Cd. de México (18 diciembre 2018).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en las Coordinaciones Regionales de Seguridad Pública serán militares quienes ejerzan el mando, por lo que las corporaciones civiles tendrán que subordinarse a ellos.
“Nada de que mandan todos, porque, entonces, no sirve. Manda uno, mando único, porque él va a tener el mando, todas las responsabilidades y todas las facultades.
“Entonces, en las coordinaciones: mandos del Ejército, y mandos de la Marina en las costas. Y que ese mando sea el que coordine a todos”, explicó, en un encuentro con militares y civiles de las 150 coordinaciones regionales.
Dicha medida, reconoció el Presidente, se tomará, a pesar de que aún no se aprueba la reforma Constitucional con la que se busca crear la Guardia Nacional, una rama del Ejército que será la encargada de tareas de seguridad pública.
Luis Raúl González Pérez dijo ante diputados que la propuesta del Ejecutivo es “parcial e incompleta”.
Foto: Twitter @CNDH
“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante su intervención en la reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, González Pérez aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”.
“No podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares (…) la primacía de las instancias civiles sobre las militares no podemos verla como un mero postulado teórico”, dijo el ómbudsman nacional.
La agenda de derechos humanos va más allá del uso de los militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, el anuncio de la Guardia Nacional representa un riesgo para las facultades ciudadanas y no bastará con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas dejen de violentar las garantías fundamentales, señalaron defensores de estas garantías, quienes insistieron en que mantener a elementos de las fuerzas armadas en labores que no les corresponde, como lo anunció el nuevo mandatario federal, representa un riesgo para las garantías fundamentales.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que el tema de la Guardia Nacional es delicado, aunque las agendas de derechos humanos son más complejas. Hay que esperar y analizar a que se cumpla el compromiso (de López Obrador) de consultar a la población.
Gutiérrez indicó que un punto central en la agenda de derechos humanos de López Obrador será resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como la punta de lanza para aclarar y llegar a la justicia en el tema de las más de 37 mil desapariciones que se han dado en el país en los pasados dos sexenios. El mensaje que mande este lunes (al decretar la creación de la comisión de investigación para el caso Iguala) será la base para que más adelante declare una emergencia nacional forense y haya una revisión profunda de la fiscalía para personas desaparecidas.
Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.
Foto: Facebook lopezobrador.org.mx
Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.
Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.
“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.
Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.
Sacar a los militares a las calles para hacer labores de seguridad pública no funcionó. Fue un error y el país debe aprender. Fue un desacierto darle el mando a la milicia. ¿Por qué repetir el error?, cuestionó el segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Enrique Guadarrama López.
En entrevista, criticó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la bancada de su partido, Morena, en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional que contaría con mando militar y mantendría a los elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Sabemos lo que ha pasado en estos 12 años. El entonces presidente (Felipe Calderón) decretó esta estrategia (en 2006) y detonó lo que hemos venido padeciendo en violaciones a los derechos humanos. Tenemos enfrente una experiencia que no funcionó. Es muy importante aprender del error, y si éste fue darle el mando a la milicia, ¿por qué repetirlo? Tendríamos que cambiar el enfoque y la fórmula.
El Centro Prodh analizó 29 casos en los que encontró que, desde el momento de la detención, las mujeres fueron víctimas de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y de fuerzas estatales.
Imagen: http://centroprodh.org.mx
En los últimos años México se ha convertido en un país cada vez más peligroso para las mujeres; tan solo en 10 años, de 2006 a 2016, el 72% de recomendaciones emitidas por la CNDH, por violación a la integridad personal, incluyeron actos de índole sexual contra las mujeres. Y si bien esta cifra es alarmante, existe un tema aún más preocupante: la tortura sexual que las mujeres sufren a manos de las autoridades, un delito que registra miles de denuncias en los últimos años.
Al ser detenidas por autoridades estatales o federales (Marina, Ejército y Policía Federal), las mujeres se convierten en un blanco fácil para ser víctimas de este delito. Datos de Amnistía Internacional revelan que de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual al ser detenidas o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.
El hecho de que estas fuerzas federales aparezcan como las principales responsables de los casos de tortura sexual es de llamar la atención, pues son las mismas elegidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar la Guardia Nacional, que se encargará de la seguridad pública del país.
Por ello y por otras razones es que, en los últimos días, decenas de organizaciones y defensores de derechos se han manifestado en contra del Plan de Seguridad planteado por López Obrador.
La tortura sexual desde la detención
El World Justice Project (organización internacional que trabaja en temas del Estado de Derecho) encontró que 8 de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. En estados como Coahuila y Tabasco, más del 30% de las detenidas refirieron haber sobrevivido tortura sexual.
Unas 128 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada al considerarla “una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”.
En un comunicado, firmado también por 523 activistas, académicos y ciudadanos, argumentaron que está acreditado que en el país el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local.
Las organizaciones recordaron que durante sus campañas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados.
Ciudad de México | Desinformémonos. La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de crear una Guardia Nacional controlada por las fuerzas armadas “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido y que ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos en manos de las fuerzas armadas”, aseguró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
Foto tomada de Desinformémonos
Por su parte, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, opinó que “la propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”.
“El nuevo gobierno debería romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo. Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones”, agregó.
De la misma forma, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó como un “error colosal” y una política “potencialmente desastrosa” el plan presentado por AMLO en materia de seguridad.
Ernesto López Portillo, experto en seguridad y coordinador de este programa universitario, afirma que la militarización no construye seguridad sostenible
La vía correcta es la seguridad ciudadana, que concilia la seguridad y los derechos humanos a través de políticas públicas
Foto tomada de El Sol de León
Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO hemos observado con atención dos trascendentes acontecimientos sucedidos apenas. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior, entre otros motivos porque regularizaba la intervención militar en tareas de seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador, en sentido contrario, anunciaba la creación de la Guardia Nacional cuyo impulso va incluso más allá, no sólo regularizando esa intervención, sino además institucionalizando el mando operativo militar sobre el civil en tareas policiales.
La Corte acumuló los suficientes votos para invalidar la Ley sesionando los días 13 y 15 de noviembre y fue el 14 cuando el presidente electo presentó su llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad. La coincidencia en el tiempo es sorprendente y buscaremos si detrás de ella hay decisiones políticas intencionales para que así sucediera –eso será materia de otro análisis–.
En el Programa celebramos la decisión del máximo tribunal y lamentamos la del próximo Ejecutivo Federal. Ambas tienen enorme relevancia. La Corte dijo no a la militarización de la seguridad pública mientras López Obrador dice sí. Debido a que el documento presentado por éste no es en estricto sentido un plan, ya que no incluye una definición sólida de los problemas –con evidencia empírica suficiente de soporte- y tampoco presenta una ruta de tránsito desde esos problemas hacia las soluciones –los ‘cómos’-, tanto la creación de la Guardia Nacional como todos los demás temas del llamado Plan esperan una explicación que sí alance los estándares mínimos de una política pública.
Mientras eso sucede, en todo caso la decisión del próximo gobierno federal desdice la oferta que el entonces candidato López Obrador reiteró, cuando expresa y acertadamente se postuló en contra del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: “No se puede apagar el fuego con fuego“, expresó. Sin embargo, luego de su triunfo vinieron los tumbos protagonizados por el propio presidente electo y Alfonso Durazo -próximo secretario federal de seguridad-, quien dijo varias veces que no habría, al menos por ahora, Guardia Nacional.
