Por Redacción/La Jornada
La mañana de este viernes se reportó el hallazgo de una persona ejecutada cerca del aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, justo en la entrada de la Terminal Aeroportuaria y Visas del Ferrocarril.
La víctima se encontraba maniatada a un costado de las vías férreas, por lo que personal de la Policía Ministerial del Estado acudió al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes.
Por Redacción/El País
El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad. Las fallas técnicas en algunos de los equipos como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación.
Un ejemplo de las fallas presentadas es el caso de Gabriel (nombre ficticio por cuestiones de seguridad), un reportero del norte del país que fue sacado de su Estado ante las amenazas de un grupo del crimen organizado. Después de tres meses de exilio se realizó una nueva valoración de su caso y se decidió que podía regresar a su lugar de origen. Se le brindó un teléfono para que se comunicara a un número en caso de emergencia. “Un día hombres armados comenzaron a darle vueltas a mi casa, estaban mis hijos y mi esposa ahí, y llamé al número que me dieron, pero me tuvieron esperando en la línea, que no sabían de qué mecanismo les hablaba, que marcara otra extensión… en fin, la policía llegó una hora después cuando estos sujetos ya se habían ido, fue una hora de terror para mi mujer y mis niños”, según cuenta a este diario.
El 25 de junio de 2012 se creó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que obligaba al Gobierno mexicano a crear un mecanismo que contemplara medidas urgentes con el fin de resguardar la integridad de las personas adscritas al programa. También preveía acciones preventivas para evitar la consumación de las agresiones. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras.
Pilar Tavera Gómez, integrante del consejo consultivo del mecanismo, dice que entre los problemas que refieren los beneficiarios son los relativos a las fallas técnicas de los aparatos. “Las cámaras de video vigilancia y el botón de emergencia no funcionan bien. También hay mucha desconfianza: mucha gente que dice yo no quiero entrar al mecanismo porque no confío”, cuenta. Hay otros problemas de fondo, donde la protección no es suficiente porque los recursos del agresor superan la protección que puede dar el mecanismo, sobre todo en casos relacionados al crimen organizado, abunda. “Hay otros temas estructurales donde el problema no se resuelve desde una oficina de Gobierno, porque debe pasar por el acceso a la justicia y que no haya impunidad, agrega.
Por Redacción/Animal Político
La muerte de un periodista “importa poco” en México, denunció este lunes en Madrid la viuda del reconocido reportero Javier Valdez, Griselda Triana, a quien el dolor “desgarrador” por el crimen ocurrido hace un mes la mantiene “anestesiada”.
“En México, en general a la sociedad le importa poco el que maten a un periodista”, afirmó Triana en una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Periodistas de Madrid, que le concedió a Valdez una placa de honor a título póstumo.
En un país donde el crimen organizado “está metido en todas partes” y “pone y quita a autoridades”, “los periodistas y el periodismo independiente, valiente y digno, son más frágiles y vulnerables y peor aún cuando la sociedad no les acompaña y les deja solos”, señaló Triana.
Especialista en temas de narcotráfico, Valdez fue asesinado el 15 de mayo, cerca de su semanario Ríodoce en Culiacán, estado de Sinaloa, provocando la indignación del gremio periodístico tanto en México como a nivel internacional.
Por Redacción/Animal Político
En México, las redes se han convertido en un espacio de violencia contra periodistas y activistas con el objetivo de silenciar a las voces críticas del país.
Los ataques empezaron casi desde que Luisa Velázquez Herrera compartió sus primeros mensajes en la red social Twitter. A su cuenta, @menstruadora, llegaron decenas de insultos que subieron de tono con el paso de los meses. Algunos incluso amenazaron con publicar su dirección y datos familiares.
Era mayo de 2015. Por esos días Luisa, activista por los derechos de las mujeres y el respeto a la diversidad sexual, tenía poco tiempo de iniciar una página y blog en internet de su colectivo, llamado
“Lesboterroristas“.
Sus comentarios y denuncias irritaron a algunos: “Se organizaron para tumbar mis redes sociales con mensajes de violación, asesinato”, le cuenta a BBC Mundo.
“Mandaban imágenes de mujeres calcinadas y decían: te va a pasar esto, vamos a violarte. Yo había vivido violencia pero en ese momento estaban organizados”.
La situación empeoró cuando los acosadores convocaron a darle “un susto” en los lugares que frecuentaba la activista.
Entonces Laura cerró sus cuentas de internet. Durante dos años permaneció alejada de las redes sociales.
Los bots y las redes
Casos como el de Laura Velázquez no son infrecuentes en México.
Según organizaciones civiles, en los últimos años aumentaron los ataques en redes sociales contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas por el medio ambiente.
Por Redacción/Animal Político
Periodistas de Michoacán exigieron que no se criminalice el trabajo de Salvador Adame y criticaron las declaraciones que el procurador de Michoacán hizo sobre el caso.
Las declaraciones del procurador de Michoacán, José Martín Godoy, quien hace 2 días informó que una cuestión sentimental y otra de deudas son dos de las principales líneas de investigación en torno a la desaparición del periodista Salvador Adame son una “vacilada” y una burda manera de criminalizar a la víctima, consideraron periodistas michoacanos, que este jueves acudieron a la PGR y al Congreso de la Unión para pedir justicia para su colega.
“Es una tomada de pelo, es querernos hacer pendejos y no se vale. La PGR ayer nos informó que están investigando la línea del crimen organizado (como responsables de la desaparición) por el asunto del comando que levanta a Salvador Adame, en tanto, la Procuraduría de Michoacán presume que la desaparición está vinculada con una supuesta relación que Salvador tenía con 3 mujeres y un adeudo por cosechas”, dijo el periodista Benjamín Álvarez.
En su visita al Senado, los periodistas, quienes se reunieron con los senadores del PRD, Angélica de la Peña y Raúl Morón, pidieron que no se criminalice el trabajo de su colega y criticaron las declaraciones del procurador José Martín Godoy.
Frida Ortiz, esposa de Salvador Adame, dijo que aun cuando la Procuraduría de Michoacán ha querido criminalizar el trabajo de su esposo, argumentando circunstancias ajenas a su profesión, éste era un periodista crítico de los gobiernos municipales de la región.
