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Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México

Cencos/Espacio OSC

 

  • En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. 
  • Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y  exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.
  • Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país. 

Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas. 

La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.  

Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones. 

Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.

Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra  la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información. 

También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo. 

Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión. 

Para contacto de medios

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas 

contacto@espacio.osc.mx

@EspacioOSC 

Personas firmantes

Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado. 

 

Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca,  Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

 

Ver comunicado de prensa

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Alto a la criminalización de Kenia Hernández y su defensa legal

Espacio OSC

  • Ausencia de perspectiva de género y actos discriminantes del poder judicial contra la defensora Kenia Hernández.
  • Juez en el Estado de México amenaza a su abogado defensor con arresto.

Desde hace siete meses, Kenia Hernández se encuentra recluida en una prisión de máxima seguridad en el estado de Morelos. Su encarcelamiento es una forma de criminalizar y reprimir su labor de defensa de los derechos de pueblos originarios, exigir la libertad de presos políticos, luchar contra la violencia de género y violencia feminicida así como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y protesta social.

Durante los procesos de criminalización y judicialización que se han iniciado en su contra ha sido víctima de diversos señalamientos por parte de los juzgadores, que evidencian el sesgo de género y cultural con que se llevan a cabo. El proceso jurídico en el Estado de México, no ha sido la excepción, Kenia ha enfrentado actos de discriminación por su origen indígena y por la ausencia de un intérprete que garantice un proceso judicial culturalmente adecuado.

En ese sentido cabe resaltar los actos discriminantes cometidos por el juez Jorge González Rivera durante la audiencia del jueves 13 de mayo de 2021 después de que la defensora dijera en su lengua materna que el intérprete que se presentó hablaba otra variante de amuzgo y no se podían entender entre sí.

Ante ello, el juez exigió a la defensa que llevan José Antonio Lara Duque y el CDH Zeferino Ladrillero presentar un intérprete y amenazó que de no realizarlo giraría una orden de arresto contra la defensa en la próxima audiencia del jueves 27 de mayo, lo cual es violatorio del derecho a contar con traductor y obligación de los juzgadores garantizar para un debido proceso.

Por ello expresamos nuestra preocupación ante una posible violación al debido proceso y un acto de criminalización contra la defensa de Kenia como parte de una estrategia de desarticulación de sus redes de apoyo que han exigido en todo momento el respeto de los derechos procesales y se garantice la presencia de intérprete amuzgo culturalmente adecuado para su representada.

Organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestro apoyo a la defensora Kenia Inés Hernández Montalván, al defensor José Antonio Lara Duque y al CDH Zeferino Ladrillero quienes han sufrido diversas agresiones, entre privación de la libertad, criminalización y amenazas como represalia a su labor de defensa de derechos humanos.

En ese sentido exigimos que:

  • – El poder judicial local y federal se conduzcan con apego a los más altos estándares de derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de género, así como se abstengan de obstaculizar y criminalizar la debida defensa de quienes representan jurídicamente a Kenia.
  • Las autoridades federales y del Estado de México intervengan para que cese la criminalización contra la defensora y se garantice su derecho legítimo a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta social.
  • Los organismos de derechos humanos se pronuncien sobre las violaciones a derechos humanos y la criminalización por la labor de defensa de Kenia.

Organizaciones y colectivos.
AFROntera, Aluna Acompañamiento Psicosocial, AC, Artículo 20, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX), Centro de Atencion a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC (CDH Vitoria), Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, Colectiva Nómadas, Colectivo Ariles del Caracol, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A. C. (CEPAZDH), Colectivo libertario “Zapata vive”, Colectivo Nuestra América, Colectivo Sueña Dignidad, Comisión de Derechos Humanos y Laborales  del Valle de Tehuacán, Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C., Comunidad indigena de San Francisco Xochicuautla, Lerma estado de México., Congreso popular, Congreso popular de la Ciudad de México, Cooperativa de Vivienda  Equidad y Desarrollo, Crianza Feminista, Desplazados de Tierra Blanca Cópala, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Feminasty, FLEPS (Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social), Foro de Izquierda Proletaria, Frente en defensa de la Cultura, Agua, Bosque y Territorio Huitzizilapan, Grupo de Accion por los derechos humanos y la justicia social A. C., Grupo Sindical “Para Todos, Todo”, Trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, Grupo Socialista Obrero, Hola, Amigue, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos humanos, Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Izquierda Revolucionaria México, La 72, hogar-refugio para personas migrantes, Libertad para Kenia Hernandez, Libres y Combativas MX, Magisterio Mexiquense Contra La Reforma Educativa (MMCRE-CNTE), Me Too México, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente- MULTI, Movimiento Proletario Independiente, Movimiento social en defensa de la vida de Ixtapaluca, Nos Hacen Falta UNAM, Organización UHMT A.C., RADAFEM, Red de Sistemas Comunitarios y comités en defensa del agua, Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), Red Universitaria para la transformación de la UAEM, Red Universitaria por la Transformación Fermín Carreño Meléndez, San Francisco Tlalcilalcalpan, municipio autónomo otomi, SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz A.C.), Sindicato de Estudiantes, Sistema Agua de Reyes Acozac, Edo. de Mex., Sistema de Agua Potable de Tecamac, Estado de México, Union de Comunidades Indígenas de la zona norte del istmo, Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Vecinos Unidos, Zona Poniente, CDMX, Y las Mujeres Qué?

Firmas individuales
Aarón Andrade Valdivia, Adalid Corcino Martínez, Adriana Elias, Adriana Marquisio Cáceres, Alejandra Malvido, Alejandra Serrano, Alfonso Ochoa Manzo, Almudena Meseguer, Alondra Ramos, Ana Cristina Quintero Avendaño, Ana Gómez Ruiz, Ana León Sánchez, Andrea Ríos Mendoza, Anna Guerra del Real Comisionada Estatal a Víctimas del Comité de Construcción de la cultura de Paz en Guerrero, Antonio Moreno, Astrid Yulieth Cuero Montenegro/Afrontera, Aurora Allende Lejarazo Delegada de Huitzizilapan ante el Congreso Nacional Indígena (CNI), Beatriz Vela, Bernardina Zazocoteco Sanjuan, Brenda Rodríguez Herrera, Carla Alejandra Galicia Cortés, Carlos Alberto Guzmán Mendoza, Celeste Mena, Clara Meyra, Claudia Campero Arena, Claudia Erika Zenteno Zaldivar activista, Concepción Noemí Martínez Real, Cristina Muñoz, Dalia Alejandra Luna Muñoz, Damián Gallardo Martínez, David Delgado Viveros, David Peña Rodríguez, defensor de DH, Diana Franco, Dora María Pérez Graham, Dulce María Lara, Dulce Reyes, Efrén Santana Integrante del Consejo Indígena en contra de los altos costos de la luz Eléctrica Huitzizilapan, Enrique Gallegos, Eufrasia Gómez Pérez, Francisco Zárate Rivera, Gabriela Jauregui, Guisela Olidia Ramírez Monjaraz, Gustavo Gómez Díaz, Hector Sandoval, Hortensia Ramos Pineda, Inti Barrios, Irma Está, Ismael Alvarado de Jesus, Itandehui Méndez, J.Juan Grijalva, Jacobo Espinoza Hilario, Jesús Jiménez, José Arreola, José Enrique Piña Barrera, Jose Luis García Bello. Asamblea Social del Agua, José Luis Manzo Ramírez, Jose Luis Morales Hernandez, Josefina Torres Quezada, Karen González, Serapaz, Karina Bustos, Leticia Contreras S. Académica de la UNAM, Luis Isarra Delgado, Luís Pantoja Ríos, Luisa Escobar, Luisa Escobar, Luz A. Carrillo, Luz María Vasquez Nicolás, Malú Chavira, Marcela Villalobos Andrade, Margara Millán, María Antonia Pérez Flores, María de Lourdes Mejía Aguilar Coordinación  de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, María del Carmen González, María Erendira Romero Luna, María Guadalupe Vega Cardona, María José López, María Patricia Caballero Sánchez, María Teresa Hernández Medina, Mario Benítez Chávez. Profesor de la Facultad de Economía, Mario Bladimir Monroy Gómez, Mario Saucedo Pérez, Metzeri Avila, Miguel Alejandro Gutiérrez Hernández, Miguel Castillo González, Milton Elías Hernández Aldama, Miryam Vargas FPDTA-MPT, Natalia Goded, Nely Macín, Colectivo Nuestra América, Nicolás Rangel R., Odet Garcia, Omar De la Rosa López, Oscar Hernández Neri, Óscar Olivera Foronda. Fundación Abril. Cochabamba-Bolivia, Paola Salgado, Pilar Ixquic Mata, R.  Aidee Mares Flores, Roberto Bucio Rodea, Roberto Gómez Lamas, Roberto Josué Bermúdez Olivos, Roxanna Romero Román, Salma Valdez Ayala, San Francisco Magu pueblo indigena Otomí, Sebastian Cervera, Selene González Luján, Tania Yasmin León Vazquez, Teresa Archundia Reyes, Valeria Angola, Verónica Vázquez Hernández, Victoria Isabel, Sindicato de Estudiantes mx, Victoria Legaria, Wendy Torres, Xóchitl Rodríguez Quintero, Yanin Mojica Martinez.

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Analizan riesgos que enfrentan activistas en México

 Redacción/La Jornada

Foto: Twitter @Tlachinollan

Ciudad de México. A un año de su desaparición y posterior asesinato por asfixia, el caso del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), en Guerrero, es uno de tantos ejemplos de los riesgos que enfrentan los activistas, de la falta de protección de las autoridades y hasta de su presunta complicidad con esos crímenes.

Así lo señalaron especialistas durante un foro virtual para recordar al activista convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, recordó que México es uno de los países de mayor peligro para defensores y periodistas. Dijo que registros del propio Mecanismo de Protección a esos gremios, dependiente de la Secretaría de Gobernación, indican que en 2019 se presentaron 295 agresiones en su contra.

Los principales actos fueron acoso, agresión sexual o digital, desprestigio, amenazas, allanamientos, ataques armados y virtuales, entre otros. En no pocas ocasiones, señaló, las autoridades son partícipes o cómplices de éstos. “En el caso de Arnulfo vimos que antes de su desaparición existió un contexto de desprestigio en su contra, acompañado y fortalecido por autoridades municipales”.

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En un año, mil 659 agresiones contra defensores de derechos humanos: Comité Cerezo

Gerardo Romo/Ágora Digital/Proceso

Marcha por todas las víctimas de desaparición forzada, organizada por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el comité Cerezo. Foto: Octavio Gómez/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Cerezo informó que de junio de 2019 a mayo de 2020 se registraron en México mil 659 actos contra personas defensoras de derechos humanos, cometidos principalmente por autoridades estatales, municipales y federales, que derivaron en la detención de 125 mujeres y 124 hombres.

Además, la mayoría de las agresiones (mil 395) se concentraron contra 25 comunidades indígenas y no indígenas, y un total de 193 agresiones y actos violatorios a los derechos humanos se perpetraron contra 17 organizaciones defensoras en el país.

Los estados donde más se cometieron esos actos contra personas defensoras de derechos humanos son: Guerrero con 856, Yucatán 403, Chiapas 205, Campeche 100 y Ciudad de México con 46. Zacatecas aparece con siete casos.

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Crímenes de odio: Observatorio LGBT+ registra 209 asesinatos desde 2014; este año van 25

Itxaro Arteta/Animal Político

Se calcula que por cada registro de crímenes de odio hay una cifra negra de otros tres casos que quedan invisibilizados.

Foto tomada de Twitter @VolcanicaN

Anel Valenzuela estaba dentro de su negocio, una estética en el municipio de Fortín, en Veracruz, cuando una ráfaga de disparos desde una moto la mató, el pasado 25 de junio. Era de Tijuana, Baja California, era una luchadora por los derechos humanos y la razón por la que probablemente la mataron es porque era, además, una mujer trans.

Este es el caso más reciente de un crimen de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género registrado en el país, justo en el estado en el que hay más asesinatos de personas de las comunidades Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual o Queer (LGBTIQ+).

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Escala violencia contra personas defensoras y periodistas; exigen #NoMásAsesinatos

Marcela Méndez/Cencos

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante, apuntan organizaciones. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha registrado el asesinato de 14 personas en Nayarit, Estado de México, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Morelos.

El homicidio más reciente fue el de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl fundador de la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM y opositor al Proyecto Integral Morelos; Flores Soberanes, de 32 años, recibió dos disparos afuera de su casa, en Amilcingo, Morelos la mañana del 20 de febrero.

Con el objetivo de exigir justicia y protección para las personas defensoras y periodistas en México, organizaciones agrupadas en el colectivo Espacio OSC colocaron al frente de Palacio Nacional una cruz por cada periodista y persona defensora que ha sido asesinada en esta administración.

En el evento hubo un enlace telefónico con el defensor Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y compañero de Samir Flores Soberanes, quien recalcó la preocupación ante la inacción del gobierno mexicano para frenar los ataques contra personas defensoras y periodistas.

“Por un lado dice el gobierno de López Obrador que de manera velada no se va a reprimir a los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos con más encarcelamientos y se promueve una amnistía que tampoco ha llegado a todas las personas que están presas y presos por la defensa de sus derechos; lo que nos preocupa es que la cárcel sea sustituida por el asesinato, por la impunidad”, aseguró.

Recalcó que las y los defensores y periodistas se encuentran en grave riesgo, sin embargo, la actual administración actúa igual que las anteriores al no proteger a estos grupos.

Espacio OSC urgió al gobierno mexicano a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva; a reconocer la importancia de su labor, así como la exigencia de sus luchas; a iniciar un diálogo con organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades para construir una política pública integral de protección.

También hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador: “es necesario… que realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente”.

La descalificación en contra de estas dos poblaciones eleva el riesgo en el que se encuentran y las deja en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques, aseguran las organizaciones, por lo que es necesario reconocer su labor y la importancia que ésta tiene en el fortalecimiento de la democracia.

Ver boletín: #NoMásAsesinatos, Espacio OSC

Desde el 1 diciembre de 2018 hasta la fecha, han sido asesinadas 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas:

1. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018.
2. Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018.
3. Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.
4. Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019.
5. Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
6. José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
7. Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019.
8. Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019.
9. Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019.
10. Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019
11. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero.
12. Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero
13. Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero.
14. Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.

Samir Flores, defensor de la tierra y el territorio y periodista comunitario, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 / Imagen: #YoPrefieroLaVida -Hackear el Aeropuerto

Consulta sobre Huexca pone en riesgo a personas defensoras y comunidades

Durante el evento, Juan Carlos Flores reiteró que la consulta con la que se decidirá el futuro de la termoeléctrica de Huexca y que está programada para este 23 y 24 de febrero será boicoteada en varios lugares.

Recalcó que las autoridades continúan imponiendo esta consulta “que es completamente inconstitucional; que viola los derechos de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa, informada y de buena fe; que está bañada de sangre”.

Para el FPDTA la consulta pone en riesgo a las comunidades, así como a las y los defensores de derechos humanos. Con este clima de violencia y tensión es muy peligroso hacerla, asegura Juan Carlos Flores, sin embargo, se va a hacer. “No podemos echarnos atrás en la defensa de nuestros derechos”, añadió.

El llamado a quienes quieren participar en la consulta es que voten por el NO a la termoeléctrica, y a organizaciones y medios de comunicación pidió y monitorear los lugares de Morelos, Puebla y Tlaxcala en los que se llevará la consulta, para vigilar que todo transcurra en orden.

Conoce la lucha de los pueblos contra el Proyecto Integral Morelos:

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PBI México: Informe 2017

Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) Proyecto México presenta su informe anual 2017, en el que detalla la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México y cómo ésta se ha agravado, en particular para quienes defienden la tierra y el territorio, ya que siguen enfrentando hostigamiento, amenazas, ataques y asesinatos por su labor.

 

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La ONU-DH México pide que gobierno transparente uso y control de equipo espía



Por Redacción/ Proceso

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno mexicano que informe qué instituciones públicas cuentan con equipo de espionaje, de qué manera lo utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control.

Además, en voz de Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, llamó a deslindar las posibles responsabilidades administrativas por el uso ilegal de tecnología de vigilancia.

Jarab, mediante un comunicado, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el lunes 19, en el diario The New York Times.

Para la ONU-DH, el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.

En este sentido, recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas.

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