Juez decide este martes si quedan libres defensores de Nahuatzen encarcelados hace casi un año

Alberto Pradilla/Animal Político

Vecinos de los activistas y organizaciones como Serapaz México exigen que los defensores del municipio declarado autónomo sean liberados. Aseguran que fueron encarcelados sin pruebas.

Imagen: Serapaz

Hoy será una jornada clave para José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera, dos miembros del consejo indígena y un activista de Nahuatzen, en Michoacán, que permanecen encarcelados desde noviembre de 2018. En el Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, tendrá lugar su audiencia de clausura. En ella, se expondrán los alegatos y el juez podría determinar si los libera o los mantiene en prisión.

Los dos primeros forman parte del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, mientras que José Gerardo Talavera apoyaba a la organización rentando la vivienda en la que mantenían sus reuniones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) pide para ellos una pena de 3 años y 8 meses de cárcel.

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#NahuatzenLibre: en defensa de la autonomía y por la libertad de los presos políticos

La comunidad de Nahuatzen se encuentra ubicada en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Desde el año 2015 inició un proceso de construcción de autonomía como pueblo indígena y recientemente consiguió el reconocimiento del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) como la autoridad responsable para el ejercicio del presupuesto que corresponde a su comunidad, bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Por tanto, el CCIN fue reconocido como autoridad indígena.

A partir de ese momento comenzó un proceso de gestión de gobierno encabezado por cuatro representantes de cada uno de los cuatro barrios que integran la comunidad. Así, el Consejo Ciudadano Indígena de gobierno de Nahuatzen ha sido clave para el cuidado del bosque, su reforestación, la promoción del deporte y una amplia gama de obra pública.

Este ejercicio del derecho a la libre determinación no ha sido bien recibido por el actual presidente municipal, David Otlica, quien desde el momento en el que entró en funciones, implementó una ofensiva para impedir que el consejo pueda continuar con sus labores.

Es así que el 1 de noviembre de 2018 el director de análisis y desarrollo político Noel García Cancinos citó en una reunión a las 17:00, en la comunidad de Huecorio, al Concejo y ayuntamiento para buscar un convenio de paz duradera. Ese mismo día al atardecer policías municipales contratados por el ayuntamiento golpearon al chofer de recolección de basura y por la tarde balacearon a un compañero en la salida a Arantepacua. La situación escaló el 7 de noviembre, cuando una comisión del Concejo fue citada por el gobierno del estado para dialogar sobre la utilización de lo que habían sido las oficinas del ayuntamiento y que desde 2015 se utilizaron como la Casa Comunal. En dicha negociación, el grupo que iba en representación del ayuntamiento aprovechó el retiro de los representantes del gobierno del estado para secuestrar por 12 horas a la comisión del Consejo. En este contexto de amenaza el CCIN aceptó abandonar la Casa Comunal hasta que una autoridad competente pudiera determinar qué autoridad podría ocupar el espacio.

Días después, el domingo 11 de noviembre, fue detenido en Morelia José Gerardo Talavera Pineda, quien rentó la casa en la que el Concejo había decidido operar temporalmente; al día siguiente fue detenido el concejal José Luis Jiménez Meza a las orillas de la comunidad y dos días después, el concejal José Antonio Arreola Jiménez. Las detenciones estuvieron a cargo de la policía de investigación y se realizaron con violencia, particularmente la detención de Antonio ocurrió en su casa y sus hijos pequeños fueron encañonados y amenazados por parte de los policías. De acuerdo con información proporcionada por los mismos presos, los primeros días que estuvieron encarcelados fueron golpeados durante las noches por personas desconocidas.

La comunidad purépecha de Nahuatzen estamos convencidos de que luchar por nuestra libre determinación es luchar por nuestros bosques, por nuestra comunidad y por nuestras vidas. Somos un pueblo pacífico y apostamos al diálogo como un instrumento que nos permita resolver los conflictos que podamos tener con el gobierno municipal o con el gobierno estatal.

Desde esta tribuna emplazamos al gobierno del estado para que cese la represión y el hostigamiento contra el Consejo Ciudadano Indígena de Gobierno y que acepte nuestra propuesta de diálogo para encontrar alternativas que nos permitan ejercer nuestros derechos en plenitud, así como vivir en paz en nuestra comunidad. Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión y la libertad inmediata de nuestros compañeros presos injustamente; las razones que los mantienen encarcelados son razones políticas inaceptables en un estado democrático de derecho.

Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

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Conferencia de prensa: 1 de febrero

El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que hizo público el llamado al gobierno de Michoacán y al federal de intervenir para detener el conflicto y que cese el hostigamiento. Lee el boletín de prensa. 

Puedes ver la conferencia completa aquí:

Conferencia de prensa: Indígenas de Nahuatzen, #Michoacán exigen resolver conflicto político-social

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuazen, Michoacán piden al gobierno estatal resolver conflicto político-social

  • Ante el atraso en infraestructura y la falta de rendición de cuentas, en 2015 la comunidad de Nahuatzen desconoció al ayuntamiento y en 2017 el Concejo fue reconocido como autoridad para administrar el presupuesto federal asignado, lo que desató un ola de hostigamiento contra sus integrantes.
  • El Concejo solicita al gobierno de Michoacán diálogo para resolver el clima de violencia que enfrentan por ejercer su derecho al autogobierno y pide la liberación de tres presos políticos, que fueron detenidos de forma arbitraria y a quienes se les fabricaron delitos.
Convoca: Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen
Fecha: Viernes, 1 de febrero
Hora: 13:00 horas
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social

Conferencia de prensa: Consejo Ciudadano Indígena denuncia represión y hostigamiento a sus integrantes en Nahuatzen, Michoacán

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • En días recientes el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen ha vivido una dinámica de hostigamiento y represión en contra de las y los integrantes de Consejo. Desde el 11 de noviembre iniciaron las detenciones violentas e injustas y hoy permanecen en prisión tres personas integrantes de la comunidad.

Participan: Integrantes del Consejo Ciudadano Indígena, de Nahuatzen, Michoacán

Convoca: Consejo Ciudadano Indígena, de Nahuatzen, Michoacán

La cita: Jueves 6 de Diciembre de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Amenazan a activistas de Michoacán que buscan a desaparecidos

Redacción/La Jornada

Foto: Viridiana Ramírez

Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces, de Michoacán, denunciaron acoso y amenazas de ‘‘emisarios del gobierno’’ por insistir desde hace 11 años en que sean presentadas con vida 300 personas desaparecidas, 50 de ellas ‘‘por motivos políticos’’.

Cristina y Janahuy Paredes Lachino, integrantes de la organización, siguen buscando a su padre, Francisco Paredes Ruiz, integrante de la Fundación Diego Lucero y guerrillero en la década de 1970.

Desde 2016, dijeron, sujetos armados han ido a su vivienda en varias ocasiones a exigirles que paren ‘‘con el asunto de los desaparecidos’’. Hace unas semanas desconocidos desmantelaron el sistema de videovigilancia de la casa de su hermano.

‘‘Les hemos dicho (a las autoridades) que no vamos a parar. Se ha criminalizado nuestra lucha y han ignorado nuestras demandas. Hace mes y medio vimos el expediente, y no tiene nada’’, expresó Janahuy Paredes.

Cristina Paredes recordó que su padre desapareció el 26 de septiembre de 2007 en la salida de Morelia a Salamanca. ‘‘Testigos dijeron que agentes federales se lo llevaron’’.

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Leyes y códigos en México permiten el castigo corporal contra los niños

Por Redacción/Animal Político

En varias entidades del país se excusan las lesiones cuando el agresor es un familiar y lo hace bajo una “emoción violenta”, sin dolo o no es una agresión frecuente. En dos estados todavía son permitidos los golpes como parte del “derecho a corregir”.

Los niños en México y Latinoamérica están desprotegidos de la violencia, pero no solo de la delincuencia sino principalmente de la que ocurre dentro de sus casas. En México, únicamente Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas lo prohíben en sus códigos penales. En tanto, los códigos penales de 14 entidades contemplan excusas para lesionar a los descendientes: ya sea porque el agresor estaba invadido de una “emoción violenta”, porque no lo hizo con dolo, o porque ejerció su “derecho a corregirlo”.

México firmó en 1990 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a alinear sus leyes y reglamentos con dicho documento, sin embargo, lo incumple tanto a nivel federal como en casi todos los estados. Hasta la fecha solo hay tres leyes estatales que prohíben el castigo corporal a los menores de edad. Por un lado, la Ley general de los Derechos de los Niños obliga a “abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física”, mientras los códigos son aún más laxos: 11 de ellos excusan las lesiones cometidas por un familiar a otro en línea directa, siempre que no tengan el propósito de lastimar (dolo); que el agresor no esté bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no huya después de la agresión.

Otros ocho códigos penales consideran el “estado de emoción violenta” como una atenuante de las penas por lesionar a un familiar en primer grado, donde se considera que el agresor perdió su capacidad reflexiva y de contención cuando lesionó a la víctima, lo que reduce su castigo a la mitad o en dos terceras partes; mientras que otros dos códigos contemplan el “derecho a corregir” de los padres, justificando literalmente los golpes para conseguir este fin.

Una base de datos elaborada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y verificada por Animal Político, da cuenta de estas legislaciones que incluso coinciden en algunas entidades.

Sin intención y sobrio

El artículo 321 bis del Código Penal Federal dicta que no se procederá contra quien culposamente (por imprudencia) ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente (padres) o descendiente consanguíneo en línea directa (hijos); además de hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, “salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima”.

Párrafos casi idénticos figuran en los códigos de Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. 

Sin razonamiento, voluntad ni control

El artículo 142 del Código Penal de Baja California Sur indica que se reducirá hasta la mitad el castigo a quien “en estado de emoción violenta cometa el delito de homicidio o de lesiones”, y explica que existe emoción violenta cuando “en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y transitoria” la capacidad del agresor para comprender lo que hizo y actuar en consecuencia. Es el mismo caso de Guerrero, Tabasco, el Estado de México y Coahuila.

Por su parte Michoacán, Campeche y Ciudad de México reducen dos terceras partes de la pena a quienes cometan lesiones u homicidio “en estado de emoción violenta”, definida por el Código penal de Campeche como “una reacción motora, circulatoria y secretoria hacia un sentimiento de gran intensidad, el cual produce una perturbación psicológica transitoria que se manifiesta a través de formas violentas de expresión, falta de razonamiento, de discernimiento y de voluntad”.

El Código penal de la capital, finalmente, define esta emoción como “cuando el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios”.

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El pueblo purépecha que corrió a los partidos políticos y el crimen organizado

Foto: Mario Marlo/Somos el medio

Por Redacción/Somos el medio

Cherán K’eri, es una comunidad indígena purépecha de más de 19 mil habitantes que se ubica en el estado de Michoacán, México. En el año 2000, el crimen organizado comenzó a infiltrarse en la comunidad, principalmente en el negocio ilegal de la tala de bosques, asesinando y desapareciendo a todo aquel que intentara defenderlos.

Se estima que del año 2000 al 2011, más de 20 mil hectáreas de bosque fueron devastadas por los talamontes, afectando a la fauna y a la vida comunitaria de Cherán. Habitantes de la comunidad cuentan que la gente vivía aterrorizada, enclaustrada en sus casas, dejando a Cherán como un pueblo fantasma.

Hartos de que las autoridades municipales y estatales no actuaran ante la inseguridad, y que los partidos políticos “solo dividieran a la comunidad”,  un grupo de mujeres decidió poner un alto.

El 15 de abril de 2011, cansadas de ver como los talamontes (protegidos por La Familia Michoacana) destruían sus bosques, iniciaron la lucha por defender su territorio. 

“Cuando nosotras fuimos estaba todavía oscurita la mañana, eran como las 6:30 de la mañana. Estaban dando las campanadas porque iban a dar misa (…) Éramos cinco mujeres nomás de aquí de este barrio, puras señoras; habían unos cuantos señores pero en su mayoría pura mujer (…) Correteamos los carros a puras pedradas, una señora hasta se tropezó y se raspó toda la rodilla porque el carro le dio de reversa…”, cuenta una de las mujeres que participo en el levantamiento.

La iglesia del Calvario, en el tercer barrio de Cherán, fue el lugar donde  las mujeres impidieron el paso a los camiones cargados con madera talada ilegalmente, incendiándolos y deteniendo a cinco de los taladores ilegales.

Desde esa noche, el pueblo instaló más de 190 fogatas y cuatro barricadas, colocadas en cada una de las entradas al pueblo, para controlar el ingreso a la comunidad. 

“En cuanto tocaban las campanadas la gente tomaba sus machetes o palos, lo que pudieran, y salían corriendo a apoyar a las fogatas”, recuerda una de las mujeres que participó en el movimiento.

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Amnistía Internacional confirma ejecución extrajudicial en Palmarito Tochapan, Puebla

Por Redacción/Proceso

PUEBLA, Pue. (apro).- En su informe anual, Amnistía Internacional (AI) concluyó que lo ocurrido en la población de Palmarito Tochapan, el 3 de mayo pasado, cuando un soldado abrió fuego contra un hombre que yacía en el suelo, se trató de una ejecución extrajudicial.

Al asegurar que las ejecuciones extrajudiciales en México no se investigaban adecuadamente, y que quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad, AI resaltó los casos de los años recientes, entre ellos el Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, ambos en 2015.

Amnistía agrega que a estos casos se suma lo ocurrido en Palmarito Tochapan, donde el Ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados.

“Días después se publicaron en internet imágenes de video de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo”, refiere el organismo internacional.

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Conferencia de prensa: Detención arbitraria y tortura a Oscar Cortés de la CNTE por policía federal en Michoacán

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

  • Organizaciones de derechos humanos darán a conocer el testimonio de Oscar Martín Cortés Camarena, detenido arbitrariamente y torturado por parte de la policía federal en Michoacán.
  • Hablarán sobre las acciones legales que se llevarán a cabo para lograr justicia y sanción a los responsables.

Participan: 

  • Oscar Martín Cortés Camarena, miembro de la CNTE
  • Héctor Cerezo, Comité Cerezo México
  • Abogado que lleva el caso de la víctima
  • Comisión de maestros de Michoacán del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Convocan: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y Comité Cerezo México

La cita: Miércoles 14 de Febrero de 2018 a las 12:30 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104

Defensora de los bosques de 32 años es asesinada en Michoacán; demandan #JusticiaParaLupita

Foto: Guadalupe Campanur, Facebook.

Por Redacción/Sin Embargo

Guadalupe Campanur fue la primer mujer en integrarse como guardabosques en Michoacán y fue una de las fundadoras de la organización Ronda Comunitaria.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Guadalupe Campanur Tapia, una joven activista en la lucha por la restitución del territorio comunal de Cherán, Michoacán, fue asesinada a las afueras de Chilchota, de acuerdo a información de organizaciones y defensores quienes exigen justicia ante el crimen.

Diversas organizaciones civiles locales informaron en redes sociales sobre el crimen contra Campanur Tapa de 32 años. Activistas, periodistas que la conocían, familiares y amigos lanzaron una campaña bajo el hashtag #JusticiaparaLupita para exigir que su asesinato no quede impune.

De acuerdo a la información brindada por Coordinadora de Feministas en su cuenta de Facebook, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado ayer a las afueras de Chilchota, Michoacán en el entronque rumbo a Zamora, cerca de Tanaco, tras varios días de estar desaparecida.

“Fue un feminicidio, que además, se considera representa una vulneración comunitaria estratégica, al ser ella una de las comuneras activas más añejas y constantes”, señalan.

La joven era integrante activo en la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución del territorio comunal desde el inicio del movimiento en 2011, hasta la actualidad.

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