Libertad de expresión y defensa de derechos humanos en la ‘nueva normalidad’

Cencos

Imagen: Cencos

Una de las consecuencias más evidentes de la pandemia es que los problemas sociales que ya existían se han profundizado. Esto es, al parecer, un diagnóstico en el que coinciden varias personas. El epicentro de la pandemia ahora se sitúa en América, donde países como Estados Unidos presenta una tasa de desempleo no imaginadas a inicios de año. El impacto en las diferentes áreas de la vida social y económica apenas comienza a mostrar su magnitud.

Los efectos de la pandemia marcarán a toda una generación, pues durante un tiempo indeterminado será necesario aprender a convivir con el virus en lo que ya algunos llaman la ‘nueva normalidad’. El aislamiento en casa representa un lujo para una sociedad tan desigual como la mexicana: cumplir a cabalidad con las medidas para salvaguardar la salud es algo que pocas personas se pueden permitir. Se ha vuelto trágica la dicotomía entre cuidarse y salir a buscar el sustento diario.

Hablar del regreso a una ‘nueva normalidad’ lleva implícita la idea de que nuestra vida era ‘normal’. Sin embargo, ¿es realmente deseable volver al anterior orden de cosas? Además, ¿qué significa regresar a ese estado? Si la historia de la humanidad demuestra que los momentos de irrupción son propicios para generar transformaciones, ¿qué es lo que debe cambiar para establecer una ‘nueva normalidad’, una ‘normalidad diferente’? Que esa normalidad tenga una perspectiva social, que reconozca y proteja la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, temas fundamentales para el establecimiento de una verdadera sociedad democrática.

Antes de la pandemia, el panorama no era nada alentador. Hacia finales de abril, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer la clasificación de libertad de prensa en el mundo y México aparece allí como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. Con respecto a la defensa de derechos humanos el escenario tampoco era muy diferente y lo más preocupante es que ha empeorado en las últimas semanas, pues esta labor no fue incluida dentro de las actividades esenciales del país. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó recientemente un comunicado conjunto en el que diversas organizaciones de la sociedad civil denuncian el recrudecimiento de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto del aislamiento.

A pesar de estas adversidades, las personas defensoras y periodistas siguen activas. Por ejemplo, la Organización Casa de las Muñecas Tiresias, liderada por su fundadora Kenya Cuevas, expuso en la segunda mesa de diálogo organizada por Cencos los retos que enfrentan actualmente  la comunidad LGBTTTIQ+, las poblaciones en situación de calle y las personas usuarias de drogas. Señaló que es lamentable la ausencia de ayudas y pronunciamientos de autoridades oficiales. Cuevas y su organización levantaron la Casa Hogar Paola Buenrostro de forma inmediata para apoyar a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y que, de un día a otro, se quedaron sin hogar y sin trabajo por el cierre de hoteles y pensiones, producto de la contingencia.

Jade Ramírez, integrante de Periodistas de a Pie y fundadora del sitio Perimetral, recordó en la mesa que la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a servicios de salud o agua potable en algunas comunidades, es un tema que los y las reporteras han venido documentando desde hace ya bastante tiempo. Para ella, el trabajo periodístico requiere hoy, especialmente, de una rigurosa y cuidadosa verificación de la información oficial, que por demás en ocasiones es de difícil acceso. El gremio ha tenido que reinventarse ante la pandemia y sumar, a la ya difícil situación de seguridad, el autocuidado debido al peligro que supone cubrir y salir a reportear en medio de una pandemia.

Dos ejemplos puntuales que demuestran por qué es importante apostarle a la construcción de un escenario social diferente, que privilegie la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. En esta tarea las personas defensoras y periodistas juegan un rol fundamental, pues además de promover una sociedad más justa e informada, son los nodos para la creación y fortalecimiento de la participación ciudadana, así como de redes de apoyo y de diálogo para esa nueva realidad. 

México, el país más peligroso para periodistas en 2019 en América

Neldy San Martín/Proceso

Foto: Alejandro Saldívar/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – México sigue siendo el país del continente más peligroso para la prensa con 10 periodistas asesinados en 2019, según la clasificación de la libertad de prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos”, apunta la organización no gubernamental.

El reporte señala que en el país persiste la colusión de políticos corruptos y autoridades, sobre todo locales, con el crimen organizado, lo que amenaza gravemente la seguridad de los periodistas.

Ver nota completa

Comunicado: FVBCH, IFEX-ALC y SIP presentan ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU Informe Alternativo sobre el estado de la Libertad de Expresión en Nicaragua

IFEX-ALC

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en colaboración con la red IFEX-ALC –que defiende la libertad de expresión y prensa en 15 países de América Latina y el Caribe–y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.

Luis Sequeira reportero de AFP es agredido por policías en Managua. Foto (Confidencial)

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. La lista de cuestiones a presentar al Estado en este proceso de evaluación se adoptará del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019.

El Informe Alternativo recoge el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante la última década, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Angel Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.

Las organizaciones demandan, entre otras cosas, una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona; la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como: el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.

FVBCH, IFEX-ALC y la SIP además exigen el cese de las agresiones físicas, la intimidación y las amenazas por parte de grupos parapoliciales y paramilitares, así como la persecución, difamación, acoso y uso de lenguaje estigmatizante en contra de periodistas independientes y personas defensoras de Derechos Humanos.

El Informe señala la importancia de que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.

Para ver el Informe Alternativo relativo al Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos haga click aquí.

México, el país más peligroso en América para periodistas

Redacción/La Jornada

Imagen: www.rsf-es.org

El país más peligroso del contienente americano para la prensa sigue siendo México. Ayer se dio a conocer a escala global la Clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde documenta la situación de periodistas y medios de comunicación en 180 países.

México ocupó la posición 144 y fue considerada una de las naciones con semáforo en rojo dentro de la categoría de difícil situación. Sólo hay una escala por debajo: se marca en negro y corresponde a países con muy seria situación, entre los que están Libia, China, Sudán, Arabia Saudita y Egipto.

En 2018, se señala en el reporte, México fue el segundo país a escala mundial con más periodistas asesinados, al menos 10, de acuerdo con RSF (aunque otras instancias, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportaron 12 casos), sólo por debajo de Afganistán, donde se presentaron 14 homicidios de comunicadores.

Sumado a ello, en los dos primeros meses de 2019 RSF documentó el asesinato de al menos seis periodistas en el mundo, dos de esos casos se presentaron en México, tres más en Afganistán y uno en Ghana.

Ver nota completa

Dos periodistas asesinados en México y otro más en Honduras marcan un marzo nefasto para las Américas

IFEX-ALC

Fueron semanas complicadas para el continente. De la violencia extrema en México y Honduras, donde fueron asesinados periodistas, a los atropellos de los gobiernos de Venezuela y Cuba pasando por las formas sutiles, pero peligrosas, de la desinformación en Estados Unidos.

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Termina el tercer mes del 2019 y en México la violencia no para. Ni el cambio de Gobierno, ni las nuevas estrategias, ni los mecanismos de protección logran detener la ola de ataques a periodistas y medios que convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. 

En un mes dos periodistas murieron a manos de sicarios y dejan un total de cinco asesinados en lo que va del 2019. El 16 de marzo el periodista Santiago Barroso fue atacado a balazos frente en su domicilio, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora. El comunicador de 47 años recibió al menos tres impactos de bala al abrir la puerta de su casa. Días después, el 24 de marzo, fue encontrado el cadáver del periodista deportivo Omar Iván Camacho en la comunidad La Escalera, en Sinaloa. 

El mismo lunes 25 el presidente Manuel López Obrador reconoció las falencias del Mecanismo de Protección a periodistas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro miembro, Articulo19, todavía hace falta que el Gobierno se comprometa a desarrollar una política integral de protección para frenar la violencia hacia la prensa. 

Honduras suma números a esta lista lamentable con el asesinato del periodista Gabriel Hernández, acribillado a balazos el sábado 16 de marzo al regresar a su casa. El caso se suma a un creciente deterioro de la libertad de expresión en el país donde, según denuncia nuestro miembro C-Libre, se utiliza el poder judicial para silenciar las voces críticas. 

Este mes se hicieron tres años del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, quien pasara su vida creando un movimiento de defensa de derechos indígenas. Cientos de manifestantes salieron a las calles exigiendo justicia. Sigue sin saberse quiénes son autores intelectuales. 

Venezuela tampoco da tregua. En marzo, el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo su presión y hostigamiento a medios de comunicación, reforzando la postura antidemocrática por la que es condenado en diferentes países y organizaciones. El punto álgido del mes fue el secuestro y la detención arbitraria del periodista Luis Carlos Díaz, ante lo cual la red IFEX-ALC emitió un comunicado exigiendo su libertad plena. 

Quien sí logró la libertad plena fue, por su parte, el periodista freelance alemán Billy Six, que volvió a su país luego de pasar cuatro meses encarcelado. Se le acusaba de espionaje y de violar áreas de seguridad. 

Al mismo tiempo, el bloqueo de Internet y la presión sobre los medios independientes, así como el uso abusivo de la posición dominante del pool de medios oficialistas, mantienen limitado el acceso a la información sobre la crisis venezolana dentro del país. 

Mientras tanto, en Estados Unidos se preparan para las elecciones de 2020 y se atiende con especial recaudo a la desinformación y las noticias fraudulentas. Un reporte de nuestro miembro PEN America alertó sobre la normalización de este tipo de tácticas en las campañas electorales y en el ecosistema político de Estados Unidos. Además, PEN reveló que la “desinformación rusa” continúa siendo una “amenaza silenciosa” para las elecciones de ese país. 

A nivel continental, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe anual, en el que alertó que en varios Estados persisten patrones de violencia y estigmatización contra la prensa. Preocupan especialmente la represión y criminalización de las protestas sociales, además de la persecución a periodistas y a voces críticas.

Ver nota completa

Mientras los gobiernos de Venezuela y Nicaragua estrangulan la libertad de prensa, la impunidad sigue firme en Bolivia y México

José Peralta para IFEX. Con base en informes de miembros de IFEX ARTÍCULO 19 , Centro Nacional de Comunicación Social ,Comité por la Libre Expresión , Comité para la Protección de los Periodistas , Espacio Público , Fundación para la Libertad de Prensa , Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela , Reporteros sin Fronteras (RSF) , Asociación Nacional de la Prensa 

Foto: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

Hay poco de prometedor en el comienzo de 2019. Al panorama complicado que dejó el 2018 para América Latina y el Caribe, se sumaron nuevos agravantes en apenas 30 días del nuevo año. 

Los titulares y miradas del mes estuvieron concentrados casi unánimemente en Venezuela y su último sacudón sociopolítico. Como cada 23 de enero, los venezolanos celebraron su “retorno a la democracia” y conmemoraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Así, seis décadas más tarde, los miles de venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro tomaron las calles con la esperanza de que sucediera algo similar en 2019. 

Por eso, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, invocó artículos de la Constitución y juró tomar poderes presidenciales para llamar a nuevas elecciones, muchos vieron este 23 de enero como un nuevo retorno a la democracia en la historia del país. 

El hecho derivó en un caos político y diplomático, con países reconociendo a Guaidó como el nuevo presidente interino y otros manteniéndose del lado de Nicolás Maduro. Las manifestaciones continuaron de modo intermitente y los análisis llovieron dentro y fuera del país. Sin embargo, lo que devendrá el futuro político del país sigue sin estar claro. 

Con este mar de fondo, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país se vio seriamente deteriorado, según constataron y denunciaron varias organizaciones locales e internacionales. De hecho, las 23 organizaciones que integran la red IFEX-ALC para defender la libertad de expresión y la prensa libre en 15 países de América Latina y el Caribe, condenaron las violaciones a la libertad de expresión y las graves limitaciones al ejercicio del periodismo que ocurrieron durante los acontecimientos políticos de los últimos días en Venezuela. 

Entre las violaciones a la libertad de expresión, constataron las organizaciones, hubo varias detenciones arbitrarias de al menos doce periodistas y colaboradores en los últimos días. Entre ellos figuran Ana Rodríguez y Maiker Yriarte, junto a sus colegas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona de de la cadena 24 Horas TVN. Alargan la lista el periodista brasilero Rodrigo Lopes, del grupo RBS y el equipo de la agencia EFE, integrado por el periodista español Gonzalo Domínguez Loeda, la periodista Mauren Barriga Vargas y el fotógrafo Leonardo Muñoz. 

También hubo ordenes de censura a conductores de espacios radiales y allanamientos de televisoras regionales, además de ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones, advirtió IFEX-ALC. 

Otro aspecto importante fueron los bloqueos a sitios de internet, o directamente la caída del servicio. Un informe de varias organizaciones locales de Venezuela, entre ellas nuestro miembro IpysVenezuela, revelaron que los bloqueos incluyeron desde bloqueos a Wikipedia días antes de las manifestaciones, hasta obstrucciones de redes sociales días después durante las protestas. A medida que aumentaba la tensión política, aumentaban también los ataques. 

Sin embargo, aunque todavía dentro del panorama sombrío, los defensores de la libertad de expresión no descansan. Así, el 14 de enero IFEX-ALC presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, el abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión. En su columna, Álvarez se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno. 

El Amicus fue tenido en cuenta en la audiencia del caso que se celebró este 28 y 29 de enero en Costa Rica. El caso es uno de los tantos en los que el gobierno o los poderosos utilizan al derecho penal y civil para amedrentar, censurar y perseguir a medios y periodistas. 

La criminalización del periodismo es el arma sin balas de muchos gobiernos de América Latina y el Caribe. Mientras la audiencia del caso Álvarez tenía lugar, la Corte Suprema de Honduras ratificaba un fallo de 2016 con el que se condenaba por difamación al periodista David Romero Ellner a una pena de 10 años de cárcel. 

El revuelo venezolano sacó del candelero a Nicaragua. Sin embargo, la lamentable situación del país centroamericano no ha mejorado en nada. Durante todo enero continuaron los ataques y la persecución a medios. Están en la mira los periodistas y activistas sociales que cuestionen al régimen de Daniel Ortega. 

El 20 de enero el Comité para la Protección de los Periodistas junto a más de 200 profesionales del gremio le entregaron una carta a Ortega en la que manifiestaban su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en el país. De acuerdo con ese numeroso grupo, en el 2018 se registraron decenas de asaltos a medios de comunicación. 

También tuvo lugar la expulsión de dos organismos de monitoreo independientes establecidos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) apenas el día anterior de la publicación de su informe. Dicho informe daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas que empezaron en abril de 2018. Para los evaluadores, este fue “otro ejemplo perturbador de la indiferencia de su gobierno a la transparencia y las normas internacionales de los derechos humanos”. 

Por su parte, los periodistas del canal noticioso 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, acusados de múltiples cargos contra el Estado, pudieron ver a sus abogados y familia el miércoles 30 tras pasar un mes incomunicados. Pero esto fue apenas una caricia: el proceso sigue adelante y ahora los periodistas han sido trasladados a unidades penitenciarias. 

Además, el célebre periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de la gestión de Ortega, resolvió exiliarse del país para escapar de la persecución política nicaragüense. Cabe destacar que su padre, el también periodista Pedro Chamorro, fue asesinado durante el régimen de Somoza décadas atrás.

Más impunidad

En Bolivia la impunidad en casos de agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados han marcado una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico. Así lo revela el análisis de nuestro miembro local, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

Mientras tanto, el 23 de enero, desconocidos amenazaron al diario boliviano Opinióncon poner una bomba si publicaban una nota. 

Al mismo tiempo, en México, continúan los asesinatos y la desaparición forzada de periodistas. El caso más reciente es el de Rafael Murúa Manriquez, que había sido desaparecido y fue luego asesinado por sujetos desconocidos el 20 de enero. Murúa Manriquez era el director de la radio comunitaria Radio Kashanay, que es a su vez miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, Baja California Sur. 

Pero no todo está perdido: gracias al duro y constante trabajo de varias organizaciones, entre ellas nuestro miembro, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), se alcanzó una nueva e importante instancia en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima. 

Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos. 

Con este informe se abre la puerta a que el gobierno de Colombia pueda ser juzgado por su responsabilidad en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El encarcelamiento de cientos de periodistas a escala mundial se convierte en la norma

Comittee to Protect Journalists/CPJ

Por tercer año consecutivo, como mínimo 251 periodistas se encuentran encarcelados en todo el mundo, lo cual podría indicar que la respuesta autoritaria a la cobertura informativa crítica va más allá de un incremento temporal. China, Egipto y Arabia Saudita tienen a más periodistas en la cárcel que el año pasado, mientras que Turquía sigue ocupando el primer lugar a escala mundial en cuanto a la cifra de periodistas encarcelados. Un informe especial del CPJ, elaborado por Elana Beiser

Foto: Reuters/Ann Wang, tomada de cpj.org

Publicado el 13 de diciembre de 2018

NUEVA YORK

Nuevas oleadas represivas en China, Egipto y Arabia Saudita sustentaron la ofensiva global contra la libertad de prensa en 2018 por tercer año consecutivo. En esta edición anual de su análisis global, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) constató que, como mínimo, 251 periodistas se encuentran en prisión por su labor informativa, pese a que Turquía –todavía el líder mundial en el encarcelamiento de periodistas– liberó a un pequeño grupo.

En los últimos tres años, el CPJ ha constatado la mayor cifra de periodistas presos desde que el CPJ comenzó a recopilar estadísticas al respecto, y en 2016 y 2017 las cifras alcanzaron nuevas cotas. Por tercer año consecutivo, más de la mitad de la cifra de periodistas presos en todo el mundo correspondió a Turquía, China y Egipto.

La mayoría de los periodistas presos a escala mundial (70 %) han sido acusados de cometer delitos contra el Estado, como por ejemplo pertenecer a grupos considerados por las autoridades como organizaciones terroristas, o colaborar con ellos. La cantidad de periodistas presos por el delito de difundir “noticias falsas” ascendió a 28 en todo el mundo, en comparación con nueve hace sólo dos años. Egipto ha encarcelado la mayor cantidad de periodistas por el delito de difundir noticias falsas, con 19, seguido por Camerún (4), Ruanda (3) y China (1) y Marruecos (1). Este incremento se da ante el auge mundial de la retórica sobre las “noticias falsas“, de la cual el presidente estadounidense Donald Trump es el mayor protagonista.

Ver informe completo

En audiencia, revelan las amenazas de políticos contra la periodista Miroslava Breach en Chihuahua


La audiencia contra el presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava Breach reveló los mensajes y amenazas que recibió la periodista.

Por Redacción/Animal Político

La audiencia contra el presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava Breach reveló los mensajes y amenazas que recibió la periodista por sus reportajes sobre candidaturas que involucraron a partidos políticos con la delincuencia organizada en municipios de la sierra de Chihuahua.

Durante la diligencia, el agente del Ministerio Público narró un extracto de la declaración de un testigo protegido,‘Mila’, sobre una llamada que habría recibido la periodista de parte del exalcalde de Chínipas, (el panista Hugo Shultz), quien le advertía que “ya no podía pisar la sierra”, de acuerdo con un reporte del Diario de Chihuahua.

También se reveló la transcripción de dos conversaciones que habría sostenido Miroslava con hombres desconocidos, quienes insistían en conocer su fuente en el reportaje que señalaba cómo el crimen organizado pretendía imponer a candidatos en municipios serranos, entre ellos Chínipas, de donde era originaria la corresponsal de La Jornada.

Ver nota completa

Vuelta a un pasado autoritario: la libertad de prensa, en peligro ante prácticas del gobierno

Foto: Facebook ONU-DH México

Por Redacción/Animal Político

La frase “no pago para que me peguen” que hace 35 años dijo el expresidente José López Portillo es una realidad en la prensa mexicana de la actualidad, alertaron los relatores especiales sobre libertad de prensa de la ONU, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, tras visitar el país y reunirse con más de 250 periodistas y representantes de sociedad civil.

La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno, pero también para exigir el despido de periodistas críticos, indica el informe preliminar de los relatores sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el país.

Según los representantes de la ONU y la CIDH, si bien los ataques contra los periodistas representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en el país, continúan “prácticas intimidantes del pasado” como la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios.

“Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.

Tras visitar el país del 27 de noviembre a este 4 de diciembre, los relatores concluyeron que “las reglas de esa publicidad (la oficial) son obscuras, que llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad para dar forma y distorsionar la cobertura de medios y difuminar las líneas entre historias de noticias verificables y propaganda o incidencia política”.

Esos recursos públicos que ascienden a 34 mil millones de pesos sólo en los últimos cuatro años sirven para subsidiar a medios afines y callar a fuentes alternativas de información; por lo que recomendaron transparentar y regular la publicidad oficial y que el Congreso legisle sobre “reglas claras y públicas” con el objetivo de limitar esos gastos.

Falta de voluntad

La poca investigación de las agresiones contra periodistas es otro de los problemas en el país para garantizar la libertad de prensa, informaron los relatores, quienes lo atribuyeron a “falta de voluntad” de las autoridades.

El 99.6% de los ataques y asesinatos contra periodistas siguen sin resolverse. “No se concibe que el gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables”.

Las instituciones creadas para proteger a la prensa no han tenido impacto en combatir la impunidad. La FEADLE, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Prensa, “no tiene planes de investigación efectivos, no agota todas sus líneas de investigación, y no analiza el contexto donde los crímenes tuvieron lugar, especialmente la manera que el poder político y criminal opera a nivel local y otras realidades locales”.

Ver nota completa

México, 6o. lugar en Índice Global de Impunidad: Comité para Protección a Periodistas

Por Redacción/Aristegui Noticias

México ocupa el sexto lugar en el Índice Global de la Impunidad, informó este martes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).

El índice consiste en una clasificación de países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes siguen impunes.

De acuerdo con un comunicado, la impunidad por el asesinato de periodistas puede ser un ciclo incontrolable que se extiende por un decenio o más, según la décima edición anual del CPJ.

Siete países presentes en esta edición del informe han figurado cada año desde la primera publicación del índice, hace un decenio, y entre ellos se encuentra Somalia, que es el peor país en materia de asesinatos no resueltos por tercer año consecutivo.

La impunidad crece en escenarios de conflicto, donde poderosos actores a menudo emplean la intimidación violenta para controlar la cobertura informativa, mientras la ausencia o debilidad de la ley y el orden aumenta la probabilidad de los ataques.

El conflicto no es la única causa de la impunidad. En países como Filipinas, México, Brasil, Rusia e India -países que se presentan como democracias pero que han aparecido reiteradamente en el índice-, funcionarios gubernamentales y grupos criminales siguen impunes pese a las elevadas cifras de asesinato de periodistas.

Durante el decenio en el que el CPJ ha publicado el Índice Global de Impunidad, el puntaje de Somalia se ha disparado en 198 %. Otros países en los cuales el puntaje de impunidad aumentó en la mayor proporción durante el último decenio fueron México (142 %), Pakistán (113 %) e India (100 %). Siria (subió 195 %) y Brasil (subió 177 %).

Ver nota completa