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Hallan sin vida a la activista Karina Ruiz Ocampo en Jalisco

imagen tomada de Desinformémonos

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La activista y defensora del derecho al agua Karina Ruiz Ocampo fue hallada sin vida el pasado 3 de mayo en Amatitán, Jalisco, luego de haber estado desaparecida desde el 13 de abril de 2025, confirmaron la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras.

Ruiz Ocampo formaba parte de la organización La Cima Nuestra Prioridad, que desde 2012 exige el derecho al agua en el fraccionamiento La Cima, en El Arenal, por la escasez provocada por un adeudo de la constructora con la Comisión Federal de Electricidad. Por su labor, señalaron las organizaciones, recibió «constantes amenazas a través de redes sociales, y temía por su seguridad».

De acuerdo con la Red e IM-Defensoras, la última participación de Ruiz en una manifestación pública fue el pasado 23 de marzo, y el 13 de abril personas desconocidas irrumpieron en su domicilio «y se la llevaron a la fuerza».

Desde el inicio del conflicto, Ruiz y los vecinos organizados del fraccionamiento organizaron desde 2012 diversas movilizaciones y transmisiones en vivo a través de redes sociales para denunciar a las autoridades y empresas responsables de la escasez de agua.

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CIDH califica de “alarmante” el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán

Foto: @FiscaliaJal

Gloria Leticia Díaz/Proceso

“Refleja la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “alarmante” la existencia de espacios de entrenamiento y desaparición de personas como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco,  “durante tiempo prolongado sin intervención de las autoridades”.

Tras reconocer al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco por localizar restos humanos en el rancho Izaguirre, espacio que se encontraba bajo resguardo estatal desde septiembre de 2024, en un comunicado la CIDH consideró que “tanto las denuncias sobre reclutamiento forzado, entrenamiento, trabajo forzado y desaparición de personas -entre otros crímenes- como el tipo de objetos encontrados reflejan la degradación de la violencia por parte del crimen organizado a un nivel contrario a la dignidad humana”.

Agregó que “es alarmante que lugares de esta naturaleza hayan podido operar por períodos de tiempo prolongados sin intervención de autoridades”. 

A 22 días del hallazgo, la CIDH llamó al Estado mexicano “investigar con debida diligencia estos hechos, sancionar a los responsables y garantizar que las víctimas y sus familiares reciban adecuada y oportuna reparación”. 

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Denuncian amenazas y allanamientos en la comunidad autonóma de Azqueltán

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo intento de despojo «ante la negligencia de autoridades y gobiernos de los tres niveles», tras las amenazas y allanamientos contra el rancho de una comunera por parte de Manuel de Jesús Aguilar Herrera, «conocido por estar ligado al violento cacique Fabio Flores Sánchez».

Aguilar Herrera, señaló la comunidad, se presentó a la casa de la comunera para amenazarla con el desalojo de su ganado y «de que se valdría del gobierno municipal y de grupos delictivos para lograrlo». Posteriormente, el 29 de noviembre patrullas municipales de Villa Guerrero realizaron rondines y allanamientos ilegales: «entraron al rancho, estuvieron viendo las casas, los animales y el ganado de nuestra compañera», explicó.

Frente a las amenazas, Azqueltán anunció que resguardará de forma organizada e indefinida el predio Amoltita y que no permitirá ningún despojo en su territorio tepehuano y wixárika.

«Advertimos que ante la impunidad con que actúan estos criminales y la negligencia que han mostrado las diversas instancias de los gobiernos, existen verdaderos focos rojos en el territorio comunal y de los cuales los gobiernos tienen pleno conocimiento, por lo que son y serán los responsables directos de cualquier situación lamentable que pueda ocurrir», subrayó la comunidad.

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Asesinan al ambientalista indígena Higinio Trinidad de la Cruz en Ayotitlán

Imagen: Twitter @TsikiniJ

 

Pedro Zamora Briseño/Proceso

De la Cruz era un importante promotor comunitario que realizaba proyectos de desarrollo sustentable con bancos de desarrollo internacional, además de que era parte de la organización comunitaria que denunciaba el despojo de tierras por la minería y tala ilegales en la Sierra de Manantlán.

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- El sábado 25 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida del defensor ambiental indígena Higinio Trinidad de la Cruz, quien se encontraba desaparecido desde un día antes, luego de que fue secuestrado en la comunidad de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco.

A través de un pronunciamiento, la organización ambientalista Tsikini condenó la desaparición forzada y el asesinato del activista y consejero estatal indígena.

Refirió que Higinio Trinidad de la Cruz era un importante promotor comunitario que realizaba proyectos de desarrollo sustentable con bancos de desarrollo internacional, además de que era parte de la organización comunitaria que denuncia el despojo de tierras por la minería y tala ilegales en la Sierra de Manantlán.

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Comunicado: Diagnóstico de mujeres desaparecidas

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO, NUEVO LEÓN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, COLIMA Y JALISCO.

  • El 16 de mayo de 2022 la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas llegó a los 100 mil casos y no ha parado de crecer. El 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.
  • En Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero se concentran el 56.13 % de los casos de todo el país. 
  • La desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de la violencia feminicida y tiene graves repercusiones para la sociedad.

Ciudad de México, 27 de octubre del 2022. El diagnóstico de mujeres desaparecidas que ha elaborado el IMDHD, presenta en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona, pretende visibilizar la desaparición de niñas y mujeres en ocho estados del país a través de una lectura de estadísticas oficiales y documentación de casos en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. Este diagnóstico analiza casos de feminicidio y trata de niñas y mujeres con las desapariciones, entendiendo que los tres fenómenos son parte de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que sus vínculos pueden dar luces sobre cómo prevenir el feminicidio, así como mejorar la búsqueda de mujeres y niñas.

De acuerdo al Diagnóstico, el rango de edad donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años; este rango se repite siendo el doble o incluso el triple de los que le siguen. Lo anterior refleja el reto más difícil para las autoridades, ya que a partir de esto deben diseñar políticas públicas focalizadas para la búsqueda inmediata de los casos de adolescentes y mujeres jóvenes, a la par de implementar proyectos que puedan prevenir y proteger a esta población de continuar siendo víctima de desaparición.

La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano, desde el nivel federal y estatal, visibilice la problemática de desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

  1. Focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda. 
  2. Apropiar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal. 
  3. Actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado, reconociéndola como violencia feminicida. 
  4. Diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.
  5. Garantizar que exista un seguimiento y atención continua a las carpetas de investigación de estos casos, con énfasis especial en reactivar aquellos de larga data, y en responder de manera inmediata y en cumplimiento de los estándares y protocolos nacionales e internacionales sobre los nuevos casos. 
  6. Garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.
  7. Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados. 
  8. Lograr sentencias que condenen a los máximos responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados. 
  9. Sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.

Desde el IMDHD hacemos un llamado enérgico para que ninguna de las víctimas sea olvidada y exigimos a los estados visibilizar la magnitud y complejidad de este problema, reconociendo su gravedad y adoptando marcos legales y políticas públicas que estén acordes a esta dura realidad.

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Fallece la activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez luego de ser agredida y quemada en Zapopan, Jalisco

Imagen: Twitter @IM_Defensoras

 

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Luz Raquel Padilla Gutiérrez, integrante de la colectiva Yo Cuido México, fue atacada en un parque público en la colonia Arcos de Zapopan, Jalisco, el domingo 17 de julio, cuando le rociaron alcohol y le prendieron fuego.

Tras ser hospitalizada, la defensora de derechos humanos falleció el pasado martes 19 de julio, a causa de las quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo.

La defensora evidenció a través de sus publicaciones en redes sociales las constantes amenazas de muerte en su contra. Incluso, semanas antes, había sobrevivido a un ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax, agresión por la que presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir la debida atención ni seguimiento.

A raíz de las amenazas y violencia que recibía, Luz también solicitó ser integrada al mecanismo “Pulso de vida”, que permite la entrega de un dispositivo con geolocalización  para pedir la presencia de policías, sin embargo el ingreso a éste le fue negado al considerar que las amenazas que recibía por parte de terceras personas eran insuficientes para ser beneficiaria.

Luz Raquel Padilla, cuidadora primaria de su hijo de 11 años diagnosticado con autismo severo, era una activista por los derechos de las cuidadoras y personas con discapacidad.

La situación de su hijo la hizo involucrarse en diversos espacios y movimientos centrados en el acompañamiento a mujeres vulneradas e infancias con discapacidad múltiple, en donde no sólo encontró resiliencia sino también colaboraba tejiendo con  madres cuidadoras redes de apoyo para el cuidado de la crianza de hijos con parálisis cerebral, epilepsia, autismo y discapacidad múltiple.

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Tras agresiones, exigen garantizar protección a defensores y periodistas en Jalisco

Foto: La Jornada

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante las agresiones contra la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño en Jalisco, organizaciones de derechos humanos denunciaron la omisión de las autoridades para atender la violencia y exigieron al gobierno estatal garantizar la libertad, seguridad y protección de las víctimas.

«El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Recordaron que en Jalisco en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportaron 41 y de enero a mayo de 2022 se registraron cinco, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

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Los mensajes estigmatizantes de autoridades contra la prensa en México

Artículo 19

ARTICLE 19 rechaza todo tipo de mensajes que estigmaticen al gremio periodístico, más aún cuando estos son perpetrados por las autoridades. En las últimas semanas, ARTICLE 19 documentó y registró al menos tres casos de estigmatización y criminalización en contra de periodistas en Jalisco, Tamaulipas y Baja California Sur.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco 

El pasado 8 de diciembre, la reportera del Canal 44, Rocío López Fonseca, fue víctima de mensajes estigmatizantes en vínculo a su labor periodística por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en Zapopan, Jalisco.

Dicho día, la reportera asistió a la inauguración del Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se encontraban el Gobernador y el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren. López se acercó primero al Gobernador para realizarle algunas preguntas sobre el hospital, a lo que él contestó: no porque esta semana he hablado mucho. Ante esa respuesta, posteriormente se acercó al secretario para comentarle sobre unas denuncias que había recibido sobre la falta de medicamentos. En ese momento, antes de que contestara el secretario, el Gobernador le dijo déjala no demos más entrevistas, no hay que darle entrevistas a quien viene a reventar el evento.

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Criminalización de autoridades comunitarias de Azqueltan, Jalisco

Red TDT

Acción Urgente, 05 de septiembre de 2021.

C. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

C. Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal General del Estado de Jalisco.

Jorge Alejandro Gongora Montejano, Fiscal Especial de Derechos Humanos.

Javier Serratos López. Fiscal del Área de Litigación, Colotlán, Jalisco.

Daniel Espinoza Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

Jueces de Control en Colotlán, Jalisco.

CRIMINALIZACIÓN DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN SAN LORENZO DE AZQUELTAN,

VILLA GUERRERO, JALISCO

Quien suscribe esta comunicación se dirige a usted para manifestar preocupación por la criminalización hacia las autoridades de la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ante el ejercicio de su derecho a la protesta social. Me refiero particularmente a la carpeta de investigación 158/2021-J iniciada por el Ministerio Público de Villa Guerrero y que fue consignada en la causa penal 63/2021 del Juzgado de Control del municipio de Colotlán, Jalisco,  cuyo contenido se integra en contra de Esmeralda Bañuelos Pérez, tesorera del comisariado autónomo de bienes comunales, misma que tendrá audiencia de formulación de imputación el próximo martes 7 de septiembre de 2021.

Los hechos se remiten al pasado 12 de mayo de 2021, en el contexto de una manifestación pacífica, cuando una persona de nombre Paola Reyes Rojas se acercó a la movilización comunitaria insultando y provocando a las y los comuneros que se dirigían de regreso a la casa comunal, lo que derivó en agresiones físicas a Esmeralda, quien respondió a las agresiones verbales y físicas de esta persona, el incidente concluyó cuando la pareja de Paola la sujeto por el cuello y se la llevó del lugar de los hechos. Por estos actos se integró una carpeta de investigación que no se apega a la realidad y carece de elementos jurídicos para inculpar la comunera.

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