Yo sí quiero que les paguemos a los partidos (antes de insultarme, léeme)

Foto: César Rodríguez/Bloomberg/Getty Images

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Entiendo que después de esta afirmación quieras despotricar en mi contra y decirme todas las barbaridades que se te están ocurriendo, pues la clase política mexicana y en específico los partidos políticos han demostrado ser una rémora que chupa dinero público a borbotones, no rinde cuentas y, regularmente, lo usa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Ahí está el caso de las tarjetas Monex, las multas constantes al Partido Verde o los desvíos de dinero público de los estados a las campañas electorales.

Aun así, tenemos que poner en la mesa que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no recibir dinero público y nada más mantenerse del privado es una pésima idea que desgranaré a continuación.

En principio, tienes que tomar en cuenta que esta iniciativa salió del PRI y ellos pertenecen al dark side, son los malosos que nos han robado y violado los derechos por años, como por ejemplo con el fraude electoral de 1988, la masacre de indígenas en Acteal en 1997, recibir una casa blanca de tu amigo contratista como lo hizo Enrique Peña Nieto y hasta desfalcar a un estado completo como lo ocurrido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Así que, no seas inocente: algo se traen entre manos al decir que no recibirán dinero público. Pues no son buena onda, no ven por su país y menos por acabar con la corrupción ya que han sido parte de ella por años, no por nada somos el país más corrupto de América Latina.

Aclarado eso, ahora vamos a la discusión del dinero.

En 2018, los partidos políticos recibirán 6 mil 778 millones de pesos para gasto ordinario y de campaña –más lo que reciban por las elecciones estatales–, el presupuesto más alto de la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ojo, esto no es algo que el INE haya decidido, fueron los mismos partidos y sus representantes en el Congreso quienes lo votaron en la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, es un dineral que NO se merecen.

Peeero la solución no es dejar que los partidos políticos se financien con dinero privado, pues en primera los másters para conseguir dinero de privados, dígase de empresarios, líderes sindicales, cuotas partidistas y en ocasiones dinero sucio del crimen organizado o del presupuesto de los estados son los propios priistas. Por ejemplo, actualmente existe una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde investigan a varios candidatos por el presunto uso de dinero ilícito y al exgobernador Javier Duarte también lo investigan por haber desviado recursos públicos para campañas.

** Nota:esto no quiere decir que los otros sean unas blancas palomitas, nada más hay unos que tienen más colmillo que otros**

Muchos aquí dirán: “pues mientras no sea con nuestro dinero que hagan lo que quieran, de todas maneras ya usan dinero sucio”. Pues qué creen: no, esto es una pésima, pésima idea. En un panorama hipotético, digamos que un presidente municipal en Nayarit llega a ese puesto porque tuvo mucho dinero en su campaña y regaló billetes o todos los que votaron por él. Pero resulta que ese dinero salió del crimen organizado, el cual obvio se va a querer cobrar el “favorcito” de alguna manera. O sea, gracias a recibir dinero privado, quienes viven en esa comunidad seguro se verán afectados por deberle un favor al narco.

Otro ejemplo menos radical, un candidato a gobernador recibe millones de una empresa minera, con eso, hace una campañota en su estado y gana. Ahora, le debe un “favorcito” a la empresa, la cual casualmente está involucrada en un escándalo de contaminación de un río local y muerte de varias personas por beber de su agua. De verdad ¿crees que los van a llevar ante la justicia para que paguen por lo que hicieron?

En nuestro país los candidatos y candidatas están acostumbradas a violar la ley y si de por sí al INE le ha costado un trabajal fiscalizar lo que ya reciben de dinero público y privado, con esta iniciativa del PRI les vamos a abrir la puerta para que el cochinero sea mayúsculo.

Entonces, sí, reduzcámosles el presupuesto público y privado al mínimo, únicamente para que puedan operar en un país austero pero no, no dejemos que pase la propuesta priista.

Este texto se publicó originalmente en The Huffington Post México

¿De qué sirve detenerlos si los ex gobernadores se quedan con lo robado?, reclaman especialistas

Por Redacción/Sin embargo

Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado por desvíos de recursos públicos que suman más de 206 mil millones de pesos.

Ante el destino incierto de estos fondos, investigadores en transparencia exigen al Estado ubicar el dinero y devolverlo al erario en este momento en que México necesita reconstruirse.

“El primer responsable es el Estado porque son instancias –como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”, si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad, afirma Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.
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Fotos, abrazos, baños de pueblo: los sismos dan campaña gratis a gobernadores… con dinero ajeno

Por Redacción/Sin embargo

Los gobernadores de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre se mueven intensamente por las zonas afectadas entregando víveres, materiales para la construcción y reparación de viviendas, abriendo escuelas y hospitales supuestamente rehabilitados, presumiendo donaciones e incluso pidiendo más deuda a sus congresos… todo, sin la supervisión ciudadana y pese al llamado de los grupos civiles de que el dinero público para la reconstrucción se transparente y se rindan cuentas claras.

Algunos de esos mandatarios firmaron acuerdos con la Secretaría de la Función Pública, otros más usan notarios o a integrantes de sus gobiernos para velar por la transparencia y algunos, también, no han formalizado ningún tipo de acuerdo que vigile el correcto empleo de los recursos.

Organizaciones civiles y expertos han alertado que de no poner bajo la lupa el manejo del dinero público podría terminar en otros rubros para los que no estaba destinado, como las campañas políticas que se avecinan rumbo a la elección federal de 2018. Todos los estados afectados por el sismo irán a las urnas el próximo año, la mayoría cambia a su Gobernador y al Jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y en su totalidad votan por nuevos integrantes del Congreso de la Unión y el Presidente de la República.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Los gobernadores de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados están ya en una intensa entrega de recursos públicos a los damnificados por el sismo sin la supervisión de la sociedad civil organizada.

Los mandatarios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México recorren la zonas dañadas y lo mismo entregan material para construcción que tarjetas con dinero del Fonden y víveres, que piden más donativos a los ciudadano e incluso solicitan públicamente a sus congresos les autoricen más deuda.

Pese a que las organizaciones de la sociedad civil llaman a transparentar los recursos, públicos y privados, para apoyar en la mitigación de los daños causados por los temblores del 7 y 19 de septiembre, los mandatarios no las han llamado para apoyar en la transparencia de los recursos, a lo mucho crearon comités integrados por funcionarios locales o lograron acuerdos de supervisión con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Fundar Centro de Análisis e Investigación Fundar y Transparencia Mexicana alertaron que de no vigilar los recursos destinados a los damnificados por los fuertes temblores del mes pasado, podrían desviarse a otros fines, como las campañas electorales.

Los estados afectados por los sismos tienen elecciones el próximo año. La mayoría cambia de Gobernador o Jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México –con excepción de Oaxaca, Estado de México y Guerrero–, y la totalidad cambia a los integrantes de sus congresos y tiene elecciones de alcaldes. Además, todos irán a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Unión, así como al nuevo Presidente de la República.

Seis mil 844 millones 389 mil 946 pesos han sido repartidos a los nueve estados afectados por los sismos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ese es el monto que corresponde a los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entregados a las entidades hasta el 5 de octubre pasado.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha recibido observaciones de manejo irregular en el dinero que asigna, y los gobiernos estatales también han recibido año con año observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el uso que dan a las arcas públicas.

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¿Qué votamos los mexiquenses?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de junio de 2017.

El domingo me fui a dormir con una resaca existencial, el PRI ganó nuevamente en Estado de México. Si bien hay muchos análisis sobre las artimañas que los partidos usaron para ganar votos, se ha dejado de lado lo que significa en materia derechos humanos que este partido continúe en el poder.

Más allá de los retorcidos ideales de los partidos políticos existen marcos jurídicos que deben respetarse, pues estas son las vías que se han fijado para que los ciudadanos puedan acceder plenamente a sus derechos, y en el Estado de México parecen no reconocerlas ni tener intención de hacerlas valer.

Foto: Animal Político

Para comprobar lo anterior echemos un ojo en los siguientes datos:

-El Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México reportó 236 posibles feminicidios en 2016, siendo la entidad con mayor número de casos en el país.
-En la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI se dio a conocer que el Estado de México se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros con el 90.7%.
-Según el COVENAL el 49.6% de los habitantes del Estado de México vive en situación de pobreza, y de este el 7.2% en extrema pobreza.
-De acuerdo con el Índice de Impunidad Global México, en 2016 el Estado de México registró 76.48 grados de impunidad ocupando el tercer lugar solo por debajo de Michoacán y Quintana Roo.
-El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México (PNUD) concluyó que “Si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en el Estado de México coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Qatar y Ghana”.

Estos son algunos de los datos que nos dibujan la realidad del Estado que ha sido gobernado por el mismo partido 82 años continuos, aunado a esto -y lo más preocupante- es que en el contexto de las elecciones los diversos actores llevaron los debates al juego de las propuestas sin fundamentos, demostrando que ninguna de las opciones a votarse tiene un interés legítimo de solucionar a fondo los grandes conflictos, al menos en el dialogo.

Resolviendo el título de la columna, los mexiquenses nos encontramos en medio de un dilema: al ser unos de los estados más importantes para acceder a la silla presidencial hemos sido rezagados al campo de batalla entre los partidos políticos y en el que solo votamos al ganador, sin que esto represente una modificación en las condiciones de la población.

Foto: Anguardia

La permanencia del PRI es un duro golpe al ejercicio pleno de los derechos humanos, esta opción ha dejado claro que la ciudadanía no es de su interese y que sólo busca mantener el peso político que representa la entidad.

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Los 258 mil millones “esfumados” por 22 gobernadores (2012-2017) del PRI pagarían 6 años de UNAM

Por Redacción/Sin embargo

Los 258 mil 829 millones 185 mil pesos desviados por los 22 gobernadores priistas que han administrado al país junto con el Presidente Enrique Peña Nieto son equivalentes a seis veces el presupuesto anual para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nueve veces el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la mitad del presupuesto para el sistema nacional de salud o la cantidad suficiente para dar 10 mil 353 millones de desayunos escolares fríos a niños y adolescentes en situación económica vulnerable.

Entre cinco detenciones y órdenes de aprehensión, cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o acusaciones de la oposición, de norte a sur, los priistas señalados que han gestionado entre 2012 y 2017 son:

César Duarte Jáquez (Chihuahua), Rubén Moreira Valdez (Coahuila), Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Jorge Herrera Caldera (Durango), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes), Fernando Toranzo Fernández (San Luis Potosí), Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit), Aristóteles Sandoval Díaz (Jalisco), José Calzada Rovirosa (Querétaro), Francisco Olvera Ruiz (Hidalgo), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Mario Anguiano Moreno (Colima), Fausto Vallejo Figueroa (Michoacán), Eruviel Ávila Villegas (Estado de México), Mariano González Zarur (Tlaxcala), Héctor Astudillo Flores (Guerrero), Andrés Granier Melo (Tabasco) , Fernando Eutemio Ortega Bernés (Campeche), Rolando Zapata Bello (Yucatán) y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo).

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La fraternidad que se apropió de obra pública en Nayarit

Por Redacción/Animal Político

En septiembre de 2011, cuando el gobernador priista Roberto Sandoval Castañeda rindió protesta se autodefinió como parte de una nueva generación: “la gente reclama de la política y de los políticos honestidad”, dijo en un auditorio saturado de asistentes.

Era la época de ascenso al poder del nuevo PRI, ese de Javier Duarte en Veracruz y de Roberto Borge en Quintana Roo. En el rito político, el exalcalde de la capital Tepic agradeció su candidatura al presidente nacional de su partido: “Gracias a mi líder, a mi amigo, a mi maestro: al profesor, Humberto Moreira”.

También destacó la presencia de Enrique Peña Nieto y la del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Todos estaban ahí: sentados en primera fila para ver el inicio del autonombrado “Gobierno de la gente”.

Sandoval formó su gabinete, y en éste sólo repitieron dos de sus principales colaboradores municipales: Édgar Veytia, que al tiempo se convirtió en fiscal estatal y hace unos días fue detenido en Estados Unidos acusado de producir y distribuir droga en su territorio, y Gianni Ramírez, Secretario de Obras Públicas.

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Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía. Ejército impone su agenda con Ley de seguridad interior

Por Redacción/ DesInformémonos

En el marco de una discusión acalorada y escabrosa sobre la ley de seguridad interior que impulsa el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien cuenta con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las principales fracciones parlamentarias, en nuestro estado, que ha sido escenario de hechos cruentos cometidos por las fuerzas armadas, nos encontramos al margen del debate nacional sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de militarizar la seguridad.

Recientemente los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa acudieron a una reunión con la junta de coordinación política de la cámara de diputados para supuestamente conocer su opinión sobre las iniciativas de ley de seguridad interior. Este llamado no fue tanto para una consulta seria sobre el tema, sino más bien para cerrar filas en torno a la ley de seguridad que impulsan principalmente el PRI y el PAN. Como siempre sucede con las las cúpulas políticas, hacen amarres previos para imponer leyes que mejor convengan a sus intereses económicos y a su estrategia de control político. No les interesa lo que siente y opina la sociedad. Las propuestas que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos, la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para las elites del poder, son irrelevantes. Fácilmente las descalifican por considerarlas riesgosas para la estabilidad social o porque ponen en entredicho el actuar de las fuerzas armadas. No hay disposición para promover un debate amplio y una discusión a fondo, a partir de una evaluación de los resultados alcanzados en la última década, cuando Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas salieran a las calles a suplantar el trabajo de las policías para combatir con toda la fuerza del estado a los cárteles de la droga.

En el dilema de la discusión que ha surgido por las recientes iniciativas de una ley sobre seguridad interior se han dado posturas disímbolas que develan posiciones antagónicas protagonizadas por las fuerzas castrenses, por una parte y por la otra, por el movimiento de derechos humanos y las víctimas, que expresan dos maneras de entender la seguridad interna.

La visión que predomina en las cúpulas del poder civil y militar es fortalecer el frente de guerra contra los carteles de la droga, dejando de lado a una población inerme que ha tenido que soportar los estragos de una estrategia bélica centrada en destruir con las balas a los enemigos. El plomo nos ha destruido como país y los fusiles nos han colocado contra el paredón. Nadie escapa a estos frentes de batalla que se dan en las ciudades fronterizas, los centros turísticos, las autopistas, los centros de diversión, los tecnológicos, las escuelas y en las oficinas de gobierno. La forma como opera regularmente el ejército en sus enfrentamientos con grupos de la delincuencia es causando el mayor número de bajas posibles.

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