En el marco del 3 mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Propuesta Cívica y Twitter México unen esfuerzos para dar voz a cuatro periodistas asesinados en el país considerado como el más peligroso de América Latina y el segundo a nivel mundial para ejercer esta profesión.
Desde 2011 la organización de la sociedad civil, Propuesta Cívica, presidida por el académico Sergio Aguayo, se especializa en la representación jurídica de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hasta el día de hoy con más de 170 representaciones legales en el territorio mexicano. Actualmente la organización representa legalmente a los familiares de periodistas emblemáticos para el gremio mexicano como lo son Miroslava Breach y Javier Valdez con quienes se está creando precedente en la representación legal con el apoyo de la comunidad internacional.
De 2007 a la fecha, se registran 106 asesinatos de periodistas y 14 desapariciones, por lo que la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene un sentido diferente para el país, por ello, Propuesta Cívica y Twitter México, decidieron unir sus líneas de especialización para dar voz a cuatro periodistas asesinados en el país, con la autorización de familiares a partir del 29 de abril y hasta el 4 de mayo Miroslava Breach, Javier Valdez, Moisés Sánchez y José Armando Rodríguez “El Choco” volverán a escribir desde sus cuentas de twitter, en ellas compartirán los trabajos que les llevaron a ser reconocidos, los principales temas a los que daban cobertura, amenazas registradas y las posibles causas de sus asesinatos.
#SeguimosHablando suma a la visibilidad de la situación de violencia que enfrenta el periodismo en México y las zonas de silencio que se están creando en varios estados de la república mexicana con el asesinato de periodistas, el esfuerzo por regresarles la voz también forma parte de luchar contra el olvido y es un grito para la exigencia de justicia. Para contribuir en la difusión de los mensajes se necesita seguir las cuentas, dar RT a los contenidos que se generarán y utilizar el hashtag #SeguimosHablando durante la semana.
Triana recibió mensajes a su celular infectados con el malware Pegasus, a través de ligas falsas de Animal Político y Proceso.
@R3Dmx
La R3D y Artículo 19 denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) los intentos de espionaje contra Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdéz.
En conferencia de prensa, informaron que días después del asesinato del comunicador – ocurrido el 15 de mayo de 2017 – su viuda recibió mensajes a su celular infectados con el malware Pegasus, a través de ligas falsas de Animal Político y Proceso.
Este es el primer intento de espionaje contra una víctima indirecta de homicidio, por lo que exigirán que se investigue.
También denunciaron la falta de resultados en la investigación del asesinato de Valdéz, a casi dos años de los hechos.
La nueva investigación confirma al menos seis intentos de espionaje con el malware Pegasus en contra de los periodistas Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, del semanario Río Doce.
Los ataques ocurrieron entre el 17 y el 26 de mayo, días después del asesinato del periodista Javier Valdez, también integrante de Río Doce.
Cuando se realizaron los ataques, la PGR –única operaria reconocida de Pegasus en México– se encontraba en Sinaloa indagando el homicidio de Valdez.
Suman ya 28 objetivos de Pegasus documentados, lo cual reafirma la necesidad de una investigación independiente y una reforma integral sobre la adquisición y uso de sistemas de vigilancia por parte del gobierno.
Imagen: Artículo 19
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. Una nueva investigación, publicada el día de hoy por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en conjunto con las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, revela una serie de ataques con el malware Pegasus en contra de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, periodistas del semanario Río Doce, que iniciaron dos días después del asesinato de su colega Javier Valdez.
De acuerdo con el informe, también retomado por el diario The New York Times, los periodistas recibieron, entre los días 17 y 26 de mayo de 2017, al menos seis mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus: algunos, suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político. De haber hecho clic en los enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando al atacante acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros.
Los ataques se efectuaron en los días posteriores al asesinato del periodista Javier Valdez, fundador y colaborador de Río Doce, ocurrido el 15 de mayo. En las fechas en que Bojórquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República (PGR), único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, realizando indagatorias sobre el crimen.
A Heriberto Picos se le acusa de ser copartícipe material en la comisión del delito de homicidio con premeditación y ventaja en contra del comunicador, con motivo de su actividad periodística.
Foto tomada de Aristegui Noticias
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) pidió al juez 50 años de cárcel para Heriberto Picos Barraza, alias “El Koala”, por el asesinato del periodista Javier Valdez en el estado de Sinaloa.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que agentes del Ministerio Pública, adscritos a la FEADLE, presentaron la acusación formal en contra de Picos Barraza, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y solicitaron al juez competente que se imponga la máxima sanción contemplada para este tipo de delitos en el estado de Sinaloa, de 50 años de prisión.
A Heriberto Picos se le acusa de ser copartícipe material en la comisión del delito de homicidio con premeditación y ventaja en contra del comunicador, con motivo de su actividad periodística y sus publicaciones en diversos medios informativos, a nivel regional y nacional.
La Fiscalía detalló que la acusación formal se dio tras concluir la etapa de investigación complementaria fijada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa, en términos de los artículos 334 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La limitación para entregar fondos únicamente hasta octubre próximo al Fideicomiso para el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una muestra del “desdén” del gobierno de Enrique Peña Nieto a la libertad de expresión, reprobó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Foto: Derecho a informar
Durante la presentación del “Estudio de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en Materia de Agresiones a Periodistas”, hizo un llamado a las autoridades “para que se dote de los recursos suficientes al Fideicomiso, que está sostenido en una ley de 2012. Lo que se pide es cumplir la ley”.
El ombudsman consideró “preocupante” que no se hayan destinado recursos suficientes para el Mecanismo, situación que se arrastra desde el año pasado, “porque el tema de las agresiones no se ha revertido, el tema de la impunidad sigue latente”.
Al recordar que, en el 2017, tras los homicidios de los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach, en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) los 32 mandatarios se comprometieron a aplicar como política pública la Recomendación General 24/2016 para combatir la agresión contra los periodistas, González Pérez destacó que instrumentará un “semáforo” para indicar el avance de los gobiernos locales en el cumplimiento de las recomendaciones.
Culiacán, Sinaloa, a 15 de mayo de 2018.- El asesinato de Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Río Doce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, es emblemático del fracaso del Estado mexicano en garantizar seguridad para los periodistas en el ejercicio de su labor.
El 17 de mayo de 2017, dos días después del crimen, en un evento inédito que pretendía mostrar la voluntad del Estado mexicano para acabar con la violencia contra la prensa, el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunciaron una serie de acciones para garantizar la protección de los periodistas en México. Después de anunciadas dichas acciones, 10 periodistas más han sido asesinados hasta el día de hoy. En efecto, se confirma la sospecha fundada de que dichas acciones no revertirían el patrón de agresiones contra la prensa en México.
Aún cuando se aceleró en varias entidades de la República la creación de Unidades de Protección vinculadas al Mecanismo federal, así como Mecanismos locales de protección con base en leyes estatales aprobadas por los Congresos de los estados; la realidad es que la violencia contra la prensa no cesa, y al contrario, crece día a día.
En su visita conjunta a México (27 de noviembre-04 de diciembre de 2017), los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH corroboraron de primera mano el fracaso de la estrategia de protección para los periodistas y de la falta de garantía de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y sus deudos. Un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ineficiente, una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inoperante, fueron sus conclusiones preliminares.
En un marco de absoluta impunidad en los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las y los periodistas, hemos dado cuenta que hasta el 30 de diciembre de 2017, en el actual sexenio ha contabilizado 1986 agresiones contra informadores, de los cuales 42 corresponden a asesinatos. Este año, en el contexto electoral, se han cometido 26 agresiones
No podemos soslayar que recientemente la FEADLE, al haber obtenido orden judicial, capturó el 23 de abril pasado a Heriberto “N, imputándole la autoría material del homicidio de Valdez. En este sentido, en conferencia conjunta de la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Seguridad, al anunciar la detención del hoy imputado, se enfatizó que el crimen respondió al interés de acallar a Javier por parte de un grupo criminal. Asimismo se señaló la posible co-autoría material de otras tres personas (una de ellas asesinada), siendo que Dámaso López Serrano, los habría enviado para cometer el homicidio en contra del periodista por publicaciones que le resultaron incómodas.
En este sentido, debe demostrarse de manera fehaciente y sin lugar a dudas la responsabilidad de los autores materiales y la supuesta autoría intelectual del asesinato de Javier. Evidentemente también urge el esclarecimiento de los hechos para que su familia, colegas, amigos y sociedad general conozcamos penalmente la verdad de lo sucedido.
Adicionalmente se requiere que la FEADLE y las instancias de procuración de justicia locales muestren la misma celeridad en la investigación y judicialización de todos los casos de agresiones contra la prensa, en especial los más graves que entrañan asesinatos, tortura, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones en rezón del ejercicio informativo de las víctimas.
México sigue y seguirá siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina mientras las acciones de prevención, protección, investigación y reparación del daño por parte del Estado permanezcan descoordinadas y no haya voluntad política de todos los actores políticos y gobernantes de integrar una estrategia que conduzca a la erradicación de la impunidad. Mientras permanezcan las condiciones de silenciamiento de la prensa en México, ya sea mediante mecanismos de censura sutil o mediante la violencia física y psicológica, no podremos jactarnos de vivir en democracia.
En este contexto, la obra de Javier Valdez y su compromiso con la verdad y las víctimas de la violencia imperante en amplias franjas del territorio nacional, sigue vigente y es ejemplo y guía para lograr la transformación de México hacia una sociedad más libre y justa.
Nota para prensa
Para mayor información, favor de contactar a Juan Vázquez, oficial del área de Comunicación y Contenidos Digitales, al correo jvazquez@article19.org, o hablar al +52 55 1054 6500
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
Autoridades federales informaron este lunes sobre la detención de un presunto responsable del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017, en Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, la detención estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad.
El detenido es Heriberto “N”, alias el Koala, y su captura fue en la ciudad de Tijuana, Baja California, indicó al medio Río Doce (del que Valdez fue fundador) el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de activistas, reporteros, ciudadanos y familiares del periodista Javier Valdez participaron este jueves en la manifestación convocada por Ríodoce y la Comisión Ciudadana de Seguimiento al Caso Javier Valdez.
“Justicia, Javier Valdez”, fue el grito de los manifestantes que marcharon por calles de Culiacán, Sinaloa, hasta las instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE), portando pancartas y cruces.
En el acceso principal del edificio, los manifestantes pegaron etiquetas con mensajes como “Justicia” y pintaron una silueta con los nombres de personas asesinadas en la entidad, entre ellas la niña Dayana, el abogado Miguel Sánchez Morán y el profesor Ramón Durán Jara, entre otros.
También “acordonaron” el inmueble de la FGE con una cinta amarilla con la leyenda “Área de impunidad”, como una crítica ante la falta de resultados en la investigación del homicidio de Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo de 2017.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diversos medios de comunicación del país acordaron una estrategia conjunta para prevenir ataques contra periodistas.
En un desplegado, los medios participantes destacaron que pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino que lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia.
Agregan que esta debilidad institucional alcanza también a las fiscalías especializadas como a los mecanismos ad hoc creados por los estados y el gobierno de la República.
Denuncian que los ataques se siguen sucediendo sin que prácticamente ningún responsable haya respondido ante la ley, lo que retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad.
“El crimen organizado está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país, donde los periodistas ya no sólo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes”.
Por si fuera poco, acotan, es grave que servidores públicos de los tres niveles de gobierno estén entre los agresores.
Los medios de comunicación consideran que ante este panorama, en México se requieren con urgencia gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que estén más comprometidos con la comprensión de la misión del periodismo y la necesidad de proveerle esquemas de protección. Este compromiso, señalaron, se exige tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales, los cuales son los primeros responsables de garantizar la seguridad de los comunicadores.
“Consideramos que los medios de comunicación debemos asumir como parte de nuestra responsabilidad acciones específicas en el ámbito de nuestras atribuciones y capacidades, recogiendo la experiencia acumulada en nuestro país y también por parte de la industria y el gremio periodísticos en naciones como Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina. Nos corresponde hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas y dar un mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad, especialmente los más emblemáticos”.
Indican que los mismos planteamientos que describen obligaciones de los Estados en la protección de los informadores llaman a las empresas del sector a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen un peligro claro. Es ineludible mencionar también la urgencia de fortalecer los estándares éticos y mecanismos institucionales en el ejercicio del periodismo en amplios sectores de nuestra realidad empresarial y gremial. Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo.
Por este motivo, los medios de comunicación pactaron una estrategia conjunta que les permita incidir de manera eficaz en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación, independientemente de dónde provengan tales ataques y cuál sea su modalidad, pues el catálogo de agresiones posibles abarca afectaciones físicas, materiales, acciones legales, ataques cibernéticos, censura, presión y manipulación de la opinión pública.
“La existencia de un mapa de ruta para nuestras acciones, la coordinación efectiva de las mismas y la solidaridad como valor esencial de esta iniciativa, marcarán su evolución y resultados”.
También acordaron en lo inmediato un Grupo de Trabajo formado por directivos y medios de comunicación, para que laboren en delinear acciones de corto, mediano y largos plazos, así como “en los objetivos concretos que debamos alcanzar como industria de medios de comunicación y como gremio profesional”.
