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Privan de su libertad a tres periodistas en Taxco, Guerrero; permanecen desaparecidos

ARTICLE 19 MX-CA

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2023.-  ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica, y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) han confirmado la privación de la libertad de tres periodistas por parte de sujetos armados en Taxco, Guerrero: Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre; así como de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre. Las organizaciones instan a las autoridades federales y estatales a coordinarse de manera urgente y expedita para encontrar a estos periodistas con vida. 

Desaparición de Marco Antonio Toledo

Marco es director del Semanario El Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica y Vespertino de Chilpancingo. De acuerdo con testimonios que fueron compartidos con ARTICLE 19, cuyos nombres se reservan por seguridad, la madrugada del 19 de noviembre un grupo de al menos cinco personas armadas ingresaron al domicilio de Marco Antonio, quien se encontraba con su familia. Tras un ingreso forzado, el comando armado privó de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa, Guadalupe Denova y a su hijo, Alberto Toledo. El grupo armado revisó el domicilio del periodista, destruyeron el módem de la vivienda y sustrajeron tanto los celulares de las víctimas como dos equipos de cómputo. 

De acuerdo con información recabada por ARTICLE 19, Marco Antonio realiza cobertura de temas tanto políticos como de la situación de seguridad a nivel local y estatal. Recientemente publicó una nota en la que denunció la aprobación por parte del gobierno municipal de un presupuesto otorgado para una obra en Taxco. Al menos dos testimonios indicaron a la organización que el periodista había sido víctima de amenazas y hostigamientos en años anteriores.

Desaparición de Silvia Nayssa Arce y Alberto Sánchez

Silvia Nayssa y Alberto son una pareja de periodistas quienes lideran el medio digital RedSiete. Acorde a testimonios compartidos con ARTICLE 19 y CIMAC, cuya identidad se reserva por seguridad, en la noche del 22 de noviembre un grupo armado de sujetos desconocidos los interceptaron y privaron de libertad cerca de Plaza Taxco, en la Colonia Centro; sitio donde se encuentran sus oficinas. Hasta el momento, no se cuenta con información de su paradero. Familiares de los periodistas hicieron públicos los hechos en redes sociales. 

Según la información recabada por la organización, en RedSiete ambos periodistas emiten principalmente notas locales sobre los municipios aledaños de Taxco y del estado de Guerrero. Sus coberturas más reciente son sobre los procesos de reconstrucción en el estado tras el huracán Otis. 

Llamado urgente a las autoridades

Según la documentación de ARTICLE 19, con 425 agresiones desde el año 2009 a 20231, Guerrero se mantiene como la quinta entidad federativa con más ataques contra periodistas y medios de comunicación. El estado es también el segundo más letal contra la prensa, pues se tienen contabilizados 17 periodistas asesinados, siendo el último caso de Nelson Matus Peña. Así como 3 periodistas desaparecidos, con el caso de Alan García siendo el último caso documentado. 

En este contexto de altos niveles de violencia contra la prensa, las autoridades tanto federales como estatales deben coordinar acciones de búsqueda inmediata, así como iniciar investigaciones de los hechos u proporcionar protección para sus familias y personas colaboradoras en sus medios.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 y CIMAC exigen:

  • Al Gobierno de Guerrero, coordinar junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, las acciones necesarias para encontrar a Marco Antonio Toledo Jaimes y sus familiares, así como a Silvia Nayssa Arce Áviles, y Alberto Sánchez Juárez. 
  • A la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) coordinar junto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero la apertura de investigaciones de oficio, aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión. 
  • Al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contactar a las y los familiares de los periodistas, así como a sus colegas de trabajo para activar aquellas medidas de protección urgentes las cuales sean aplicables para garantizar su seguridad. 

1. Al 30 de junio de 2023.

 

Nota para prensa:

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org 

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

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Periodistas clausuran simbólicamente sede de Guerrero en la Ciudad de México

Fotos: Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Periodistas e integrantes del gremio clausuraron simbólicamente las oficinas de la sede de Guerrero en la Ciudad de México para exigir justicia por el reportero Nelson Matus, asesinado el pasado 15 de julio en Acapulco, y denunciar la situación de violencia que expone a los comunicadores a desapariciones forzadas, ataques por parte de funcionarios, «entre otras amenazas, desplazamientos y arbitrariedades que se suman a un contexto precario y de muerte».

«A menos de un año de que culmine el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, denunciamos con profunda tristeza, indignación y rabia que los crímenes contra periodistas no cesan. No hay garantías para ejercer la libertad de prensa», señalaron los periodistas, que portaban fotografías de Matus y carteles con exigencias de justicia y protección a la prensa.

Precisaron que con el asesinato de Matus, quien en 2019 ya había sido víctima de un atentado en su contra, «en el actual gobierno ya suman 49 crímenes» hacia periodistas, sin que los delitos hayan sido investigados y sin que exista un plan de prevención frente a esta violencia específica a la prensa.

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Asesinan en Acapulco a Nelson Matus, periodista y director de Lo Real de Guerrero

Redacción/Animal Político

El periodista y fundador de Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, fue asesinado afuera de una tienda departamental en Acapulco.

El director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, fue asesinado este sábado en la colonia Emiliano Zapata en Acapulco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas en el estacionamiento de una tienda departamental. Al lugar llegaron los servicios de emergencia, sin embargo, el periodista ya se encontraba sin signos vitales.

El portal especializado en nota roja que dirigía publicó una esquela en la que confirmaron la muerte del periodista Nelson Matus y enviaron condolencias a su familia.

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Exigimos al Estado Mexicano que la búsqueda de las personas desaparecidas y la demanda de justicia no le cueste la vida a las familias buscadoras. El Estado debe garantizar su seguridad.

Imagen: Twitter @CMDPDH

 

Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México

  • La madre buscadora Araceli Rodríguez sufrió un grave incidente de seguridad después de haber presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la búsqueda de su hijo Luis Ángel. Este incidente no ha sido esclarecido, Por otro lado, tampoco se ha garantizado la seguridad y protección de Araceli para continuar con la investigación.
  • Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista. Las familias buscadoras tienen derecho a la justicia, la verdad, la investigación y la seguridad.

El pasado 30 de marzo, la madre buscadora Araceli Rodríguez hizo de conocimiento público un incidente de seguridad que vivió el 4 de marzo en la carretera Chilpancingo cuando volvía de Acapulco, Guerrero. Tanto ella como sus escoltas de la FGR fueron interceptados por un comando armado que les golpeó, amenazó, robó sus pertenencias y les dejó amarrados en la carretera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado en solidaridad con Araceli, quien busca a su hijo, Luis Ángel,  desde hace más de una década. Es fundamental señalar que este incidente ocurrió tan sólo unos días después de que ella presentara una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en contra del Estado mexicano y que luego de recibir la comunicación sobre el caso, el Comité de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales de forma inmediata con el objetivo de realizar todas las acciones necesarias para determinar el paradero del hijo de Araceli, sin embargo, a más de un mes de está solicitud, el Estado mexicano ha sido omiso y no ha realizado acciones para dar cumplimiento con lo solicitado por el Comité, que dicho sea de paso, representa una obligación para el Estado mexicano

Esto nos lleva a un escenario en donde es innegable que existe un contexto de apatía, criminalización y vulnerabilidad en contra de las buscadoras y los buscadores. Es importante señalar que en los procesos de búsqueda de sus seres queridos, las familias asumen tareas y riesgos que no les corresponden, y aunque la participación en la búsqueda y la investigación del paradero de sus familiares es un derecho fundamental, estos procesos no deberían realizarse sin la seguridad necesaria y los cambios estructurales correspondientes. Esto quiere decir, fortalecer los procesos de justicia y judicialización de los casos de personas reportadas como desaparecidas, terminar con la impunidad en las investigaciones de desaparición forzada y desaparición asociada a delitos, combatir la criminalización desde la función pública y el trabajo conjunto  con los colectivos y familias que contribuya a la reconstrucción del tejido social.

Son las familias buscadoras quienes conocen y padecen de primera mano todas las falencias que los sistemas -de búsqueda, de justicia y de víctimas- tienen para con ellas. Ahora, se suma la inseguridad.

Durante los últimos años ha trascendido el asesinato de más de cinco familiares que buscan a sus seres queridos, cuyos casos siguen impunes. Con mucho dolor recordamos los asesinatos de:  Javier Barajas, Arantza Ramos, José Nicanor Araiza, Brenda Jazmín, Rosario Lilian Rodríguez, Esmeralda Gallardo, María Carmela Vázquez. Nadie quiere sumar más nombres a esta lista y exigimos justicia para sus casos y los anteriores a 2021. 

Es por ello que para las familias el ataque a una buscadora no resulta un hecho aislado, sino una situación que se ha agravado durante los últimos años. Nos preocupa la integridad física y mental de Araceli, así como de otras buscadoras quienes no han hecho públicos los incidentes vividos. Instamos al Estado Mexicano a garantizar la seguridad de Araceli, así como la de cientos de familiares que todos los días salen a buscar a sus seres queridos en contextos de violencia extrema. 

Por las que ya no están, Por las que han sido asesinadas y asesinados, Por todas las que buscan. ¡Hasta Encontrarles!

 

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Comunicado: La batalla de Inés Fernández contra el poder militar en Guerrero

Imagen: Tlachinollan

 

Tlachinollan

Ayutla de los Libres, Guerrero, a 8 de marzo de 2023. – El primero de marzo de este año, el Juez Segundo de Distrito del Estado de Guerrero dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión y destitución del cargo contra Hugo Humberto García de León sargento segundo de infantería del ejército mexicano por los delitos de tortura, violación, robo y allanamiento de morada cometidos en agravio de Inés Fernández Ortega, indígena Me´phaa de Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres Guerrero.

El 22 de marzo de 2002 Inés Fernández Ortega se encontraba en su casa con 4 de sus pequeños hijos preparando agua fresca dentro de su cocina. De manera intempestiva irrumpieron elementos del ejército mexicano en su domicilio. Con armas en la mano la interrogaron preguntando por su esposo y cuestionándole dónde había robado carne que se encontraba tendida en su patio. Al no contestar Inés fue golpeada salvajemente, la violaron y torturaron sexualmente. Los militares se robaron la carne de res que tenía tendida en el patio de su casa.

Inés junto con su familia iniciaron un camino tortuoso en busca de justicia. Acudieron al Ministerio Público y a los centros de salud de Ayutla de los Libres sin que nadie la atendiera. Tuvieron que acompañarla organizaciones sociales y de derechos humanos para que recibieran la denuncia, a pesar de este acompañamiento ninguna autoridad dio una respuesta diligente, por el contrario, las investigaciones quedaron en manos del Ejército negándole cualquier información. Ante la imposibilidad de impugnar el actuar de la justicia militar por eso Inés Fernández Ortega acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana donde por primera vez fue escuchada y respetada su palabra. En el mes de agosto 2010 el Tribunal de las Américas dictó sentencia contra el estado mexicano condenándolo por haber violado los derechos de Inés y su familia, y obligándolo a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral los daños.

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XXVIII Informe 43: El naufragio por la verdad

Tlachinollan

Nuestro renovado compromiso por la defensa de los derechos humanos en la montaña y Costa Chica de Guerrero, hunde sus raíces en la lucha por la sobrevivencia diaria de decenas de familias indígenas y afromexicanas que no encuentran en sus territorios sagrados y encantadores un modo digno de vivir.

Padecen el saqueo secular, el despojo de los políticos y empresario, el desprecio y maltrato de quienes ejercen el poder político.

Son víctimas de la violencia de los militares, de la guardia nacional, de los policías municipales, estatales y miembros del crimen organizado. Cargan con el flagelo de la discriminación racial y étnica por parte de una población mestiza que reproduce el coloniaje de los usurpadores del poder político.

La violencia machista institucionalizada por el sistema de justicia estatal hace más cruento el sufrimiento de las niñas y mujeres indígenas sumidas en el olvido gubernamental y encadenadas por el yugo patriarcal que se reproduce en las prácticas comunitarias que las relegan y subordinan como si fuesen monedas de cambio. Su lucha tenaz nos inspira y oxigena nuestro corazón. Su ejemplo nos anima y fortalece. Su testimonio y su amor inagotable nos reconforta y revitaliza para no desfallecer en esta Montaña de agravios.

A las familias jornaleras que son víctimas de la explotación laboral y la desatención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

A los familiares y colectivos de más de 106 mil personas desaparecidas en nuestro país que forman parte de la memoria digna y sagrada ante un sistema de justicia que siempre ha protegido a los militares, políticos de alto rango, policías y narcos.

A las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que han demostrado su temple y su calidad moral para desenmascarar los intereses truculentos del fiscal general de la república que ha dado un golpe de timón a las investigaciones para proteger a los militares y sucumbir en el naufragio por la verdad.

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“Es cruel construir narrativas que no estén fundamentadas”: CIDH sobre Ayotzinapa

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es hasta cruel construir narrativas que no estén fundamentadas, verificadas y corroboradas”, dijo Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en referencia a la información que entregó el gobierno federal sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, durante la presentación del Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», Guerrero, el pasado 15 de noviembre.

Frente a los padres y madres de los 43, los integrantes del Mecanismo de la CIDH manifestaron su preocupación sobre las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, ante la inconsistencia de las pruebas, y urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a mantener la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

La relatora de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, acusó que ha habido “intromisiones graves” en el caso que afectan la independencia de la UEILCA, como la solicitud de captura contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, girada por otras unidades fiscales ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso de modo inconsulto.

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Comunicado: Diagnóstico de mujeres desaparecidas

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO, NUEVO LEÓN, CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, COLIMA Y JALISCO.

  • El 16 de mayo de 2022 la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas llegó a los 100 mil casos y no ha parado de crecer. El 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.
  • En Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero se concentran el 56.13 % de los casos de todo el país. 
  • La desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de la violencia feminicida y tiene graves repercusiones para la sociedad.

Ciudad de México, 27 de octubre del 2022. El diagnóstico de mujeres desaparecidas que ha elaborado el IMDHD, presenta en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona, pretende visibilizar la desaparición de niñas y mujeres en ocho estados del país a través de una lectura de estadísticas oficiales y documentación de casos en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. Este diagnóstico analiza casos de feminicidio y trata de niñas y mujeres con las desapariciones, entendiendo que los tres fenómenos son parte de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que sus vínculos pueden dar luces sobre cómo prevenir el feminicidio, así como mejorar la búsqueda de mujeres y niñas.

De acuerdo al Diagnóstico, el rango de edad donde se concentran los casos de niñas y mujeres desaparecidas va de los 15 a los 19 años; este rango se repite siendo el doble o incluso el triple de los que le siguen. Lo anterior refleja el reto más difícil para las autoridades, ya que a partir de esto deben diseñar políticas públicas focalizadas para la búsqueda inmediata de los casos de adolescentes y mujeres jóvenes, a la par de implementar proyectos que puedan prevenir y proteger a esta población de continuar siendo víctima de desaparición.

La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano, desde el nivel federal y estatal, visibilice la problemática de desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes:

  1. Focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda. 
  2. Apropiar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal. 
  3. Actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado, reconociéndola como violencia feminicida. 
  4. Diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.
  5. Garantizar que exista un seguimiento y atención continua a las carpetas de investigación de estos casos, con énfasis especial en reactivar aquellos de larga data, y en responder de manera inmediata y en cumplimiento de los estándares y protocolos nacionales e internacionales sobre los nuevos casos. 
  6. Garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.
  7. Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados. 
  8. Lograr sentencias que condenen a los máximos responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados. 
  9. Sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.

Desde el IMDHD hacemos un llamado enérgico para que ninguna de las víctimas sea olvidada y exigimos a los estados visibilizar la magnitud y complejidad de este problema, reconociendo su gravedad y adoptando marcos legales y políticas públicas que estén acordes a esta dura realidad.

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Ayotzinapa, crimen de Estado; el Ejército pudo evitarlo, pero no lo hizo

Imagen: Cencos

 

Manu Ureste/Animal Político

Alejandro Encinas confirmó que entre los estudiantes estaba Julio César López Patolzin, un soldado infiltrado que tenía como misión informar sobre los normalistas. El Ejército no actuó para intentar rescatarlo y frenar el crimen contra los jóvenes.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue un crimen de Estado donde participaron autoridades federales, estatales y locales. Al exponer el más reciente informe sobre el caso, reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, por lo que el Ejército pudo haber actuado y evitado su desaparición.

“Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, informó Encinas este jueves en conferencia de prensa, para presentar conclusiones de los trabajos que ha realizado la Comisión de la Verdad formada para esclarecer lo sucedido hace casi ocho años.

De acuerdo con el informe, el soldado Julio César López Patolzin tenía la encomienda de infiltrarse en la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes.

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Exigen justicia para Luis Ortiz, defensor afromexicano asesinado en Guerrero

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Tlachinollan/Desinformémonos

Este lunes 2 de mayo de 2022, las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitarias (CRAC-PC) enviaron un documento a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y a la fiscal General de Guerrero (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, donde solicitan una investigación pronta, exhaustiva e imparcial por el asesinato del defensor de los derechos del pueblo afromexicano, Luis Ortiz Donato, acaecido el pasado jueves 28 de abril del presente año en el Rancho el Rodeo, municipio de Marquelia, Guerrero.

En el documento la CRAC-PC relata en breve los hechos: “Ese día los agresores llegaron hasta donde estaba el defensor, sin mediar palabra sacaron sus armas y le dispararon. Nos preocupa que las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado avancen con lentitud”. Han pasado seis días de esta tragedia sin esclarecer el crimen contra el defensor, tampoco se ha identificado a los responsables.

Así mismo la CRAC-PC señala que “los estándares de los derechos humanos establecen los deberes que las autoridades tienen para garantizar la labor de los defensores de derechos humanos. En una sociedad democrática es de gran trascendencia la defensa y promoción de los derechos humanos, porque es la piedra angular para el fortalecimiento del estado derecho. Luis fue un gran defensor que defendió con cabal compromiso los derechos de la colectividad. Su asesinato es un mensaje funesto por parte de los grupos de poder y de la delincuencia organizada, que se sienten protegidos por un sistema de justicia estatal que no investiga los crímenes contra los defensores”.

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