Este domingo, 3 de marzo, murió Luz Longoria y Gama, mujer mexicana incansable que, desde su fe y convicción por un México más justo, dedicó la vida junto con su esposo, José Alvarez Icaza Manero, por la defensa de la justicia y las causas de las personas más vulnerables.
“Luzma”, como le decíamos cariñosamente, fue una mexicana, católica incansable, luchadora por la justicia y pionera del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Primero, preocupada por los problemas de las familias mexicanas, fundó junto con su esposo José y un grupo de matrimonios el Movimiento Familiar Cristiano para posteriormente hermanarlo con otras organizaciones similares en América Latina, a través del Secretariado para América Latina del MFC (SPLA) del que fueron presidentes y que los llevó a representar la voz de las familias ante el Concilio Vaticano II, donde defendió denodadamente el papel del amor conyugal como uno de los fundamentos del sacramento del matrimonio.
La participación de ambos como auditores laicos en el Concilio fue fundamental para la construcción del esquema XIII de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundoGauidum et spes. Durante su participación en la sala conciliar, Luzma dijo a los padres conciliares: “desde mi experiencia de madre, estoy convencida que los hijos no son fruto de la concupiscencia sino del amor… Con mucho respeto les digo (a los padres conciliares) que cuando sus madres los concibieron lo hicieron por amor, como yo, no por concupiscencia”.
Estas palabras, venidas de la experiencia propia y del caminar arduo acompañando y escuchando a muchas mujeres del continente americano, fue clave para lograr definiciones más evangélicas en las discusiones al respecto y contribuir a redefinir el papel de la mujer dentro de la Iglesia. Tarea que tenazmente mantuvo durante toda su vida.
Por esa razón, el papa Paulo VI depositó de manera simbólica en sus manos, el mensaje del concilio a las mujeres del mundo durante la sesión de clausura del Concilio.
Todavía en 2012, siendo invitada por el Congreso Internacional “Las teólogas releen el Vaticano II” en Roma para celebrar el cincuentenario del inicio del Concilio Vaticano II, Luzma habló en representación de las católicas mexicanas y latinoamericanas particularmente de asuntos preocupantes al interior de la estructura clerical: el celibato de los sacerdotes, el sacerdocio femenino y el aborto, la participación de las mujeres en la iglesia, entre otros asuntos. Ex auditora laica en el Concilio, con la misma voz rotunda que usó hace medio siglo, Luz siguió siendo una voz que clama en el desierto de la iglesia que ella ama.
Junto con su esposo José Alvarez Icaza, Luz fundó posteriormente el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) con el que decidieron dar una respuesta creativa al llamado del Concilio a los laicos del mundo ante las realidades y problemáticas urgentes. A lo largo de su historia ofrecieron espacios, apoyo y compañía a grupos y personas perseguidas por la defensa de sus derechos y las más diversas causas por la justicia y la paz. El equipo que siempre hicieron equilibraba corazón y cabeza. Muchas veces Luzma era el faro que guiaba sutil y sensatamente, pero ambos convivieron siempre en armonía y decidieron vivir con la mayor congruencia en favor de las causas de los más pobres.
Desde la sede de Medellín 33, en la Colonia Roma, en la capital, apoyaron la formación de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, acogiendo a perseguidos políticos de México y de América Latina.
Su solidaridad la ejerció también en la casa familiar, sonde recibía incondicionalmente a grupos y personas en busca de apoyo. Convirtió el hogar familiar en casa de puertas abiertas. Fue esposa, madre, suegra, abuela, amiga y camarada ejemplar. Siempre interesada y enterada de los asuntos de todos. Su amor alcanzó también a otros hijos no biológicos que fue recogiendo por la vida.
Inquieta intelectualmente era una lectora ávida, siempre preocupada por los asuntos de la vida pública. A sus 94 años, emprendió el aprendizaje de la lengua náhuatl, convencida de que la mejor manera de entender el mensaje liberador de la virgen de Guadalupe a profundidad, era leer el Nican Mopohua en su lengua original. Como su nombre lo indica, ella era luz para quienes caminamos a su lado y de su mano.
El número de personas que solicita asilo en México creció 103 por ciento el año anterior, al pasar de 14 mil 596 en 2017 a 29 mil 600 en 2018, cifra histórica de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación (SG).
Casi la mitad de las peticiones, 45.9 por ciento, las realizaron hondureños. La siguiente nacionalidad con más solicitudes fue la venezolana: el año pasado 6 mil 386 personas de este país pidieron asilo a México, ello representa 21.7 por ciento del total. En tanto, durante el mismo periodo, 6 mil 135 salvadoreños pidieron adherirse a esta condición en nuestro territorio, es decir, 20.8 por ciento.
De Guatemala, mil 340 personas tramitaron asilo en México, es decir, 4.5 por ciento de todas las solicitudes presentadas; mil 262 (4.2), de Nicaragua, y 864 (2.9), de otros países.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) discrepa “profundamente” con las formulaciones forense en la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), específicamente, en la sección titulada “19. Escenario del Vertedero de Cocula”, donde la CNDH “incurre en graves omisiones, especulaciones, sesgos y simplemente errores” al citar el dictamen pericial multidisciplinario integral sobre los indicios encontrados en el Basurero de Cocula realizado por el EAAF en febrero de 2016.
Por el momento, “no hay ninguna identificación de restos de los 43 estudiantes desaparecidos confirmada sobre restos que se hayan recuperado en el Basurero de Cocula”, enfatiza el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Los expertos “discrepan” con las conclusiones recomendación de la CNDH “en la interpretación y conclusiones en relación con el Basurero de Cocula y los hallazgos supuestamente recuperados de una bolsa del Río San Juan, Cocula, según la PGR”.
Los expertos argentinos convocan a los autores del informe de la CNDH “a iniciar una mesa técnica forense en donde puedan discutirse a profundidad cada una de las graves discrepancias encontradas entre los resultados del EAAF y lo presentado por la CNDH.
El Equipo Argentino de Antropología Forense resalta que su dictamen fue realizado por un equipo internacional interdisciplinario de 26 especialistas en las áreas de arqueología, criminalística, genética, antropología, medicina, dinámica de fuego, odontología, balística, botánica y entomología forense y fotografía satelital provenientes de México, Estados Unidos de América, Canadá, Colombia, Suiza, Uruguay y Argentina durante cerca de 16 meses.
Maritza del Carmen Méndez, una salvadoreña, ha dejado de contar los días para lograr “el sueño americano”, y dice estar dispuesta a ser deportada a su país de origen, al menos hasta que “las aguas se calmen”. Salió sola desde Ahuachapán, El Salvador, y se unió a la caravana, ahora cuenta que para ella se acabó, es hora de regresar a casa.
“He perdido la cuenta de cuántos días llevo caminando, creó que salimos el 31 (de octubre) de allá y pues creó que llevamos 24 días aproximadamente. La mayoría piensa establecerse aquí y ver si pueden sacar papeles para la visa humanitaria, eso dicen, yo ya no quiero, se está poniendo muy feo, no quiero que me maten si entro por la frontera a Estados Unidos, me voy a regresar, ya luego veré”, expresa.
En los últimos días algunos de sus compatriotas iniciaron su retorno, y piensa que este regreso voluntario aumentará en conforme pase el tiempo.
Maritza, como muchos integrantes de la caravana, salió de su país por la falta de empleo, extorsiones, y las nulas oportunidades para salir adelante, pero por el momento, prefiere regresar pues quedarse en México, dice, no sería cumplir con lo que había soñado, para ella “todo se volvió pesadilla”.
El mundo lanzó este miércoles críticas y recomendaciones al Estado mexicano, sobre las carencias que prevalecen en materia de Derechos Humanos; la delegación de México, en tanto, aceptó que persisten “retos considerables”, por casos de tortura, desaparición forzada y asesinatos de periodistas y defensores.
Como parte del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 representantes de países hablaron sobre México en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en lo que también fue considerado por organizaciones ciudadanas y expertos consultados como una especie de evaluación o examen final al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, porque es el segundo EPU que se aplica durante su periodo como jefe del Estado mexicano. El primero fue en 2013.
Estados Unidos tocó temas sensibles. Pidió al Estado mexicano identificar a los responsables de las desapariciones en el caso Ayotzinapa, y los hechos de tortura durante la investigación del caso, señalados por la oficina de la ONU en México.
También señaló que la corrupción sigue facilitando la impunidad en el país, y que hay 37 mil personas desaparecidas y no localizadas, sin que se hayan aplicado en su totalidad las disposiciones de la ley aprobada en materia de desaparición forzada.
Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, lamentó Estados Unidos, siguen en la impunidad.
Uruguay y Paraguay pidieron a México aceptar la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, para conocer casos particulares o individuales, medida que el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha rechazado. Países como Costa Rica y Benín coincidieron en este punto.
ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS EXPRESAMOS INDIGNACIÓN POR EL ASESINATO DE JULIÁN CARRILLO Y URGIMOS A LAS AUTORIDADES A PROTEGER A DEFENSORES E INVESTIGAR LOS HECHOS
Foto: La Jornada / Cortesía Alianza Sierra Madre
Su riesgo era conocido y, por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida
Desde que se adoptó el plan de contingencia para Chihuahua han asesinado a cinco defensores de derechos humanos
Chihuahua, Chih., 26 de octubre de 2018.-Ayer por la noche, integrantes de la organización Alanza Sierra Madre (ASMAC) supieron, por una llamada telefónica, que el líder rarámuri y beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (Segob) Julián Carrillo Martínez, fue asesinado en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, México.
El día anterior se había recibido información de que Julián había hablado desde un cerro para decir que había decidido huir de su casa porque varios sicarios estaban asechándolo. Después de eso, no se volvió a tener comunicación él.
Ayer a las 20:00 horas, se comunicó otro beneficiario del Mecanismo e integrante de la comunidad con personal de ASMAC para informar que el hijo de Julián, le había llamado desde el teléfono satelital que tienen como parte de las medidas de protección, y le dijo escucharon una balacera y creían que habían asesinado a su papá.
Dado que la conversación telefónica se cortó, personal de ASMAC marcó al número del teléfono satelital de la familia para tener más información; no obstante, no lograron comunicarse y solo se escuchó una grabación automática que anunciaba que el teléfono no estaba programado para recibir llamadas.
Posteriormente, ASMAC recibió la comunicación de otro integrante de la comunidad que actualmente radica en Baborigame, para pedir que se hiciera del conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que en la comunidad de Coloradas de la Virgen había ocurrido una balacera. Una hora más tarde ASMAC conformó el asesinato de Julian mediante un joven que encontró a Julián muerto, con el cuerpo totalmente destrozado.
Las organizaciones y personas que suscribimos este comunicado somos categóricas: el riesgo en que se encontraba el beneficiario y Presidente de bienes comunales de Coloradas de la Virgen era muy alto y también conocido por el Mecanismo de Protección y la FGE. Por tanto, su muerte pudo haber sido prevenida. De hecho, un mes antes se había enviado una comunicación a ambas dependencias para informar sobre el desplazamiento forzado de Julián y otros líderes de la comunidad a partir del asesinato del yerno de aquel, perpetrado como una forma de orillarlo a abandonar el territorio que tanto quería y por el murió defendiendo.
Julián abandonó su tierra provisoriamente luego de que hubiera escuchado rumores de personas que lo están buscando para asesinarlo por su labor de denuncia sobre lo que pasaba en Coloradas de la Virgen. Ese tipo de amenazas las habría sufrido en 2017 y 2018.
Ante la lamentable muerte de su hija, ocurrida en la ciudad de Parral el día 16 de agosto de 2018, como consecuencia de una complicación post parto en la que también el bebe murió, Julián tuvo que regresar a Baborigame el pasado 11 de agosto para trasladar el cuerpo de su hija a Coloradas de la Virgen y desde ese día estuvo itinerante entre Coloradas de la Virgen y Baborigame. Esos hechos fueron comunicados vía teléfono celular (una vez que logró tener señal después de buscarla en diferentes cerros por la inaccesibilidad de la zona), en tanto el teléfono satelital asignado se encontraba inhabilitado y sin saldo para poder comunicarse a Chihuahua.
Previamente, en febrero de 2016, Julián presenció a corta distancia el asesinato de su hijo Víctor Carrillo Carillo, y solo libró el ataque porque estaba fuera de la vivienda. Aunado a ello, han sido asesinados Guadalupe Carrillo Polanco (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en julio de 2016); Alberto Quiñones Carrillo (sobrino de Julián Carrillo, asesinado en septiembre de 2017); Francisco Chaparro Carrillo (yerno de Julián Carrillo, asesinado el 1 de julio de 2018). Este último asesinato fue el que lo obligó a Julián a desplazarse de manera forzada hacia otra entidad de la República por varias semanas.
Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección, habiendo sido incorporado junto con otras defensores y defensoras rarámuri e integrantes de ASMAC en febrero de 2014. Por el desconocimiento sobre la forma de realizar el análisis de riesgo colectivo, así como por las condiciones de orografía y especialmente por la inseguridad en la región, el Mecanismo tardó 17 meses para realizarlo y lo hizo de manera remota, sin trasladarse a la comunidad.
Hace una semana, en el marco de la revisión de la mesa ambiental del plan de contingencia, uno de los beneficiarios del Mecanismo expresó ante organizaciones de la sociedad civil, autoridades estatales y federales su preocupación por la violencia al interior de la comunidad y por las cuatro concesiones mineras otorgadas irregularmente a sus agresores. También expresó su deseo de seguir haciendo su trabajo en condiciones de seguridad y libertad, y se manifestó muy preocupado por la impunidad en que se encuentran los 17 asesinatos de líderes rarámuri y autoridades indígenas en la zona, incluyendo el caso de Isidro Baldenegro.
Son evidentes los retos en la implementación de medidas colectivas de protección por parte del Mecanismo. Como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos Michel Forst, en su informe de visita a México en enero de 2017:
Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos. En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales.
Bajo las obligaciones internacionales, constitucionales y legales, las autoridades mexicanas tienen el deber reforzado de prevenir, atender, proteger, procesar, sancionar y erradicar los ataques contra personas de derechos humanos. Por ello, ante esta situación:
Primero: Expresamos nuestro total repudio ante el asesinato de Julian Carrillo Martínez, líder indígena defensor de derechos humanos que estaba bajo la protección del Mecanismo de Protección.
Segundo: Solicitamos a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección que agende la revisión urgente del caso y una evaluación sobre el actuar del mismo, en el marco de siguiente reunión ordinaria a celebrarse a los días 30 y 31 de octubre.
Tercero: Urgimos a la FGE a investigar oportuna y diligentemente el caso, con el fin de identificar a todos los autores materiales e intelectuales, con el fin de procesarles y sancionarles respetando las garantías del debido proceso.
Cuarto: Solicitamos se revise, a la brevedad, la implementación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a personas defensoras de derechos humanos, con miras a fortalecer las medidas necesarias para garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos humanos colectivos en regiones con alta presencia del crimen organizado y ausencia de las autoridades competentes.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
Borde Político, A.C.
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Enjambre Digital, A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Círculo de Estudios de Género, A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana De Derechos Humanos Del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Grupo Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua) Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red por la Participación Ciudadana
Servicios y asesoría para La Paz , A.C. (SERAPAZ)
Uno de Siete Migrando, A.C.
#PropuestaMx
Personas:
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco
Alberto Athie
Catalina Pérez Correa
Daniel Vázquez, IIJ-UNAM
David Pérez Esparza
Denisse Dresser
Eliana García Laguna Fernando Valdez
Yésica Sánchez Maya
Redes:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Las caravanas de Migrantes y de Madres de Migrantes Desaparecidos se encontraron en este municipio bajo una sola exigencia: libre paso y no criminalización de la migración.
Procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las mujeres se solidarizaron con los miles de centroamericanos que desde hace cinco días ingresaron a nuestro país.
“Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales”, se unieron en coro mientras las madres ingresaban al auditorio al aire libre en el parque central de Huixtla.
Vengo de Honduras, dijo una de ellas con la voz quebrada ante el micrófono, me da dolor ver a tanta gente de mi país en este lugar. Les pido a las autoridades que los dejen pasar, no son criminales, andan buscando trabajo.
Retrato de Judith B., raptada por las redes de tratantes en Tlaxcala, Tlaxcala el 8 de enero del 2018 y rescatada en la Ciudad de México un día después.
De los 609 detenidos por trata de personas en el 2017 sólo 95 fueron condenados en México, lo que significa que el castigo se aplicó nada más a uno de cada seis sospechosos, de acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2018, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un año antes, en 2016, las autoridades federales mexicanas iniciaron procesos penales contra 479 presuntos delincuentes y condenaron a 228, es decir, su efectividad fue mayor, de 47 por ciento.
El Departamento de Estado mantiene a México en el nivel dos de cuatro, que corresponde a los países que se esfuerzan pero no hacen lo suficiente para erradicar la trata de personas, porque en 2017 enjuició a más tratantes pero logró menos condenas e identificó a un número menor de víctimas respecto al periodo anterior. “La corrupción y la complicidad impidieron el cumplimiento de la ley”, cita el documento.
“Demostró estar aumentando sus esfuerzos en comparación con el periodo de análisis anterior (…) Ha dejado constancia de esos mayores esfuerzos al enjuiciar a más tratantes que en el año anterior; al identificar y apoyar a víctimas de la trata sujetas a trabajo forzoso en México y en el exterior, y al lanzar una nueva campaña nacional de concientización”.
La violencia en México es muy preocupante y el único responsable de la situación es el Estado al no garantizar la seguridad de sus ciudadanos, puntualizó Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista, mencionó que aunque a veces enfrentan problemas con el gobierno, normalmente los funcionarios trabajan y responden a los requisitos de la comisión y muestra un espíritu de cooperación para mejorar la situación de derechos humanos.
“El Estado es responsable porque tiene que proteger a sus ciudadanos de todas las formas de violencia y cuando estos ciudadanos son atacados, asesinados o violados, no se les da la atención adecuada en un hospital y sufren algún tipo de consecuencia, de todo eso el Estado es responsable”, subrayó.
Menores encuestados por la organización Save the children afirmaron que los secuestros en el país son su mayor preocupación (44 %), seguido de los problemas de salud (43 %).
Foto: facebook.com/SavetheChildrenMexico
Juan, de 12 años, cree que en México se vive inseguro porque secuestran a adultos y niños. Ana, de 11, dice que no puede salir a la calle porque han matado a mucha gente. Ambos representan el sentir de los 3,100 niños, niñas y adolescentes que Save The Children consultó en la encuesta Voces, para saber qué les preocupa y encontró a la violencia en el lugar número uno.
La organización realizó este ejercicio para poder escuchar a menores participantes en sus diversos programas, de entre cuarto de primaria y último grado de bachillerato, en un país donde no se les suele pedir su opinión sobre los problemas públicos ni hacerlos participar en las decisiones para remediarlos.
En la presentación este miércoles de Voces, María Josefina Menéndez, directora general de Save the Children, explicó que, de acuerdo a una encuesta de la UNAM, un cuarto de los mexicanos considera que las opiniones de niñas, niños y adolescentes sobre las decisiones políticas deben ser consideradas poco o nada, y dos de cada diez piensan que los niños participan a través de los adultos.
“Eso es un ejemplo de que a una enorme parte de la sociedad no le interesa escucharlos, pese a que garantizar su participación es un derecho y a que representan el 30 % de la población mexicana. Persiste en el país, una visión adultocentrista, proteccionista y asistencialista sobre el rol de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad”, aseguró.
Ante esa falta de escucha, “es que decidimos realizar la consulta Voces, un ejercicio en el que se preguntó a niños, niñas y adolescentes participantes en los programas de la organización sus opiniones, percepciones y sentimientos respecto a los contextos y realidad en los que viven”.
