Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos se ha documentado la participación del Ejército, que durante los seis años del Gobierno federal a cargo del priista mexiquense estuvo al mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de Enrique Peña Nieto.
El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Comité de Víctimas por la Verdad y Justicia denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a investigar a exfuncionarios que formaron parte de la cadena de mando que participó en los hechos violentos del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde ocho personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridos o fueron torturados.
En conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), acusaron que la FGR también se resiste a entrevistar al entonces presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Daniel Blas García, abogado de las víctimas, refirió que esas demandas forman parte del primer punto de la recomendación 7VG/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Explicó que, como parte de la exigencia por encontrar la verdad y exigir justicia, en marzo último las víctimas presentaron una solicitud a la FGR para que citara a declarar a funcionarios de alto nivel, federales y estatales, pero su respuesta fue un rotundo no, bajo el argumento de que no estaban contemplados en el caso.
Aparte de Peña Nieto y Osorio Chong, el Comité de Víctimas por la Verdad y Justicia pretendía que las autoridades federales citaran al exgobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo; al excomisionado nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y al excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
OAXACA, Oax. (apro).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió la demanda de amparo que interpusieron las víctimas del fallido desalojo en Nochixtlán, operativo que dejó al menos ocho muertos y más de 143 civiles heridos, en su mayoría por armas de fuego, con el fin de que el Congreso de la Unión emita un informe del caso ocurrido el 19 de junio de 2016.
Así lo dio a conocer Julio César Velázquez García, integrante de la Comisión Jurídica de la sección 22 magisterial, quien agregó que “se está demandando la inconstitucionalidad de la comisión de investigación y del informe previo que emitió por violación a los derechos fundamentales de las víctimas de Nochixtlán”.
El 3 de abril, precisó, el juez tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, declaró fundada la demanda de amparo que presentó Susana Matea Rodríguez Manzano y otros contra el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en 2016.
Luego de más de un año, el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito admitió el juicio de amparo 1562/2016 contra la comisión de investigación del caso Nochixtlán que formó el Congreso de la Unión, por lo que esta instancia no puede publicar ningún informe sobre estos hechos.
Ciudad de México. El balance en la defensa y garantía de los derechos humanos en el país durante el actual sexenio “no es favorable”, aseveró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez ante el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Este sexenio, enfatizó, está marcado por graves violaciones a derechos humanos como los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
Al presentar el informe de labores 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del organismo presentó un balance no sólo del año pasado, sino de los poco más de cinco años del actual gobierno federal, que está a unos meses de concluir su gestión.
González Pérez enfatizó que en los más de cinco años del gobierno de Peña Nieto “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.
Durante el actual sexenio, subrayó el ombudsman nacional, se presentaron graves violaciones a las garantías fundamentales. Y citó algunos casos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán. “Son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos”.
El funcionario destacó que de todas las recomendaciones e informes que se han presentado por estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades a las que van dirigidos, tan sólo uno tiene hasta ahora pruebas de cumplimiento total.
También lamentó que haya grandes agresiones contra mujeres, periodistas y migrantes. Todo ello en un largo discurso de más de 30 minutos.
OAXACA, Oax. (apro).- Las víctimas de Nochixtlán desconocieron la Recomendación 7VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “incrimina a las víctimas y favorece a los agresores al justificar la ejecución extrajudicial de personas al concluir que el uso de fuerza letal fue la adecuada”.
Por tal motivo, informaron que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y harán lo mismo con otros organismos internacionales para exigir justicia por las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en el fallido operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en Oaxaca.
Las víctimas directas e indirectas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas acusaron a la CNDH de proteger a los funcionarios públicos responsables de violación de derechos humanos durante la mencionada acción policiaca.
Por ello, informaron que el pasado 12 de junio presentaron una queja ante la CIDH donde acusan al gobierno mexicano de ejecuciones extrajudiciales en agravio de seis personas indígenas mixtecas en la masacre de Nochixtlán Oaxaca.
De entrada, dijeron: “rechazamos la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH por ser un informe parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre del 19 de junio; porque a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas”.
Además, las víctimas destacaron que “no aceptamos la disculpa pública del gobernador, ya que ésta la tiene que dar el presidente de la República o el secretario de Gobernación en base a los estándares internacionales y que esperaremos que en su oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia respectiva”.
Los supuestos
La carta está firmada por Gildardo González Santiago, José Luis Cruz Aquino, Rutilia Santiago Cruz, Angélica Reyes Cruz, y Viridiana Diego Cruz, así como por familiares de Omar González Santiago, Ancelmo Cruz Aquino, Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez, -“ejecutados extrajudicialmente”-, quienes consideran que la Recomendación de la CNDH refiere argumentos para eximir de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales.
Su afirmación la soportan en que la CNDH argumenta como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, inclusive, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016, como en los siguientes supuestos:
-En los cuerpos de las seis víctimas fue negativa la prueba de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, a criterio de la CNDH deja la duda de que si las víctimas portaban o no armas.
“La prueba negativa de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE respecto de las seis víctimas no nos puede establecer si éstas portaban armas y es un resultado falible para determinar si alguna disparó un arma de fuego”. (Página 332 párrafo 971 de la Recomendación).
La madrugada del miércoles 26 de julio fue baleado un autobús en el que viajaban miembros del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán (Covic) y profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha por los 34 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
De acuerdo con el presidente del Covic, Santiago Ambrosio, la comisión que participaría en la marcha viajaba en un autobús comercial. Cuando viajaban en la supercarretera Oaxaca-México, a la altura de Monteverde, un auto –al cual no pudieron identificar– comenzó a disparar hacia la parte media del autobús, que era donde se encontraban los integrantes de la comisión. Los tiros, aseguró, iban dirigidos a las ventanas y asientos de los pasajeros. De acuerdo con Ambrosio, la agresión duró unos 15 minutos, mientras el autobús continuaba avanzando.
Al llegar a la primera caseta, los integrantes de la comisión decidieron cancelar su participación en la marcha de la Ciudad de México y dieron aviso de lo sucedido a sus compañeros, quienes los recogieron en taxis.
Ambrosio informó que se interpuso una demanda por lo sucedido y que ninguno de los pasajeros salió herido, salvo por el chofer del autobús, a quien un tiro le rozó la frente y le provocó un rasguño. Después de la agresión, los integrantes del comité no tuvieron ningún acercamiento con la línea de transporte a la que pertenecía el autobús.
La agresión al autobús se da en un momento en el que el Covic y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca desarrollan un proyecto de seguridad en Nochixtlán.
Foto: Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio Nochixtlán
Por Redacción/La Jornada
Oaxaca, Oax. La madrugada de este miércoles fue baleado un camión en que viajaban integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio Nochixtlán (Covic) y profesores de la sección 22 perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en el tramo carretero Nochixtlán- Coixtlahuaca.
El líder de la Covic, Santiago Ambrosio, refirió que a las cero horas de este miércoles la unidad fue atacada con más de 40 personas, entre niños y adultos quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha al cumplirse un mes más de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.
Sin embargo al encontrarse viajando sobre la súper carretera Oaxaca-México, en el tramo Nochixtlán- Coixtlahuaca, una unidad se les emparejó y comenzó a dispararles; los balazos se concentraron, dijo, en la parte media de la unidad, justo donde viajaban los dirigentes de la Covic y magisteriales.
También hubo impactos en la parte frontal de la unidad; el chofer recibió un rozón de bala en la frente. Esto obligó a cancelar la participación de las víctimas de Nochixtlán en la citada movilización; no hubo víctimas, pero varios sufrieron de crisis nerviosa por lo ocurrido.
Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.
“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.
Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.
Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.
En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.
Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.
Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.
Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.
Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.
Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre de 2016.
Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.
Foto: Cencos A.C.
No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.
Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.
Foto: Cencos A.C.
Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.
El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.
Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.
Foto: Cencos A.C.
Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?
Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.
Foto: Cencos A.C.
Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.
Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.
Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.
La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.
Por Redacción/Proceso
A más de un año del operativo fallido en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca y Viguera, “la herida sigue abierta por la falta de justicia”, resumieron organizaciones civiles en su Informe “Operativo Oaxaca 19 de junio”.
De acuerdo con las organizaciones, el informe “Operativo Oaxaca 19 de junio” busca denunciar la falta de investigación, el actuar arbitrario de las corporaciones policíacas, así como la falta de servicios médicos.
El documento fue presentado esta mañana en la explanada municipal de San Francisco Telixtlahuaca, con la participación de defensores de derechos humanos, pobladores e integrantes de la Coordinadora de padres, madres y maestros de Telixtlahuaca.
Los participantes reafirmaron que “algunos hospitales cerraron sus puertas y hubo una persecución hacia quienes estaban brindando apoyo en ese momento”.
Durante la presentación del informe en Telixtlahuaca se expusieron fotografías recuperadas por la población, con el objeto de compartir los hechos ocurridos.
