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A un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Imagen: Red TDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de ello, no se logró contar con una estrategia integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

En el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las mejores prácticas en materia de desapariciones. Sin embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.

De las investigaciones y la necesidad de agotar todas las líneas de investigación

Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio. A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y  las fiscalías locales.

Caso emblemático, solidaridad nacional e internacional e indiferencia de actores con intereses económicos

La desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa.  Asimismo, personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo de cerca este caso. 

La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera. Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.

Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.

A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y  revictimización desde todas las esferas gubernamentales. Por ello, las organizaciones firmantes, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigimos al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones,  que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e  investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.

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Comunidades de Michoacán se declaran en alerta máxima frente a amenazas de desaparición

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se declaró en «alerta máxima» frente a las amenazas de desaparición forzada y muerte contra luchadores sociales, especialmente contra el vocero Pavel Ulíánov Guzmán, amedrentado por el presidente municipal de Erogarícuaro, Juan Calderón Castillejo.

El CSIM explicó que el pasado 27 de noviembre se interpuso una demanda penal contra Calderón Castillejo por el delito de amenazas contra Ulíánov, «a quien amenazó con desaparecer si continuaba impulsando las autonomías y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente a este edil municipal».

Ya en junio de este año, añadió el Consejo, Ulíánov había sido amenazado de desaparición forzada por impulsar la consulta para que la comunidad de San Francisco Uricho decidiera si deseaba autogobernarse.

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Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: 10 meses de su desaparición

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

 

Comunicado conjunto: 

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: a 10 meses de su desaparición continúan sin ser localizados

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2023

Se cumplen diez meses de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán. Si bien, desde entonces, se ha detenido a dos personas vinculadas a sus desapariciones, hasta el momento ni la investigación penal ni las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), han logrado dar con su paradero.  

Además, preocupa a las familias de Ricardo y Antonio los recientes movimientos al interior de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo cual, podría implicar una dilación en las acciones de búsqueda y la falta de continuidad a los compromisos adoptados, razón por la cual es fundamental que, Félix Arturo Medina Padilla, nuevo titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la brevedad, retomen el contacto con las familias para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mesas de trabajo celebradas el 25 de mayo y octubre del año en curso.

Lamentamos profundamente la falta de coordinación que prevaleció por más de nueve meses entre las distintas autoridades del Estado Mexicano, situación que ha  entorpecido y retrazado la búsqueda y localización de Ricardo y Antonio. Si bien, a la fecha, se ha dado una escueta coordinación entre la CNB y la FGR, hacemos un llamado a que las acciones de investigación y búsqueda continúen articulando de manera permanente y continua. En este sentido, señalamos que, después de casi diez meses, la CNB presentó su análisis de contexto y su plan de búsqueda, de lo observado, resulta fundamental para las familias que la CNB establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda propuestas en el documento.

Igualmente, hacemos un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) retome las recomendaciones que emitió la CNB en su análisis de contexto para fortalecer la investigación penal con el fin de lograr indicios claros del lugar en el que se pueden encontrar Ricardo y Antonio. Reiteramos la necesidad de que se investigue el actuar de servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Colima, los cuales, pudieron haber obstruido información fundamental para localizar a Antonio y Ricardo durante los primeros días.

Ante todas estas dificultades y los pocos resultados, la semana pasada las y los familiares participaron en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, en la que participó una representación del estado mexicano, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en México. En ella las familias propusieron la creación de un Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), con el fin de contar con el apoyo de especialistas imparciales y tecnología avanzada que contribuyan con su búsqueda y pronta recuperación. Con la convicción que esto traiga beneficios a muchas más personas que afrontan la pesadilla de la desaparición de sus seres amados en México.

Finalmente, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables continúen con las labores de investigación y búsqueda a pesar del evidente inicio del periodo electoral, sería muy lamentable que las autoridades prioricen las acciones electorales sobre la vida y seguridad de Ricardo y Antonio y sobre las obligaciones que tiene de proteger y garantizar sus derechos humanos.

Por lo anterior, a 10 meses de la desaparición, las familias reiteran lo siguiente:

  1. La prioridad de las familias es recuperarlos inmediatamente. Por lo que se solicita  que el gobierno mexicano impulse el Mecanismo Internacional para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR).
  1. Se señale fecha de reunión urgente con Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a efectos de informar el proceso que han seguido el caso y establecer acuerdos de coordinación para la búsqueda efectiva y localización de Ricardo y Antonio.
  1. Que la CNB actualice y establezca en su Plan de Búsqueda un cronograma que señale de manera clara y específica lugares, fechas y/o periodos de tiempo estimados en los que se estarán llevando a cabo las acciones de búsqueda con presunción de vida propuestas en el documento.  
  1. Reiteramos la importancia que tiene el trabajo conjunto entre las diferentes autoridades involucradas tanto en las estrategias de búsqueda como en los procesos de investigación. 
  1. Que la FGR fortalezca el proceso de investigación y retome las recomendaciones emitidas por la CNB en su informe de contexto y en el plan de búsqueda.
  1. Se investigue y en su caso, se sancione  a todos los responsables involucrados en los hechos, incluidas las autoridades de la Fiscalía de Colima que han obstaculizado la investigación. 

Hasta Encontrarlos

Presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

 

Firman:

Familia Lagunes Gasca

Familia Díaz Valencia

Asesoría y Defensa Legal del Sureste

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Presente.org (EE.UU.)

Rita Marcela Robles Benitez, abogada defensora de derechos humanos

 

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Amenaza de desalojo en Ostula tras asesinato de Lorenzo Froylán

Imagen: Twitter @RedTDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Ciudad de México, 15 de agosto de 2023

La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, podría ser despojada de su territorio autónomo. En el contexto del reciente y violento asesinato de Lorenzo Froylán las amenazas no cesan. La comunidad de Xayakalan fue notificada sobre la ejecución de un desalojo de alrededor de 700 hectáreas de tierra. Esta decisión fue comunicada por el Tribunal Unitario Agrario 38, a cargo del magistrado Jesús Antonio Frías Cardona. La comunidad denunció  que con esta acción se favorece a grupos criminales en la región. 

La notificación se realizó el 11 de agosto, un día después de que se localizó el cuerpo torturado y sin vida de Lorenzo Froylán, integrante de la Guardia Comunal. Sin embargo, el documento está fechado el 23 de junio dentro del expediente 78/4 a favor de “supuestos pequeños propietarios”, señala la comunidad que se declara en alerta y en defensa de su territorio comunal. 

Michoacán es particularmente violento para el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio. Las personas defensoras ambientales se enfrentan a una serie de agresiones sistemáticas como desplazamiento, desalojo, asesinato, amenazas, desaparición forzada.

La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó que el 6 de septiembre de 2022, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un mensaje de amenaza de desalojo al afirmar que estaba empeñado en “dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”, haciendo énfasis en el municipio de Aquila, en donde está ubicado Ostula.

Durante la historia de autonomía de Santa María Ostula, se contabilizan 40 personas defensoras asesinadas y 5 personas desaparecidas, sin que exista un proceso de justicia, reparación ni cese a las agresiones. El discurso gubernamental ha contribuido a criminalizar este proceso organizativo y deja un mensaje de impunidad para el goce de los grupos criminales. 

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señalamos nuestra preocupación ante la arbitraria decisión emitida por el Tribunal Agrario, que atenta contra la comunidad nahua, poniendo en riesgo la vida, la seguridad física, y el ejercicio mismo de la autonomía y libre determinación.  Esta órden es violatoria del derecho a defender derechos humanos, así como del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contiene el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. 

Por lo que instamos a las autoridades agrarias, Estatales y Federales: 

  • Que se adopten las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del Derecho de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso con perspectiva y enfoque  intercultural y comunitario, apegado a los más altos estándares internacionales.
  • Se ponga fin a cualquier acto de desalojo, hostigamiento, amenaza o ataque que ponga en riesgo la vida, la seguridad física, de las personas que conforman la comunidad y ejercen su derecho por la defensa del territorio. 
  • En todo momento garantizar el respeto para la construcción de acuerdos y búsqueda de soluciones, y evitar el uso de la fuerza pública o la violencia. 

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Pronunciamiento – La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: un ejemplo de impunidad empresarial en México

Imagen: Twitter @CodigoDH

 

Código DH

  • Los gobiernos de Michoacán, Colima y el Gobierno Federal priorizan intereses empresariales sobre la búsqueda de los defensores de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia
  • Mientras la ONU le exige a Ternium que colabore y proporcione toda la información relacionada con la desaparición, el Gobierno Mexicano consolida sus relaciones comerciales con la empresa

A 41 días de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia es alarmante que el Gobierno Federal no haya dedicado un solo día para averiguar sobre el papel de la empresa Ternium en la región. Los indicios, pruebas e investigaciones periodísticas señalan presuntas responsabilidades que exigen una indagación adecuada. En diversos testimonios documentados se manifiesta que el 13 de diciembre de 2022, durante una asamblea, un integrante de la empresa amenazó a los defensores. Sin embargo, la exigencia hacia la compañía ha sido nula.

Manifestamos nuestro extrañamiento ante el reciente comunicado emitido por la firma italo-argentina, en donde niegan el conflicto agrario existente en la zona y presumen que mantenían una “buena relación de trabajo con la comunidad” en particular con los defensores desaparecidos. Este nivel de conflictividad ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (páginas 64-66). Estas acciones atentan contra el derecho a la verdad y justicia

El caso de Ricardo y Antonio enciende alarmas nacionales y da cuenta de la impunidad que impera en el país. El tema se colocó en instancias internacionales desde los primeros días de la desaparición, sin embargo, no existe un avance significativo en la protección a las familias y la comunidad, ni en la búsqueda efectiva que tenga como resultado la presentación con vida. Hasta el momento, las autoridades no han dado un informe público que señale el trabajo de búsqueda que han realizado.

Las familias acudieron a repetidas reuniones con autoridades estatales y nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como el Gobierno de Michoacán. Sin embargo, el caso permanece estático. Preocupan algunas acciones gubernamentales: 1) Existe una falta de coordinación de las autoridades locales con la CNB; 2) La CNB no tiene líneas claras de búsqueda y ha brindado informes contradictorios 3) Las fiscalías estatales se niegan a investigar y señalan que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, única institución con la cual se ha mantenido comunicación constante, y de cuyo personal queremos reconocer los esfuerzos que están realizando.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a frenar los actos de simulación de búsqueda y justicia. Para las familias resulta una burla que se priorice el funcionamiento de la industria minera sobre la presentación con vida de Ricardo y Antonio. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) giró cartas al Gobierno Federal y a la empresa Ternium para que brinden información sobre los hechos. El acero no vale más que la vida de las personas ni la vida de las personas defensoras de los derechos humanos.

Por lo anterior exigimos al Gobierno Federal:

  1. Se refuercen las acciones de búsqueda y se agoten todos los recursos necesarios para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, informando en todo momento a las familias.
  1. Se realice inmediatamente un sólido análisis de contexto en donde además de incluir a los grupos criminales, se considere en el mapeo de actores como presuntamente responsables a la empresa Ternium y se inicie una investigación a los empleados que participaron en las distintas asambleas comunales, anteriores a la desaparición de Ricardo y Antonio.
  1. Se exija a Ternium que actúe con debida diligencia, ante el escenario de riesgo y macrocriminalidad. Operar en una zona de conflictos requiere una Evaluación de Impacto Social y una Manifestación de Impacto Ambiental actualizados que incluyan la perspectiva de riesgo para personas defensoras.
  1. Que tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal, se abstengan de presionar a los comuneros que, en el ejercicio de su derecho a la manifestación, mantienen clausurado el acceso a la mina, hasta que sean presentados con vida Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia. Así mismo, se deben emitir medidas de prevención y protección que garanticen la vida e integridad física de la comunidad.

Una vez más insistimos en que las acciones de la empresa no responden a actos de solidaridad, como ellos mismos mencionan en su comunicado. No es un acto de bondad,  sino una obligación empresarial que responde a los impactos que generan en el área de influencia por la explotación de la tierra y los recursos naturales, a través de lo cual obtienen ganancias multimillonarias.

Las familias de Ricardo y Antonio y las organizaciones de sociedad civil lamentan profundamente que para los defensores de derechos humanos, de comunidades indígenas y del medio ambiente, no exista lugar en este gobierno y se apueste al desgaste y el olvido de sus nombres y de que fueron desaparecidos forzadamente porque a través de la defensa de derechos, tocaron los intereses de una empresa que está fuertemente resguardada.

¿Quién defiende a quienes nos defienden?

#TodosxporRicardoyAntonio

¡Presentación con vida ya!

 

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Asesinan al defensor purépecha Alfredo Cisneros en Michoacán

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El defensor y presidente del comisariado comunal de Sicuicho, Alfredo Cisneros Madrigal, fue asesinado este 22 de febrero “cuando llegaba a su casa después de haber desempeñado sus funciones”, en medio del proceso que vive la comunidad de independizarse del municipio y regirse como autogobierno, denunció el Consejo Comunal de Sicuicho, Michoacán.

El Consejo señaló que Cisneros era defensor de las tierras y los bosques comunales, como el de Surhumchani, por el que interpuso junto con los habitantes de la comunidad denuncias por la tala clandestina ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno estatal.

Añadió que la comunidad purépecha de Sicuicho ha sido invadida por agentes “que pretenden despojar de forma armada los bosques para cambio de uso de suelo” para plantar aguacate.

“Ante estos hechos decimos, ¿de qué transformación social hablamos en México? Como autoridades estatales y federales, por omisión son también responsables de los acontecimientos, no es posible permanecer indolentes antes miles de desaparecidos, cientos de asesinatos de luchadores sociales, dirigentes comunales, defensores del medio ambiente y ciudadanos que quedan impunes”, criticó.

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Pronunciamiento: Criminalidad y populismo empresarial, la respuesta del Estado a la crisis de Derechos Humanos en México

Red TDT

Ciudad de México, 29 de enero de 2023

La desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de México. En contraparte, el Ejecutivo federal privilegia la bonanza y protección a la inversión privada de empresas, como el sector minero, cuya actividad y poder ha truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.

A la lista de miles de víctimas en este país se suma la desaparición forzada de Ricardo y Antonio quienes desde el pasado 15 de enero fueron vistos por última vez en el municipio de Coahuayana, Michoacán, justo cuando regresaban de una asamblea comunitaria en la que abordaron un aspecto clave en las causas de este acontecimiento: la defensa y litigio de derechos agrarios de la comunidad de Aquila, Michoacán, además en un evento documentado, meses atrás, se anticiparon los elementos de riesgo que no fueron atendidos por ninguna autoridad.

En ese sentido, el Estado Mexicano debe formalizar los canales de interlocución e investigación con representantes del proyecto minero “Las Encinas” de la empresa minera Italo-Argentina Ternium a fin de deslindar responsabilidades toda vez que ha sido señalada como un actor clave en el conflicto de fondo, la comunidad de Aquila mantiene un litigio abierto en los tribunales agrarios de la región dado que está ubicada la responsabilidad de la minera en la fragmentación del tejido social y conflictividad en la región como lo han señalado familiares en diversas conferencias de prensa.

Como es de conocimiento público, la desaparición forzada de Ricardo y Antonio ha trascendido a nivel nacional e internacional como uno de los eventos por el cual, se han pronunciado distintos actores, sin obviar la recomendación urgente al Estado Mexicano para que adopte medidas cautelares urgentes para la localización con vida de los defensores, salvaguardando la vida e integridad de familiares y comuneros quienes asumen en primera línea la denuncia y defensa ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno del estado de Michoacán y Colima, así como de sus Fiscalías Generales de Justicia.

Por su parte la pronta reacción de familiares y comuneros para hacer las denuncias correspondientes a las autoridades desde las primeras horas, y una red de apoyo que viralizó la información corroborada, fueron elementos suficientes para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuarán con inmediatez para salvaguardar la vida e integridad de los dos defensores de derechos humanos, sin embargo, eso no sucedió y no ha sucedido hasta la fecha de hoy en la que no existe un mínimo informe que de cuenta de los acontecimientos, las líneas de investigación o indicios del paradero de Ricardo y Antonio.

Sin embargo, la inacción del Estado Mexicano en casos como este ha sido señalada por distintas colectividades y organismos internacionales de derechos humanos; sobre todo cuando los hechos ocurren en regiones en donde es evidente el control territorial de la delincuencia organizada y carteles del narcotráfico cuyos crímenes ha dejado patente la ausencia del Estado, lo cual finca responsabilidades por omisión ante la comisión de delitos y la ubicación de perpetradores plenamente identificados por habitantes de la región.

El derecho a defender derechos humanos está consagrado en diversos instrumentos internacionales como un ejercicio que los Estados nacionales están obligados a garantizar, por ello, en exigencia de verdad y justicia, las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos sumamos a la convocatoria de acciones descentralizadas que se realiza del 27 al 29 de enero en distintas regiones del país y a nivel internacional. 

En ese marco hoy nos pronunciamos frente a la profundización de la violencia y crisis de derechos humanos en México y urgimos de manera particular la presentación inmediata con vida de Ricardo y Antonio, misma que se suma al escenario de violencia con el que comenzamos este 2023 en el país.

¡Quienes defienden la vida, con vida deben volver!

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

 

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Más de un centenar de activistas y organizaciones exigen aparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Más de un centenar de activistas, académicos, periodistas, colectivos y organizaicones exigieron la aparición inmediata de los defensores del territorio Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en el trayecto entre Aquila, Michoacán, y Tecomán, Colima.

En un carta-pronunciamiento, los activistas y colectivos denunciaron que la desaparición de Lagunes, abogado de derechos humanos que acompañaba a la comunidad nahua de Aquila en la defensa legal contra la minera Ternium, y de Díaz Valencia, dirigente y defensor de la comunidad, se enmarca en clima «de elevada vulnerabilidad de la población nahua que habita la región costera de Michoacán», sin la intervención efectiva de las autoridades.

«Nos preocupa el escaso interés y atención a esta situación en el debate político nacional, y la inoperancia de las instituciones encargadas de atender dichos crímenes. Emblematico de ésto es el hecho de que Lagunes contaba con medidas cautelares por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sin embargo, como en muchas otras ocasiones, esto no sirvió de manera efectiva para proteger su integridad», destacaron los firmantes, entre los que se encuentran el Comité Huexca en Resistencia, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, organizaciones internacionales e investigadores.

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Asesinaron al defensor Pedro Pascual en el Día de los Derechos Humanos

Imagen tomada de Desinformémonos

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El defensor de los bosques y coordinador p’urhépecha de la Ronda Comunal de Ocumicho, Pedro Pascual Cruz, fue asesinado en Michoacán el pasado 10 diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

«Contrario a lo que establece el discurso oficial, los pueblos y comunidades originarias no tenemos nada que celebrar, toda vez que los defensores de los derechos humanos, de los bosques y de los derechos colectivos continúan siendo asesinados y desaparecidos», señaló el CSIM en el comunicado en el que informó la muerte del defensor.

Pascual Cruz participó en la seguridad de la comunidad de Ochumicho así como en la defensa de sus recursos naturales y en la defensa de las zonas arqueológicas de la región p’urhépecha.

El Consejo exigió al Estado mexicano justicia para el defensor asesinado y seguridad para Ochumicho y toda la región. Finalmente, hizo un llamado a las comunidades originarias para que estén atentas a lo que pueda pasar en la comunidad p’urhépecha.

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Detienen a defensor p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán

Imagen: Red TDT

 

 

Red TDT

Alarmante nuevo proceso de criminalización contra defensores p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán

Ciudad de México, 28 de julio de 2022

Acción urgente 005

ANTECEDENTES 

El 23 de octubre de 2019, José Antonio Arreola Jiménez, José Gerardo Talavera y José Luis Jiménez Meza, defensores p’urhépecha de la comunidad de Nahuatzen, fueron declarados culpables del delito de “sabotaje”, en el mismo proceso habían sido acusados de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre pero estos dos últimos cargos fueron desestimados. 

Luego de que se reclamara este proceso penal y después de 3 años de que los defensores José Antonio Arreola Jiménez, José Gerardo Talavera y José Luis Jiménez Meza, estuvieran privados de su libertad de forma ilegal, en febrero de 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se transgredió el debido proceso y el derecho humano de acceso a la justicia; ante lo cual, concedió un amparo liso y llano y ordenó la liberación inmediata de las personas defensoras.

HECHOS 

El 27 de julio de 2022, la Red Solidaria de DH tuvo conocimiento de la detención del defensor p´urhépecha José Luis Jiménez Álvarez de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán;  hasta el momento tenemos información que apunta a un acto de criminalización (y la repetición de un acto que ya fue declarado inconstitucional) por parte de la fiscalía del estado de Michoacán por hechos falsamente atribuidos al Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, autoridad tradicional de la comunidad en la causa penal 391/2018.

Es indispensable señalar que, los delitos que se imputan a José Luis Jiménez Álvarez,  (robo calificado grave, robo de vehículo de motor terrestre y sabotaje) son acusaciones formuladas en un proceso penal declarado inconstitucional por determinación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Una de las violaciones a los derechos humanos de las personas sometidas ilegalmente a proceso penal que señaló la Suprema Corte, fue la falta de enfoque intercultural al momento de ser enjuiciados, violación que está siendo cometida nuevamente en la detención ilegal de José Luis Jiménez Álvarez.

EXIGENCIAS 

Al Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla: 

Que en el marco de sus facultades garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de  José Luis Jiménez Álvarez, así como que realice las gestiones necesarias para evitar que continúen las acciones de criminalización en contra de los defensores comunitarios de Nahuatzen. 

A Adrian López Solis, titular de la Fiscalía del Estado de Michoacán: 

Para que garantice el debido proceso así como una investigación pronta y diligente,  respetando en todo momento los derechos humanos del defensor p´urhépecha de la comunidad de Nahuatzen José Luis Jiménez Álvarez, garantizando el debido enfoque intercultural que se debe anteponer en dicho procedimiento, así como respetar el derecho humano a una debida y oportuna defensa.

A David Ochoa Baldovinos, director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán:

Para que garantice que el defensor de oficio asignado al caso, se encargue de velar por los intereses de José Luis Jiménez Álvarez.

Al ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez:

Para que verifique de manera inmediata el estado de José Luis Jiménez Álvarez y evite se repitan actos de criminalización contra defensores comunitarios.  

A los organismos nacionales e internacionales:

Para que se mantengan atentos y se pronuncien en contra de este nuevo proceso de criminalización en contra de quienes defienden la autonomía y libre determinación en la comunidad de Nahuatzen.

Ver la acción urgente

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