Alexandra alertó a tiempo acoso de ex marido; fue asesinada, y su familia exige justicia en Jalisco

Por Redacción/Sin embargo

Alexandra Castellanos lo denunció en todas las ventanas a las que tuvo acceso: desde redes sociales hasta las autoridades de Jalisco se enteraron de las amenazas de muerte a las que estuvo expuesta desde que se separó de Alberto Cárdenas Camarena.

Nadie detuvo los ataques que subieron de tono y ya no se frenaron. En víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2017, la mujer fue localizada sin vida en Tlajomulco de Zúñiga.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Alexandra Castellanos Méndez pidió ayuda en redes sociales. Señaló una y otra vez a su ex pareja, Alberto Cárdenas Camarena, de quererle hacer daño. Acudió ante las autoridades de Jalisco, quienes activaron un mecanismo de protección estéril, incapaz de detener las agresiones que concluyeron con dos disparos mortales en la víspera de Navidad del 2017.

Castellanos nació el 30 de junio de 1973. Era madre de dos, Alejandro y Fernanda. Se dedicaba a su hogar. Tenía 44 años. Se manifestó en contra de los feminicidios y, a pesar de las amenazas que sufrió, se mantuvo alegre y optimista, dijo Teresa Castellanos, su hermana, en entrevista con SinEmbargo.

Alexandra estaba casada con Alberto Cárdenas Camarena, pero un día de junio del 2017, y después de soportar la violencia del sujeto por casi 15 años, se separaron. Fue entonces que la pesadilla pegó más fuerte. Primero hubo golpes, gritos y amenazas de muerte; después, impactos de arma de fuego dirigidos a la fachada de la casa de la mujer. Finalmente, el homicidio.

“No dejo de vivir amenazada por una persona a la que le regalé 15 años de mi vida. No deja de estar amenazando con hackeos a mi cuenta e inventando situaciones que hasta a mí misma me dan asco […]. Temo por mi vida y por la vida de mis hijos y solo una persona es culpable de eso y la hago responsable si algo peor llega a pasar. ¡BASTA!”, escribió la víctima el 28 de noviembre

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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Comisión del Agua de Jalisco, autoritaria y cerrada a la participación ciudadana

Por Redacción/Desinformémonos

Guadalajara, Jalisco, 2 de septiembre 2017.- Pobladores de la comunidad de Temacapulín, calificaron a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), como una institución autoritaria y cerrada a la participación de los ciudadanos especialmente de las comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo que pretende inundar las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

El comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo acompañado del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), denunciaron que durante el desarrollo del proyecto la CEA , una de las principales impulsoras de la presa Zapotillo y responsable de la reubicación de la comunidad de Temacapulín y Palmarejo en el predio Talicoyunque, municipio de Cañadas de Obregón, se ha conducido en la ilegalidad, ha obstruido el derecho de la participación, el acceso a la información y negado el derecho a la libertad de expresión.

Tal como sucedió el pasado 29 de agosto, cuando personal de SEGMAG, Seguridad Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada S.A. de C.V. contratada por la CEA, le impido el acceso al predio Talicoyunque a dos oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y a un grupo de periodistas que acompañaban la documentación a las violaciones a los derechos humanos ocasionados por la construcción del proyecto El Zapotillo.

Lo anterior se suma a lo sucedido el pasado 4 de agosto, cuando los elementos de la empresa de seguridad impidieron el paso a periodistas que intentaban entrevistar a habitantes que fueron ya reubicados de la comunidad de Palmarejo a Talicoyunque.

Con una manta donde se leía “Propiedad privada. No medios de comunicación. Atte Gobierno Federal, Grasias” (sic). Los elementos de seguridad argumentaban que por ordenes del licenciado Edgar, no se permitía el paso a el predio.

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CDMX, Edomex y Jalisco, las entidades donde las mujeres sufren mayor violencia en México

Por Redacción/Animal Político

En México, el 66.1% de las mujeres mayores de 18 años han padecido al menos un incidente de violencia en su trabajo, la calle, la escuela o su hogar.

En el país, cinco estados concentran los niveles más altos de violencia para las mujeres, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016.

En México, el promedio nacional de mujeres que han sufrido violencia es de 66.1%. Esto se traduce en que 30.7 millones de mujeres han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.
Las entidades que están por arriba de la media nacional son: la Ciudad de México donde el 79.8% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia; en el Estado de México 75.3%; en Jalisco lo han sufrido 74.1%; en Aguascalientes 73.3%; en Querétaro 71.2%.

Las entidades que tienen los menores porcentajes de violencia son San Luis Potosí 56.7%; Tabasco 55.8%; Baja California Sur 55.4%; Campeche 53.6% y Chiapas. 52.4%.

La violencia en las aulas

Las entidades en donde ocurre una mayor violencia escolar (25.3%) son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca.

De acuerdo a la encuesta, esta violencia ocurre predominantemente en las instalaciones de la escuela (74.3%), y en menor medida en las inmediaciones (25.7%).

De las agresiones ocurridas en la escuela, el 38.3% fueron de índole sexual; 34.1% psicemocionales y el 27.7% físicas.

Los principales agresores según el INEGI son los compañeros con 47.1%, compañeras 16.6% y maestros (11%).

Los agresores en el trabajo

En el trabajo, el tipo de violencia más frecuente es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación, según la ENDIREH 2016.

En promedio, 27 de cada 100 mujeres que trabajan o han trabajado ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

Los estados en los que más se registra violencia laboral (26.6%) son Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

Los compañeros de trabajo (35.2%) y el patrón o jefe (19.3%) son los agresores más frecuentes en el ámbito laboral.

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Tres comunidades de Jalisco cumplen 12 años luchando para no quedar bajo el agua de la Presa El Zapotillo

Por Redacción/Animal Político

Pobladores de las comunidades que quedarán bajo el agua con la presa El Zapotillo acusaron que no han sido escuchados por las autoridades de Jalisco.

Desde hace 12 años los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los altos de Jalisco, emprendieron una lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo.

En 2013, vecinos de Temacapulín obtuvieron el amparo de la Suprema Corte, que no impedía la construcción de la presa, pero ordenaba mantener su pared de concreto en una altura máxima de 80 metros, con un límite de inundación para que estos poblados continuaran existiendo. En ese momento las obras quedaron detenidas.
Con la presa El Zapotillo se pretende acumular y llevar agua de la Cuenca del Río Verde a la capital del estado, Guadalajara, así como a la vecina ciudad de León, Guanajuato. Sin embargo, la construcción de la pared implicará que tres comunidades queden sumergidas bajo el lago artificial.

En diversas ocasiones los pobladores y las organizaciones que los acompañan han denunciado los incrementos en el costo del Proyecto Presa El Zapotillo–Acueducto Zapotillo León, que a la fecha asciende a 20 mil 856 millones de pesos.

Se han destinado 43 millones de pesos en la construcción, servicios de vigilancia del predio Talicoyunque, donde se pretende reubicar a la población afectada por la presa, y 90 millones de pesos pagados a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por la realización de un estudio hidrológico del río Verde.

El pasado 29 de junio, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó el Informe final del estudio realizado por la UNOPS, titulado: Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río Verde, donde determinó que su gobierno retomaría la construcción de la presa, por lo que acataría el escenario número cinco planteado por la UNOPS, una cortina a 105 metros con un caudal de 7.5 metros por segundo, a pesar de la resolución de la SCJN.
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Presidente de Confamilia le tapa la boca a una mujer que lo increpó por matrimonio homosexual

Por Redacción/Proceso

Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia) y uno de los más férreos opositores al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, fue exhibido en las redes sociales cuando le tapó la boca a una mujer que lo increpaba sobre el matrimonio homosexual.

Dabdoub daba una entrevista a medios locales sobre el propósito de la gira del “Autobús de la libertad” cuando una mujer se acercó a cuestionarlo sobre su intolerancia hacia el matrimonio homosexual. El presidente del Consejo de la Familia reaccionó tapando con su mano la boca de la mujer quien le reclamó la acción. El hecho fue transmitido en vivo por el portal Seminario 7 Días.

El autobús arribó el martes a Jalisco e hizo recorridos por ciudades de la entidad. Integrantes del Consejo participaron diversas actividades, entre ellas el reclamo al gobierno de Guadalajara de que en sus políticas se respete el derecho de padres y madres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

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Temacapulin en pie de lucha ante anuncio de su inundación por presa Zapotillo: la decisión está en la SCJN

Foto: Desinformémonos

Por Redacción/Desinformémonos

Jalisco I Los habitantes de Temacapulín están molestos e incrédulos ante el anuncio del gobernador Aristóteles Sandoval, de que “en beneficio de las mayorías” y basado en un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por el cual pagaron 4.6 millones de dólares “no hay otra alternativa para evitar que se inunden las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmerejo con la presa El Zapotillo”.

A diferencia de otros años, que un anuncio de este tipo los impactaba demasiado, ahora el sentimiento común fluctúa entre la molestia y la incredulidad, porque no es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. “Aristóteles es un político más, va de salida, así han sido siempre” señala don Alfonso Iñiguez habitante de Temacapulín al Diario NTR de Guadalajara. No es la primera vez que un gobernador se retracta de apoyarlos. Tienen claro que la determinación para reactivar la construcción de la presa está en la cancha del poder judicial.

“Por desgracia tenemos esos gobernadores que no tienen palabra y ahora dice que va a defender el agua. El agua la ha defendido la gente de Temaca, él dice que somos 300 o 400. No, no somos esos, somos todo México que nos apoya, somos muchos”, dijo la señora Isaura Gómez Guzmán, entrevistada en su casa, quien es de las que antes perdía el sueño y se enfermaba de la preocupación por el posible despojo”.

Después de cuatro años de asegurar que defendería a Temacapulín, Acasico y Palmarejo, este 29 de junio el gobernador Aristóteles Sandoval se apoyó en el estudio y resultados de la UNOPS, contratado por el gobierno estatal, para confirmar que es imposible evitar la inundación de los pueblos para dar lugar a la presa El Zapotillo, en un discurso que no pudo terminar debido a que pobladores de las comunidades estallaron en gritos de repudio.

“Ayer estábamos aquí en la plaza esperando a que nos dijeran qué había pasado con el anuncio del gobernador. Ya que nos hablaron por teléfono para contarnos los que andaban allá en Guadalajara sí nos dio coraje, pero dijimos, ‘si hubiera dicho que tenía el dinero y ganado el juicio, se la creemos’, pero ni una ni otra”, comenta don Alfonso.

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Luchadora por ríos Ameca y Mascota, amenazada

Por Redacción/Milenio

La señora Blanca Ortiz, ejidataria de Ixtapa, tiene catorce años en lucha contra el poder de las empresas cribadoras que explotan sin control el material geológico de los ríos Ameca y Mascota, y que alimentan a la enorme industria de la construcción del corredor turístico Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.

Un empresario afectado habría contratado a un secuestrador para que la “levante” y la quite de en medio, denuncia el asesor de la campesina, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales.

La ejidataria, que no ha dejado de poner el dedo en el renglón de los daños ambientales y económicos que ocasionan el mal manejo de sus ríos, se mantiene en la zona para que el negocio de los materiales tenga libre flujo.

“Por eso vamos a pedir su incorporación al programa de protección de activistas y periodistas de la Secretaría de Gobernación, para lo cual debemos visibilizarla y hacer que las autoridades asuman la responsabilidad por su integridad”, destacó León Corrales.
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Feminicidios en Jalisco deben ser una prioridad política: AI

Por Redacción/Desinformémonos

Los feminicidios y la violencia de género deben tratarse como una “verdadera” prioridad en la política de Jalisco, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum Panszi, quien insistió en que las autoridades de la entidad necesitan implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

De acuerdo con Reneaum, ninguna de las medidas se han puesto en marcha a dos meses de que la Conavim entregó al gobierno de Jalisco un informe con 12 recomendaciones y 37 acciones para combatir la violencia de género.

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