Cicatrices que son memoria: informe expone los efectos de la militarización en los pueblos indígenas de México

Foto: Eduardo Gutiérrez / IPRI México

 

Astrid Arellano/Desinformémonos

La presencia militar en los territorios indígenas de México ha traído consecuencias que van desde expropiación de tierras hasta masacres en contra de los pueblos. Un informe presentado por la organización Indigenous Peoples Rights (IPRI) da cuenta de los diversos impactos de la militarización en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, con casos que datan de hace décadas y que actualmente permanecen en impunidad.

El informe titulado Las cicatrices son memoria: Militarización en pueblos indígenas de México expone casos concretos de presencia militar en distintas comunidades e incluye recomendaciones puntuales al Estado mexicano. La elaboración del documento contó con la participación de ocho organizaciones indígenas y los testimonios de nueve comunidades afectadas por la presencia militar.

Este análisis hace un recorrido por cuatro etapas de la militarización identificadas en el país, que van desde la Guerra Sucia —ocurrida entre 1965 y 1990—; el levantamiento del Ejército Zapatista en 1994; la llamada Guerra contra el Narco en el 2006; y la actual presencia de las fuerzas armadas en las actividades de la vida pública mexicana.

Ver nota completa

Militarización, impunidad y violencia agravan la crisis de los derechos humanos: Informe EPU Oaxaca

Foto tomada de Desinformémonos

 

Educa Oaxaca/Desinformémonos

“Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.

Es en ese contexto que organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura, sin embargo, señalan las organizaciones “pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”. Afirmaron: “Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos”.

“Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.

Ver nota completa

Militarización de la frontera: muertes de migrantes que intentan entrar a EU se triplicaron en tres años

Foto: Andrea Godínez

 

Rosario Marina, Verónica Liso, Gabriela Villegas y Andrea Godínez/Animal Político

Las políticas públicas migratorias de Estados Unidos, que consisten en militarizar toda la frontera y dejar abiertas las zonas más peligrosas e inhóspitas, no logran un efecto de disuasión como anuncian, sino que aumentan el número de muertes.

En 1994, durante el mandato de Bill Clinton en Estados Unidos, la política migratoria tuvo un cambio de rumbo. La Patrulla Fronteriza recibió la orden de frenar la migración con una estrategia que titularon “Prevención a través de la disuasión”. El nombre, compuesto de términos neutros, pretendía disimular la violencia de la idea que lo impulsaba. 

El plan consistía en militarizar la frontera y dejar abiertas las zonas más peligrosas e inhóspitas para que las personas migrantes crucen. Esta política provocó un fenómeno llamado efecto embudo. La efectividad de la política se midió con dos indicadores: aumentaron las muertes en la frontera y bajaron las detenciones.

“La estrategia se basó en el potencial letal de los desiertos del suroeste de EE.UU”, dice en un artículo académico la antropóloga Robin Reineke, que trabajó durante años en la morgue del condado de Pima, Arizona, para identificar migrantes muertos en la frontera. 

Ver nota completa

Ejército mexicano espió con Pegasus a dos personas defensoras de derechos humanos del Centro Prodh

Article 19 MX-CA

  • Dos personas integrantes de la organización de derechos humanos fueron espiadas entre junio y septiembre de 2022 en coyunturas que involucran a las Fuerzas Armadas.
  • La nueva evidencia técnica aportada por Citizen Lab demuestra que el Centro Prodh ha sido atacado bajo los últimos dos gobiernos.

Ciudad de México 18 de abril de 2023.- El análisis forense que elaboró el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló la infección con el malware Pegasus de los dispositivos móviles del director y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Los ataques constatados por Citizen Lab fueron detallados en el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la Impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, elaborado por las organizaciones responsables de la investigación #EjércitoEspía —Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), ARTICLE 19 y SocialTIC— en colaboración con el Centro Prodh.

Además, el 15 de diciembre de 2022, las dos personas del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud. La empresa les notificó que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas han sido espiadas ilegalmente con Pegasus presumiblemente por el Ejército, que de acuerdo con la información dada a conocer por medios, es la única institución que actualmente cuenta con Pegasus. Los casos revelados en 2022, permanecen en la impunidad.

El análisis forense reveló que las infecciones ocurrieron entre los meses de junio y septiembre de 2022. La primera infección documentada ocurrió el miércoles 22 de junio y afectó el teléfono del director del Centro Prodh. La fecha coincide con el evento organizado en el Campo Militar No. 1, como parte de las actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990, en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia. Cabe destacar que el Centro Prodh acompaña ante instancias nacionales e internacionales a familiares de víctimas de ese periodo.

Al día siguiente, el jueves 23 de junio de 2022, el Ejército infectó el dispositivo de la coordinadora del área internacional del centro. Ese día se desarrolló una audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, en la que se abordaron los casos de Ayotzinapa, el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, y la familia Barajas de Guanajuato.

El director del Centro Prodh volvió a ser atacado con Pegasus el 13 de julio de 2022. La infección del dispositivo ocurrió dos días antes de la revelación de un documento interno del área de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —filtrado por el colectivo hacktivista Guacamaya—. Dicho documento revela el interés de las fuerzas armadas para dar seguimiento a las declaraciones de las autoridades religiosas vinculadas con el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui. El Centro Prodh acompaña el proceso legal y de incidencia de este caso.

Los otros ataques se dieron en septiembre de 2022. El primero de ellos, sucedió el 24 de septiembre, un día después de la protesta de normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar No. 1.

En ese contexto, también se dieron diversos hechos relacionados con el trabajo de defensa de derechos humanos y asesoría legal que brinda el Centro Prodh: la filtración de información testada del informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia (COVAJ), la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso, y la renuncia del Fiscal Especial por la intromisión del Fiscal General.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2022, el Ejército volvió a infectar con Pegasus el teléfono de uno de los defensores del Centro Prodh. Ese día fue la presentación del IV Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, a la que integrantes de la organización acudieron como representantes de las familias.

Entre junio y septiembre del 2022, cabe subrayar, el Centro Prodh realizó múltiples denuncias públicas sobre el fracaso de la política de seguridad y especialmente sobre los riesgos de la militarización.

El análisis del Citizen Lab revela que integrantes del Centro Prodh han sido atacados con el malware Pegasus en dos sexenios distintos: durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 19 de junio de 2017, la investigación Gobierno Espía reveló el espionaje con Pegasus en contra de 12 periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, entre ellas, tres integrantes del Centro Prodh. Pese a las denuncias interpuestas ante la FGR, los casos no han sido esclarecidos, mostrando las consecuencias que tiene la impunidad en la repetición de los hechos.

El espionaje ilegal cometido por el Ejército a integrantes del Centro Prodh, en contextos de exigencia de verdad y justicia por abusos castrenses, confirma las consecuencias de la profundización de la militarización que actualmente vive el país.

Ante estos lamentables hechos, exigimos:

  • El cese inmediato del espionaje ilegal del Ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  • Que se garantice la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollan investigaciones alrededor de la vigilancia ilegal en México.
  • Una investigación independiente, exhaustiva, imparcial, profesional y objetiva sobre el reciente espionaje a dos personas defensoras de derechos humanos integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el total esclarecimiento de los casos anteriores, denunciados penalmente desde junio de 2017.
  • El establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México cometido en gobiernos anteriores y en el actual, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
  • Que se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir liderado por el Congreso acompañado de la sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.

 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

 

Ver comunicado e informe “Ejército espía. Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: Cómo la impunidad y militarización propiciaron la repetición de espionaje”

Ver comunicado de prensa del Centro Prodh

#MovilidadSinMiedo: marchan en la CDMX para exigir mejoras al Metro y que la Guardia Nacional salga de sus instalaciones

Foto: Eduardo Espinosa/Cencos

 

Sharenii Guzmán/Animal Político

Personas marcharon en Paseo de la Reforma, del Ángel al Zócalo, a casi dos semanas del accidente en la Línea 3 que causó la muerte de la joven Yaretzi y heridas a más de 100 usuarios.

Bajo la consigna de que el Metro de la Ciudad de México necesita mantenimiento y no militarización, grupos de la sociedad civil marcharon este viernes sobre Paseo de la Reforma para exigir mejoras en el servicio y el retiro de la Guardia Nacional de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC). 

La manifestación fue encabezada por César Hernández, padre de Yaretzi, la joven fallecida en el accidente ocurrido la mañana del sábado 7 de enero en la Línea 3 del Metro, entre las estaciones Potrero y La Raza.

El padre estuvo acompañado de familiares y amigos que cargaron girasoles, así como por el abogado Cristopher Estupiñan.

Dentro de ese contingente también participó Aranza, amiga de Yaretzi, quien viajaba con la joven el día del choque de trenes y resultó herida en el siniestro. Como ella, más de 100 personas tuvieron lesiones.

Ver nota completa

Ver comunicado de #MovilidadSinMiedo

Ver comunicado de la Red Feminista Antimilitarista

México: El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

ONU-DH México

GINEBRA (9 de septiembre de 2022) – La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.

La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.

Ver comunicado

Comunicado de prensa: Por una seguridad que tenga como horizonte una paz justa y digna para todas, todos y todes

Foto: Eduardo Espinosa/Cencos

 

Cencos/Serapaz/Red TDT…

7 de septiembre 2022

Posicionamiento desde el enfoque de la construcción de paz ante el debate nacional en torno al paradigma de seguridad

  • Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la posible aprobación de una serie de reformas constitucionales en materia de seguridad que vulneran las condiciones para la construcción de paz. 
  • Pugnamos por un modelo distinto de seguridad que plantee soluciones profundas a las complejidades de la violencia y que implique la protección de las ciudadanas y los ciudadanos.

Las organizaciones y personas que suscribimos este pronunciamiento nos caracterizamos por nuestro esfuerzo cotidiano en torno a la Construcción de Paz en México. A partir de esa experiencia deseamos expresar nuestra profunda preocupación ante la posible aprobación de una serie de reformas constitucionales en materia de seguridad, que vulneran las condiciones para la construcción de paz, entendida como una paz duradera basada en la justicia, la democracia, la dignidad, la libertad y en el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Consideramos que las reformas que pretenden aprobarse fortalecen un paradigma para el cuidado del orden social y la ciudadanía basado en el uso de la lógica militar y el fortalecimiento de la capacidad de confrontación bélica. Los efectos de este paradigma se viven y sufren de forma dramática durante los últimos 15 años, incrementando de forma dramática la violencia en el país.

Diversas experiencias en el mundo y desde América Latina, nos han mostrado que la militarización de la policía, como respuesta de los Estados a los fenómenos de violencia, presenta serias dificultades como falta de claridad en sus roles y la generación de zonas grises de responsabilidad entre lo civil y lo militar, lo que conlleva el incremento en las violaciones a los derechos humanos. Esto se agudiza cuando ante violaciones a derechos humanos por parte de personal militar los casos son turnados a la justicia militar y no a la civil, como correspondería. Estas condiciones han cobrado vidas civiles y afectado la democracia y paz de la sociedad en su conjunto en América Latina. 

En virtud de lo anteriormente expuesto instamos a conocer y reconocer los esfuerzos no militarizados de seguridad que se han ido construyendo en el país y en otras latitudes. Asimismo, pugnamos por acercarnos a un paradigma distinto de seguridad, una más humana y digna que plantee soluciones profundas a las complejidades de la violencia y que implique la protección de las ciudadanas y los ciudadanos, trascendiendo momentos coyunturales para generar procesos democráticos y condiciones de vida digna permanentes para todas las personas. 

Hacemos un llamado a impulsar diálogos y reflexiones conjuntas, desde distintos espacios y enfoques que nos permitan construir mejores condiciones políticas y sociales para abordar soluciones a los retos de seguridad que tengan como horizonte una paz justa y digna para todas, todos y todes.

Organizaciones firmantes
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC 
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. CENCOS
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC
EQUIS Justicia para las Mujeres
Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
Impunidad Cero
Instituto de Geografía para la paz A.C.
Ixtapaluca en Resistencia 
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. SERAPAZ
Swe FOR México
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Taula per Mèxic 
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

Protestan contra militarización de la Guardia Nacional frente al Senado

Foto: Eduardo Espinosa/Cencos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Activistas y organizaciones marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado para exigir a los legisladores que no aprueben la iniciativa que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y aseguraron que “la militarización no es la solución”.

Con consignas como “senador, senador, no traiciones a la nación” y “Obrador, Obrador, ya pareces Calderón”, cientos de personas protestaron para que que los senadores rechacen la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Al llegar al Senado, realizaron pintas con frases como “asesinos” y “su guerra, nuestros muertos” sobre la galería fotográfica que se exhibe a sus alrededores, en la que se exponen las actividades que las fuerzas armadas realizan en el país.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch (HRW) se han pronunciado contra la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que representa una “grave amenaza” para los derechos humanos.

Ver nota completa

Alarma en la ONU por el uso de militares en tareas policiacas

En una carta fechada el 9 de octubre último, un grupo de expertos de la ONU solicitó al gobierno de López Obrador cambiar o dejar sin efectos los aspectos del acuerdo presidencial que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales y que son contrarias a los derechos humanos.

Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

GINEBRA (proceso).– Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.

Ver nota completa

VIDEO| Chilenos y chilenas organizadas en México exigen renuncia de Piñera y todo su equipo

El Desconcierto

Chilenos y chilenas se juntaron afuera de la embajada de su país en Ciudad de México, para protestar por la violencia y la vulneración de Derechos Humanos que ha fomentado el gobierno de Sebastián Piñera desde que se decretó Estado de Emergencia.

En una colaboración entre El Desconcierto y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) de México, se ha facilitado una grabación de la agencia de noticias norteamericana del día lunes, cuando chilenos y chilenas organizadas de acudieron a la embajada de su país en Ciudad de México, para protestar contra las medidas represivas del gobierno de Sebastián Piñera.

“Exigimos de manera urgente la desmilitarización de todo el territorio chileno de inmediato, dándole fin al Estado de Excepción. Basta de agresiones, asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos. Además, llamamos a abrir una mesa de diálogo para atender las demandas sociales que hoy exige el pueblo, con miras a un nuevo pacto social y político”, dijo una de las voceras de quienes se congregaron fuera del edificio.

“Que el actual Presidente, junto con su equipo, renuncien como señal de real compromiso con el sistema democrático chileno“, demandan también los y las compatriotas.

“A no decaer, ¡Arriba los y las que luchan!”, termina la declaración.

Mira el video aquí:

Ver nota en eldesconcierto.cl