Disparan a defensor guerrerense; está en cuidados intensivos

[Se reproduce comunicado íntegro del Consejo Nacional Indígena (CNI)]

Foto: Especial

Al pueblo de México

A los medios de comunicación

A la Sexta Nacional e Internacional

A las redes de apoyo al CIG

Denunciamos y condenamos el cobarde atentado en contra de la vida del compañero Cesar Vargas Castro el día de ayer 26 de agosto alrededor de las 3:00 horas en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando personas armadas dispararon contra el compañero, dejándolo gravemente herido por 7 heridas de bala. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos.

El compañero César Vargas Castro es miembro del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos, en el estado de Guerrero. Ha sido perseguido por el mal gobierno e incluso ha sido encarcelado en dos ocasiones por defender el territorio ante la destrucción por las empresas mineras y talamontes.

A los compañeros del FNLP y la familia de César Vargas Castro, les decimos que el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno recibimos con indignación la noticia del atentado que sufrió el compañero, que su dolor es nuestro y que estamos y estaremos con ustedes, con su lucha y con sus sueños.

Exigimos justicia para el compañero y responsabilizamos por este crimen al mal gobierno de Guerrero, al mal gobierno federal y sus grupos armados, quienes por defender los intereses de los capitalistas están dispuestos a asesinar a nuestra gente para hacer desaparecer de la historia a nuestros pueblos en beneficio de los dueños del dinero, que con su guerra pretenden apoderarse de nuestros recursos naturales.

Atentamente

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

Agosto de 2018

Agricultores de amapola exigen seguridad

Redacción / La Jornada

Foto: Especial

Productores de amapola de 18 comunidades de los municipios Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo, en Guerrero, advirtieron que si el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador no garantiza seguridad en la región, difícilmente habrá el desarrollo que plantea para los pueblos de la sierra.

Un campesino del poblado de Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, expresó: “Se oyen muy bonitos los proyectos que plantean para el desarrollo del campo, pero aquí, por la inseguridad, no sirven.

No podemos ir a nuestras parcelas, porque nos salen los grupos armados. Tampoco podemos sacar los productos que cultivamos, reprochó el habitante, quien integra la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra.

Este sábado, con la participación de representantes de 18 comunidades de tres municipios ubicados en la Sierra Madre del Sur, se inició el Encuentro regional de la sierra para organizar el inicio de la cuarta transformación en México, en el poblado Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo.

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A balazos, a golpes, asfixiadas, en fosas: 131 mujeres asesinadas en Guerrero en lo que va de 2018

Fotografía: Viridiana Ramírez

Luis Blancas/SinEmbargo

Al menos 131 mujeres han sido asesinadas de enero a julio de este 2018 en Guerrero, de acuerdo con un recuento de El Sur. Los asesinatos se han adjudicado o a la delincuencia organizada o por violencia de género, pero la mayoría de ellos ha quedado sin resolver.

El diario local incluye todos los casos de asesinatos que han ocurrido de enero a julio, por golpes, heridas de arma blanca, por asfixia, balazos, halladas en fosas clandestinas, entre otros casos.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 60 y 14 años, y una niña de 10 años.

En una nota publicada el 22 de junio por El Sur, integrantes de la Alianza Feminista manifestaron que la violencia contra las mujeres va en aumento, y señalaron que en 2015 hubo 225 asesinatos; en 2016, 190; en 2017, 163, y de enero de este año ha esa fecha ellos contabilizan 119 casos.

Hace un año, el Gobierno federal declaró una Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa, Ayutla y Chilapa.

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En seis meses han asesinado a 28 personas de la comunidad LGBTI; exigen aplicar protocolo de actuación

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De enero a junio de este año, 28 personas con diversidad sexual y de género fueron asesinadas en México, informaron 15 instituciones defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles, quienes manifestaron su repudio a tal situación y demandaron la atención de cada caso con base en el Protocolo de Actuación especial publicado en febrero pasado.

Así lo dijeron un día antes de la realización de la 40 Marcha del orgullo LGBTTTI que se realizará la mañana de este sábado 23 y partirá de la columna del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Las autoridades prevén la asistencia de un millón de personas.

En un comunicado conjunto, las instituciones y organizaciones detallaron que, con base en un recuento hecho a partir de información periodística, en enero fueron asesinadas dos personas LGBT; en febrero fueron cinco; en marzo, otras seis personas; en abril, ocho; mientras que en mayo ocurrieron dos crímenes contra personas LGBTI y en junio van cinco.

El crimen más reciente ocurrió el pasado 18 de junio, cuando tres activistas de derechos humanos de la comunidad LGBT fueron asesinados con un balazo en la cabeza y sus cuerpos fueron hallados cerca del municipio de Taxco, Guerrero.

Por ello, hicieron un llamado para que estos casos sean atendidos con base en los lineamientos expuestos en el “Protocolo de Actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de febrero.

Así, dijeron será posible favorecer el acceso a la justicia sin discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.

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Grupos civiles anuncian amparos colectivos en 14 estados contra decretos del agua que firmó EPN

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca. También se prevé que el jueves por la mañana se realicen diversas manifestaciones frente a distintas oficinas de la Conagua alrededor del país.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas. La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y también hay asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia legal que siguen actualmente a fin de ampararse para suspender los efectos de los decretos de reserva de agua publicados el 6 de junio por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues, afirmaron, el Gobierno mexicano busca privatizar el vital líquido.

Asimismo, publicaron un formato de demanda de amparo disponible en la página tinyurl.com/amparoagua para que los ciudadanos que así lo deseen puedan también ampararse y ofrecieron el apoyo jurídico de Julio Mendoza, abogado de la Central Campesina Cardenista (CCC).

En conferencia de prensa desde el Centro Nacional de Comunicación (Cencos), Mendoza informó que el próximo miércoles serán presentados alrededor de 35 amparos colectivos en 14 estados del país que se ven afectados directamente por estos decretos, entre ellos, Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

El abogado aprovechó el espacio para hacer un llamado al Poder Judicial de la Federación para que actúe conforme a derecho a fin de “garantizar el acceso al agua a quien más lo necesite y no a los primeros que presenten la solicitud de concesión que fueron los primeros en enterarse que la veda se iba a levantar, tal como pasó el 6 de junio pasado”.

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Lidera Colima en registro de feminicidios y homicidios dolosos en el país

Por Redacción/Proceso

COLIMA, Col. (apro).- Durante los primeros cinco meses de 2018 se registraron 298 asesinatos en esta entidad, la cifra más alta en comparación con el mismo periodo de los últimos años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Así también, los casos acumulados en el lapso del 1 de enero al 31 de mayo del presente año mantiene a Colima en el primer lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos, con 33.17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California (29.47), Guerrero (26.65), Chihuahua (17.16), Guanajuato (16.88), Quintana Roo (14.10), mientras que el promedio nacional fue 9.17 casos.

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Aprendí español y fui a otro país por justicia: Valentina, indígena que puso a 2 militares en prisión

Por Redacción/Sin embargo

Valentina tenía 17 años de edad el 16 de febrero de 2002. Ese día lavaba ropa en un arroyo cercano a su casa, en la Barranca Bejuco, en Guerrero, cuando elementos del Ejército la interrogaron sobre el paradero de “encapuchados” en la zona. Después la golpearon, la amenazaron y dos soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano la violaron. La agresión la presenciaron otros seis uniformados, quienes se burlaron de ella.
La activista destacó que tuvo que aprender hablar español para poder alzar la voz, para ser escuchada y aún así, el gobierno de México jamás le creyó e incluso se burló de ella. Su país no solo le negó el acceso a la justicia sino que el Gobierno le puso obstáculos para llegar hasta donde llegó hoy.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- “Al Gobierno que no me creyó, que nunca me hizo caso, que se burló: hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad […]. Salí de Mexico a buscar justicia a otro país en donde sí fui escuchada, donde me creyeron porque yo siempre dije la verdad”, destacó Valentina Rosendo Cantú tras lograr, después de 16 años, la sentencia condenatoria por tortura sexual contra los militares que la violaron en 2002.

El pasado 1 de junio, la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sentenció a dos militares a 19 años de prisión por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú, joven indígena me’phaa.

La condena se deriva de la disculpa pública que el Estado ofreció a Valentina Rosendo en 2011, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió, en 2010, una sentencia contra el Estado Mexicano por su falta de respuesta para proporcionar justicia en el caso.

Valentina Rosendo Cantú dijo hoy, en rueda de prensa, que la sentencia tiene un gran significado no sólo para ella sino para favorecer a muchas mujeres, porque marca una precedente.

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La ONU emite alerta global 500 de desaparición forzada por caso en México. La 001 también fue aquí

Por Redacción/Sin embargo

El 66 por ciento del total de esas acciones urgentes emitidas corresponden a casos registrados en México. Nuestro país se encuentra por arriba de naciones como Irak, que tiene el segundo lugar con más acciones activadas, y Colombia, que tiene el tercero.
Los primeros dos acciones urgentes activadas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada fueron por las desapariciones forzadas de dos ecologistas de Guerrero en 2011.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitió esta semana su Acción Urgente número 500, por un caso de desaparición en México. Las primeras cinco, activadas en 2012, también fueron por casos de víctimas de desaparición forzada en México. Las dos primeras se activaron por el caso de dos ambientalistas de Guerrero desaparecidos desde 2011.

Además, el 66 por ciento del total de esas acciones urgentes emitidas corresponden a casos registrados en México. Nuestro país se encuentra por arriba de naciones como Irak, que tiene el segundo lugar con más casos, y Colombia, que tiene el tercero.

El mecanismo de Acciones Urgentes es un proceso con el que se busca elevar una desaparición forzada desde un nivel local y personal, hasta convertirla en un asunto entre un Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU y las más altas autoridades del país en donde ocurrió la desaparición.

“Esta semana, el Comité ha alcanzado la triste cifra de 500 casos registrados bajo este procedimiento”, informó el Comité en un comunicado.

La primera de estas acciones se activó por el caso de la desaparición de Marcial Bautista Valle, presidente de la organización Campesina Ecologista de la Sierra en Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. La segunda acción activada fue por el caso de Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la misma organización. Ambos desaparecieron el 8 de diciembre de 2011.

De acuerdo con la información difundida por diversas organizaciones sobre el caso, Marcial y Eva viajaban en un autobús con rumbo a la Ciudad de México cuando fueron presuntamente secuestrados por autoridades que hasta el momento se desconoce su identidad. Los ecologistas viajaban para participar en una reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezaba el poeta Javier Sicilia.

De acuerdo con Suela Janina, presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada, “cada Acción Urgente representa a una persona desaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero”.

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Leyes y códigos en México permiten el castigo corporal contra los niños

Por Redacción/Animal Político

En varias entidades del país se excusan las lesiones cuando el agresor es un familiar y lo hace bajo una “emoción violenta”, sin dolo o no es una agresión frecuente. En dos estados todavía son permitidos los golpes como parte del “derecho a corregir”.

Los niños en México y Latinoamérica están desprotegidos de la violencia, pero no solo de la delincuencia sino principalmente de la que ocurre dentro de sus casas. En México, únicamente Ciudad de México, Zacatecas y Chiapas prohíben específicamente el castigo corporal en sus leyes, mientras que Guanajuato y Chiapas lo prohíben en sus códigos penales. En tanto, los códigos penales de 14 entidades contemplan excusas para lesionar a los descendientes: ya sea porque el agresor estaba invadido de una “emoción violenta”, porque no lo hizo con dolo, o porque ejerció su “derecho a corregirlo”.

México firmó en 1990 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a alinear sus leyes y reglamentos con dicho documento, sin embargo, lo incumple tanto a nivel federal como en casi todos los estados. Hasta la fecha solo hay tres leyes estatales que prohíben el castigo corporal a los menores de edad. Por un lado, la Ley general de los Derechos de los Niños obliga a “abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física”, mientras los códigos son aún más laxos: 11 de ellos excusan las lesiones cometidas por un familiar a otro en línea directa, siempre que no tengan el propósito de lastimar (dolo); que el agresor no esté bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no huya después de la agresión.

Otros ocho códigos penales consideran el “estado de emoción violenta” como una atenuante de las penas por lesionar a un familiar en primer grado, donde se considera que el agresor perdió su capacidad reflexiva y de contención cuando lesionó a la víctima, lo que reduce su castigo a la mitad o en dos terceras partes; mientras que otros dos códigos contemplan el “derecho a corregir” de los padres, justificando literalmente los golpes para conseguir este fin.

Una base de datos elaborada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y verificada por Animal Político, da cuenta de estas legislaciones que incluso coinciden en algunas entidades.

Sin intención y sobrio

El artículo 321 bis del Código Penal Federal dicta que no se procederá contra quien culposamente (por imprudencia) ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente (padres) o descendiente consanguíneo en línea directa (hijos); además de hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, “salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima”.

Párrafos casi idénticos figuran en los códigos de Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. 

Sin razonamiento, voluntad ni control

El artículo 142 del Código Penal de Baja California Sur indica que se reducirá hasta la mitad el castigo a quien “en estado de emoción violenta cometa el delito de homicidio o de lesiones”, y explica que existe emoción violenta cuando “en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y transitoria” la capacidad del agresor para comprender lo que hizo y actuar en consecuencia. Es el mismo caso de Guerrero, Tabasco, el Estado de México y Coahuila.

Por su parte Michoacán, Campeche y Ciudad de México reducen dos terceras partes de la pena a quienes cometan lesiones u homicidio “en estado de emoción violenta”, definida por el Código penal de Campeche como “una reacción motora, circulatoria y secretoria hacia un sentimiento de gran intensidad, el cual produce una perturbación psicológica transitoria que se manifiesta a través de formas violentas de expresión, falta de razonamiento, de discernimiento y de voluntad”.

El Código penal de la capital, finalmente, define esta emoción como “cuando el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios”.

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Pobladores de Zitlala resisten a grupos armados

Por Redacción/La jornada

  • Tras un ataque en 2016, la mayoría huyó al norte
  • Alcalde sugiere abandonar comunidad

Indígenas nahuas de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, en la Montaña baja de Guerrero, viven en la zozobra desde hace más de dos años, a raíz de que un comando procedente del poblado de Tlaltempanapa –presuntamente controlado por el grupo criminal Los ardillos– mató a seis personas.

Los habitantes huyeron. Seis días después algunos regresaron luego de que el gobierno estatal aplicó medidas cautelares. Sin embargo, la mayoría se marchó a Sonora y Sinaloa para emplearse de jornaleros agrícolas y no ha vuelto.

Zitlala está a unos 200 kilómetros de Chilpancingo. Hay una ruta más corta que pasa por Chilapa, pero desde hace dos años no se utiliza debido a la violencia.

En esta zona Los ardillos y Los rojos se disputan el cultivo y trasiego de droga. Quetzalcoatlán de las Palmas es un punto estratégico, por ser la vía para llegar a Morelos y Puebla.

Salomón Lara Tlatempa, cuyo abuelo fue miliciano zapatista, recuerda que la agresión fue cometida el 6 de enero de 2016; el poblado tenía cerca de 300 habitantes, pero hoy quedan como 62. La mayoría hablan náhuatl; pocos hablan español, las señoras puro náhuatl.

Los habitantes que siguen en la comunidad aún padecen violencia. El 24 de marzo pasado 10 mujeres y dos hombres pasaron por Tlaltempanapa hacia Zitlala. Los varones iban a pedir información sobre la convocatoria del programa Procampo; seis señoras llevaban a sus hijos a vacunar y cuatro a vender palma y cintas de palma. Una de ellas era la esposa del comisario municipal, pero hombres armados la bajaron (de un vehículo), la interrogaron y no la dejaban pasar.

Don Salomón, como le dicen sus vecinos, mencionó que obtienen alimentos de los policías estatales que se encuentran en el poblado para hacer cumplir las medidas cautelares. Ellos nos compran la despensa. Los pistoleros ya nos dijeron que si no corremos a los policías entonces vendrán a sacarnos a balazos.

Manifestó que el alcalde de Zitlala les propuso dejar su pueblo. Dicen que nos van a comprar un terreno, pero la mayoría decimos que no nos vamos. Hace un año el alcalde sólo nos trajo despensas. Nos prometieron que arreglarían las tuberías, pero no cumplieron. Traemos el agua desde unos cinco kilómetros.

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