Padres de los 43 marchan en Guerrero contra informe de Peña

Por Redacción/La Jornada

Chilpancingo, Gro. Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos encabezan una marcha de protesta en contra del informe del presidente Enrique Peña Nieto, la presentación con vida los 43 jóvenes, y en contra de la reforma educativa.

A la marcha se han sumado contingentes del magisterio pertenecientes a la Coordinadora General de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales.

Ver nota completa

Deliberada impunidad: PGR incumple compromisos sobre caso Ayotzinapa

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México I Desinformémonos I Con un mitin y cierre simbólico de las instalaciones, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, cercaron la Procuraduría General de la República para exigir respuesta al emplazamiento que hicieron al gobierno federal y específicamente al Procurador, a tener respuestas sobre las cuatro líneas de investigación prioritarias en este mes de agosto”.

El 31 de mayo, después de un plantón de 26 días frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), los padres y madres de los normalistas desaparecidos, acompañados por estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de sus abogados, se reunieron, después de muchos meses, con el Procurador Raúl Cervantes, con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con el Fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián y con el subsecretario de D.H. de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.

En aquella reunión, la PGR les dio a conocer un cronograma en el que trazó plazos para cumplir con la investigación y dar resultados sobre los 4 puntos que los padres y madres de Ayotzinapa consideran prioritarios: la participación de elementos del 27 batallón del Ejército mexicano, la participación de la policía de Huitzuco, la información de la telefonía celular y el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago como posible móvil por el cual desaparecieron a los jóvenes.

La PGR en su cronograma disgregó las 4 líneas de investigación en 9. Fue entonces cuando se comprometió a tener las primeras respuestas a partir del mes de julio y el mes de octubre para concluirlas.

Es el momento, que ningún ofrecimiento se ha cumplido.

En un comunicado, los padres, madres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, cuando casi se cumplen tres años de la desaparición, señalan: “las 4 líneas de investigación no avanzan, la PGR de forma deliberada encamina el caso hacia la impunidad”.

“No nos desalienta la displicencia y la inacción de este gobierno. Como una piedra en el zapato seguiremos seguiremos exigiendo verdad y justicia” añaden los padres antes de iniciar el mitin en la PGR en compañía de los normalistas de Ayotzinapa.

Ver nota completa

Continúa la lucha por la liberación de policías comunitarios en Guerrero

Foto: Erik Salinas/Cencos

Por Marcela Méndez

El Comité por la liberación de los presos políticos del estado de Guerrero informó la mañana de este miércoles que continúa con la lucha para liberar a policías comunitarios que fueron encarcelados injustamente, entre los que se encuentran Gonzalo Molina Gonzalez y Samuel Ramírez Gálvez, detenidos en 2013.

En conferencia de prensa, integrantes del comité comunicaron que los dos policías comunitarios se encuentran actualmente en el penal de Chilpancingo, Guerrero.

Recordaron que Samuel Ramírez, indígena na savi, fue detenido el 6 de octubre de 2013 mientras ejercía sus labores de policía comunitario. Tenía 17 años cuando fue acusado de portación de arma de fuego y luego sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.

Gonzalo Molina fue detenido un mes después, el 6 de noviembre de 2013, acusado de secuestro y otros delitos. “Aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso”, aseguraron.

Además de Samuel y Gonzalo, señaló el Comité, hay otros tres miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la Policía Comunitaria (CRAC-PC), que se encuentran presos, y más de 70 órdenes de aprehensión contra sus integrantes.

Durante la conferencia de prensa, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Arturo Campos (quien se encuentra en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero) se enlazaron vía telefónica desde sus respectivos penales para hablar sobre su encarcelamiento.

“Vamos a demostrar con pruebas que soy inocente. Sé que no he cometido ningún delito”, expresó Arturo Campos, a quien se le imputa el delito de secuestro.

También hubo un enlace con Beatriz Gálvez, madre de Samuel, quien explicó que para quienes están presos su situación representa una lucha por su comunidad. “El gobierno siente que teniéndolos dentro los está afectando; los afectados somos los familiares. Ellos (los presos) tienen la idea e que están luchando por su comunidad, cayeron ahí por estar brindando un servicio a la comunidad”, dijo.

Durante la rueda de prensa también informaron del caso de Ángel García, quien fue detenido junto con Arturo Campos y otros compañeros, acusados de secuestro. El Comité explicó que pudieron salir bajo fianza porque la acusación cambió de secuestro a privación ilegal de la libertad. Sin embargo, él y sus otros compañeros siguen procesados por ese delito y tienen que presentarse mensualmente en Tlapa de Comonfort, lo que les perjudica económicamente. “Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos”, dijo Ángel García.

El abogado José Enrique González –quien asumió la defensa de Samuel Ramírez y Gonzalo Molina– afirmó que los policías comunitarios que están presos “son rehenes del Estado: los tienen presos porque quieren paralizar a las comunidades para que no sigan funcionando las policías comunitarias”. Los presos políticos, dijo, son una forma para inhibir la lucha social.

Además, pidió el apoyo de la sociedad para lograr la libertad de los presos, ya que en muchas ocasiones la vía jurídica no es suficiente.

El Comité resaltó que la CRAC-PC es una institución de los pueblos indígenas cuyo modelo de justicia es efectivo y exitoso, y que surgió como una posibilidad para que pueblos y comunidades tomaran la justicia en sus manos. Además, aseguró que está avalada por la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero; por el artículo 2º de la Constitución Mexicana y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Guerrero: el desplazamiento forzoso que no se ve

Por Redacción/Aristegui Noticias

Activistas en la región afirman que lo que se vive en la entidad es una crisis humanitaria que el gobierno federal se niega a atender.

En México existen 35 mil 433 víctimas directas de desplazamiento forzoso, de las que 30 mil 379 fueron reportadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por autoridades estatales y municipales, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción por los Derechos Humanos (CMPDH).

Dicha instancia define lo que se vive en Guerrero como una “crisis humanitaria” que ha provocado más de 2 mil desplazamientos a partir de 2006, justo cuando el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra contra los cárteles de la droga afectando a miles de mexicanos.

En Guerrero, se cuentan casos de represión desde los años 50 hasta la llamada Guerra Sucia, en los años 70, donde hubo al menos 270 desaparecidos sólo en el municipio de Atoyac.

En dicha época comunidades enteras como Las Cuevas, Salto Chiquito o Las Clavellinas en ese municipio desaparecieron, hoy son pueblos fantasma. Todos aquellos pobladores integrantes de las familias Gervasio, Sarabia, Cabañas y Martínez cambiaron apellido por ser familiares o guerrilleros adeptos a Genaro Vázquez.

El escritor y cronista de Atoyac Víctor Cardona narra que conoció a una desplazada que le confesó haberse cambiado el apellido, ya que ser Cabañas era un estigma.

Cardona destaca que para los años 90, con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), “desapareció Cerro de los Pinos, Agua Zarca, y El Chiflón, totalmente, se redujo a la mitad la comunidad del Machetal y Agua Fría”.

Pero en la época actual después de que Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico, el escritor y cronista atoyaquense destaca: “Encuentras muchas casas en las colonias que se venden, pero no hay gente”.

Sin embargo, el Estado mexicano no acepta el desplazamiento forzoso, masivo u hormiga, “pero creo que sí preguntamos, todo mundo va a darte la referencia de alguien que ya se ha ido, que ya dejo su casa”, manifiesta el cronista.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, contabilizó que en Tamaulipas, hay 20 mil víctimas de desplazamiento forzoso interno; Guerrero, con 2 mil 165 desplazados; Chihuahua, con 2 mil 008 víctimas desplazadas; Sinaloa con mil 65; Michoacán con 728; Veracruz, mil 131 desplazados; Oaxaca, 250; Chiapas, 128 y Durango, 230 desplazados.

Para el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, Guerrero vive una crisis de derechos humanos que puede ser una crisis humanitaria en la cual se suman dos problemas que tienen el mismo origen: “el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, y la omisión por parte de los gobiernos para combatirla, y atacar este problema”.

“Y entonces nos referimos al problema de las desapariciones y el desplazamiento forzado”, dijo Olivares.

El activista especificó que el término de crisis humanitaria se usa porque prácticamente afecta todos los aspectos de la vida de un ser humano, al afectar a todo un pueblo, dejando la cultura, sus panteones donde se encuentran sus seres queridos “con pocas probabilidades de regresar”.

Otro factor en el desplazamiento forzado en las comunidades rurales es que la mayoría son campesinos que dejan atrás sus milpas y animales, “llegando a otros lugares como arrimados, en una situación en que se sienten victimizados o revictimizados”.

“Porque mucha gente piensa que el ser desplazado es sinónimo de ser sicario, traficante, todas esas cosas, así como considera asesinos o presuntos delincuentes a quienes son asesinados o desaparecidos, consideran que fueron desplazados porque hicieron algo”, dijo.

Ver nota completa

“Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”

Por Redacción/Somos el medio

Por la presentación, la justicia y la verdad de las personas desaparecidas

-Una lucha incansable contra el oprobio en busca de las hijas e hijos desaparecidos

-Movimiento de familiares en busca de personas desaparecidas: el nuevo derrotero contra la corrupción y la impunidad

Chilpancingo, Guerrero, 6 de agosto 2017.

En este arduo caminar por la defensa y promoción de los derechos humanos, nunca vislumbramos que la violencia e impunidad de las autoridades se antepondrían de manera atroz ante los derechos humanos universalmente reconocidos. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe de país que México vive “una grave crisis de derechos humanos y violencia, que lo ha llevado a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares”[1].

Dicho informe -refutado por el Gobierno Federal- afirmó también que la “estrategia militarizada” iniciada por Felipe Calderón para combatir el narcotráfico, se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto seria un obstáculo mayúsculo para avanzar en la lucha tenaz de los familiares de desaparecidos para alcanzar la verdad y lograr justicia.

Ante este panorama sombrío, han sido las familias de las personas desaparecidas, torturadas y/o ejecutadas extrajudicialmente, quienes a costa de su dolor dejaron sus casas para alzar la voz; para ir en busca de sus familiares; exigir justicia y verdad ante las instancias nacionales e internacionales para contener esta vorágine delincuencial consentida por las autoridades.

Las voces de las víctimas han sido desoídas por las autoridades que se han obstinado por ocultar la verdad, sin embargo la fuerza incontenible de las familias han desmontado esta estructura delincuencial para desenmascarar los argumentos falaces de la verdad histórica.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), existen alrededor de 32 mil personas no localizadas (de acuerdo a las averiguaciones previas del fuero común y del fuero federal) sin embargo, las cifras no son 100% confiables, pues no existe una metodología clara que pueda arrojar un diagnóstico de la magnitud del problema que enfrenta nuestro país en este sentido.

Son las madres, esposas, padres, hijas e hijos quienes con una foto sobre su pecho llevada como un emblema, buscan el paradero de sus familiar. Son ellas y ellos los que acuden a los servicios médicos forenses, a los Ministerios Públicos. Se han armado de gran valor para subir a los cerros y buscar fosas clandestinas. En medio de los riesgos que corren por la delincuencia protegida por las autoridades, las familias escarban en los cerros para desentrañar la verdad. Son los familiares que en medio del dolor y el miedo levantan su voz como un grito de esperanza.

A ese clamor se unieron las 43 familias de los normalistas desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Las violaciones graves a sus derechos humanos derrumbaron el escenario que el Gobierno Federal intentaba maquillo con la versión falaz de la verdad histórica. Aquella noche trágica de iguala ha develado colusión de las autoridades de los tres niveles de gobierno con el Ejército y la delincuencia organizada para proteger intereses económicos y políticos distantes de la ciudadanía.

Ayotzinapa nos cimbró en la Montaña, y retumbó también por todos los rincones del mundo. Si bien esto no ha bastado para que la verdad y la justicia lleguen a las familias, su lucha y dolor han sido un micrófono abierto para visibilizar las violaciones graves a los derechos humanos contra una población inerme en en bastos territorios ensangrentados de nuestro país.

En la tierra arisca imanada por la violencia, donde han sembrado las familias de las personas desaparecidas, obliga al Estado a investigar los delitos de desaparición forzada, pues sin duda las agresiones contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos es hoy en día ejemplo de las peores atrocidades confabuladas por el Estado. Son también ejemplo de cómo las familias hacen uso de todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales hasta conocer lo que realmente ocurrió contra los normalistas.

A esta digna lucha se han unido organizaciones y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes desde el ámbito de su competencia observan las acciones y omisiones de las autoridades mexicanas. El trabajo impecable que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) marca las líneas centrales de investigación que el gobierno mexicano debe atender para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. El mecanismo especial de seguimiento representa el camino más seguro para avanzar en este arduo caminar donde las madres y padres de familia han exigido que se investigue al ejercito, que se detengan a los policías municipales de Huitzuco, que se profundice en el trasiego de droga hacia Estados Unidos y se avance en las investigaciones de la telefonía celular.

La lucha que han enfrentado con mucho valor y profundo amor los familiares de personas desaparecidas, está marcando un nuevo rumbo en nuestro país. Con sus testimonios y denuncias han evidenciado una política de seguridad fallida. Han demostrado cómo se teje esa colusión entre los cuerpos de seguridad del estado con las organizaciones del crimen organizado.

Ellas y ellos han asumido con gran determinación, pelear contra un poder que aterroriza. Han salido a las calles para enarbolar su causa ante la indolencia e incapacidad de las autoridades responsables de investigar la desaparición de sus familiares. Lo más cruento es la falta de un registro de víctimas de desaparición forzada; la inexistencia de una instancia avocada a la búsqueda y el fomento a la impunidad ante la imposibilidad para investigar a los altos mandos.

Su fuerza en medio del dolor y la indignación son una luz que nos guían en este sendero marcado por la violencia. Por este motivo, como Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, estamos organizando un foro denominado “Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza”, que realizaremos los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

Ver nota completa

Organizaciones respaldan labor del Centro Morelos ante violencia en Guerrero

Por Redacción/Desinformémonos

Varias organizaciones de derechos humanos manifestaron su solidaridad y respaldo con el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, cuyos integrantes se han visto afectados por el “clima de violencia” en la región de Chilapa, Guerrero.

El Centro, que atiende a los familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos, quedó vulnerable y sin protección por la “inacción e indolencia de las autoridades que no han brindado las condiciones necesarias para que ejerzan su derecho a defender derechos humanos”, acusaron las organizaciones.

Explicaron que como defensores de derechos humanos, la labor de los integrantes del Centro Morelos aporta sus esfuerzos para lograr un fortalecimiento del estado de derecho y el aumento de la gobernabilidad, así como el fin de la impunidad de los delitos de alto impacto social.

Por otra parte, señalaron que su trabajo como denunciantes, coadyuvantes, gestores y representantes legales de víctimas y familiares en la zona es una “confrontación diaria” con las autoridades estatales y nacionales, “así como ante el actuar impune de perpetradores que sumado a la vulneración de su labor los expone como un blanco propicio para cualquier tipo de agresión directa”.
Ver nota completa

San Miguel del Progreso: triunfo de pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero contra la minería

Por Redacción/Desinformémonos

“La región de la montaña de Guerrero no está en venta, el canto de nuestras aves, el agua y los bosques no están en venta. No permitiremos la implementación de los proyectos que destruyen la vida y el territorio de las comunidades indígenas de la montaña” expresó Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del territorio de la Montaña Costa Chica de Guerrero al dar a conocer el triunfo que obtuvo la comunidad de San Miguel del Progreso “Juba Wajiín” al obtener el amparo contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que emitió la Secretaría de Economía en 2015, con la que violó sus derechos colectivos constitucionales.

Sin el consentimiento de las comunidades que viven en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, el gobierno federal otorgó 44 concesiones a empresas mineras. “Esta lucha se emprendió en 2010. En 2011 levantamos un acta de asamblea en la que rechazamos a las mineras en nuestra comunidad” señaló don Valerio Mauro Amado, presidente del comisariado de bienes comunales.

La Jueza Primero de Distrito en Chilpancingo, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 el pasado 28 de junio. En la sentencia, otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la comunidad de San Miguel del Progreso, al estar muy bien fundamentados la violación de los derechos de esta comunidad indígena de la Montaña de Guerrero por parte del Estado mexicano.

Ver nota completa

La ONU pide al gobierno investigación exhaustiva sobre masacre en penal de Guerrero

Por Redacción/Proceso

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) condenaron la masacre en el penal de Acapulco, donde oficialmente fueron asesinados 28 internos y tres más resultaron heridos.

Para evitar que estos crímenes se repitan en el sistema penitenciario de la entidad, las oficinas de la ONU en México urgieron adoptar como medida fundamental de prevención, realizar “una completa y exhaustiva investigación”, así como sancionar a los responsables de la matanza.

A través de un comunicado oficial, emitido este lunes, la ONU recordó al gobierno federal y estatal las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su posición de garante frente a las personas privadas de la libertad.

Por ello, señaló que las autoridades deben tener presente lo dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como las Reglas Mandela, que establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merece su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos, velando en todo momento por su seguridad.

Ver nota completa

Alto riesgo de tortura en cárceles de Guerrero, reportan

Foto: La Jornada

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. En el estado de Guerrero, las autoridades municipales sólo atendieron una tercera parte de las situaciones de riesgo de tortura y maltratos que se dan en los centros de detención, así se determinó en el informe de seguimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Esta instancia, dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) dio a conocer el informe sobre lugares de detención que dependen de diversos municipios de Guerrero, como resultado de las visitas realizadas

A través de visitas de seguimiento de constató que aún persisten 114 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 12 lugares de detención e internamiento que dependen de las áreas de seguridad pública de los municipios de Acapulco de Juárez, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla, a las que se añadieron 16 observaciones más al ampliar la supervisión en el área de detención a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala.

De las 150 situaciones originalmente observadas, 34 fueron atendidas y sólo dos cuentan con avances encaminados a su cumplimiento.

Ver nota completa