Guerrero – Página 3 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

26 enero, 2021

Expolicía federal involucrado en el caso Ayotzinapa será juzgado por delito de desaparición forzada

Redacción Animal Político

Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en Iguala, se cree que tiene información sobre la detención y paradero de los estudiantes.

La Fiscalía General de la República logró un auto de formal prisión en contra del expolicía federal, Luis “D”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior significa que un juez determinó que hay elementos suficientes para abrir un proceso e iniciar un juicio contra el acusado, quien fue detenido el pasado 18 de enero.

En un comunicado, la FGR detalló que Luis “D” era el titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la noche en que desaparecieron los estudiantes.

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11 diciembre, 2020

CNDH pide a juez respetar el debido proceso y el plazo razonable en el caso de Kenia Hernández

Melisa Carrillo/Proceso

La mujer, activista indígena, abogada y defensora de los derechos humanos, fue vinculada a proceso a inicios de noviembre por su presunta responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al juez de Distrito responsable del proceso penal que se sigue contra la activista Kenia Inés Hernández Montalván, del Colectivo Zapata Vive, respetar los principios del debido proceso y plazo razonable.

El organismo recordó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guerrero que el tiempo razonable para la duración del proceso debe medirse en relación con la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades en la conducción del proceso, de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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6 noviembre, 2020

Asesinan a Juan Aquino, defensor ambiental nahua en Guerrero

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El defensor y activista ambiental nahua Juan Aquino González fue asesinado con dos impactos de bala en la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo, Guerrero.

Aquino, quien era fundador de la Reserva Ecológica del Cerro de Tecaballo de Guacamayas y Murciélagos y de la Reserva Ecológica de Cazadores para proteger a la liebre y el jabalí, fue hallado el pasado 28 de octubre en una camioneta cerca del corral de toros de la cabecera municipal de Copalillo.

“El occiso presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza; en el lugar se localizaron dos casquillos percutidos calibre nueve milímetros. El cuerpo fue identificado por su hijo, Juan Aquino Rendón”, explicó la fiscalía del estado. Hasta el momento se desconoce la identidad de los asesinos de Aquino.

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28 octubre, 2020

Familiares de desaparecidos localizan restos de 14 personas en Acapulco

Héctor Briseño/La Jornada

Foto tomada de Facebook del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados, Chilpancingo Gro

Acapulco. El colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en Guerrero y el país, informó que hasta el momento han localizado los restos de 14 personas, en actividades correspondientes a la séptima jornada de búsqueda que realizan en Acapulco, que en esta ocasión se concentró nuevamente en la parte alta de la colonia Alta Cuauhtémoc.

La sétima jornada de búsqueda inició el 19 de octubre y concluirá el 30 de octubre.

María Guadalupe Rodríguez Narciso, quien es portavoz del colectivo, detalló que la búsqueda inició el pasado jueves, en las inmediaciones del punto en que se encuentra un gran tanque de almacenamiento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, en una zona rodeada de árboles y matorrales, a la cual se accede por medio de una vereda en ascenso, y desde donde se visualiza gran parte de la bahía de Acapulco.

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27 octubre, 2020

Alertan ante iniciativa regresiva de aborto por violación en Guerrero

Redacción/La Jornada

Ciudad de México. Organizaciones feministas peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio comparado en Guerrero, decretada en junio pasado, denunciaron la intención de la Comisión de Justicia del Congreso estatal “de presentar una iniciativa del aborto por violación, regresiva y que violentaría la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”.

Los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), así como Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) señalaron que si bien el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi) recomendó estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo (ILE) por causal excluyente de violación, que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura, la reformas que se propondrían por legisladores del estado son regresivas.

Puntualizaron que condiciona la ILE a la denuncia penal, requiriendo que una mujer, niña o adolescente víctima de violencia sexual cuente con el aval del Ministerio Público antes de que la interrupción le sea practicada. “Cabe mencionar que la mayoría de las mujeres no presentan la denuncia por temas de estigma, o desconfianza en las autoridades”, añadieron las organizaciones.

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26 octubre, 2020

FGR pide nueva orden aprehensión contra la activista Kenia Hernández; la envían a cárcel de Acapulco

Alberto Pradilla/Animal Político

Es la tercera detención en cuatro meses, todas ellas vinculadas a protestas en las que se abrieron peajes. La activista tiene amenazas de muerte en Guerrero, estado al que ha sido trasladada.

La activista Kenia Inés Hernández Montalván, integrante del colectivo Zapata Vive, debía recuperar la libertad en los próximos días tras pagar una fianza de 30 mil pesos. Así lo determinó el juez de control “Santiaguito” de Almoloya, Estado de México, que estudia su causa por presunto robo con violencia, abierta tras su detención el pasado martes. Antes de que pudiese ser excarcelada, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una nueva orden de aprehensión, esta vez por el delito de “ataques a las vías de comunicación”, previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La orden de aprehensión fue aceptada por José Miguel López Rodríguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero y fue ejecutada a las 2 de la madrugada del domingo, cuando Hernández dormía en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Almoloya. Agentes ministeriales llegaron al penal para trasladarla a la cárcel de Acapulco. Ahora, Hernández dispone de 144 horas para ser presentada ante el juez y que este determine su situación procesal dentro de la causa 322/2020. Después, deberá ser devuelta a la cárcel de “Santiaguito” hasta que pague la fianza. Todo ello, a la espera de saber qué determinar el juez de Acapulco.

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15 octubre, 2020

Periodistas de Iguala, Guerrero, piden protección; grupo criminal amenaza con asesinarlos

Francisco Sandoval/Animal Político

Autoridades federales reconocieron que la espiral de violencia en Iguala y que tiene amenazada a la prensa local se debe a la división del grupo criminal Guerreros Unidos, sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, en 2014.

La división del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos ha provocada una espiral de violencia y muerte en Iguala, Guerrero, México, que ha alcanzado a la prensa en esa región del sur del país.

Este martes, un grupo de periodistas de Iguala emitió una carta dirigida al presidente de México, así como a diferentes autoridades federales, estatales y municipales, donde pidieron protección y denunciaron que grupos del crimen organizado a nivel local los amenazaron de muerte a ellos y sus familias.

“En las últimas semanas, en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas”.

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13 octubre, 2020

Analizan riesgos que enfrentan activistas en México

Redacción/La Jornada

Ciudad de México. A un año de su desaparición y posterior asesinato por asfixia, el caso del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), en Guerrero, es uno de tantos ejemplos de los riesgos que enfrentan los activistas, de la falta de protección de las autoridades y hasta de su presunta complicidad con esos crímenes.

Así lo señalaron especialistas durante un foro virtual para recordar al activista convocado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, recordó que México es uno de los países de mayor peligro para defensores y periodistas. Dijo que registros del propio Mecanismo de Protección a esos gremios, dependiente de la Secretaría de Gobernación, indican que en 2019 se presentaron 295 agresiones en su contra.

Los principales actos fueron acoso, agresión sexual o digital, desprestigio, amenazas, allanamientos, ataques armados y virtuales, entre otros. En no pocas ocasiones, señaló, las autoridades son partícipes o cómplices de éstos. “En el caso de Arnulfo vimos que antes de su desaparición existió un contexto de desprestigio en su contra, acompañado y fortalecido por autoridades municipales”.

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5 octubre, 2020

Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH por caso Inés y Valentina

Aline Espinosa Gutierrez/Desinformémonos

Foto: Anayeli García Martínez/Desinformémonos

A 11 años de la tortura sexual cometida en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares, persiste la falta de justicia, ya que el Estado mexicano no hace efectivas las sentencias contra sus agresores, no termina de completar las medidas reparatorias, ni garantiza una vida libre de violencia a niñas y mujeres de Guerrero.

Inés y Valentina son dos mujeres indígenas tlapanecas, que sufrieron violencia sexual y tortura por parte de militares en febrero de 2002, en distintas localidades de Guerrero. Ambas mujeres agotaron los recursos legales internos con el Estado mexicano, pero al no obtener justicia, acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre sus casos que nunca fue acatado por el Estado, por lo que pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 1 de octubre de 2010, dictó dos sentencias contra el Estado por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas y reparaciones de daños para cada caso, mismas que no se han cumplido en su totalidad.

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28 septiembre, 2020

“Son seis años y nada”: estos son los pendientes de la investigación sobre Ayotzinapa

Alberto Pradilla/Animal Político

Órdenes de aprehensión contra militares, las capturas de Carlos Gómez Arrieta y una exMP, así como el arresto de un policía federal son las novedades del informe. Queda pendiente lo importante: saber qué ocurrió con los 43 estudiantes y una nueva narrativa que sustituya la denominada “verdad histórica”, ya desechada.

“Queríamos llegar con un poco más. Son ya seis años y no tenemos nada”. Las palabras de María Martínez Ceferino, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández Martínez, sintetizan el desánimo con el que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa afrontan el sexto aniversario de los hechos de Iguala. Durante meses, los familiares de los desaparecidos mostraron su frustración ante la escasez de avances y la presentación del informe era el modo con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reafirmaba su compromiso con sus reivindicaciones.

El balance, sin embargo, tiene sus vacíos. Existe consenso en desechar la denominada “verdad histórica”. Es decir, que hay acuerdo sobre qué es lo que no ocurrió. También hay anuncios de calado, como las órdenes de aprehensión contra militares, hasta ahora intocables. Sin embargo, las grandes interrogantes siguen pendientes: ni se sabe dónde están los 43 estudiantes ni qué ocurrió para que se los llevasen. Aunque para llegar hasta ahí, los investigadores tienen primero que deshilvanar todo el entramado levantado sobre el caso durante la administración de Enrique Peña Nieto.

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