“México, donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa“, aseguró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al difundir este martes su más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, donde nuestro país ocupa la posición 143, junto a países como Myanmar, India, Camboya o Pakistán.
“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos”, señaló.
El informe, que aborda la situación en 180 países y territorios, advierte que en el país se mantiene la complicidad entre policías y autoridades con el crimen organizado: “En este país –como sucede con sus vecinos centroamericanos– persiste una complicidad de políticos corruptos y autoridades (sobre todo locales) con el crimen organizado, algo que va más allá del ámbito político y amenaza gravemente la seguridad de quienes se dedican a la información”.
“En México (143º), que sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para la prensa, el presidente López Obrador sigue estigmatizando a los periodistas durante ‘las mañaneras’ -sus conferencias de prensa matutinas-, cuando se publican informaciones contrarias a sus intereses”, apunta RSF.
Asesinada el 23 de marzo de 2017 por investigar y exponer las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas cientos en la Sierra, así como, las redes de narcopolítica y corrupción que operan en Chihuahua.
Hoy se cumplen 4 años sin Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo de 2017 por investigar y exponer las violaciones a los derechos humanos que se cobra cientos de víctimas en la Sierra, así como las redes de narcopolítica y corrupción que operan en Chihuahua. El caso ha estado marcado por grandes retos para la Procuraduría y la administración de justicia. En 2020 hemos logrado avances significativos que sientan un precedente importante para el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas en uno de los países más mortíferos para la prensa a nivel mundial.
4 años sin Miroslava Breach han significado no sólo la pérdida de una valiosa mujer, una aguerrida madre, la entrañable hermana o la incondicional amiga, sino también, la pérdida de una gran investigadora y periodista que decidió no callar y exponer lo que sucede en Chihuahua; han significado pérdida de libertad de expresión para la ciudadanía en México.
Cuatro años en los que hemos trabajado a nivel nacional e internacional para que las víctimas logren conocer la verdad, tengan acceso a la justicia y a una reparación integral. Hemos acompañado y representado legalmente el caso en aras de que su asesinato no quede en la impunidad, porque es necesario que todos los responsables sean llevados ante los tribunales de justicia.
Existen avances importantes en el caso, entre los que destacamos haber logrado que la investigación haya sido asumida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); haber logrado que la investigación dejase de estar en manos de la Fiscalía General de Chihuahua para pasar a la Fiscalía General de la República fue crucial para el caso y permitió extender las líneas de investigación; la identificación de todos los autores materiales e intelectuales del crimen; el juicio oral en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, que requirió un mes de juicio oral en el que se desahogaron todas las pruebas de las partes y se demostró al tribunal su plena responsabilidad, así como la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión; y la detención de un ex funcionario público por su probable participación y auxilio a los autores intelectuales y materiales del homicidio, además de su vinculación a proceso.
En un país marcado por la impunidad, la sentencia en el caso Miroslava cobra doble relevancia, ya que se trata de la primera sentencia condenatoria por homicidio cometido contra una mujer periodista, en la que una autoridad judicial federal reconoció que el crimen se cometió como consecuencia de su labor. El Juez Federal Nelson Pedraza Sotelo estableció en su sentencia: “se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas, lográndose identificar a un autor intelectual del crimen”.
Otro avance relevante fue la detención de Hugo Amed “N”, exalcalde del municipio de Chínipas, por parte de elementos de la FEADLE. El ex funcionario fue vinculado a proceso penal y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva el 22 de diciembre de 2020, una vez que una Jueza federal consideró que existían elementos jurídicos necesarios para tales efectos, otorgó tres meses para la investigación complementaria. El proceso contra uno de los “posibles” eslabones importantes entre la política y el narcotráfico en Chihuahua apenas comienza. Queda un largo camino que recorrer.
Frente a esta realidad, aún quedan por realizarse varias acciones importantes. Entre ellas, que la FGR ejecute las órdenes de aprehensión pendientes contra un responsable material y contra el posible autor intelectual del homicidio, quien fue identificado en juicio oral en 2020. Sigue pendiente para las autoridades federales investigar de manera efectiva y agotar todas las líneas de investigación relativas a la narcopolítica en el estado de Chihuahua relacionadas con el asesinato de la periodista.
A lo largo de estos cuatro años, para las organizaciones que acompañamos el caso -Propuesta Cívica (PC), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)-, los logros obtenidos hasta la fecha representan un gran avance. Agradecemos el valor y el esfuerzo enorme que la familia de Miroslava han hecho para seguir adelante en este tortuoso y peligroso camino de acceso a la justicia: sin su convicción, esto no sería posible. Aunado a esto, consideramos importante el papel que los medios de comunicación han realizado a lo largo de este tiempo; su labor de investigación, documentación y difusión también ha sido sumamente importante para el caso, por lo que agradecemos la solidaridad del gremio periodístico.
El día 9 de octubre de 2020 la bancada legislativa de Morena presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar el marco normativo de la Fiscalía General de la República (en adelante FGR). En caso de aprobarse esta reforma en el actual periodo ordinario de sesiones, implicaría, un grave retroceso en materia de derechos humanos ya que ignora las voces de miles de víctimas en el país, así como sus derechos de acceso a la verdad, memoria, búsqueda y protección.
La propuesta de dictamen elimina mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la sociedad en el plan de persecución penal; debilita los avances hacia nuevos modelos de investigación integrales y de colaboración entre Fiscalías, al eliminar las Unidades de Investigación y Litigación, los equipos mixtos de investigación y las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto; y desaparecen figuras como la Comisión Especial, que puede estar formada por un grupo de experto con independencia técnica, para desarrollar investigaciones sobre casos de corrupción.
De igual forma limita la participación de la FGR en distintas actuaciones de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. Lo anterior, implica el desconocimiento de protocolos de actuación como es el caso del “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, y el “Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, que establecen mecanismos de coordinación interinstitucional en los que la participación de la Fiscalía es fundamental.
En el caso del Mecanismo de Protección su intervención efectiva en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Análisis de Riesgo y Seguimiento de Medidas, potencialmente permite vincular los planes de protección de personas defensoras y periodistas con las investigaciones que realizan. Asimismo, en relación con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es clave ya que, es la instancia de coordinar y formular políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral en todos los ámbitos de gobierno.
Si bien la Fiscalía no ha sido capaz de combatir la impunidad ni garantizar un verdadero acceso a la justicia a víctimas, pretender eliminar obligaciones fundamentales de ella sin un análisis de su necesidad ni de su impacto, invisibiliza los problemas estructurales relacionados a la falta de acceso a la justicia, al desconocer que a la fecha las fiscalías no han sido depuradas, no cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes, no han sido creadas las Unidades especializadas, ni tampoco la designación de las y los fiscales especiales se ha hecho conforme el procedimiento en la Ley, y se carece además de un plan de persecución penal construido de manera participativa con la ciudadanía y otras instituciones.
Los impactos en esta reforma, lejos de fortalecer a la Fiscalía, institucionalizan la impunidad e ignoran logros de víctimas y sociedad civil en su búsqueda de garantías al derecho a la verdad, reparación integral y no repetición. Tal como lo ha indicado la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), es importante que las autoridades de procuración de justicia entiendan que son parte fundamental de un sistema de protección integral en materia de derechos humanos.
En un verdadero proceso de fortalecimiento de los aparatos de justicia, es importante que se escuche a personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y personas víctimas, que viven las limitaciones en las investigaciones y el acceso a esta, y han construido y generado propuestas para su fortalecimiento de sus experiencias y procesos de búsqueda.
En el caso concreto de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la reforma no abona a generar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. No es suficiente implementar medidas de protección para personas defensoras y periodistas si las agresiones que ejercen actores diversos permanecen impunes al no existir una investigación penal y una sanción, lo que envía un mensaje de permisividad y alienta estas agresiones.
Por lo anterior, las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado las y los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados/as a que:
A no aprobar la propuesta de dictamen que abroga y reforma el marco normativo de la Fiscalía General de la República,
A generar un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y personas expertas respecto a las limitaciones actuales del acceso a la justicia y las reformas legales necesarias para el fortalecimiento de una Fiscalía que garantice una justicia seria, imparcial, efectiva, ex officio y sin demora.
A abstenerse de generar marcos normativos que revictimizan y no abonan en generar entornos seguros para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
El informe sobre la situación de personas defensoras y periodistas en México sostiene que la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México es más urgente que nunca.
Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020.
Al menos 6 periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año 2020, 7 mujeres y 23 hombres, por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.
El informe, desarrollado por el Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), plantea que en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México enfrentan nuevas condiciones de riesgo, además de limitaciones para desempeñar su labor debido a las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Este deterioro de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión se da un contexto en el que resulta indispensable contar con escrutinio público y controles colectivos ante las medidas adoptadas por distintos niveles de gobierno que han restringido o directamente violado derechos humanos.
Entre las medidas adoptadas por el Estado que requieren un ejercicio de escrutinio y control público y de órganos de protección internacional destacan las políticas de austeridad, las cuales afectan a instituciones y fondos de atención a los derechos humanos como el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas; la formalización del despliegue de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad; el enfoque punitivo desproporcionado y las arbitrariedades cometidas por autoridades de distinto nivel. Estas prácticas se dan en el contexto de la aplicación de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria; el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones; la continuidad de las políticas de desarrollo extractivo a través de megaproyectos;las medidas de control migratorio; y la sostenida crisis de desapariciones en el país.
Aún cuando el contexto demanda el pleno ejercicio de la defensa de derechos humanos y la libre expresión, las condiciones para hacerlo se han deteriorado. Según información de la RNDDHMX, entre enero y junio de 2020, 266 mujeres y 42 colectivos experimentaron agresiones por su labor. Por su parte, quienes ejercen el periodismo fueron víctimas de 63 agresiones tan solo en el periodo entre marzo y junio de 2020. Los recursos para exigir derechos se vieron afectados por la suspensión de términos judiciales y plazos de solicitud de información, impactando desproporcionadamente a las personas defensoras del territorio mientras se permitía la continuidad de megaproyectos; y a las personas que acompañan a la población migrante. Por su parte, cuatro asesinatos de defensoras trans marcaron un año particularmente crítico para la comunidad LGBTTTIQA+. Finalmente, las víctimas y familiares en labores de búsqueda vieron afectadas sus actividades por el impacto económico de la pandemia y las dilaciones por parte de autoridades.
El informe concluye con la demanda al Estado Mexicano de acatar recomendaciones y resoluciones emitidas por instancias internacionales que demandan garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en esta crisis.
De manera particular, la investigación insta a las autoridades a reconocer el trabajo de las mujeres defensoras por una sociedad más justa y equitativa, además de exigir investigación y sanción a las personas responsables de las agresiones contra personas defensoras y periodistas en el año 2020.
A pesar de los sucesivos escándalos, la industria mundial de la cibervigilancia, apoyada por algunos intermediarios con muy buenos contactos, sigue proporcionando a México tecnologías cada vez más invasivas. Varios periodistas han sido blanco de estos instrumentos, sin que ningún responsable mexicano haya sido cuestionado. Veracruz, estado que cuenta con el mayor número de periodistas asesinados, incluso Regina Martínez, hasta instauró una unidad de espionaje ultraequipada, que tenía en la mira a esta profesión.
Imagen tomada de Aristegui Noticias
El mensaje pasó inadvertido, pero oculta una operación de vigilancia de muy alto nivel, con tecnología de punta. O, al menos, ese era el plan. En la primavera de 2016, el periodista mexicano Jorge Carrasco acaba de pasar varios meses investigando los Panama Papers para la revista Proceso. Estando en plena faena, investigando a los clientes mexicanos del tristemente célebre bufete panameño Mossack Fonseca, recibe un mensaje de texto de un número desconocido: “Buena tarde Jorge, paso a compartirte la nota que publica hoy Animal Político y parece importante retomar”. Y el mensaje viene con un enlace. “¿Quién eres?”, pregunta el periodista. El emisor no responderá jamás.
¿Qué hay tras este misterio?: se trataría de una tentativa de intromisión del programa informático espía Pegasus, vendido por la sociedad israelí NSO Group a varios clientes miembros del gobierno mexicano. Es lo que concluyó el análisis técnico realizado por el equipo de especialistas de seguridad digital de Amnistía Internacional, en colaboración con Forbidden Stories. Este enlace, si se hace clic en él, permite instalar un software invisible que capta todos los datos del teléfono, particularmente los mensajes de texto, y permite activar a distancia su micrófono y su cámara. Un atentado temible contra un periodista.
“En ese entonces, me había llamado la atención ese mensaje, pero recibía muchos de este estilo”, recuerda hoy el periodista, que actualmente es el jefe de redacción de la revista Proceso.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dijo que el 2020 encabeza la lista de homicidios contra periodistas en la última década.
Imagen: Twitter @article19mex
En lo que va de 2020, en México suman 19 periodistas asesinados, cifra que lo que convierte en el año con más homicidios de comunicadores de la última década.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó este miércoles sobre los homicidios y agravios cometidos contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión.
En la conferencia matutina Encinas afirmó que la última década ha sido la más violenta para los periodistas en México.
Las 24 organizaciones que integran la red IFEX-ALC condenan las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmersa el país, iniciada con una ola de protestas luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.
Las 24 organizaciones que integramos la red IFEX-ALC, condenamos las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Bolivia en el marco de la crisis política en la que está inmersa el país, iniciada con una ola de protestas luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, en las que analistas universitarios independientes, la empresa contratada por el Tribunal Electoral y la auditoría de la OEA solicitada por el propio gobierno denunció un fraude electoral, y que desencadenó en la renuncia del presidente Evo Morales.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia registró, hasta el 11 de noviembre, más de 438 personas heridas, 227 detenidas y 3 personas fallecidas durante las protestas. Hasta la fecha, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) ha documentado un total de 64 periodistas han sido agredidos.
Las manifestaciones que rechazaban los resultados electorales fueron duramente reprimidas. Varios periodistas que cubrían las protestas fueron víctimas de diferentes tipos de agresiones tanto por agentes estatales como por particulares. El 29 de octubre, periodistas y manifestantes fueron afectados por el uso de agentes químicos utilizados por la policía en La Paz. El camarógrafo de la red privada de televisión Gigavisión, Daynor Flores Quispe, fue víctima de la explosión de dinamita el jueves 31 de octubre y el 7 de noviembre, 13 periodistas fueron atacados en jornadas de protestas. La vivienda de la periodista Casimira Lema, del canal Televisión Universitaria, fue incendiada en la noche del 10 de noviembre, por manifestantes.
Los medios de comunicación también han sido víctimas de diversos ataques, a la fecha 15 medios han sufrido ataques de diversa magnitud. El 9 de noviembre en El Alto, la señal del canal de televisión Unitel fue interrumpida tras el ataque a las instalaciones del canal por un grupo de manifestantes. Los estudios de radio y televisión Mega en Oruro, fueron saqueados e incendiados. El 10 de noviembre en Santa Cruz, Radio Ichilo fue incendiada*. Por su parte, la Agencia de Noticias Fides, denunció bloqueos en su cuenta de Facebook y Twitter.
Los noticieros de los canales de televisión Boliviatv y Radio Patria Nueva suspendieron sus emisiones en la tarde del sábado 9 de noviembre debido a las agresiones y amenazas de las que fueron víctimas varios de sus periodistas por parte de manifestantes. El diario Página 7 no circuló el 11 de noviembre por temor a las agresiones de las que podían ser víctimas sus periodistas. Los periódicos El Diario, El Alteño, Los Tiempos, Opinión y Gente también suspendieron su circulación. El director de radio Comunidad, de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, y del semanario Prensa Rural, José Aramayo, fue atado a un árbol y amenazado con dinamita por vecinos de la zona de Miraflores en La Paz.
La CIDH reiteró su llamado «a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos”.
En situaciones de crisis es imperativo garantizar el trabajo de los medios de comunicación para propiciar la más amplia y plural cobertura de los hechos.
Además, el compromiso con la democracia y los derechos humanos exige un debate abierto, libre y participativo, y ofrecer a los ciudadanos información oportuna para la seguridad y la toma de decisiones.
Coartar los derechos de acceso a la información y a la libre expresión y opinión es una clara demostración de un comportamiento antidemocrático y que atenta contra los derechos humanos de las y los Bolivianos.
Las organizaciones que hacemos parte de IFEX-ALC condenamos la violencia instaurada en Bolivia y los numerosos ataques contra la prensa, así como el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. Emplazamos vehemente, a las autoridades de Bolivia que cumplan con su obligación de:
Garantizar la seguridad y protección de los periodistas que realizan su trabajo durante las protestas.
Abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para atacar y censurar las voces críticas.
Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, los cuales garantizan el ejercicio pleno del periodismo para ofrecer información confiable sobre los asuntos de interés público, y protegen el derecho de la ciudadanía a estar informada. Tener una prensa libre e independiente es un derecho de los ciudadanos y una obligación para cualquier gobierno democrático.
Se investigue y se sancione de manera pronta y exhaustiva a los responsables de las agresiones cometidas contra periodistas tanto por agentes del Estado como por particulares.
Se investigue y sancione de manera pronta y exhaustiva las denuncias de uso excesivo de la fuerza cometido por agentes del Estado en contra de manifestantes.
Sobre IFEX-ALC:
IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 15 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.
*Versión actualizada el noviembre 14 a las 2:15pm ET.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH evidencia la falta de personal y dinero que sufre el Mecanismo para dar resultados.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) confirmó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es importante, pero actualmente está rebasado y tiene insuficiencia a nivel de recursos humanos y económicos.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Mecanismo beneficiaba a 800 personas y para finales del 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) prevé que estará protegiendo a 1,131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017.
Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el pasado 4 de abril, una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.
En el documento Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo, la ONU-DH señaló que parte de las desventajas que aún tiene el Mecanismo es en recursos humanos, ya que desde 2014 el número de funcionarios se ha mantenido en 36, lo que resulta insuficiente para darle seguimiento a las personas beneficiarias.
Poner fin a la impunidad en los asesinatos de periodistas “será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística”,manifestó ayer la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU-DH condenó los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán Pérez en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava López en Guerrero (que era director de Reglamentos y Espectáculos de Zihuatanejo) y Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Veracruz, con los que suman 17 periodistas asesinados durante la actual administración.
El organismo internacional recordó que a estos asesinatos, cometidos todos la semana pasada, se suman otros ataques contra medios de comunicación, como el ataque contra las instalaciones de El Monitor de Parral el miércoles 31 de julio.
A la condena de ONU-DH se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió “pasos decisivos” para enfrentar “la crisis de seguridad contra periodistas que se extiende durante años”, misma que –sostuvo– “requiere que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta”.
GINEBRA (apro).- La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos advirtió que representantes gubernamentales de alto nivel deben tener precaución con el uso de las palabras pues el mensaje puede llegar a interpretarse como una reducción del espacio democrático.
“Los representantes gubernamentales de alto nivel deben ejercer el grado necesario de precaución al hacer declaraciones delicadas que podrían interpretarse como una reducción del espacio democrático y la libertad de expresión u opinión”, dijo a Proceso Rupert Colville portavoz de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
“Dada la importante función ejemplar y el acceso a los medios que tienen, sus mensajes tienen un
alcance más amplio y un mayor impacto”, indicó el vocero al ser cuestionado sobre los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la revista Proceso“no se portó bien” con el gobernante.
Colville remarcó que “el respeto por la libertad de expresión y una prensa libre e independiente son fundamentales en una sociedad democrática”.
