Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el llamado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno de Enrique Peña Nieto para “poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde febrero pasado a la fecha tiene un registro de 31 víctimas de ese delito de lesa humanidad en el municipio fronterizo.
El organismo nacional dio a conocer las acciones realizadas a partir de las 21 quejas recabadas, que corresponden a la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, reportándose siete menores de edad, entre ellos una niña.
De acuerdo con la información publicada por Proceso (número 2166), la ciudad fronteriza ha registrado abusos de integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se identifican detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.
Sobre las denuncias, en un comunicado la CNDH señaló que, tras iniciar investigaciones por cada una de las quejas, solicitó información a la Semar, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT); la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.
De acuerdo con el organismo, en seis ocasiones el personal ha estado en dicha ciudad “recabando testimonios, entrevistando a autoridades y realizando trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares de hechos”, además de brindar apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y ser observadores en reuniones entre víctimas y autoridades.
Tras asegurar que, “en sendas ocasiones”, visitadores adjuntos acudieron a las dos bases navales que hay en Nuevo Laredo y una más en la población de Colombia, Nuevo León, la CNDH recordó que emitió medidas cautelares dirigidas a la Semar para que se instruya al personal naval desplegado en Tamaulipas a “que toda diligencia o actuación que sea practicada, se lleve a cabo con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, y cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad”.
