En ocho meses, 578 pozos más utilizaron el fracking para extraer recursos en México

 

Gonzalo Ortuño/ Animal Político 

La Alianza Mexicana contra el Fracking llamó a diputados y senadores a discutir las seis iniciativas presentadas para prohibir esta técnica de extracción en este periodo de sesiones.

En lo que va del año, ha aumentado el número pozos petroleros que utilizan el método de fracturación hidráulica, también conocido como fracking, para la extracción de hidrocarburos en México, pasando de 7 mil 879, a 8 mil 457. 

Así lo dio a conocer la Alianza Mexicana contra el Fracking, al cuestionar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha implementado acciones contra esta técnica extractiva, pese a ser uno de los compromisos del presidente.

El colectivo dio a conocer las respuestas a solicitudes de información dirigidas a dependencias involucradas, con el objetivo de saber las medidas implementadas contra esta práctica, pero no hay ninguna. 

La organizaciones exhibieron que no hay medidas contra el fracking implementadas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener) ni por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

“Este escenario nos confirma una continuidad absoluta en el marco regulatorio que permite la fractura hidráulica en el país, sin ninguna acción implementada desde el poder Ejecutivo que vaya en el sentido de las palabras del Presidente”, señaló Manuel Llano, de la organización CartoCrítica. 

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Suma Sinaloa 4 mil 265 desaparecidos

Foto: Cencos
Cristian Díaz/ La Jornada
Miércoles 28 de agosto de 2019. Culiacán, Sin. En Sinaloa ha habido 4 mil 265 personas en calidad de desaparecidas, de 2007 al 19 de julio de 2019, según una revisión de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas integradas por los presuntos delitos de privación de la libertad y desaparición forzada, reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia encabezada por Juan José Ríos Estavillo informó que 3 mil 714 de los ausentes son hombres y 494 mujeres; de los 57 restantes no existe información sobre su sexo.

La fiscalía detalló que reunió 6 mil 63 expedientes iniciados por los delitos mencionados en el periodo comprendido entre 2010 y el 11 de agosto de 2019. Se ha encontrado a 2 mil 47 personas con vida y a 770 sin vida, precisó en un comunicado.

El informe por la fiscalía sinaloense incluye una tabla de rangos de edad de las víctimas, la mayoría de las cuales tiene 41 años o más, con 878 casos, seguido del grupo de 36 a 40 años, con 484; de 31 a 35, con 538; de 26 a 30, 645; de 21 a 25, 682; de 16 a 20, 462; de 11 a 15; 126; de seis a 10, siete casos, y de uno a cinco años, 12 casos. En 431 expedientes no hay información sobre la edad.

La dependencia dio a conocer también que del 7 de noviembre de 2014 al 19 de julio de 2019 se localizaron 144 cuerpos y 269 osamentas en fosas clandestinas.

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Activistas exigen políticas integrales contra violencia de género

 

Foto: Erick Salinas/ Cencos

César Arellano García/ La Jornada

Activistas y colectivos feministas exigieron a las autoridades políticas integrales que frenen la violencia física y digital contra las mujeres, así como justicia para quienes han sido víctimas de violencia sexual y de género.

Señalaron que en el país los feminicidios continúan ya que después de las recientes manifestaciones de la semana pasada al día de hoy suman otras 40 mujeres asesinadas.

Dulce María Lara, de la Red Feminista Políticamente Incorrectas, denunció que la violencia digital contra las mujeres se exacerbó luego de la movilización del 16 de agosto, dirigido en particular a defensoras y activistas feministas.

Expresó que destacan amenazas por correo electrónico y mensajes directos en las principales redes sociales como Facebook y Twitter, comentarios de violencia, burlas a través de memes y persecusión sicológica en grupos de WhatsApp, así como llamados de odio a través de eventos “donde de convoca a matar a feministas”. Aseveró que las agresiones provienen supuestamente de grupos de oposición, conservadores, del sector político y ciudadanía en general.

En ese sentido, los colectivos urgieron a las autoridades legislar y castigar la violencia contra las mujeres ejercidas en el espacio digital. Asimismo exhortaron a la sociedad no manifestar muestras de odio ni amenazas a feministas a través de redes sociales ni por algún otro medio.

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CNDH condena el crimen del comunicador Nevith Condés

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras el asesinato del comunicador Nevith Condés Jaramilllo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que la violencia contra periodistas constituye uno de los principales obstáculos para México se consolide como una democracia.

Tras condenar este homicidio, la CNDH recordó que con este crimen suman 12 los periodistas asesinados en lo que va del año y 153 desde el año 2000.

“De ahí la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno se aboquen en la prevención, protección e investigación oportuna de estos hechos”, refirió el organismo mediante un comunicado.

Condés Jaramilllo estaba al frente del portal electrónico “El Observatorio del Sur”.

La CNDH envió sus condolencias a los familiares del periodista y demandó una “investigación diligente y eficaz para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”.

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Asesinaron a 2 mil 173 mujeres de enero a julio

De enero a julio de este año, un total de 2 mil 173 mujeres fueron asesinadas. Foto Cristina Rodríguez/ Archivo

Eduardo Murillo/ La Jornada 

Ciudad de México. De enero a julio de este año, un total de 2 mil 173 mujeres fueron asesinadas, de estos casos 563 se clasificaron como crímenes de odio en razón de género, es decir, feminicidios.

Según un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la cifra de asesinatos cometidos contra mujeres creció 4.3 por ciento en la primera mitad de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018.

Las cifras recabadas por el Sesnsp, que provienen de los reportes de los gobiernos estatales, revelan que las mujeres constituyen 34.4 por ciento de las víctimas de delitos violentos registrados en todo el país, esto incluye homicidios dolosos y culposos, feminicidios, secuestro, extorsión, lesiones, tráfico y trata de personas, entre otros.

La estadística demuestra que en julio pasado se alcanzó una cifra de 85 feminicidios registrados en todo el país, el pico más alto se alcanzó en noviembre del año pasado con 97 casos.

Por entidades, Veracruz es donde más feminicidios se han registrado durante el año, con un total de 114 casos, seguido del estado de México, con 53, y Puebla, con 36. La Ciudad de México ocupa el quinto sitio, con 26.

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Expediente Lozoya: así fueron los presuntos pagos de Odebrecht a campañas de Duarte y Torre Cantú

Odebrecht habría inyectado más de 850 mil dólares a campañas en Veracruz y Tamaulipas en una operación denominada “Batman y Robin”, según Fiscalía.

Arturo Ángel/ Animal Político 

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.

¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

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Restauradoras piden conservar pintas en el Ángel hasta que se garantice la seguridad de las mujeres

Foto: Cencos/ Twitter

Redacción/ Aristegui Noticias

Previo a su remoción, las pintas deben documentarse y registrarse sistemáticamente, añadieron. 

Más de 100 restauradoras agrupadas en un colectivo llamado Restauradoras con Glitter propusieron que las pintas realizadas en el Ángel de la Independencia durante la manifestación feminista del pasado 16 de agosto sean conservadas hasta que el gobierno federal garantice la seguridad de las mujeres y se reduzca la violencia de género.

Las restauradoras consideraron que “por su alta relevancia social, histórica y simbólica, las pintas deben ser documentadas minuciosamente por profesionales, con el objetivo de enfatizar y mantener viva la memoria colectiva sobre este acontecimiento y sus causas, así como promover una toma de conciencia para plantear y gestionar soluciones al problema de fondo”.

Además, advirtieron que si las pintas son borradas sin ser documentadas “se estarían silenciando una vez más las voces de las mujeres que exigimos que se garantice nuestra integridad y se haga justicia a las víctimas de la violencia”.

“Este colectivo considera que ningún profesional de la conservación debe prestarse a realizar la intervención de remoción de las pintas hasta que el Gobierno Federal realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en el territorio mexicano, y en la sociedad notemos resultados visibles en la reducción y castigo de la violencia de género en todas sus expresiones”, aseguró el colectivo.

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La Conamp afirma que terrenos de BC vendidos por la Sedatu de Robles eran de Áreas Protegidas

Foto: facebook.com/pg/rosarioroblesberlanga

Redacción/ Sin Embargo 

Con Rosario Robles Berlanga a cargo de la Sedatu se remataron dos reservas naturales de más de mil 600 hectáreas en la Bahía de San Quintín a un precio de entre 55 y 75 pesos por hectárea, la Conanp confirmó que los terrenos contaban con certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Los terrenos en la Bahía de San Quintín, en Baja California, que fueron vendidos en 2017 a nueve particulares desde la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con Rosario Robles como titular contaban con certificados como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, esto confirmó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) a Milenio.

En una tarjeta informativa enviada al diario, la Conanp aseguró que desde agosto de 2014 Luis Fueyo Mac Donald emitió el certificado CONANP-379/2014 para la Reserva Natural Punta Mazo con una extensión de 832.47 hectáreas en la Bahía de San Quintín en Ensenada.

Con Rosario Robles Berlanga a cargo de la Sedatu se remataron dos reservas naturales de más de mil 600 hectáreas en la Bahía de San Quintín a un precio de entre 55 y 75 pesos por hectárea, es decir, en unos 127 mil 523 pesos, con lo que se beneficiaron nueve sujetos, según documentó esta semana Milenio.

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CNDH pidió medidas cautelares para proteger a reportera que denunció agresión de policías

La reportera Mitzi Yanet Torres Quintero. Imagen: Twitter @veronicalderon

 

Gloria Leticia Díaz/ Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General de la entidad para salvaguardar la vida e integridad de la reportera Mitzi Yanet Torres Quintero y su familia, quien fue agredida por policías municipales de Morelia.

Al condenar la violencia contra la comunicadora cuando solicitó ayuda de agentes policiacos, así como del juez y el médico legista que se negaron a certificar sus lesiones, el organismo exigió a las autoridades de procuración de justicia “dar con los responsables de la agresión sexual que fue víctima, para presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda”.

En un comunicado, la CNDH informó que personal del organismo se comunicó con Torres Quintero y que se reunirá con ella para “brindarle el acompañamiento y atención que corresponda”.

El martes 20, Torres Quintero fue víctima de una agresión sexual, “y, al pedir ayuda, policías municipales de Morelia la golpearon, se burlaron de la ropa que vestía y de su profesión, y la detuvieron en los separos municipales”.

De acuerdo con la primera denuncia, a la actuación violenta de policías se suma “la conducta omisa en que incurrieron el juez y el médico legista antes de ser liberada”, pues se negaron a certificar sus lesiones.

México rechaza “vía rápida” para hacer justicia por Odebrecht

Imagen tomada de Proceso

Andrea Cardenas/ Quinto Elemento Lab/ Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO.– Han pasado 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de Latinoamérica. La compañía brasileña ha enviado al menos dos cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales, pero México se ha negado a recibir la cooperación de la empresa, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

A diferencia de México, desde diciembre de 2016 ocho naciones sí aceptaron la ayuda directa de Odebrecht, lo que les ha permitido avanzar con más velocidad en la integración de los casos, las detenciones y los encarcelamientos. En México, hasta ahora solo hay un funcionario públicamente señalado: el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia, y no existe hasta hoy ninguna persona procesada por la trama de corrupción desencadenada por el conglomerado brasileño.

Desde que salió a la luz el escándalo de los sobornos, Odebrecht ha negociado acuerdos con los países donde es investigada a cambio de reducir las sanciones y continuar sus operaciones comerciales. Además de pagar una multa por el daño causado, la empresa debe confesar sus delitos y entregar pruebas y evidencias. Cuando eso sucede, las autoridades que aceptan la colaboración de la compañía se comprometen a no presentar cargos por las conductas confesadas que ya tuvieron castigo o que están bajo investigación en Brasil.

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