Aval a Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y abuso a derechos: ONU-DH

Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

Por Redacción/Proceso

El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, Jan Jarab, alertó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “petrifica” la situación de violencia y violaciones a derechos humanos.

Puntualizó que no sólo desde la visión de derechos humanos, “sino de la misma perspectiva de pura seguridad”, los resultados de los últimos diez años de guerra contra el narcotráfico “son tristes”.

“Si se aprueba algo que va a petrificar el estatus quo, podemos esperar que los años que vienen van a ser como la realidad actual, y nuestra valoración de la realidad actual es muy preocupante, nos urge pensar en alternativas de una salida gradual de las Fuerzas Armadas, pero también de fortalecer policías, que ya se ha dicho muchas veces, pero no ocurrió, pues no se fortalecieron suficientemente”, puntualizó el representante de la ONU.

Entrevistado al término de su participación en la 13ª edición del informe “La infancia cuenta”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Jarab señaló que, en opinión de la oficina de derechos humanos de la ONU (ONU-DH), lo que “se necesita es una verdadera evaluación de cómo funcionó por diez años la estrategia (de militarización de seguridad pública), y que quienes quieren continuar con ella o legislar para que continúe, expliquen por qué están convencidos de que funcionó”.

Jarab llamó a reflexionar con las cifras de homicidios, que antes de que el expresidente Felipe Calderón lanzara la “guerra contra el crimen organizado”, se encontraban en los niveles más bajos históricamente, y después de la militarización de la seguridad pública los niveles de violencia se dispararon.

“La pregunta que queda es si los resultados tristes, el índice de homicidios que tenemos hoy, es un argumento para seguir haciendo lo mismo, y seguir con esta estrategia. Se necesita una reflexión sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en el modelo de seguridad actual”, insistió el representante de la oficina de la ONU-DH.

Jarab recordó que los mecanismos de derechos humanos de la ONU, empezando por los dos últimos representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Louise Arbour y Zeid Ra’ad Al Hussein, en sus visitas a México, advirtieron de los riesgos de la militarización de la seguridad pública, y recomendaron el regreso gradual de los militares a los cuarteles.

Sin embargo, puntualizó, “desde 2006 se multiplicaron varias graves violaciones de derechos humanos y, desde esta perspectiva, el modelo actual de seguridad es muy preocupante este paradigma de guerra contra crimen organizado”.

Agregó que la recomendación que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos es que “lo se necesita más bien es una reflexión sobre una posible salida de este paradigma y dar más fuerza a las policías a varios niveles”.

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Detenciones militares y espionaje, lo que está en juego con la Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook Enrique Peña Nieto

Por Redacción/Animal Político

Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.

La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de aprobación del congreso.

Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas” para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.

Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:

¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?

El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.

Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de seguridad nacional (sin especificar cuáles).

¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?

El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.

La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado, aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin declaratoria) acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.

Derechos humanos: respeto y suspensión

El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción.

Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.

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CNDH advierte sobre riesgos de transgresiones a derechos con Ley de Seguridad Interior

Foto: Facebook Enrique Peña Nieto

Por Redacción/Animal Político

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.

La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.

En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.

En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:

“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.

Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.

La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.

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Activistas protestan contra legisladores porque discuten, a puerta cerrada, la Ley de Seguridad Interior

Por Redacción/Sin embargo

La propuesta de la Ley de Seguridad Interior– que otorga a las Fuerzas Armadas cumplir las tareas de seguridad pública– cuenta con el respaldo del Gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue el propio Presidente Enrique Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La sesión que se discute hoy la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen de la a Ley de Seguridad Interior elaborado por la bancada del PRI presentó irregularidades desde el inicio.

La sesión fue programada para las 8:00 horas sin embargo, inició hasta hora y media después. El retraso se debió, de acuerdo con reporteros y activistas, porque los legisladores de la Comisión de Gobernación cambiaron el lugar de la discusión a una sala más pequeña.

Además, esta se realiza a puerta cerrada. Elementos de seguridad prohibieron la entrada a la sociedad civil e integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra que esperaba desde temprana hora el acceso.

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#SeguridadSinGuerra: ONG advierten sobre Ley de Seguridad Interior que perpetuaría la violencia

Por Redacción/Animal Político

Afirman que el uso de las Fuerzas Armadas no es la solución a la violencia en el país, pues instituciones de seguridad pública deben cumplir su trabajo.

El colectivo #SeguridadSinGuerra – integrado por organizaciones sociales, ciudadanos y activistas – rechazó la expedición de cualquier ley o reforma de seguridad interior que regularice la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad Pública.

De acuerdo con el movimiento, “normalizar la intervención del Ejército mexicano en labores policiales, contribuiría a perpetuar la situación de violencia que se busca revertir”. Argumentan que son los gobiernos estatales quienes tienen la obligación de formar corporaciones policiacas eficaces que garanticen nuestra seguridad para no recurrir al servicio de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado #SeguridadSinGuerra manifestó: “Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”.

De la misma forma y a manera de solución, proponen una serie de acciones que según ellos ayudarían a fortalecer a las instituciones de seguridad pública en todo el país.

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional, pues la aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.

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ONG y activistas piden al Frente Ciudadano rechazar la Ley de Seguridad Interior

Foto: commons.wikimedia.org/Miguel Sierra

Por Redacción/Animal Político

Un grupo de organizaciones sociales y activistas pidieron al Frente Ciudadano rechazar las propuestas de Ley de Seguridad Interior que buscan mantener al Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública.

“Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado al Frente Ciudadano por México para tomar una posición inequívoca en contra de los continuados esfuerzos del gobierno y sus aliados por aprobar legislación en materia de “seguridad interior” y con ello perpetuar la militarización de la seguridad pública”, señalan.

Los firmantes – 80 ciudadanos y 27 organizaciones- entre los que están Causa en Común A.C.,Centro Prodh, Observatorio Nacional Ciudadano R3D y Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otros, aseguran que se requiere cambiar el modelo de seguridad hacia uno encaminado al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

Señalan que diversas iniciativas pendientes de discusión en el Congreso, así como propuestas del gobierno federal buscan “usar la etiqueta “seguridad interior” con el objetivo de utilizarla para violentar la prohibición constitucional a la militarización de la seguridad pública”.

Los firmantes exigen al Frente -conformado por PRD-PAN-MC- y a los gobernadores emanados de estos partidos una revisión seria y basada en evidencia del sistema de seguridad pública nacional a través de cuerpos civiles.

Aseguran que para muchos gobiernos locales, es más fácil descargar su obligación constitucional en el Ejército que cumplir con sus responsabilidades. “Pero si el Frente ha de ser realmente Ciudadano, debe de responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía y no a los de la clase política”.

La Cámara de Diputados aplazó en febrero pasado la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual es rechazada por algunas bancadas en San Lázaro y por organizaciones civiles.

La Ley de Seguridad Interior ha sido señalada por organizaciones de la sociedad civil, pues dicen “legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente en tareas de seguridad pública, reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiacas, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas”.

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Ley de seguridad interior no es una vía para la pacificación del país: ciudadanos

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. ‘‘Rechazamos que una ley de seguridad interior sea la vía para la pacificación del país’’, señaló la representante ciudadana Elena Azaola Garrido, de la Academia Mexicana de Criminología, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública frente a la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Explicó que antes de que se elabore una ley de seguridad interior, que propone mayor poder y control a las Fuerzas Armadas, debe instaurarse una estrategia nacional para que los policías, las fiscalías y los jueces sean garantes de los derechos humanos.

Por su parte, el presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, Luis Wertman, explicó que por mucho que se haga en favor de la seguridad, “los avances no reflejan una mejoría para el ciudadano promedio, porque sigue siendo testigo o víctima de delitos que sólo pueden explicarse por la impunidad, las complicidades, las fallas de coordinación y la ausencia de autoridad, lo que permite al crimen llenar los vacíos que muchas veces dejan algunas instituciones en prácticamente todos los niveles de gobierno”.

Durante su participación, Wertman agregó que el problema no se resolverá hasta que la desigualdad que caracteriza al país se reduzca.
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Seguridad sin guerra

@cencos

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 13 de abril de 2017.

Desde septiembre del año pasado se ha iniciado una “discusión” en materia de seguridad interior, en la cual el punto medular es legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, en otras palabras, que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana realicen funciones de Policía Federal, Inteligencia, Ministerio Público entre otras.

Foto: El Informante

En este contexto los partidos políticos han impulsado tres propuestas de Ley de Seguridad Interior, la primera a cargo del senador panista Roberto Gil Zuarth, la segunda encabezada por los diputados priístas César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales y por último, en el mes de febrero, la bancada del Partido Verde Ecologista de México hizo lo propio.

Después de realizar un análisis a las propuestas encontramos los siguientes puntos críticos:

–Controlar actos de resistencia no agresiva: en esta redacción poco clara, bien cabrían las manifestaciones pacíficas, violando claramente la libertad de expresión.
–Investigación y persecución de los delitos: si bien en los proyectos se manifiesta que el apoyo sería en caso de que las autoridades se encuentren superadas, en este sentido las agencias encargadas de estas funciones tienen enormes cargas de trabajo y deficiencias estructurales, por lo que en una visión operativa desde ya se encuentran rebasadas.
–Intervención de comunicaciones privadas: esto faculta a las Fuerzas Armadas a que puedan escuchar llamadas, ver mensajes de texto, revisión de redes sociales y correo electrónico, etc.
–Localización geográfica en tiempo real: es decir, que puedan conocer en dónde te encuentras en todo momento.
–En la propuesta impulsada por el PRI, “Hacer uso de cualquier método de recolección de información”: preocupa que en un proyecto de seguridad se utilicen redacciones tan vagas y confusas, mismas que podría permitir que se cometan actos ilícitos al margen de la ley.

Aunado a estas propuestas, el Presidente Enrique Peña Nieto en los últimos meses ha iniciado una campaña mediática vanagloriando a las Fuerzas Armadas y descalificando a quienes las critican, aun cuando es conocimiento público que en el desarrollo de algunas de sus actividades se han violado derechos humanos, lo que demuestra una intención clara por diversos actores políticos en pasar en este periodo ordinario una ley de seguridad interior.

Al comienzo del texto entrecomille discusión, y es que al menos entre los partidos políticos que impulsan estos proyectos y presidencia el fin: legalizar la participación de las Fuerzas Armadas, es un punto en acuerdo, lo que está sujeto a debate es el cómo hacerlo.

Es importante aclarar que las funciones que se establecen en los diversos proyectos no es algo que las Fuerzas Armadas no hagan ahora, sin embargo, legalizar su participación redimensionaría su injerencia en conflictos civiles, algo que la historia ha demostrado como nocivo para las sociedades, solo habría que echar un vistazo a Latinoamérica.

En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.

Dando seguimiento a esta idea, proponemos que la discusión debería centrarse en cómo mejorar a las diversas corporaciones policiacas del país, en Cencos hemos pensado puntos mínimos para iniciar este proceso:

-Mejorar los salarios.
-Mejorar la infraestructura.
-Reformas a leyes y reglamentos.
-100% de transparencia y rendición de cuentas.
-Capacitación constante y de calidad.
-Mejores condiciones laborales.
-Lo anterior aunado cero impunidad.

En síntesis, no queremos a las fuerzas armadas en las calles porque esas no son sus funciones, ni están preparadas para ello, y se ha demostrado que su intervención en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

La sociedad deber ser informada y considerada en la toma de esta decisión, la aprobación de una ley de este tipo modificaría radicalmente el rol entre autoridades y ciudadanos. No hay que olvidar que quienes ahora nos venden “seguridad” son los culpables de esta crisis de violencia e impunidad.

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Represión contra normalistas en Tiripetío deja un herido de bala en la cabeza



Por Redacción/La Jornada

Alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga ubicada en la comunidad de Tiripetío informaron que “elementos de la Policía de Michoacán se introdujeron a las instalaciones de la escuela mientras jóvenes de cuarto grado realizaban actividades de brigadeo, lo que ocasionó un disturbio que concluyó con la lesión de un compañero que recibió un impacto de bala en la cara”.

En un comunicado, aseguraron que los uniformados entraron a las instalaciones de la normal, ubicada a 254 kilómetros de Morelia, realizando disparos.

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