Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

Espacio OSC

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

  • Personas defensoras y periodistas logran acuerdo sobre la generación de acciones de capacitación y mesas de trabajo para construir una agenda local con Gobierno Federal y Estatal 
  • Urge dar difusión a los lineamientos del Mecanismo Estatal de Protección y otorgar capacidades técnicas y financieras suficientes para su funcionamiento

Ciudad de México / Tijuana, 19 de mayo de 2022.

Los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California el sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de Gobierno del Estado de Baja California, del Congreso local del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Baja California. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el asesinato de el foto periodista Margarito Martinez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en  Tijuana. 

Ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Además señalaron que la falta de investigación e impunidad son otra forma de violencia que limita la labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.

De igual forma, manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera. 

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el Secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas  y Personas Defensoras de los Derechos Humanos recién instalado en Baja California. Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Melba Adriana Olvera, Subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y el Decreto de creación del Mecanismo Local e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal. 

  • Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California. Además llamamos a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país. 

 

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Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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Personas defensoras de derechos humanos y periodistas proponen la construcción de una política pública de protección integral que garantice su labor

Espacio OSC

  • Organizaciones de la Sociedad Civil presentan una propuesta de ruta de trabajo para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño para revertir la situación de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.
  • Representantes de la ACNUDH, CIDH y CNDH hacen un llamado a las instancias de gobierno mexicano a dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una  política pública integral integral de protección.

Ciudad de México

El 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Foro para la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas” convocado por la Delegación de la Unión Europea en México y las organizaciones del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron el documento “Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión”. 

El panel moderado por Leopoldo Maldonado, estuvo conformado por Gautier Mignot, Embajador de la Delegación de la Delegación de la Unión Europea, Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Ariadne García Hernández, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Griselda Triana, periodista y defensora, Pedro José Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Mario Hurtado, representante del Espacio OSC, quienes condenaron los recientes asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, así como de Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz,  recordando que la impunidad es un incentivo para el aumento de la violencia en México. 

Asimismo coincidieron en la urgencia de que los gobiernos asuman su obligación de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño. Por ello, la propuesta del documento planteado por el Espacio OSC, tiene como objetivo colocar en la discusión pública las medidas mínimas y prioritarias para combatir la situación de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas y garantizar un ambiente adecuado para ejercer la labor, entre las que destacaron: 

  • Generación de planes de contingencia en zonas prioritarias del país; 
  • Cumplimiento con las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH para el fortalecimiento del Mecanismo; 
  • Implementación y creación de Protocolos Especializados de investigación para delitos cometidos en contra de personas y periodistas y;
  • Acciones de memoria, reconocimiento y mejora en la atención victimal.

La propuesta convoca a  diversas instancias públicas de los tres órdenes de gobierno, así como a otras personas defensoras y periodistas a caminar de manera conjunta y atender la problemática y erradicar la violencia contra las personas defensoras y periodistas. Por ello sugiere la conformación de un mecanismo colegiado intersectorial que dé seguimiento y evalúe  la implementación de las acciones y estrategias que establezca dicha coordinación.

Tanto los representantes de la ONU-DH y CIDH enfatizaron la necesidad de que el gobierno mexicano desista de hacer uso de discursos estigmatizantes de la labor de personas defensoras y periodistas a nivel nacional pues consideraron que contrario a estas acciones, se debe sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del rol que juegan las personas defensoras y periodistas para fortalecer las las condiciones democráticas.

Durante el evento, Griselda Triana, periodista y compañera de Javier Valdez, asesinado en 2017 por su labor periodística, enfatizó que «salir a tomar las calles con enojo cada que asesinan a periodistas es una acción lógica ante la falta de garantías. Nos parece indigno mendigar justicia», señaló al lamentar junto con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH la ausencia de autoridades tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

Al finalizar, el panel refrendó la disposición por mantenerse abierta al diálogo y colaborar con las instituciones señaladas, además el Espacio OSC llamó a otras personas defensoras y periodistas  a conocer el documento, nutrirlo y participar en los próximos foros regionales que estarán convocando. 

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ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  

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Transmisión del foro

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Personas defensoras y periodistas de Morelos llaman a que protección no quede en manos de sus agresores

Espacio OSC

  • La poca difusión del evento y el cambio de sede con menos de 24 horas de anticipación mermó la participación al diálogo.
  • Manifiestan su desconfianza hacia instancias locales de los diversos niveles de gobierno para protegerlos.
  • A casi 5 años de la emisión de una ley de protección en Morelos, no se cuenta con un reglamento, ni recursos humanos y financieros para su operatividad.

Ciudad de México / Cuernavaca, 27 de marzo de 2022

Los días 24 y 25 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el quinto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y Nayarit, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto específico de Morelos. 

Al inicio se realizó una manifestación con listones negros y pancartas en donde denunciaron  el asesinato de periodistas y personas defensoras en el estado y el país, además, exigieron  justicia a tres años de impunidad por  el asesinato de Samir Flores, comunicador y defensor quien denunciaba violaciones de derechos humanos y el impacto negativo sobre las comunidades el Proyecto Integral Morelos (PIM). 

Posterior durante el diálogo personas defensoras de los derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTIQ+, del medio ambiente, tierra y territorio, de los pueblos indígenas, periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias, alertaron sobre los riesgos diferenciados y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, quienes defienden su territorio, los derechos de la diversidad sexual y el ejercicio  periodístico, quienes son víctimas de ataques a la vida e integridad, agresiones físicas, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado y falta de acceso a información.

También señalaron la falta de confianza y preocupación de que su seguridad quede en manos de instituciones estatales que no solo han incumplido su deber de protección, sino que son las principales fuentes de agresión a personas defensoras y periodistas, ya sea por ataques directos e indirectos cometidos y promovidos por parte de funcionarios, así como en colusión con grupos de delincuencia organizada.

De igual forma, manifestaron la falta de perfiles idóneos sobre funcionarios que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos, del nivel federal y estatal, así como actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización, ausencia de voluntad, falta de capacidades para garantizar su labor y de mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de eso es la ausencia de recursos humanos y financieros en diversas instancias de gobierno y la carencia de elementos de seguridad pública o agentes del ministerio público.

Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2018 para la protección de personas defensoras y periodistas en Morelos tiene cuatro años de promulgación, pero no ha sido reglamentada y se desconocen las acciones llevadas a cabo para su implementación como falta de claridad de los procedimientos de funcionamiento, coordinación interinstitucional, atribuciones y responsabilidades de las instituciones y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha. 

Además, por medio de la lectura de una carta firmada por el ​​Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y el cambio repentino de lugar del evento, lo cuál obstaculizó la participación de personas defensoras y periodistas, en particular de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales que se encuentran en zonas alejadas de la capital del estado, y quienes son las principales poblaciones que enfrentan agresiones en la entidad. 

Hicieron mención a la necesidad de conocer un diagnóstico sobre el presupuesto, la infraestructura y alcances del Mecanismo federal y estatal, cuestionando la pertinencia de una nueva ley de carácter general a partir de las limitaciones y los problemas de implementación del actual marco normativo, y las  carencias en la operación de Mecanismo. Solicitaron al gobierno federal asumir su responsabilidad en la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y generar acciones para garantizar el ejercicio de su labor.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que, una vez finalizados los diálogos estatales, convocarán mesas temáticas para discutir en torno a la propuesta de ley, e impulsarán procesos de capacitación para personas defensoras, periodistas y autoridades en Morelos. 

Las personas asistentes señalaron la necesidad de que se reconozca la labor de la defensa de los  derechos humanos y el ejercicio periodístico, y se generen acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicar la impunidad en los delitos. 

  • Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Además de garantizar que los diálogos cuenten con la debida difusión y participación de comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo, quienes son indispensables en la construcción de una ruta e implementación de una política pública integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico en el país. 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C. Alejandro López Castellanos, Lourdes Arce – Comunicadora y promotora cultural. Estrella Pedroza,  periodista y defensora de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

1 ​​Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.

 

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Protestan en Nayarit durante diálogo convocado por SEGOB por asesinatos de personas defensoras y periodistas

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  • Durante el diálogo, convocado por Segob, las y los participantes se manifestaron en contra del incremento de la violencia y condenaron el asesinato del periodista Armando Linares ocurrido en Michoacán

Ciudad de México / Tepic, 17 de marzo de 2022.

Los días 15 y 16 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Tepic, Nayarit el cuarto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes Gobierno del Estado de Nayarit, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en lo que va del año en la Ciudad de México, Oaxaca y Sonora, con el objetivo de dialogar respecto a la idoneidad de impulsar una Ley General de Protección, así como los elementos que debería considerar de acuerdo al contexto específico de Nayarit. 

Durante el diálogo, las personas defensoras y periodistas se manifestaron respecto al asesinato de al menos siete personas periodistas y las tres personas defensoras en el país en lo transcurrido del año, siendo los más recientes el asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, ocurrido el 15 de marzo y del defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro el día 7 del mismo mes, en Chihuahua. 

Personas defensoras de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y personas con discapacidad, alertaron sobre los riesgos y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, los riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas y defensoras de comunidades pesqueras y cafeteras, destacando ataques a la vida e integridad, agresiones físicas y digitales, amenazas, fabricación de delitos, acoso judicial, campañas de desprestigio, falta de transparencia, corrupción y despojo de tierras.

También señalaron que muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a su labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarios de manera directa e indirecta, así como en colusión con actores del crimen organizado. Asimismo, mencionaron que la violencia se ejerce a través de agresiones en contra de su vida e integridad, pero también al limitar su labor o no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas. 

A su vez, manifestaron su desconfianza hacia las instituciones locales de los diversos niveles de gobierno y de procuración de justicia por actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización y ausencia de voluntad y capacidad para garantizar su labor. Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2017 para la protección de personas defensoras y periodistas en Nayarit tiene cinco años de promulgación, pero no ha sido reglamentada ni implementada, al no tener claridad de los procedimientos de funcionamiento y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha. 

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y la ausencia de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos y ejercer el periodismo comunitario. Además, por medio de la lectura de una carta firmada por diversas personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos en Nayarit, señalaron que es necesario generar más espacios de diálogo en el estado para garantizar que el mayor número de personas defensoras y periodistas sean escuchadas. 

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El Gobierno de México debe cesar la estigmatización contra personas defensoras de DH y periodistas y adoptar medidas integrales para protegerles

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

 

 

Article 19

  • El Parlamento Europeo emitió una resolución de urgencia sobre México, condenando las agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
  • Organizaciones de la sociedad civil lamentamos la respuesta del Gobierno Mexicano y nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo para que se impulse una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas

México, Bruselas, Ginebra. 11 de Marzo de 2022.- El día de ayer el Parlamento Europeo condenó la violencia, las violaciones a los derechos humanos y los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente, los pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes defienden los derechos de las mujeres en México, a través de la  resolución de urgencia (RC9-0153/2022) votada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Cabe destacar que este Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Ante los diversos llamados y declaraciones locales de la delegación de la Unión Europea en México condenando los asesinatos de al menos 6 periodistas en lo que va del 2022, en esta ocasión el Parlamento Europeo reiteró al Estado mexicano su obligación internacional de adoptar medidas concretas, eficaces y coherentes para prevenir, proteger, investigar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de la labor periodística.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisó que al 26 de enero de 2022,  se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos a partir de diciembre de 2018.

Eurodiputadas/os de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de diferentes fracciones partidistas, manifestaron su preocupación por las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra las y los periodistas y su labor y solicitaron a las mismas abstenerse de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a las y los defensores de los derechos humanos, las y los periodistas y las y los trabajadores de los medios de comunicación. Asimismo, realizó un llamado para que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y las y los periodistas en las sociedades democráticas.

Ante las grandes deficiencias por parte de las autoridades mexicanas para proteger la vida e integridad de personas defensoras y periodistas, así como de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometen en su contra, es urgente que el Estado adopte una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, proteja eficaz y adecuadamente a este grupo poblacional con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables, repare integralmente a las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad.

Lamentamos la respuesta del Estado Mexicano frente a la resolución que, lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con las instituciones de la Unión Europea.

Las organizaciones firmantes nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo y exigimos al Estado mexicano honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de derecho y haciendo cumplir los marcos normativos que las organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

ARTICLE 19 Oficina Regional para México y Centroamérica

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»  (Red TDT)

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS)

Red  por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.

Amnistía Internacional México

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) – Proyecto México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Red Rompe el Miedo 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C

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Nota para prensa

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org 

 

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Organizaciones y periodistas logran que SEGOB se comprometa a abrir foros en regiones de Oaxaca

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Urge abrir diálogo en las regiones frente a la exigencia de la sociedad civil por la alarmante situación de agresiones y violencia contra personas defensoras y periodistas.

Ciudad de México / Oaxaca 18 de febrero, 2022 

Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Oaxaca.

Es el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero. El objetivo fue analizar la propuesta de Ley General impulsada por Segob, realizar aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca. 

Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados en 2022 al menos cinco periodistas y dos personas defensoras. De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno Federal y Estatal.

Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el Gobierno del Estado, debido a que únicamente acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así como del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo.

También señalaron que la propuesta de una Ley General no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para las personas defensoras y periodistas, y que se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas. 

Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la Federación en garantizar la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el Gobierno del Estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar. 

Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, garantizando que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.

Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión. A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear  un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener  las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.

Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a: 

  • Garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país.
  • Organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales.
  • Generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general. 

Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que suscriben daremos seguimiento puntual para que se garantice el cabal cumplimiento a los diversos acuerdos alcanzados, así como también se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país.

 

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Sin periodistas no hay democracia: Arturo Zaldívar

Imagen: Twitter @SCJN

 

Redacción/Aristegui Noticias 

El poder judicial federal en el ámbito de sus atribuciones “estará a la altura” en defender la integridad de los periodistas, garantizó el ministro presidente del máximo tribunal.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, destacó que la labor de los periodistas es esencial para informar y generar un debate “robusto” entre el grueso de la sociedad.

“Las y los periodistas son parte esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil“, opinó Arturo Zaldívar en conferencia de prensa.

El ministro presidente del máximo tribunal garantizó que el poder Judicial federal “estará a la altura” en defender la integridad de los periodistas, dijo en relación a la ola de homicidios hacia comunicadores que persiste en México.

Expresó su solidaridad al gremio periodístico ante los homicidios que han ocurrido en los últimas semanas. “Este no es un tema nuevo, no es un tema reciente, es uno que se viene arrastrando hace mucho tiempo“.

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Los mensajes estigmatizantes de autoridades contra la prensa en México

Artículo 19

ARTICLE 19 rechaza todo tipo de mensajes que estigmaticen al gremio periodístico, más aún cuando estos son perpetrados por las autoridades. En las últimas semanas, ARTICLE 19 documentó y registró al menos tres casos de estigmatización y criminalización en contra de periodistas en Jalisco, Tamaulipas y Baja California Sur.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco 

El pasado 8 de diciembre, la reportera del Canal 44, Rocío López Fonseca, fue víctima de mensajes estigmatizantes en vínculo a su labor periodística por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en Zapopan, Jalisco.

Dicho día, la reportera asistió a la inauguración del Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se encontraban el Gobernador y el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren. López se acercó primero al Gobernador para realizarle algunas preguntas sobre el hospital, a lo que él contestó: no porque esta semana he hablado mucho. Ante esa respuesta, posteriormente se acercó al secretario para comentarle sobre unas denuncias que había recibido sobre la falta de medicamentos. En ese momento, antes de que contestara el secretario, el Gobernador le dijo déjala no demos más entrevistas, no hay que darle entrevistas a quien viene a reventar el evento.

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Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

Espacio OSC/FLEPS/Red TDT

● América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

● Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre de 2021

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de  libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

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CIMAC, FLEPS y RRM monitorearán este 25 de noviembre las movilizaciones conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres en CDMX, Oaxaca y San Luis Potosí

CIMAC/FLEPS/RRM

CDMX, 23 de noviembre de 2021

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y la Red Rompe el Miedo (RRM) monitorearán este jueves 25 de noviembre las movilizaciones conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres en las ciudades de México, Oaxaca y San Luis Potosí.

A través de las redes sociales de Twitter @RompeMiedo se publicará información en tiempo real sobre el proceso de las protestas y posibles agresiones contra periodistas e integrantes de la Red en Oaxaca y la Ciudad de México. Mientras que en la cuenta de @Frente_Libertad se denunciarán malas prácticas por parte de las autoridades que incumplan con los estándares nacionales e internacionales sobre la protesta social en Oaxaca, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Las organizaciones y colectivos firmantes se unen a las exigencias por un cese a la violencia en contra de las mujeres y de la impunidad en estos casos. Por ello, exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la participación política de todas las personas que se manifiesten y acompañen las movilizaciones, así como asegurar el libre flujo de información y la cobertura periodística durante las protestas en las ciudades mencionadas y en cualquier otra donde se convoque.

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