Regina Martínez Pérez: A 11 años de su asesinato

Propuesta Cívica

Hoy se cumplen 11 años del asesinato de Regina Martínez Pérez, una de las periodistas mexicanas más prestigiosas y reconocidas por su labor en México y a nivel internacional.

Hoy se cumplen 11 años del asesinato de Regina Martínez Pérez, una de las periodistas mexicanas más prestigiosas y reconocidas por su labor en México y a nivel internacional. Desempeñó su labor periodística en Veracruz, la entidad que históricamente ha presentado un gran riesgo para el gremio en México y un ejemplo de impunidad.

Tras su asesinato, las investigaciones seguidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado, estuvieron plagadas de inconsistencias en su integración y serias omisiones como el agotamiento de las líneas de investigación tendientes a vincular el crimen como represalia por la labor periodística ejercida por Regina, la autoridad estableció que los hechos tuvieron como móvil un “crimen pasional”, para después manejar los hechos como un robo violento.

En 2012, la PGJE presentó a José Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, como cómplice del homicidio de Regina junto con José Adrián Hernández Domínguez, alias “El jarocho”. La acusación en contra de “El Silva” se basó únicamente en su supuesta confesión, de la cual un día después se retractó y alegó ser víctima de torturas y amenazas para confirmar su participación en el homicidio. Después de diversos procesos legales, “El Silva”, continúa preso a pesar de las violaciones a derechos humanos de las que argumentó ser víctima, mientras que “El jarocho” continúa prófugo.

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#EjércitoEspía: en 2019, la Sedena pagó 60 mdp a la empresa que vende el software Pegasus en México

Imagen: Twitter @R3Dmx

 

 

Nayeli Roldán/Animal Político

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019. 

Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021. 

Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.

Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. 

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Revista Proceso inicia juicio de amparo indirecto contra FEADLE

Reporteros Sin Fronteras/Propuesta Cívica

El juicio de amparo es consecuencia de la negativa de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en reconocer a la Revista Proceso la calidad de víctima en la Averiguación Previa 034/FEADLE/2012, que se investiga con motivo del homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras reiteran el compromiso con Revista Proceso en continuar acompañando el caso Regina Martínez hasta lograr justicia y verdad

En abril del presente año, Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras y Revista Proceso, a través de su Director Jorge Carrasco Araizaga entregamos al titular de FEADLE, los resultados de la investigación periodística del asesinato de Regina Martínez realizada por Free Press Unlimited (FPU), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). En dicha oportunidad solicitamos que los resultados de la investigación fuesen considerados para determinar la competencia federal en el esclarecimiento del caso, debiendo agotar las líneas de investigación relacionadas con la actividad periodística de Regina como la causa de su asesinato. Además, el 22 de junio de 2021 la Revista Proceso solicitó el reconocimiento de su calidad de víctima en la averiguación previa seguida ante FEADLE con la finalidad de coadyuvar activamente en la búsqueda de verdad y justicia en el caso.

El 8 de julio de 2021 la FEADLE notificó la negativa de otorgar la calidad de víctima al medio de comunicación, sosteniendo que la Ley general de víctimas respaldan la petición pues únicamente se está en posibilidad de reconocer la calidad de víctima a personas físicas, no así a personas jurídicas como un medio de comunicación. Derivado de esta respuesta, el pasado 29 de julio de 2021 Propuesta Cívica – como representantes legales del director de Revista Proceso- decidió iniciar un juicio de amparo indirecto con la finalidad de que un Juez federal declare inconstitucional la negativa de la Fiscalía y se avance en el reconocimiento de los derechos de los medios de comunicación a participar activamente en investigaciones penales relacionadas con reporteros y colaboradores que hayan sido agredidos con motivo de su labor periodística.

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Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y Proceso piden reabrir el caso Regina

Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y Proceso solicitan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión la realización de nuevas investigaciones para resolver el asesinato de Regina Martínez, quien fue corresponsal de Proceso en Veracruz.

En una misiva formal enviada a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica y Proceso solicitan la realización de nuevas investigaciones para resolver el asesinato de Regina Martínez, quien fue corresponsal de Proceso en Veracruz. Ambas organizaciones y Proceso coinciden en la existencia de elementos que apuntan a que el crimen ocurrió por la labor de la periodista. En la petición se expone la promesa que el presidente López Obrador hizo el 19 de noviembre de 2020 en el sentido de reabrir el caso. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Regina Martínez era periodista. Ella fue asesinada por eso. Ahora tenemos la oportunidad de hacer justicia”, dice la portada del informe sobre el asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, elaborado por la coalición A Safer World For The Truth (Un mundo seguro para la verdad).

La organización tiene como fin investigar, documentar e incidir para que se haga justicia en los crímenes contra periodistas; está integrada por Free Press Unlimited (con sede en Holanda), el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

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Una caravana recorre Ecatepec con un reclamo: justicia y freno a los feminicidios

Ixtlixóchitl López/Proceso

Foto: Ixtlixóchitl López

ECATEPEC, Edomex. (apro).- En un esfuerzo por visibilizar la violencia contra las mujeres, colectivos y familiares de víctimas de feminicidio en Ecatepec realizaron el pasado domingo una caravana por las calles de la entidad, donde exigieron justicia y castigo para los responsables.

Desde las 9:00 horas, una veintena de personas comenzó a llegar de a poco al andén B de la estación del Metro Indios Verdes para hacer un recorrido en microbús por el municipio más peligroso del Estado de México, el mismo que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida y desaparición de mujeres.

La primera parada fue frente al número 87 de la calle claveles, en la colonia Vista Hermosa, donde fue hallado el cuerpo de Samantha, una pequeña de dos años a la que su padrastro de 32 años golpeó hasta causarle la muerte el 17 de junio pasado.

Al ver que la bebé no respondía, el presunto asesino envolvió su cuerpecito en una cobija de color azul y lo abandonó junto a la banqueta. La madre de Samantha fue quien delató a su pareja y tras el episodio ninguno de los dos ha vuelto al sitio.

Sin embargo, hoy activistas y vecinas recuerdan a la pequeña con flores blancas y bordados con su rostro. En su nombre toman la palabra y prometen buscar justicia para ella y para las nueve mujeres que son asesinadas diariamente, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

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México debería escalar capacidad para superar crisis forense: CICR

Gabriela Sotomayor/Proceso

GINEBRA (apro).- El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Peter Maurer sugirió que el gobierno que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador debería escalar las capacidades para enfrentar el desafío de la crisis forense que atraviesa el país con la falta de identificación de miles de cuerpos, osamentas y restos humanos.

Personal de la Fiscalía de Michoacán traslada los cadáveres al Servicio Médico Forense (Archivo). Foto: Especial/Proceso

“Se trata de que (el gobierno) incremente las capacidades que tiene, no es un problema de falta de medicina forense en México”, dijo Maurer al ser cuestionado por Proceso sobre el desafío que tienen las autoridades ante esta crisis que sigue deteriorándose conforme el paso del tiempo.

Según cálculos del gobierno existen 26 mil cuerpos sin identificar, 8 mil cadáveres están en los servicios forenses y al menos, 3 mil 24 fosas clandestinas han sido descubiertas en territorio mexicano desde 2006.

Si bien el CICR ha colaborado con varias instituciones en la materia a lo largo del país, cuya cooperación ha sido parte del programa del organismo, al modo de ver de Maurer, las instituciones mexicanas no necesitan apoyo externo para lidiar con esta crisis ya que hay “forenses mexicanos brillantes” y “México tiene sus propias capacidades”.

Más bien, estimó Maurer, es una cuestión de fortalecer el sistema que ya existe.

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ONG reprochan al gobernador de Guanajuato su apoyo a El Zapotillo

Verónica Espinosa/Proceso

Foto: Conagua

GUANAJUATO, Gto., (apro).- En una dura carta, organizaciones civiles ambientalistas de distintos municipios del estado reprocharon al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo su posición de respaldo total al proyecto de la presa y acueducto de El Zapotillo y lo acusan de favorecer intereses económicos por encima de derechos humanos; “apoyar la construcción de la presa es un grave error que su gobierno no puede darse el lujo de cometer”.

La carta dirige a Diego Sinhue señalamientos como “falto de ética”, “contradictorio” y hasta “protofascista”  por pasar por alto opciones para la gestión del agua para León, una ciudad que sufre inundaciones cada época de lluvias, y por ignorar las demandas de habitantes de tres poblados jaliscienses con riesgo de ser inundados, además del impacto ecológico en la zona de construcción de la presa.

“Usar el discurso del derecho humano al agua de los habitantes de León para colocar en segundo plano el derecho a la vida y a no ser desplazados de los alteños, resulta en una enorme falta de ética y sin ética, señor Sinhue, no se puede gobernar con decencia”, dice la carta pública.

Ante una próxima definición sobre si continuará o no la obra en El Zapotillo, y la reciente visita del Secretario del Medio Ambiente federal, Víctor Manuel Toledo Manzur, a Temacapulín –uno de los poblados en riesgo de ser inundado-, el gobernador de Guanajuato incluso anunció posibles movilizaciones de leoneses “para defender el proyecto que traerá agua que necesita León”.

Organismos públicos de DH urgen al gobierno privilegiar medidas humanitarias a favor de migrantes

Redacción/Proceso

Foto: Isaín Maldonado, Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 33 Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, refrendó su llamado al gobierno federal a privilegiar las medidas humanitarias por encima de cualquier acción gubernamental, en torno a la “Caravana Migrante” que ingresó a México el pasado viernes 19 en su intención de transitar por el país para llegar a Estados Unidos.

Los organismos, reunidos en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) pidieron “garantizar el efectivo respeto a los derechos humanos de la población migrante” y urgieron al gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, garantice el respeto a los derechos humanos de las personas que integran la “Caravana Migrante”, en particular a las que están en situación de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

También expresaron su respaldo a las medidas cautelares y humanitarias solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las que se demanda privilegiar la atención a niñas, niños y mujeres a través de proporcionar agua, alimentos y atención médica.

Asimismo, indicó que “todos y cada uno de los organismos locales” que integran la federación se mantendrán atentos en el ámbito de su jurisdicción, competencia, posibilidades y atribuciones y, en su caso, “velarán por el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”.

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La SCJN atrae caso sobre reparación del daño a integrante de Los Avispones de Chilpancingo

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de un integrante del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, cuyo autobús fue atacado el 26 de septiembre de 2014, durante los acontecimientos que dieron lugar a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Familiares de los 26 futbolistas del equipo de futbol de tercera división club deportivo Avispones de Chilpancingo. Foto: Germán Canseco

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, el miércoles pasado la Primera sala resolvió la solicitud de atracción 477/2018, asunto mediante el que se debate qué medidas se deben otorgar a un integrante del equipo de fútbol para que se le reparen los daños que sufrió durante el ataque.

En un comunicado, la Corte recordó que el 26 de septiembre de 2014, jóvenes de entre 14 y 17 años, integrantes del equipo “Avispones de Chilpancingo F.C.” viajaban en un autobús hacia Chilpancingo luego de haber jugado un partido de la tercera división.

Antes de llegar a su destino, el autobús en el que viajaba el equipo se encontró con un retén que les impedía llegar a la zona en la que los normalistas estaban siendo atacados.

Al acercarse al retén, hombres armados dispararon contra el camión hiriendo al chofer, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y por el impacto la puerta quedara bloqueada.

“Los jóvenes, se encontraron atrapados dentro del camión mientras les disparaban de manera indiscriminada y sin cesar. Durante este ataque murieron uno de los integrantes del equipo, una señora que estaba cerca y más de 30 personas resultaron gravemente heridas, entre ellos, el chofer, quien murió a causa de esas lesiones”, recordó la Corte en su comunicado.

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El crimen de Ayotzinapa es una herida abierta: Zeid Ra’ad al Hussein

Redacción/Proceso

Foto: Benjamin Flores/Proceso

GINEBRA (Proceso).- A unas horas de terminar su mandato como Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein consideró que en tanto no se conozca de manera irrefutable lo sucedido en la noche trágica de Iguala ni haya rendición de cuentas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso “permanecerá como una herida abierta en la mente de los mexicanos” y como una de las “asignaturas pendientes más acuciantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.

En la última entrevista concedida a un medio mexicano antes de dejar su puesto en la ONU, Zeid dice a Proceso: “Cuando fui a México, era claro para mí que, si las autoridades mexicanas en conjunto con la comunidad internacional no podían resolver el rompecabezas de Ayotzinapa como un ejemplo de lo que estaba pasando en el país, éste seguiría sufriendo situaciones similares y recurrentes. 

“La expresión de preocupación pública sobre el caso Iguala y la falta de respuestas sobre lo que sucedió a los 43 son interrogantes que siguen encendidas en la mente de muchos. Y si no hay responsabilidad por uno de los episodios más severos que hemos visto en México en el pasado reciente, estas condiciones persistirán.”

Recuerda que uno de los momentos más difíciles de su mencionada visita al país, en 2015, fue su encuentro con los padres y familiares de los 43 estudiantes, cuyo profundo dolor percibió. “Lo que más quisiéramos es ver justicia para ellos”, expresa. 

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