El próximo martes los diputados de Morena encabezados por Mario Delgado presentarán una iniciativa de reforma que busca modificar la Constitución para permitir que elementos de las fuerzas armadas, adscritos a la Guardia Nacional anunciada por Andrés Manuel López Obrador, puedan, de forma permanente, patrullar calles, prevenir delitos, e incluso detener personas.
La creación de una Guardia Nacional forma parte de las 8 propuestas de la administración entrante para combatir la inseguridad, concentrados en su Plan Nacional de Seguridad y Paz, presentado este 14 de noviembre.
La reforma, explicó en entrevista Mario Delgado, es necesaria ya que la Constitución Política del país impide al Ejército y a la Marina intervenir en labores de seguridad pública, función que corresponde exclusivamente a las autoridades civiles. Justo este es el motivo central por el cual la Corte perfila anular la Ley de Seguridad Interior, que según los ministros perpetua al Ejército en labores de policía.
Pero para evitar que la Guardia Nacional (integrada por policías militares y navales) pudiera enfrentarse a esta situación, el diputado Delgado dijo que cambiarán el marco constitucional y que con ello ya no se tenga obstáculos.
Desde diciembre de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y expertos, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han exigido el retiro de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina de la tarea de combate al crimen en las calles de nuestro país; pues a más de una década de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” los resultados no han reducido la criminalidad y la violencia, mostrando el fracaso de un modelo de seguridad que daña los derechos humanos.
En entrevista, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, y miembro de #SeguridadSinGuerra, nos explica cinco razones por las que los militares y marinos deben volver a los cuarteles y dar paso a policías civiles bien capacitadas.
Su actual labor es inconstitucional
El uso de militares y marinos en el combate a la criminalidad en nuestras calles es violatorio de nuestra Constitución. Una reforma a la Carta Magna en 2008 incluyó un párrafo en el Artículo 21 que explícitamente ordena que la seguridad pública es una función a cargo de autoridades civiles.
Además, el gobierno de México ha faltado a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además del Régimen Internacional de Derechos Humanos.
“Todos estos convergen exactamente en la misma idea: las fuerzas armadas no deben hacer tareas policiales”, explicó Portillo. “Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado (para los Derechos Humanos), de Ginebra y de México, incluyen explícitamente retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, de las tareas policiales”.
Formación y funciones
“Las funciones militares están diseñadas para exterminar al enemigo. Sus labores armadas son para utilizar la fuerza letal. Las fuerzas armadas están diseñadas para la guerra, no para la prevención ni para la investigación y persecución del delito”, dijo Portillo.
En diciembre de 2016, el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos señaló que el combate al crimen no era la función de las fuerzas armadas y, como antesala a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señaló a la Secretaría de Gobernación la falta de un marco legal para regular las actuaciones de militares en tareas de seguridad.
“Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, reprochó entonces el titular del Ejército.
La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial
Impacto negativos
En 2015, el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, realizado por la Asociación de Estadística de Estados Unidos, concluyó con que la intervención de militares está asociada al aumento de muertes violentas en nuestro país.
Otro estudio, elaborado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró los enfrentamientos, ejecuciones y agresiones durante operativos militares de 2006 a 2012. Este concluyó que el número de homicidios a nivel municipal aumenta en promedio un 9 por ciento a causa de enfrentamientos entre militares y delincuentes.
Para Ernesto López, a esta correlación se suma un aumento a la violación a derechos humanos.
Impunidad
Según un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de las 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, sólo 26 hubo registro de 16 sentencias condenatorias, es decir: casi un 97 por ciento de los crímenes de soldados contra civiles no fueron castigados.
“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia (…) Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, expuso WOLA en la introducción del informe.
En una hora y sin discutir los cambios realizados por lo senadores el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 262 votos a favor y 25 en contra y los aplausos y gritos de los diputados del PRI y Verde Ecologista. La ley fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial, último trámite antes de que entre en vigor.
Los diputados dispensaron todos los trámites al dictamen que llegó la mañana de este jueves del Senado para iniciar con su discusión y votación inmediata.
Aunque el diputado René Cervera pidió votar una moción suspensiva para que no se votara el dictamen, fue rechazada.
Una docena de diputados en su mayoría de Morena argumentaron contra el dictamen, mientras que los legisladores del PRI defendieron la ley que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.
Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además de ciudadano rechazaron la ley y pidieron a los legisladores un diálogo abierto para que se escucharan todas las voces.
Los colectivos #Seguridadsinguerra y #Fiscalíaquesirva indicaron que aun cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior las acciones continuarán para oponerse a esta legislación, que podría ir desde promover una acción de inconstitucionalidad, manifestaciones públicas o llegar al plano internacional.
En una conferencia de prensa en el patio del Senado, los integrantes de diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación de esta ley criticaron que el diálogo que convocó el presidente Enrique Peña Nieto fue una simulación y que los cambios hechos a la propuesta original fue solo un maquillaje.
“Fue un diálogo simulado. El presidente pidió al Senado abrir los espacios y con la presencia de 7 gobernadores, 6 presidentes municipales, con la convocatoria a organizaciones que son afines a esta propuesta, es que se dijo que ya se había hecho la consulta solicitada por el presidente de la República”, expresó Luis Sánchez, coordinador de la bancada de senadores del PRD.
Los oradores en la conferencia, entre ellos María Elena Morera, la senadora Angélica de la Peña y el actor Diego Luna, cuestionaron que no se escuchen los llamados y recomendaciones hechas por académicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que han pedido que se detenga la aprobación de esta ley.
Indicaron que los cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados solo fueron en comas y palabras. Recordaron que más de 250 mil personas han firmado en change.org para detener esta ley.
Organizaciones sociales que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra convocan este lunes a un “diálogo nacional sobre seguridad ciudadana“, para analizar el “modelo de seguridad que permita la formación de policías y que realmente dé certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
En una carta que comienzan a difundir este día, plantean como objetivos “construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución”. Esto, luego de que el pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto hiciera un llamado a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con organizaciones de la sociedad civil.
Proponen que estos diálogos se realizan el 23 y 24 de enero, durante 12 horas cada día.
Aquí la carta y la propuesta dirigida al gobierno federal, dirigentes de partidos, líderes parlamentarios, el presidente de la CNDH, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina:
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina regional de Amnistía Internacional hizo “un enérgico llamado al Senado, a rechazar el proyecto de Seguridad Interior que fue aprobado en la Cámara de Diputados y a comprometerse con la protección de los derechos humanos”.
En una carta abierta, la directora de AI para las Américas, Ericka Guevara Rosas, desarrolla cinco puntos “de gran alarma y preocupación” que deberían tomarse en cuenta para no aprobar la Ley de Seguridad Interior, que fue admitida para su discusión este martes en comisiones, y de esta manera se suma a otras organizaciones nacionales e internacionales que han rechazado el proyecto.
La misiva está dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, con copias para los otros ocho integrantes de ese órgano legislativo, así como para los presidentes de las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Defensa, Marina y Estudios Legislativos segunda.
La representante en el continente de la organización que cuenta con 7 millones de afiliados en el mundo, consideró que “la aprobación del proyecto de ley sería un grave retroceso en materia de derechos humanos en el país”.
Al señalar que Amnistía ha documentado durante la última década “el aumento de graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de las Fuerzas Armadas”, Guevara Rosas resaltó que la legislación “prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares, tareas para las cuales no están capacitado ni por las cuales rindan cuentas”, y que la mayor parte de los abusos registrados “permanecen en la impunidad”.
Alertaron sobre el poder discrecional del presidente para expedir una “declaración de protección de seguridad interna”, aunque la iniciativa también permite la activación si surge “en línea con la Agenda Nacional de Riesgos, un documento secreto del que no se conoce los criterios, y que no está sujeto a controles o verificaciones”.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado de la República para pedir que no sea aprobada la Ley de Seguridad Interior.
En la misiva, entregada el pasado lunes a la Cámara Alta, la ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la Minuta, pues, “entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”.
Este es el análisis de los 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior sobre los cuales ONU-DH muestra mayor preocupación, y por los cuales pide frenar la aprobación de la Minuta:
1. Ambiugüedad de conceptos
La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos.
2. Violación al principio de necesidad
La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).
Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.
3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas
a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).
b) Las “Fuerzas Armadas” podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.
c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.
d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.
4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar
a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.
b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).
c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.
d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas. Dichos protocolos establecerán las “responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles” (artículo 20, fracción II). Debería corresponder a la autoridad civil la elaboración de los protocolos de actuación.
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, Jan Jarab, alertó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.
Puntualizó que no sólo desde la visión de derechos humanos, “sino de la misma perspectiva de pura seguridad”, los resultados de los últimos diez años de guerra contra el narcotráfico “son tristes”.
“Si se aprueba algo que va a petrificar el estatus quo, podemos esperar que los años que vienen van a ser como la realidad actual, y nuestra valoración de la realidad actual es muy preocupante, nos urge pensar en alternativas de una salida gradual de las Fuerzas Armadas, pero también de fortalecer policías, que ya se ha dicho muchas veces, pero no ocurrió, pues no se fortalecieron suficientemente”, puntualizó el representante de la ONU.
Entrevistado al término de su participación en la 13ª edición del informe “La infancia cuenta”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Jarab señaló que, en opinión de la oficina de derechos humanos de la ONU (ONU-DH), lo que “se necesita es una verdadera evaluación de cómo funcionó por diez años la estrategia (de militarización de seguridad pública), y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, expliquen por qué están convencidos de que funcionó”.
Jarab llamó a reflexionar con las cifras de homicidios, que antes de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la “guerra contra el crimen organizado”, se encontraban en los niveles más bajos históricamente, y después de la militarización de la seguridad pública los niveles de violencia se dispararon.
“La pregunta que queda es si los resultados tristes, el índice de homicidios que tenemos hoy, es un argumento para seguir haciendo lo mismo, y seguir con esta estrategia. Se necesita una reflexión sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en el modelo de seguridad actual”, insistió el representante de la oficina de la ONU-DH.
Jarab recordó que los mecanismos de derechos humanos de la ONU, empezando por los dos últimos representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Louise Arbour y Zeid Ra’ad Al Hussein, en sus visitas a México, advirtieron de los riesgos de la militarización de la seguridad pública, y recomendaron el regreso gradual de los militares a los cuarteles.
Sin embargo, puntualizó, “desde 2006 se multiplicaron varias graves violaciones de derechos humanos y, desde esta perspectiva, el modelo actual de seguridad es muy preocupante este paradigma de guerra contra crimen organizado”.
Agregó que la recomendación que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos es que “lo se necesita más bien es una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles”.
Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.
La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de aprobación del congreso.
Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas” para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.
Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:
¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?
El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.
Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de seguridad nacional (sin especificar cuáles).
¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?
El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.
La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado, aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin declaratoria) acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.
Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.
Derechos humanos: respeto y suspensión
El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción.
Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.
