Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a lo que se comprometió Enrique Peña Nieto en su promulgación, en noviembre pasado, las familias de las víctimas no están siendo consideradas en la implementación de la legislación, denunció el Movimiento Nacional por Nuestros en México (MNDM).
Ante el riesgo de que el próximo 15 de julio sea oficializado el Protocolo Homologado de Investigación, elaborado por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) sin consultar a los familiares de víctimas, el MNDM hizo un llamado a las autoridades para corregir las fallas detectadas en el proyecto presentado a la sociedad civil, y crear un instrumento “que sea de utilidad para investigar las más de 38 mil desapariciones en el país”.
En un comunicado, el MNDM, que reúne al menos 50 colectivos de familiares de desaparecidos en el país y a unas 30 organizaciones sociales, explicó que durante meses sus representantes y asesores técnicos buscaron participar en la elaboración del protocolo y presentaron propuestas a la PGR, así como abrir un espacio de participación de las familias.
El 25 y 26 de junio la dependencia presentó a las familias el borrador del protocolo elaborado unilateralmente por la PGR, mismo que fue revisado por el MNDM.
Entre las deficiencias que identificaron las familias destacaron que el Protocolo elaborado por la PGR “o cuenta con estructura clara, le falta establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras autoridades que participen en la investigación”.
En cuanto a la participación de las familias, “no establece mecanismos adecuados y efectivos”, además de que “omite detallar el rol de la asesoría jurídica en las distintas etapas de procedimiento; respecto al apartado de investigación diferenciada, no genera mecanismos de análisis de grupos por categorías y prevé acciones que puedan ser revictimizantes para las familias; no contempla elementos necesarios y efectivos para la investigación de delitos de larga data”.
