
? Inicia #ConferenciaDePrensa: denuncian amenazas contra opositora al #NAICM. #EnVivo: https://t.co/YHuAS17nS1 pic.twitter.com/XysTpSkypN
— Cencos (@cencos) 13 de noviembre de 2018

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Por Redacción/Sin embargo
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- El comportamiento y los síntomas de la pobreza en México, que en los últimos seis años fueron más perceptibles, jugarán un papel importante el próximo domingo, día de elección presidencial.
Ese día saldrá a votar un país en el que 53.4 millones de personas son pobres y, además, 8.6 millones más que por sus ingresos son vulnerables a ser pobres; 62 millones de personas viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar (el equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes) y 21.4 millones más, viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el equivalente al valor de la canasta básica alimentaria por persona al mes).
De acuerdo con académicos consultados por SinEmbargo, el concepto de pobreza no será el gran determinante de la elección sino todo un conjunto de factores económicos que golpearon a la mayoría de la población. En estos últimos seis años, el grueso poblacional conoció los efectos de la inflación, del tipo de cambio, precarización salarial y laboral y recortes presupuestales. Todos, padecimientos que continúan.
Coincidieron en que eso es lo que le pasará factura al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la evaluación sexenal, que a las condiciones de pobreza se le sumaron la poca movilidad social y los duros efectos de las decisiones que se tomaron en materia económica.
Por Redacción/Sin embargo
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, y en 29 de esos casos se llegó hasta el asesinato, informó este día el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Al dar a conocer el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, Cemda alertó del aumento en el número de homicidios y violencia en contra de los activistas.
De los 88 casos, las agresiones más recurrentes fueron las físicas que ascendieron al 18 por ciento, después la criminalización con 16 por ciento y el homicidio en un 15 por ciento.
Cemda identificó que el principal perpetrador de dicha violencia es el Estado mexicano en sus tres niveles, ya que el 36 por ciento de las agresiones provino de entes gubernamentales. De ese total, 57 por ciento lo abarcaron autoridades estatales, 26 por ciento municipales y 17 por ciento federales.
Durante la presentación del análisis realizado por cuarto año consecutivo, esta vez en las inmediaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, apuntaló que sólo durante 2017, 15 ambientalistas fueron privados de la vida en la nación gobernada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Nuestro país sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso [para los defensores ambientalistas]”, afirmó Alanís Ortega.
Desde 2010 hasta 2017, señaló Alejandra Leyva, abogada en el Cemda, han sido registrados 391 casos de ataques contra los activistas ambientalistas, entre ellos se incluyen criminalización, hostigamiento, amenazas, y en varios casos, homicidio.
La especialista en temas legales de medio ambiente, alertó que el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa con las cifras más elevadas en los ataques contra las personas defensoras de la naturaleza, los territorios y los recursos naturales, donde se registraron 10 casos. Le siguieron Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6.
Por Redacción/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de la “caja negra” del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.
El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)
En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI.
El estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado hoy por México Evalúa, evidencia que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizó estos recursos multimillonarios como una herramienta de “control político”: la empleó tanto para “premiar” a los gobernadores aliados como para “castigar” a los opositores, especialmente en periodos electorales.
Los casos del Estado de México y de Chihuahua lo exhiben con toda claridad: entre 2009 y 2012, el gobierno del Estado de México –es decir, de Peña Nieto– recibió un promedio de mil 584 millones de pesos cada año derivado de estos tres programas del Ramo 23.
Y a partir de la llegada al poder de Peña Nieto, la tendencia cambió de manera dramática: entre 2013 y 2017, la SHCP entregó un promedio de 8 mil 327 millones de pesos cada año a la entidad, bastión histórico del PRI; es decir, seis veces más que con Calderón.
Por Redacción/Sin embargo
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Las juventudes mexicanas han sido “abandonadas” por el Estado, refieren antropólogos y politólogos consultados por este medio digital. La marginación social y la falta de inclusión de este sector poblacional, lleva a los jóvenes a formar parte de entornos de violencia que los vuelven víctimas o victimarios, o que los hacen emigrar. O también los llevan a actuar y a organizarse, no por ideología o identidad social, sino para dar solución a las necesidades que nadie más atiende.
Para entender a dónde se dirige la cuarta parte de la población mexicana que representan poco más de 30 millones de jóvenes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es necesario entender su presente.
Hablamos de una minoría vulnerable que se enfrenta a carencias sociales y que, debido a los inadecuados manejos del Estrado, desconfía del sistema, de las instituciones públicas y del gobierno, concuerdan los analistas.
En los últimos 88 años, las juventudes mexicanas han formado parte de un proyecto político. Sólo que conforme fue transcurriendo el tiempo, la claridad del mismo se desdibujó, explica el doctor Hector Castillo Berthier, sociólogo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro Juventud, Cultura y Política Social (2008).
La creación de diferentes organismos, cambiantes de prioridades, objetivos y estrategias; el ensanchamiento de las burocracias y la rotación permanente de funcionarios, son algunos factores que complicaron, paulatinamente, el diseño de políticas públicas congruentes con las necesidades y demandas de la población joven en México.
De 1930 a 1977, el proyecto político y de desarrollo de lo que es ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluyó a las juventudes de los sectores obrero, campesino, popular y militar para fortalecer sus estructuras y comandar al país.
Entonces hubo afinidad política entre el gobierno y los jóvenes organizados, cocida, al principio, en el bullente clima post-revolucionario e impulsado, después, con el “desarrollo estabilizador” y su idea de crecimiento económico sostenido [1940-1970].
A partir de 1977 y hasta 1997, la plataforma partidista fue incluyendo a los jóvenes como el “brazo derecho del gobierno para el apoyo directo del partido oficial”, hasta desembocar en una separación entre el proyecto de gobierno y los códigos culturales de la sociedad, escribe Berthier.
Es decir, el partido dejó de impulsar a los jóvenes como parte de su plan de desarrollo –bajo la acción del Estado benefactor– para simplemente utilizarlos como combustible de su maquinaria.
Por Redacción/Sin embargo
Ciudad de México,31 de enero (SinEmbargo).- Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva urgieron este día a los candidatos presidenciales a buscar convencer a los legisladores a crear una Fiscalía General autónoma y eficaz.
“El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas, y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos”, dijo Antonia Meda Cadena, representante de los colectivos.
Como parte de esta iniciativa, los colectivos lanzaran el sitio web reforma102.mx, en el que se pretende ofrecer un medidor para la ciudadanía sobre si los candidatos presidenciales urgen a sus propias bancadas a realizar el cambio antes de los comicios del 1 de julio.
“En las campañas presidenciales los compromisos toman forma de atole con el dedo cuando traen un notario y firman un compromiso. No queremos eso, queremos liderazgo manifestado en que Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya a los del PAN, y López Obrador a los de Morena para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con las herramientas para cumplir con los problemas que aquejan del país, insistieron.
La importancia de reformar el 102 constitucional radica en que el Fiscal General no sea designado por el Presidente de la República, explicó Cardinas.
Por Redacción/Animal Político
En 2005, el periodista Alfredo Jiménez Mota desapareció en Sonora. Más de una década después Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada fue asesinada en Chihuahua. Una familia liga ambos casos: los Salazar.
Ambos comunicadores revelaron los nexos entre el cártel de Sinaloa y el grupo delictivo de los Salazar y autoridades policiacas.
Alfredo Jiménez lo hizo en diferentes reportajes publicados en El Imparcial de Sonora.
Antes de su desaparición Jiménez investigaba presuntos nexos de la familia Salazar y los hermanos Beltrán Leyva (en ese entonces socios de Joaquín Guzmán Loera), con políticos del PRI en el norteño estado de Sonora.
Desde 2005, la Procuraduría de Justicia de Sonora mantiene abierta una línea de investigación contra los “Salazar” la desaparición del reportero.
El 23 de marzo de 2017, Miroslava fue asesinada en Chihuahua. La colaboradora de La Jornada y columnista del Norte de Juárez denunció en un reportaje que los Salazar eran responsables de la violencia que se vive en la zona serrana de Chihuahua, y de colocar a candidatos priistas en las elecciones locales de 2016.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua investiga a un lugarteniente de los Salazar como principal responsable del asesinato de Miroslava Breach.
¿Quiénes son los Salazar?

Por Redacción/RT
“Esto no es una mina de oro o hierro, pero sí es una mina de donde se extrae la tierra con la que construyen al menos dos pistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El daño es impresionante”, dice Octavio Jiménez Rivera, abogado y habitante del municipio de Tezoyuca.
La tierra a la que hace referencia lleva el nombre de tezontle. Es roja y contiene multitud de minerales, lo que la hace muy fértil. Sin embargo, donde antes había una montaña de unos 1200 metros sobre el nivel del mar ahora existe el hueco que deja su ausencia y, al fondo, se pueden contemplar grandes tractocamiones que remueven esta tierra roja. Es el Estado de México, cuna de la versión actual del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que siempre ha gobernado la entidad.
Desde finales de 2015, a decir de Octavio, de 300 a 500 vehículos diarios transportan esta tierra y al menos otros 20 cerros similares están siendo afectados. Muchos de ellos son parte de la zona natural protegida Sierra del Patlachique y los vehículos operan en el lugar sin ningún tipo de autorización. Las empresas constructoras –Edificadora CICSA, del multimillonario Carlos Slim; la constructora ICA; y la española FCC Construcción– están extrayendo esta tierra para hacer el aplanado de las pistas que serán parte del proyecto aeroportuario, pese a las restricciones que las autoridades locales les han puesto.
Desempolvada en 2014 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la idea de construir un nuevo aeropuerto para sustituir el que ahora tiene la capital mexicana se concretó en un proyecto de los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster, que contemplaba un diseño de vanguardia que aparentemente estaría en convivencia con el medio ambiente. Sin embargo, desde que fue anunciado, el rechazo y la oposición a la construcción no se hicieron esperar.
Nuevo aeropuerto
Desde el año 2001, año en que el Gobierno de Vicente Fox anunció su mayor proyecto de infraestructura, la idea de un nuevo aeropuerto sobre lo que alguna vez fue el esplendoroso lago de Texcoco despertó el enojo de las comunidades afectadas, en especial en el municipio de San Salvador Atenco.
Con la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), las comunidades campesinas lograron estructurar una organización que se movilizó y frenó el proyecto del Gobierno foxista. En aquel entonces, a pesar de los escenarios de represión a la movilización, de la muerte de un comunero y de tener los medios masivos de comunicación jugando a favor del Gobierno federal, campesinas y campesinos echaron abajo el decreto presidencial que permitía la construcción del aeropuerto sobre tierras comunales.
Por Redacción/Sin embargo
Numerosos personajes relevantes del poder en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias, según Paradise Papers, un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que involucró a 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron más de 13 millones de documentos de “territorios opacos”.
Los Paradise Papers no sólo involucran a empresarios, también manchan a líderes religiosos y sindicales. En los documentos aparece también el nombre de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y Joaquín Gamboa Pascoe, ex líder de la CTM y uno de los pilares del PRI.
La autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia.
Este lunes, el Servicio de Administración Tributaria informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes aparecen en las filtraciones, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.
Ciudad de México/Madrid, 6 de noviembre (EFE/Vanguardia/SinEmbargo).- México se comprometió a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, después de conocerse que personajes relevantes mexicanos aparecen en los llamados Paradise Papers.
“Tendremos que hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto”
, afirmó Rubio en una entrevista a la agencia de noticias EFE.
Según publicó ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, numerosos personajes relevantes en México utilizan paraísos fiscales en diversas partes del mundo como plataforma de operaciones para potenciar sus ganancias. La subsecretaria de Hacienda recordó que México forma parte de todas las convenciones relacionadas con temas de elusión y evasión fiscal, entre ellas las de la OCDE.
“Echaremos mano de los mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal bilateral que tiene México con prácticamente todos los países del mundo”, confirmó Rubio.
No obstante, la subsecretaria de Hacienda insistió en que lo primero que hay que hacer es “corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión”. Afirmó que ya están en proceso de investigación de la información tanto el sistema de administración tributaria como la unidad de inteligencia financiera de México.
Por Redacción/Sin embargo
La renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la PGR y la intención de postergar el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, tal y como mencionó Enrique Peña Nieto, tienen por objeto facilitar el proceso electoral al PRI, sostiene el Senador Ernesto Ruffo Appel.
Organizaciones de la sociedad civil también criticaron la propuesta del Presidente Peña Nieto de aplazar el cambio institucional y constitucional.
“Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía [General de la República] con capacidad de investigación sí se me hace una negligencia”, afirmó Juan Pardinas, director General del IMCO.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Ruffo Appel consideró que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende retrasar la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República después de los comicios para evitar una factura electoral. Mientras, organizaciones de la sociedad civil urgieron que a la discusión y nombramientos del nuevo ministerio público nacional se le dé celeridad ante la crisis de inseguridad e institucional que atraviesa el país.
El legislador explicó que después del 1 de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendría aún por dos meses la mayoría en la actual legislatura del Congreso de la Unión, por lo que se podría convocar a una Comisión Permanente para dictaminar sobre la procuración de justicia.
“Entonces, ya con conocimiento del resultado electoral y de cual irá a ser la composición del nuevo Poder Legislativo, el PRI tomaría algunas estrategias. […] No hay que olvidar que el resultado electoral del 2018 va ser en julio y todavía va estar presente la actual legislatura”, dijo.
El panista sostuvo que con la postergación para discutir este tema también se evitará hablar de cómo combatir la corrupción, lo que le “costaría” votos al PRI conforme se llevan a cabo las discusiones de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Nacional.
“Lamentablemente una serie de averiguaciones de corrupción han sido minimizadas por el actual Gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública, y la incorporación del nuevo sistema de justicia penal, que todavía ocupa que se hagan las reformas legales para la operación misma de varias de las dependencias incorporadas al Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso Ruffo.
Ayer, Raúl Cervantes Andrade decidió dejar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y argumentó que se utilizaron sus supuestas aspiraciones políticas como una excusa para no terminar de aprobar las leyes que den vida a la Fiscalía General de la República.
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