención y persecución al migrante, y un alto a las agresiones contra las personas defensoras de migrantes y refugiados.

La Red TDT informó que si alguien quiere solidarizarse con las personas defensoras, pueden firmar aquí una petición en línea dirigida a las autoridades para que cumplan con sus exigencias.

Anunció también que los días 12 y 13 de septiembre, en Querétaro, habrá una visita la Estancia del Migrante González y Martínez y un foro sobre la Ley de Seguridad Interior, en el cual se expondrá la óptica de las personas defensoras de derechos humanos de Querétaro.