De acuerdo con la organización Human Rights First más de 300 solicitantes de asilo que devolvió EU han sufrido violencia en México este año.
Imagen tomada de la página de ACNUR México
“Amor, ellos van a matarnos”, le dijo un migrante hondureño a su esposa cuando los tenían secuestrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después ella y su hijo de tres años fueron liberados, pero su esposo quedó cautivo, y ella quedó en la incertidumbre, sin saber qué había sido de él.
Este es uno de los casos que documentó la organización Human Rights First, de migrantes en su mayoría centroamericanos (aunque también de países como Venezuela e incluso mexicanos) que han sufrido secuestros, extorsiones, tortura, violaciones y otros ataques en México, luego de que pidieron asilo a Estados Unidos y las autoridades de ese país los enviaron a territorio mexicano, a esperar una resolución de su juicio migratorio.
COLIMA, Col. (apro).- En la última semana desaparecieron cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, en los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima.
De acuerdo con informes del Protocolo estatal Alerta Alba y Alerta Ámber, a la fecha ninguna de las cuatro personas ha sido localizada.
El primer caso fue el de Rita Evelyn Alba Silvestre, de 17 años de edad, a quien sus familiares vieron por última vez el pasado martes 3, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Perla de Occidente del municipio de Manzanillo.
La joven es de complexión robusta, de 1.59 metros de estatura, tez morena clara, ojos grandes, cabello lacio negro, labios gruesos, boca mediana y tiene una cicatriz en la pantorrilla izquierda.
Por su lado, Yesenia Isabel Rodríguez Carrillo, de 23 años, no ha sido vista desde el miércoles 4, cuando salió de su casa ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza de la ciudad de Colima.
Es de complexión delgada, 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cara afilada, ojos medianos, cabello castaño largo, boca mediana y tiene una verruga en la sien del lado izquierda y una cicatriz por cesárea.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU-DH. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que le preocupa la política migratoria implementada por México y EU.
Redacción/ Reporte Índigo
Michelle Bachelet, comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, aseguró que la política migratoria, implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lesiona los derechos humanos de los más vulnerables.
Al participar en la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet se dijo preocupada, especialmente, de que los niños migrantes sigan quedando retenidos en centros de Estados Unidos y México.
“Me preocupa que las políticas de México, Estados Unidos y algunos países centroamericanos incrementan el riesgo de que los migrantes sufran más violaciones y abusos y lesionan los derechos (humanos) de los más vulnerables”, afirmó.
Además, dijo que los programas dirigidos a impedir la circulación de los migrantes y las políticas de cero tolerancia no evitarán que las personas sigan migrando y abandonando sus países.
De la misma manera, informó que las oficinas de la ONU en México, Guatemala y Honduras han documentado el aumento de detenciones de personas migrantes.
El cuerpo sin vida de la joven Lesvy Berlín Osorio fue hallado atada a una caseta telefónica al interior de Ciudad Universitaria en mayo de 2017 Foto: Especial
Ixtlixóchitl López/ Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A dos años y cuatro meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Osorio fuera hallado sin vida en Ciudad Universitaria y a unas horas de que el juicio oral por el caso dé inicio, su madre Aracely Osorio llamó a las autoridades a juzgar con perspectiva de género, pues teme que el presunto feminicida pueda quedar en libertad.
“Estos dos años cuatro meses han sido de estar saltando obstáculos, hemos encontrado una serie de rocas verdaderas en el camino que dan cuenta de esto, que nos permiten y nos dan toda la legitimidad para tener duda, claro que sí tenemos duda. Tenemos duda y miedo de que dejen a los feminicida libres, que den sentencias de dos años y que después esos feminicidas puedan seguir estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, expresó Aracely Osorio.
En conferencia de prensa, la activista exigió a las autoridades contemplar los más altos estándares internacionales y cumplir cabalmente con su responsabilidad para obtener una sentencia firme, independientemente de la años que puedan dictarse al presunto culpable, pues hasta el momento el derecho a la verdad y justicia les ha sido negado.
“Yo espero que cuando tengamos una sentencia justa en el caso de Lesvy, estemos mirando los otros procesos y acompañandolos también porque nosotras hemos sido testigos de cómo este sistema de impartición de Justicia genera una cadena larguísima de impunidad que estrangular nuestro derecho a la verdad y a la justicia y que tenemos que desenmarañar haciendo uso de todo lo que esté a nuestro alcance”
Mujeres de 16 estados del país manifestaron su apoyo en la Defensa de Temacapulín y en la postura de desmantelamientode la presa El Zapotillo, “que no se haga la presa”.
El Grupo Territorio Género y Extractivismo realizó el Conversatorio Nacional: “La lucha de las Mujeres en México por la defensa del territorio frente al extractivismo” al que convocó IMDEC e ITESO, reuniéndose en Guadalajara durante dos días 70 mujeres que integran movimientos de lucha en defensa de sus tierras, ríos y aguas.
Las mujeres se expresaron contra megaproyectos de infraestructura, incluidos el Tren Maya, en la península de Yucatán, además de la minería y la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) en San Luis Potosí.
Advirtieron que seguirán en resistencia contra el gobierno federal y los estatales en defensa de la madre Tierra. También se recordó la contaminación del río Sonora a causa de un derrame de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México.
Marcha en Puebla por la desaparición de Norma Jiménez. Foto: Twitter @RiveraVivanco_
Gabriela Hernández/ Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares y amigos marcharon hoy por calles de esta ciudad para exigir la localización con vida de Norma Mercedes Jiménez López, de 27 años, quien está en la última etapa de su embarazo.
La joven desapareció el pasado 31 de agosto, luego de abordar un taxi, en la colonia Castillotla, para dirigirse al centro de la capital.
La madre de Norma pidió la ayuda de autoridades y la ciudadanía en general para ubicar a su hija, quien –subrayó– “estaba a días de dar a luz, ya para estos días debía tener a su hija. Yo les pido que me ayuden para que aparezca mi hija y mi nieta, no era una vida, eran dos”.
Recordó que la última vez que tuvo comunicación con su hija fue por una llamada que le hizo la noche del sábado, en la que le comunicó que había abordado un taxi en Castillotla para dirigirse al centro de Puebla.
Tras el homicidio de Miroslava Breach, la muerte de otras cinco personas han sido vinculadas al caso, sin embargo, las autoridades de Chihuahua no las investigaron a fondo.
Colectivo 23 de marzo y aliados internacionales/ Animal Político
Dos mujeres que se tomaban una selfie al lado de una pista de aterrizaje serrana, murieron, al parecer, accidentalmente; un piloto aviador que solía viajar a la Sierra Tarahumara y un maestro de artes marciales retirado fueron asesinados en 2017. Antes de que acabara el año, otro hombre murió baleado también en el norte del país. Todas estas muertes resultaron asociadas al homicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017, en Chihuahua, México. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), investigaron qué fue cierto y qué no al vincular estas cinco muertes con la de la periodista. También contamos por qué de haberlas investigado en profundidad, las autoridades hubieran arrojado luz sobre el crimen de la respetada corresponsal de La Jornada.
Cada marzo, en la pista ilegal de Chínipas, Chihuahua, pueblo serrano de difícil acceso, que colinda con el estado de Sonora, cantantes de música norteña aterrizan para festejarle su cumpleaños a Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco, socio del Cártel de Sinaloa, preso en México y con pedido de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína.
Alfredo es hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, preso desde 2011, y patriarca de un violento clan llamado Los Salazares que –lo denunció Miroslava Breach en sus notas– se ha infiltrado en la política local y la policía de varios municipios de la Sierra Tarahumara.
El sábado 25 de marzo de 2017, dos días después del asesinato de Miroslava en Chihuahua capital, los habitantes de Chínipas eran convidados a una carrera de caballos –en honor a Alfredo– en la pista de aterrizaje del poblado; entre ellos estaba Nitzia Mendoza, de 18 años, y su amiga Yoselín Morquecho, de 17, quienes observaban la carrera, trepadas en la caja de una camioneta pickup estacionada junto a la pista. Pasaban las dos de la tarde, cuando las chicas se tomaron una selfie, y según lo difundió la prensa, en ese instante una avioneta las golpeó en la cabeza y ahí mismo murieron. A pesar de que las autoridades municipales guardaron silencio e intentaron negar los hechos, un accidente tan inaudito se volvió noticia mundial.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU-DH. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré
Gabriela Sotomayor/ Proceso
GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet manifestó su preocupación por la “terrible” situación que viven periodistas y defensores en México y llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar en cuenta las recomendaciones que su oficina le hizo con miras a fortalecer dicho mecanismo.
“Estamos preocupados por la terrible situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México, hemos documentado el asesinato de 11 periodistas y 13 defensores de derechos humanos en este año, se hizo un análisis sobre el mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores y lo que hicimos es asesorar sobre este mecanismo y les dimos 104 recomendaciones al gobierno para fortalecerlo y cómo mejorarlo”, dijo Bachelet en rueda de prensa en Ginebra a pregunta expresa de Apro.
“Espero que lo tomen en consideración para prevenir que este tipo de asesinatos siga ocurriendo”, urgió.
La Alta Comisionada expresó preocupación por el aumento de la violencia en el país y aunque reconoció desconocer la cifra de al menos 20 mil homicidios en lo que va del año, mencionó que especialmente los feminicidios y la situación de mujeres y niñas “sigue alarmante”.
“Otra cosa alarmante, agregó, es que en la frontera con Estados Unidos más de 332 personas han muerto o desaparecido desde principios de 2019 y de ellos 24 son niños. No sabemos si fueron secuestrados, víctimas de tráfico o de trata, nos preocupa y hemos hablado con el gobierno sobre este asunto.
El Colectivo 23 de Marzo surge en 2018 cuando un grupo amplio de periodistas mexicanos y extranjeros que trabajan en México decidieron unirse para investigar el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017.
Proyecto Miroslava/ Colectivo 23 de marzo/ Animal Político
Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión. Esto ha hecho a México uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. El 23 de marzo de 2017, Breach fue asesinada a sangre fría afuera de su casa y aunque existe una investigación judicial de su muerte ésta ha dejado cabos sueltos. El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabajan en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), se unieron para develar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.
El 23 de marzo 2017 a las 7 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista mexicana, subió a su camioneta para llevar a su hijo de 14 años al colegio. De pronto apareció un hombre desconocido, la cara escondida debajo de una gorra y abrió fuego. La periodista no sobrevivió al ataque.
Breach era respetada por su ejemplar trabajo de investigación, realizado en medio de gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en su natal Chihuahua, y que es considerado uno de los estados más violentos del país. En los últimos meses de su vida, había centrado su trabajo en los miembros de grupos del narcotráfico que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control. Se dedicó particularmente a investigar la expansión de Los Salazares, una organización criminal que opera en el pueblo serrano de Chínipas en alianza con el Cártel de Sinaloa, codirigido por Joaquín El Chapo Guzmán hasta que fue detenido en 2016, y que ha crecido bajo cobijo de las autoridades que les garantiza impunidad.
A cinco meses de haber levantado el plantón que mantuvieron afuera de Palacio Nacional y a 9 meses de la salida de sus comunidades, aún esperan que las autoridades les garanticen un perímetro de seguridad.
Los desplazados de la sierra de Guerrero que estuvieron en plantón frente a Palacio Nacional ya tienen donde vivir, el gobierno federal les deposita para pagar la renta de viviendas en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, a donde se refugiaron después de huir de sus comunidades ante el ataque de un grupo armado.
Este lunes 26 de agosto, los niños y adolescentes de las familias desplazadas de Zitlala, Heliodoro Castillo y de las comunidades de la sierra de Leonardo Bravo pudieron reintegrarse a la escuela, después de casi un año de no asistir. No volvieron a las aulas de siempre en su comunidad, tuvieron que ingresar en las de Chichihualco, la cabecera municipal donde se han asentado.
Los adultos, en cambio siguen sin trabajo. No han encontrado donde emplearse y dependen de la ayuda que el gobierno les da para alimentación. Tampoco han recuperado todo lo que perdieron al huir de sus hogares.
El gobierno federal les cumplió solo una parte de lo acordado para que levantaran el plantón en la Ciudad de México y se regresaran con sus pocas cosas a Guerrero. La renta, la ayuda para alimentación, el regreso de los niños a la escuela y el reconocimiento de algunos como víctimas es lo que les han cumplido.
