La Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos pagos a Comercializadora Antsua, uno por 46.4 millones de pesos y otro por 13.6 millones, de acuerdo con información revelada por el grupo de activistas Guacamaya.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó 60 millones de pesos a la compañía Comercializadora Antsua, SA de CV, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group —la empresa israelí desarrolladora del software de espionaje Pegasus—, por dos contratos de adjudicaciones directas realizadas en 2019.
Así lo revelan documentos relacionados con estos contratos —contenidos en la información de la Sedena obtenida por el grupo de hacktivistas Guacamaya—, que la dependencia había ocultado pese a solicitudes de información e incluso peticiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizadas durante el proceso de auditoría que el órgano fiscalizador le practicaba en septiembre de 2021.
Ambas contrataciones fueron por el “servicio de monitoreo de información remota” y, según los documentos, los pagos fueron autorizados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), toda vez que les fueron asignados números de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLC), término utilizado para el registro de pagos en contabilidad gubernamental.
Este domingo, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso dieron a conocer que un periodista de Animal Político, el periodista y escritor Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos fueron espiados a través de la infección de sus teléfonos con el software Pegasus, mientras realizaban investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas.
Ciudad de México | Desinformémonos. «No al golpe militar» y «16 años de impunidad» fueron los mensajes que el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte desplegó en una megamanta en la Estela de Luz la madrugada de este 16 de septiembre, como protesta por las reformas para profundizar la militarización en el país y horas antes del desfile en honor a la Guardia Nacional.
Desde la mañana del 15 de septiembre, mujeres del colectivo guanajuatense escalaron la Estela de Luz para denunciar que las violaciones a los derechos humanos provocadas por las fuerzas armadas, así como para exigir justicia para las víctimas.
La manta comenzó a desplegarse justo mientras en el Zócalo el presidente Andrés Manuel López Obrador daba el grito de independencia.
Dos mujeres fueron quienes escalaron el monumento de 104 metros de altura. Al lugar llegaron Protección Civil y la Cruz Roja para convencerlas de bajar, pero el colectivo aseguró que estaban capacitadas.
GINEBRA (9 de septiembre de 2022) – La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.
Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.
La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
En una carta fechada el 9 de octubre último, un grupo de expertos de la ONU solicitó al gobierno de López Obrador cambiar o dejar sin efectos los aspectos del acuerdo presidencial que regula la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales y que son contrarias a los derechos humanos.
Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso
GINEBRA (proceso).– Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Una joven militar de 26 años de edad, y de reciente ingreso a las fuerzas armadas, fue hallada muerta en las aguas de la presa de Chicoasén luego de dos días de haber desaparecido. Cuatro elementos que salieron el viernes con ella en su día franco, son investigados.
Brenda Orquídea Matuz Chacón, con apenas ocho meses en el servicio militar, a donde ingresó como soldado raso, salió el viernes 5 en su día de asueto para divertirse con cuatro compañeros del Ejército Mexicano destacamentados en el cuartel militar de Chicoasén, a unos 20 kilómetros de la capital del estado, junto a la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, también conocida como Presa Chicoasén.
Según su padre, Jesús Matuz, la joven estuvo en la capital del estado con sus cuatro compañeros militares en un bar; en la tarde o noche regresaron hacia Chicoasén, sin embargo, ella nunca llegó a su base militar.
Algunos refirieron que se había ido al embarcadero junto a la presa con otro elemento, pero el sábado 6 por la mañana no estaba en su dormitorio para presentarse con sus mandos.
Esta semana la Cámara de Diputados realizó una serie de audiencias públicas para discutir un dictamen aprobado por los diputados que propone la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de elementos de seguridad que sería entrenado y operado por el Ejército, aunque plantea algunos elementos para ser coordinada por entes civiles.
Esta Guardia Nacional fue propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la criminalidad en el país pero durante estas audiencias defensores de derechos humanos, investigadores, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso el mismo representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtieron que esa no es una buena estrategia, pues perpetúa la militarización de nuestro país y nos hace vulnerables a más casos de violaciones a derechos humanos como desapariciones, torturas, impunidad en investigaciones, a manos de marinos y soldados.
Resumimos aquí algunas de las razones por las que, según sus análisis, la Guardia Nacional propuesta en el dictamen que será discutido por legisladores podría resultar, en realidad, contraproducente en la búsqueda de paz en nuestro país:
Podría acentuar violaciones a derechos humanos
Según lo expuesto por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si bien es cierto que este tipo de violaciones no son cometidas sólo por fuerzas militares, sí se ha comprobado mediante estudios académicos que cuando estas intervienen en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a la cantidad de detenidos y procesados. Esto, porque no están adiestradas para tareas de seguridad pública (como patrullar, proteger y controlar civiles, prevención del delito) y mucho menos de investigación.
Tendría mando militar los primeros 5 años
Según el dictamen hasta ahora aprobado por diputados, la Guardia Nacional tendrá una dirección a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) durante sus primeros cinco años de implementación y luego estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esto, según Jan Jarab, miembro de la ONU, “trastoca la línea inmediata de autoridad civil” y es contraria a disposiciones internacionales como es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar reservados a cuerpos policiales civiles y las Fuerzas Armadas deben usarse solo de forma excepcional y temporal para estas tareas.
Da facultades a la jurisdicción militar para juzgamientos e investigación de delitos
El mismo Jarab señaló que con la Guardia Nacional, los militares podrán investigar delitos sin que esto esté debidamente controlado por la autoridad civil: “Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos.” El investigador Julio Ríos Figueroa agregó que además el dictamen no establece con claridad su papel secundario en las tareas de investigación.
No se establecen mecanismos de rendición de cuentas
Según el doctor en ciencia política Julio Ríos Figueroa, la iniciativa de creación de la Guardia Nacional mantiene un extrema autonomía y falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a las Fuerzas Armadas. Esto hace necesario que, si se recurrirá a ellas para tareas de seguridad pública la enconmienda debe ser estrictamente controlada por autoridades y grupos civiles, lo cual, como hemos explicado, no está contemplado, al menos por los primeros cinco años de su implementación.
La propuesta de dictamen es innecesariamente complicada
Alejandro Hope, director de Menos Crimen, Menos Castigo y doctor en ciencia política sostiene que el gobierno y legisladores optaron por una ruta innecesariamente complicada para tan sólo resolver la necesidad de contar con apoyo militar en el corto plazo. Para el académico el arreglo propuesto es complejísimo en el punto de vista administrativo:
“Implica homologar rangos, sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de instituciones militares y civiles, que como saben, tienen naturalezas muy distintas. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. Implica transferir 38 mil elementos de la Policía Federal y 10 mil elementos de la Policía Naval a la Sedena. Y luego, en cinco años, regresar a todo ese personal, más 35 mil elementos de la Policía Militar, más los reclutas que se sumen en el camino, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expuso.
Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución.
La agenda de derechos humanos va más allá del uso de los militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, el anuncio de la Guardia Nacional representa un riesgo para las facultades ciudadanas y no bastará con la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas dejen de violentar las garantías fundamentales, señalaron defensores de estas garantías, quienes insistieron en que mantener a elementos de las fuerzas armadas en labores que no les corresponde, como lo anunció el nuevo mandatario federal, representa un riesgo para las garantías fundamentales.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que el tema de la Guardia Nacional es delicado, aunque las agendas de derechos humanos son más complejas. Hay que esperar y analizar a que se cumpla el compromiso (de López Obrador) de consultar a la población.
Gutiérrez indicó que un punto central en la agenda de derechos humanos de López Obrador será resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como la punta de lanza para aclarar y llegar a la justicia en el tema de las más de 37 mil desapariciones que se han dado en el país en los pasados dos sexenios. El mensaje que mande este lunes (al decretar la creación de la comisión de investigación para el caso Iguala) será la base para que más adelante declare una emergencia nacional forense y haya una revisión profunda de la fiscalía para personas desaparecidas.
Académicos y activistas reconocen que el nuevo plan de seguridad de López Obrador busca ubicar y atacar las causas de la violencia, pero critican que la Guardia Nacional tenga un carácter eminentemente militar y no civil.
Foto: Facebook lopezobrador.org.mx
Luego de que el 15 de noviembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la Guardia Nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios, en los que las Fuerzas Armadas militares asumieron buena parte del combate a la delincuencia.
En una mesa de discusión celebrada en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, de la Universidad Iberoamericana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (CentroPro), Causa en Común, y especialistas en seguridad como Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad de la Ibero, recordaron que el uso de las fuerzas armadas en labores policiacas no redujo los niveles de violencia en México.
Al contrario, según datos oficiales, el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento del que haya registro oficial en México: 28 mil 500 víctimas, casi la misma cantidad de homicidios que se registró en todo 2017, que hasta ahora había sido el año más violento, por delante incluso de 2011 y 2012, los años con más asesinatos del sexenio de Felipe Calderón.
“La estrategia de militarización del país no ha servido para reducir la violencia”, subrayó Mario Patrón, director del Centro Pro, quien añadió que, a la fecha, no hay datos empíricos que respalden una propuesta de seguridad basada en el uso de fuerzas castrenses.
Y, precisamente, ese es uno de los puntos que el Centro Pro critica del nuevo Plan Nacional de Seguridad.
