Nombran fiscal para delitos contra libertad de expresión

Por Redacción/La Jornada

El procurador General de la República, doctor Raúl Cervantes Andrade, designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Según la PGR, el nuevo fiscal “revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

El procurador “ha instruido a la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al fiscal, realizar todas y cada una de las acciones necesarias para garantizar que no haya impunidad en hechos relacionados con ataques y agresiones a las y los comunicadores en nuestro país, procurando en todo momento el acceso a la justicia y al derecho a la verdad de víctimas y ofendidos”, añadió un comunicado.

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Comparecencia del Procurador para rendir cuentas sobre Ayotzinapa: acuerdo entre Padres de los 43 normalistas y diputados

Por Redacción/DesInformémonos

Tras una protesta de 6 horas los padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron con algunos diputados y acordaron citar a comparecer al Procurador Raúl Cervantes.

Después de una espera de casi 6 horas protestando afuera de la Cámara de Diputados, los padres y madres de los 43 normalistas instalados en un plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República (PGR) fueron recibidos por algunos diputados de la Comisión especial que le da seguimiento al caso Ayotzinapa y por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri.

Con mucha presión a los legisladores para que les permitieran el acceso y momentos de tensión finalmente los padres y madres de los normalistas desaparecidos y el abogado Vidulfo Rosales lograron el acuerdo firmado por las tres partes para definir una fecha en la que se reúnan los padres, los abogados del caso y el pleno de la Comisión especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa.

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Proceso de extraditación de Duarte iniciará este miércoles

Por Redacción/ Desinformémonos

Luego de un aplazamiento, este miércoles dará inicio la audiencia de proceso para extraditar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señaló el secretario del quinto tribunal de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, Juan Daniel Lemus. Detalló que sólo cuando el órgano jurisdiccional reciba la consignación del juez de Panajachel, donde detuvieron al ex funcionario, Duarte comparecerá para comenzar el proceso.

Si el acusado acepta “allanarse” a la extraditación sin presentarse algún recurso legal en su contra, en menos de un mes estaría de vuelta en México, y de lo contrario, el tiempo sería de seis meses a un año, explicó por su parte el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Elías Beltrán. Agregó que ningún miembro de la familia del detenido ni su esposa, Karime Macías, tienen órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con Elías Beltrán, la PGR continúa con las investigaciones de quienes fueron cómplices, prestanombres o participaron en las “empresas fachada”. Datos del reporte más reciente de la dependencia apuntan que se aseguraron 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades obtenidas por actividades vinculadas con la delincuencia organizada, desvío de recursos y uso de éstos de procedencia ilícita.

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CNDH convocará a fiscalías especializadas a un encuentro sobre libertad de expresión

Por Redacción/ Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que en los próximos días convocará a las fiscalías o unidades especializadas en libertad de expresión a un encuentro para conocer e intercambiar buenas prácticas tendentes a abatir la impunidad en las agresiones contra periodistas.

En un comunicado, precisó que la convocatoria se planea en coordinación con la Subprocuraduría de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de buscar uniformidad para hacer efectivo el derecho humano a la procuración de justicia.

El organismo que preside Luis Raúl González Pérez señaló que dará a conocer a esas instancias un protocolo de actuación rápida para que los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de agresiones a periodistas cuenten con mejores herramientas en este tipo de asuntos.

También para que las fiscalías o unidades especializadas trabajen en la detección de riesgos, de conformidad con el contexto en que desarrollan su labor profesional los comunicadores, además de impulsar campañas de denuncia, para que las y los periodistas agraviados recurran a las autoridades de procuración de justicia.

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Siete claves del caso fabricado por PGR al abogado que denunció corrupción en OHL

Por Redacción/ Animal Político

Una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas para detener ilegalmente y mantener bajo una investigación por año y medio a un abogado que antes de esos hechos, había denunciado presuntos actos de corrupción en concesiones carreteras entregadas a la empresa OHL.

Los hallazgos de esta investigación que forman parte de la Recomendación 13/2017 dirigida por el organismo a la PGR, confirman que al menos 15 funcionarios de la Procuraduría violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia del abogado Paulo Díez.

A continuación Animal Político detalla cuales fueron las claves de esta investigación que llevaron a la CNDH a confirmar que Paulo Díez “fue detenido de forma arbitraria” y que todo se trató de un engaño cuya finalidad debe indagar ahora la propia Procuraduría.

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Fiscalía de Morelos exhuma cuerpos en fosa de Jojutla; “encontrarán sorpresas desagradables”: Solalinde

Por Redacción/Sin Embargo

La mañana de este martes, la Fiscalía General del estado (FGE) de Morelos inició los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón municipal de Jojutla.

 

La FGE informó a través de su cuenta oficial de Twitter que alrededor de las 8:00 horas peritos de la División Científica de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) arribaron al lugar para llevar a cabo realizar dicho procedimiento, en el que también participarán organizaciones civiles, la comisión nacional y estatal de Derechos Humanos, así como notarios públicos que darán fe de las labores.

 

Además, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apoyará los trabajos brindando asesoría jurídica, atención médica y psicológica y asistencia técnico forense.

 

El Fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, detalló que presumiblemente hay 35 cuerpos en las fosas, mismos que, preven, serán desenterrados en aproximadamente una semana, y a los que se les tomarán muestras de ADN, las cuales serán cotejadas con las bases de datos de familiares de personas desaparecidas.

 

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PGR debe disculparse públicamente y reparar a la indígena Jacinta Francisco Marcial: OSC

La decisión judicial es inapelable, por lo que PGR está obligada a cumplir la sentencia. Están pendientes las reparaciones de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio

Ciudad de México, 24 de mayo 2016.- Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un delito que no cometió, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño.

 

Cabe recordar que Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se negó a reconocer su inocencia.

 

Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

 

A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.

 

La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la via de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.

 

Esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado. En ese sentido, exhortamos a qué través de las instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla.

 

Finalmente, es importante recordar que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos, por lo que confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.

A un año de las desapariciones forzadas en Chilapa, ineficacia en investigación y persistencia de impunidad

  • Existen evidencias de que personas armadas que se autodenominaron Policías Comunitarias “por la paz y la justicia” detuvieron a las 16 personas cuyos familiares pertenecen al grupo de familiares de Chilapa “Siempre Vivos”.
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  • Las desapariciones se dieron en presencia y/o con aquiescencia del ejército, gendarmería, policías federales y policías estatales.
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  • La PGR ineficiente en la investigación de los desaparecidos de Chilapa.

 

A un año de la desaparición forzada de por lo menos 16 personas en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Gro., en manos de personas armadas que se autodenominaron como Policías Comunitarias “por la paz y la justicia” , las Organizaciones firmantes exigimos verdad, justicia y reparación del daño a las familias de los desaparecidos Alexander Nava Reyes, Arturo Gutiérrez Jaimes, Carlos Emanuel Meza Nava, Crispino Carreto Gonzales, Daniel Velázquez Romero, Gemino Neri Agustín, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, Jorge Abarca Jaimes, Jorge Luis Salmerón Hernández, Josefino Jesús Cruz, Juan Carreto Cuevas, Miguel Carreto Cuevas, Samuel Carreto Vázquez, Sebastián Ulises Alonzo Jaimes, Sergio Derramona Abarca y Víctor Carreto Cuevas. De igual forma, condenamos energéticamente la falta de voluntad política de las distintas autoridades de todos los niveles de Gobierno, para dar con el paradero de estas personas y apoyar a las familias a través de sus Instituciones.

 

Es importante recordar que ante la denuncia de los familiares de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre el 9 y el 14 de mayo de 2015, autoridades de todos los niveles han simulado atender el caso de los desparecidos de Chilapa, ejemplo de ello fue la presencia en el municipio del Secretario de Gobernación, Osorio Chong; la Procuradora General de la Republica, Arely Gómez; el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, entre otros, además del anuncio de la presencia de 3,000 elementos del Ejército Mexicano y la creación de un cuartel militar; sin que esto haya ofrecido una respuesta a la violencia generalizada en Chilapa y sus alrededores, ni haya dado con indicios o respuestas sobre el paradero de alguno de los desaparecidos de aquellos terribles 6 días.

 

De igual forma, es necesario apuntar que al día de hoy no existe ningún resultado en la investigación, radicada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, sobre lo que pasó en esos días, ni sobre la participación u omisión de las fuerzas de seguridad estatales, federales y castrenses. Es grave que en México se desaparezcan personas en presencia y con la aquiescencia de las fuerzas policiales y que las instancias encargadas de investigar delitos, no tengan la capacidad de dar con el paradero de los desaparecidos a pesar de que existen pruebas fehacientes que indican quienes son los presuntos responsables; quiénes además continúan incursionando armados impunemente en las cabeceras municipales de Zitlala y Chilapa, como ha sido evidenciado en días recientes.

 

Por otro lado, la respuesta de atención a las víctimas ha sido el desdén y el olvido como en otros casos registrados a lo largo del país. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaria de Gobernación Federal, durante los primeros meses estuvo apoyando a las familias con el pago de sus pasajes para asistir a las reuniones que todos los miércoles hacen en exigencia de la presentación de sus familiares; sin embargo desde el mes de enero de este año ese apoyo se les suspendió argumentando cambios en las políticas instituciones para el otorgamiento de apoyo, no sin antes exigirles la firma de formatos de entrega de apoyo, los cuáles serían supuestamente reembolsados cuando tuvieran los recursos disponibles. Al día de hoy, los apoyos no han sido reanudados, no se han recibido los reembolsos de los apoyos firmados y constantemente ponen obstáculos para que las familias obtengan el Registro Nacional de Victimas, lo cual ha mermado la presencia de las familias en la búsqueda de sus familiares, ante la pobreza en que viven, pues en su mayoría pertenecen a pueblos indígenas de esta región.

 

Ante la falta de resultados de las autoridades, las familias de “Siempre Vivos” hacemos un llamamiento a los grupos de familiares de desaparecidos del Estado de Guerrero a hacer un frente común para realizar acciones coordinadas; de igual forma las organizaciones firmantes nos unimos a las siguientes exigencias:

 

1.- Búsquedas serias, inmediatas y con resultados claros, que no abonen a la simulación, por parte de las autoridades competentes.

 

2.- La creación de una Fiscalía Especial de Desaparición de Personas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, integrada por personal interdisciplinario, autónomo y capacitado para atender estos casos.

 

3.- Se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

 

4.- La legislación en materia de declaración de ausencia, de acuerdo a estándares internacionales, para los casos de personas desaparecidas.

 

5.- El apoyo puntual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las familias de los desparecidos, sin trabas burocráticos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos
“José María Morelos y Pavón”

Colectivo contra la tortura y la impunidad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Organización de familiares de desaparecidos de Chilapa “Siempre Vivos”

Red Nacional De Organismos Civiles De Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas Y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

 

 

Información Adicional | Los hechos referidos

A mediados del mes de mayo de 2015, más de trecientas personas provenientes de comunidades de Chilapa de Álvarez, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores, irrumpieron en la cabecera municipal fuertemente armados, en presencia de la policías estatal, federal, la gendarmería y el ejército, exigiendo la captura y procesamiento del líder de grupo de la delincuencia organizada “Los Rojos” en Chilapa. Los supuestos policías comunitarios desarmaron a los policías municipales y se apoderaron del Palacio Municipal. Esto publicado en la prensa local.

 

Patrullaban toda la ciudad, amenazando, deteniendo gente que consideraban sospechosa de pertenecer al mencionado grupo de la delincuencia organizada, quienes posteriormente eran torturados, interrogados y desaparecidos.

 

Según testimonios, “los hombres armados ataban de manos y pies a los detenidos (sin ninguna orden de aprehensión) y los tenían varias horas tirados en el asfalto en torno a la glorieta”.

 

Durante los actos de violencia, la Gendarmería yacía resguardada en el hotel “las brisas” en el que se hospedaban, ubicada justo en frente de los hechos. En la comandancia donde se encontraban el resto de agentes de seguridad, tampoco procedieron en defensa de la ciudadanía.

Durante esos días familiares de las personas desaparecidas se manifestaron en presencia de los hombres armados y exigieron a las autoridades estatales y federales tomar medidas ante los delitos que se estaban cometiendo, sin recibir respuesta alguna.

 

El 14 de mayo, después de que se dio a conocer que uno de los comisarios, líder de la supuesta policía comunitaria, mantuvo comunicación vía celular con el líder de los Rojos, se retiraron amenazando con regresar si los cuerpos policiacos del Estado y la Federación no lo detenían a la brevedad.

 

Posterior a esos días los familiares de los desaparecidos formaron una organización en la que se integraron personas que tienen familia desaparecida desde el 2011 y que no había sido escuchadas, están ahora aglutinadas en el movimiento “Siempre Vivos”, exigieron la atracción del caso por parte de la PGR, quien inició la Averiguación

 

Previa numero PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, y quien prometió darles resultados en dos meses, lo que al día de hoy no ha sucedido.

 

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Christian CamposÁrea de Comunicación

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