Alrededor de 200 personas partidistas participaron la tarde del sábado 10 de agosto en la destrucción de tres casas de integrantes de las Abejas de Acteal, en el Barrio Río Jordán, de la colonia Miguel Utrilla. Los Chorros, en el municipio de Chenaló, denunció Juan Vázquez Luna, presidente la la Organización Civil las Abejas de Acteal.
“Como mesa directiva de la Organización Las Abejas, hemos pasado la información al presidente municipal de Chenaló, y al síndico municipal. Le hemos dicho que queremos una solución para que no sigan estos actos violentos, y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta, por tanto los responsabilizamos de estos hechos violentos y a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda seguir ocurriendo en el Barrio Río Jordán”, denunció Vázquez Luna.
La primera acción de violencia mencionan Las Abejas, se dio en casa de Alonso Giménez Méndez, a las 4:54 pm; lo pasaron buscando e informaron que lo seguirían buscando hasta encontrarlo. La segunda acción violenta es a las 5:06 pm, cuando amenazan con quemar la casa de Alonso Giménez Méndez, y después continuaron con su búsqueda, añadieron los también integrantes del Congreso Nacional Indígena en videoconferencia desde Acteal.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta.
El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres.
El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ CDMX como una “provocación”, señalando que se abrirían carpetas de investigación.
En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público.
Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas.
Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJCdmx declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecución, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género.
Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan.
El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad.
Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos.
Atentamente,
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
José Pablo Espíndola y Fernanda Muñoz/ Reporte Indigo
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indigenas, especialistas y artistas reflexionan sobre el papel que deberían jugar el gobierno y la sociedad para erradicar la discriminación y sumar todo el conocimiento que tienen estas comunidades para beneficio de México.
Foto tomada de Reporte Indigo
Desde hace 24 años, los pueblos indígenas de todo el mundo son celebrados y reconocidos a través de un Día Internacional, pues de acuerdo con la Unesco, son herederos de una gran variedad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. Pero a pesar de la riqueza que poseen, corren un gran peligro.
La temática de 2019 coincide con la proclamación del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Aunque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) informa que México es uno de los países con mayor diversidad indígena en el continente americano, al tener, según el Catálogo de las Lenguas Indígenas, 364 variantes lingüísticas, agrupadas en 68 grupos y 11 familias, todos los días puede desaparecer una de ellas.
El último informe “México. Lenguas Indígenas Nacionales en riego de desaparición” (2012), detalla que entre las variantes lingüísticas con un muy alto riesgo de extinguirse aparece el Awakateko, de la agrupación Awakateko, de la familia Maya, pues sólo tres personas en dos localidades de todo el país la hablan.
Por otra parte, la variante Tuzanteco, de la agrupación Qato´k, de la familia Maya, es otra que corre un gran peligro, al haber sólo cinco hablantes en una localidad.
EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS QUE CUENTAN CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES SUPUESTAMENTE VINCULADAS A GRUPOS DE CRIMEN ORGANIZADO, SEGÚN EXPERTOS DE LA ONU EN DERECHOS HUMANOS.
El Comité de Derechos Humanos, integrado por un grupo de 18 expertos internacionales, emitió un dictamen en el que asegura que “México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010”.
El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo después en ninguna comisaría.
Ella y los familiares de la víctima presentaron varias denuncias y se logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus superiores.
En México hay múltiples ejemplos de despojo, segregación y desprecio hacia personas indígenas, afrodescendientes, o con tono oscuro de piel.
Claudia Ramos/ Animal Político
“Quería que trabajemos las 24 horas y tener sueldo normal, cuando antes trabajábamos 24 horas, pero de 5 de la tarde a 8 de mañana nos pagaban 40 pesos la hora. Pero él de plano nos quitó los incentivos, las prestaciones. O sea, nos quitó de plano todo, y quería que trabajemos las 24 horas del día. Y le dijimos que no, que no se puede, que ya nos acostumbramos (a lo anterior). Ustedes nos acostumbraron, no nosotros”.
“(El doctor nos dijo) “No los vamos a liquidar”. (Y respondimos) “si no nos liquida aquí, nos va a liquidar en otro lugar”, (a lo que respondió) “¿Crees que me vas a amenazar, si ustedes son de pueblo? Pinches pueblerinos estos. De su pueblo nunca van a salir”.
De acuerdo con el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad. El impacto de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México“,presentado este martes 6 de junio, cuando se hace referencia a una historia de racismo y discriminación se podría pensar que se trata de injusticias que ocurrieron en el pasado y que ya se superaron.
La realidad es que la discriminación del pasado tiene efectos persistentes en la actualidad, resalta el estudio elaborado por los investigadores de El Colegio de México Patricio Solís, Virginia Lorenzo Holm y Braulio Güémez, en una colaboración con Oxfam México.
¿Cuál es la relación entre la exclusión de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y los altos niveles de desigualdad? De acuerdo con un estudio elaborado por El Colegio de México y Oxfam, la discriminación y los privilegios en México siguen ligados al color de piel.
Foto: Fernando Gutiérrez
Claudia Ramos/ Animal Político
“Una vez iba en el metro, hace como dos meses, y haz de cuenta que volteo y me les quedo viendo. Eran tres chirigüillas, pero me les quedo viendo el comportamiento. No con morbo, no con nada (…) pero empezaban a hablar dialecto. Porque en el metro sí les vale, sí te hablan dialecto (…) Y ellas creen que es como si hablaran inglés, ¿verdad? (…) Y yo sí les he dicho algo así de que: ‘Oye, ¡qué fashion!’ Pero así de que: cállate, habla español. Es lo que te molesta. Yo sí les he dicho, de que volteo y así de que ‘habla español, habla lo normal’”.
La persona que habla es de Monterrey y chirigüilla es el término con el que identifica las características físicas, lingüísticas y culturales de las tres jóvenes de origen indígena. El testimonio forma parte de la investigación en curso sobre discriminación étnico-racial en México desarrollada por El Colegio de México, bajo la dirección del investigador Patricio Solís.
No es una anécdota aislada. Ilustra prácticas discriminatorias sistemáticas que de manera histórica han impuesto cargas a las comunidades indígenas por su color de piel, género o lengua, según documenta el estudio Por mi raza hablará la desigualdad. El impacto de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México, realizado por los investigadores de El Colegio de México Patricio Solís, Virginia Lorenzo Holm y Braulio Güémez, en una colaboración con Oxfam México.
De acuerdo con el informe, la desigualdad de oportunidades de hoy “todavía se alimenta de la discriminación y el racismo del pasado”. Los investigadores de El Colmex documentaron que la discriminación histórica y actual de las comunidades indígenas, y en particular de las mujeres indígenas, se da en tres dimensiones: educativa, laboral y en el patrimonio o riqueza material. Es decir, hablar una lengua indígena, identificarse como parte de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro reduce las posibilidades de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral o escalar a la parte más alta de la distribución de la riqueza.
Ciudad de México | Desinformémonos. Un total de 625 mujeres indígenas y mestizas de México y de otros países se pronunciaron contra los proyectos extractivos “que representan la parte más agresiva y visible del neoliberalismo”, como el Corredor Industrial Transístmico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos (PIM), así como repudiaron “las acciones que el actual gobierno mexicano está haciendo en contra de los migrantes” en el país y la criminalización de activistas y defensores, luego de dos días de trabajo del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), en la comunidad nahua de San Juan Volador, Veracruz.
“Ratificamos nuestra decisión de seguir vivas para acabar con el sistema capitalista patriarcal que nos esta asesinando”, señalaron en la declaratoria final del encuentro, donde también se pronunciaron por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia por los asesinados.
Las mujeres participantes destacaron que su resistencia es “importante y decisiva” porque se enfrenta a “la guerra de exterminio declarada a los pueblos del mundo por el capitalismo y el poder patriarcal”, por lo que los días 27 y 28 de julio buscaron, a través de talleres, diálogos e intercambios de saberes, prácticas y visiones, articular la organización y establecer medidas y acciones para continuar la lucha.
Ciudad de México | Desinformémonos. La información de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la refinería Dos Bocas en Tabasco no es suficiente para la evaluación, la cual además está fragmentada porque no cuenta con los datos sobre las obras adicionales al proyecto, lo que impide que sea aprobada, señalaron en análisis distintos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.
Además, señalaron que las condiciones del suelo arcilloso hacen inadecuado el sitio para el proyecto y que la refinería representa la contradicción a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.
En su análisis, el Cemda acusó que se violaron los derechos a la información y a la participación ciudadana al ser bajada del sitio oficial la MIA en dos ocasiones, además de que se presentaron versiones distintas y actualmente no está permitido el acceso a los documentos, como el Estudio de Riesgo Ambiental.
El país más peligroso del contienente americano para la prensa sigue siendo México. Ayer se dio a conocer a escala global la Clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde documenta la situación de periodistas y medios de comunicación en 180 países.
México ocupó la posición 144 y fue considerada una de las naciones con semáforo en rojo dentro de la categoría de difícil situación. Sólo hay una escala por debajo: se marca en negro y corresponde a países con muy seria situación, entre los que están Libia, China, Sudán, Arabia Saudita y Egipto.
En 2018, se señala en el reporte, México fue el segundo país a escala mundial con más periodistas asesinados, al menos 10, de acuerdo con RSF (aunque otras instancias, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportaron 12 casos), sólo por debajo de Afganistán, donde se presentaron 14 homicidios de comunicadores.
Sumado a ello, en los dos primeros meses de 2019 RSF documentó el asesinato de al menos seis periodistas en el mundo, dos de esos casos se presentaron en México, tres más en Afganistán y uno en Ghana.
En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.
La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.
El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.
