Redacción / La Jornada
Por el caso Iguala la Procuraduría General de la República (PGR) prepara una nueva consignación contra al menos 30 personas que estarían involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que a lo largo de estos cuatro años se ha establecido que al menos 13 teléfonos celulares de los estudiantes quedaron en manos de policías de Iguala, Cocula e integrantes de Guerreros Unidos, de acuerdo con registros de las compañías telefónicas que dieron seguimiento al IMEI de cada aparato y luego a los chips que les instalaron quienes se quedaron con ellos.
En declaraciones que aún no se han hecho públicas, existen datos que permitirían identificar a los responsables de la muerte de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue abandonado en calles de Iguala la mañana del 27 de septiembre. Las fuentes revelaron también que el gobierno de Estados Unidos posee más charlas entre integrantes de Guerreros Unidos y las reacciones que tuvieron los líderes en días posteriores a los sucesos.
Hay detalles de la investigación que el titular de la oficina de investigación, Alfredo Higuera Bernal, ha mantenido en total sigilo, como que el último peritaje realizado por la Dirección de Servicios Periciales de la PGR estimó que en el basurero de municipal de Cocula fueron incinerados entre 17 y 25 normalistas.
Deslindarían a militares
También se han incluido en los nuevos tomos los interrogatorios realizados a militares del 27 Batallón de Infantería y los peritajes hechos a esas instalaciones castrenses en los que, en cumplimiento de lo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no se localizó evidencia de haber participado en la desaparición y en el expediente se agregaron las cuatro fotografías que tomó un soldado cuando los policías detenían a estudiantes frente al nuevo Palacio de Justicia.
